DOCUMENTO HISTÓRICO: JOSÉ FÉLIX URIBURU, MANIFIESTO DEL 1º DE OCTUBRE DE 1.930.

HISTÓRICAS ARGENTINAS.

Manifiesto del 1º de octubre de 1930 

de JOSÉ FÉLIX URIBURU.

Contexto histórico del mismo: 
El 6 de Septiembre de 1930 el general José Félix Uriburu ingresó por la fuerza en la Casa Rosada derrocando al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Inicialmente el golpe gozó de una gran popularidad, con el respaldo de los partidos de la oposición y la aceptación pasiva de muchos radicales (sobre todos los "antipersonalistas" contrarios a Hipólito Yrigoyen. A poco de andar se manifestaron los primeros discensos entre "los revolucionarios". Unos sostenían que la Constitución Nacional y la Ley Sáenz Peña eran los responsables de la crisis. La alternativa era reformar la constitución e implementar un nuevo régimen, este grupo de dimensión pequeña y lo encabezaba el general José Félix Uriburu que ocupaba la presidencia de la Nación Argentina. El otro sector estaba intregrado por: la totalidad de los partidos políticos que eran en su gran mayoría civiles y la mayor parte de los oficiales que habían participado del golpe de estado. que sostenía el grupo mayoritario que la responsabilidad de la crisis era por culpa exclusiva de Hipólito Yrigoyen y no del sistema. Este grupo instaba a llamar a elecciones en forma inmediata y fundaron el 27 de Septiembre de 1930 la Federación Nacional Democrática, es decir, se organizaron como una oposición virtual. En Octubre de 1930, José Félix Uriburu efectuó declaraciones atancando a los críticos de su gobierno hasta que el 1º de Octubre decidió publicar un Manifiesto donde manifiesta sus ideas del rumbo que debe, a su criterio, tomar "la revolución del '30". Esta estrategia se inició con la convocatoria a elecciones en Buenos Aires para el 5 de Abril de 1931 donde al triunfar la UCR hecha por tierra el plan de Uriburu.

Manifiesto del 1º de octubre de 1930.

"Las categóricas e intergiversables declaraciones formuladas en el manifiesto que hicimos público el mismo día de la Revolución, el solemne juramento prestado, y las manifestaciones oficiales formuladas el día 8 de setiembre, parecían hacer innecesario ratificar de inmediato el pensamiento que anima al gobierno provicional en la obra de reconstrucción que ha emprendido.

Pero la explicable impaciencia de determinadas agrupaciones políticas, y sobre todo, el hecho de que se equivoquen compromisos que no hemos contraído y palabras que no hemos pronunciado, nos deciden a romper el silencio y a interrumpir, por un instante, la primera y más urgente de las tareas que el país reclama: la reorganización de la administración pública.

Al dirigirnos, pues, nuevamente al pueblo, único soberano, lo hacemos ante el temor de que su opinión pueda ser desorientada, deliberadamente o de buena fe, por los adversarios de la Revolución o por quienes no hayan comprendido todavía su profundo significado.

Un solo interés nos ha movido y nos mueve: el de la Nación. de ahí que los intereses de los partidos, por respetables que sean, deben subordinarse al interés superior.

Los partidos políticos que hicieron digna oposición al sistema depuesto, y cuya contribución eficaz para formar ambiente revolucionario merece el aplauso público, han participado en el movimiento por acción de presencia de sus leaders, sin ningún compromiso que los vinculase a los ejecutores de la Revolución, como no fuera la seguridad de que éstos respetarían en su acción de gobierno la Constitución y las leyes; de que mantendrían, en material electoral, absoluta prescindencia, y de que se someterían, en todos los casos, a la voluntad nacional, manifestada por intermedio de sus legítimos representantes.

Esos mismos partidos, si bien han conseguido agrupar en un momento dado un importante núcleo de ciudadanos solidarizados en un propósito común al partido gobernante, no constituyen toda la opinión nacional. su consejo, sus anhelos, sus determinaciones, cuando estén debidamente expresados por el órgano de sus autoridades, tienen que ser tomados en consideración por el gobierno y apreciados con el respeto que indudablemente merecen. Pero también es evidente que el gobierno provicional está obligado a consultar no sólo a los partidos organizados actualmente, sino a toda la opinión de la República.

Desaparecido, por otra parte, el móvil que decidió a millares de ciudadanos a dar su voto en favor de las únicas agrupaciones que podían disputar el triunfo al partido oficial, es necesario saber si están dispuestos a mantener una adhesión que puede contrariar ahora ideas, principios y programas que no pesaban sustancialmente si se los oponía al objetivo fundamental.

Si el gobierno surgido de la Revolución se limitasen a sustituir hombres en el poder, es seguro que recogería el aplauso de los partidos beneficiados, pero la Revolución no se ha hecho para cambiar valores electorales.

Colocados por encima de los partidos, tenemos un pensamiento político que no pretendemos imponer, pero que estamos en el deber de hacer público para que se lo considere y se lo discuta.

El gobierno respeta y respetará el pensamiento que ya han hecho conocer los partidos, pero desea saber cuáles son las ideas de la gran masa de opinión que no está enrolada en aquéllos.

Si la Nación creyera que debe mantener para garantía de la democracia y felicidad de la República, sin modificación alguna, la Constitución y las leyes actuales, y que bastan para que no vuelvan a reproducirse los males que hemos soportado y que hemos conseguido remediar con el sacrificio de muchas vidas, llevar al gobierno a otros hombres, acataremos su veredicto, pero habremos salvado nuestra responsabilidad ante la posteridad y ante la Historia.

Admitimos que haya agrupaciones que no crean necesario propender a ciertas reformas institucionales porque consideran que nuestro régimen político es excelente, aunque su experiencia haya sido dolorosa, pero pensamos que la única forma de saber si el resto de la opinión participa de esta manera de ver es invitarla a adherirse resueltamente a dichos partidos o a constituir una nueva agrupación con carácter nacional, que proclame y sostenga otras ideas.

De esa lucha o coincidencia de propósitos, en la que seremos absolutamente prescindentes, no obstante la franqueza con que exponemos en este momento nuestro criterio, resultará manifestada la voluntad nacional, y ante ella nos inclinaremos.

Hemos asegurado solemnemente nuestro respeto por la Constitución y por las leyes fundamentales vigentes, y no nos hemos de apartar de ese principio. Pero ello no nos inhibe, no puede inhibirnos, de meditar sobre los problemas institucionales de la hora y de la obligación de entregar todo nuestro pensamiento a la Nación.

No consideramos perfectas ni intangibles ni la constitución ni las leyes fundamentales vigentes, pero declaramos que ellas no pueden ser reformadas sino por medios que la misma Constitución señala.

Creemos que es necesario, interpretando aspiraciones hechas públicas desde hace largos años por parlamentarios, hombres de gobierno, asociaciones representativas de grandes y diversos intereses, que la Constitución sea reformada, de manera que haga posible la armonización del régimen tributario de la Nación y de las provincias, la autonomía efectiva de los Estados federales, el funcionamiento automático del Congreso, la independencia del Poder Judicial, entregándole el nombramiento y la remoción de los jueces, y el perfeccionamiento del régimen electoral, de suerte que él pueda contemplar las necesidades sociales, las fuerzas vivas de la Nación. Consideramos que cuando esos intereses puedan gravitar de una manera efectiva, no será posible la reproducción de los males que ha extirpado la Revolución. Cuando los representantes del pueblo dejen de ser meramente representantes de comités políticos y ocupen las bancas del Congreso obreros, ganaderos, agricultores, profesionales, industriales, etc., la democracia habrá llegado a ser entre nosotros algo más que una bella palabra.

Pero será el Congreso elegido por la Ley Sáenz Peña vigente quien declarará la necesidad y extensión de la reforma, de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 30 de la Constitución Nacional. El gobierno provicional acatará todas las resoluciones del Congreso porque considerará el depositario de la soberanía nacional.

El compromiso de honor que nos hemos impuesto de no aceptar el auspicio de nuestros nombres para formar el futuro gobierno de la Nación, nos inviste de una indudable autoridad para decirle al país lo que honestamente pensamos, y nos da el derecho de exigir que se crea en nuestra sinceridad.

Cuando hemos ofrecido al país garantías absolutas para que a la brevedad posible pueda la Nación, en comicios libres, elegir sus nuevos representantes, hemos hecho una profesión de fe republicana, pero no hemos avanzado opinión sobre sistemas o procedimientos, aunque mantenemos el propósito de entregar cuanto antes el gobierno a sus legítimos mandatarios.

La Revolución fue preparada y ejecutada por hombres cuya única misión era salvar la República.

Esos hombres no militaban ni militan en ningún partido. Si debe, pues, escucharse a quienes tienen o han tenido intereses políticos que defender, es imposible dejar de oír a los demás.

El país dirá qué pensamiento le merece mayor crédito. Creemos, en consecuencia que es un deber patriótico ineludible para la opinión independiente que no está inscripta en los partidos políticos, agruparse en esta hora alrededor de ellos o formar una nueva fuerza nacional para elegir en primer término, y mediante el sistema electoral vigente, el Congreso, ante quien el gobierno pueda someter los proyectos de reformas institucionales que afiancen los propósitos que han guiado a la Revolución.

Los que hablan, pues, de actitudes antidemocráticas, de la perpetuación del gobierno provicional, de preferencias para tal o cual fracción política, infieren un agravio gratuito a quienes no espontáneamente ante la Nación, porque han probado ya que son capaces de jugar su vida y su tranquilidad por el bien de la Patria, y porque nada buscan ni nada quieren, como no sea merecer el respeto de sus conciudadanos.

A las fuerzas políticas, pues, a los ciudadanos independientes, a los trabajadores, a los capitalistas, a los industriales, a los comerciantes y a todos los habitantes del país que deseen el engradecimiento de la Nación van dirigidas estas palabras, que reflejan el pensamiento del gobierno provicional."