El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a los empresarios Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, del Grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, de La Nación, en la causa Papel Prensa, al entender que la operación de compra de acciones de esa firma no estuvo rodeada de "ilegitimidad" ni de "acciones delictivas calificadas de lesa humanidad", informaron hoy fuentes judiciales.
El sobreseimiento alcanzó también a Raymundo Juan Pío Podestá, ex secretario de Desarrollo Industrial del último gobierno de facto, y a Guillermo Juan Gainza Paz, quien actuó como intermediario de la operación.
Ercolini sostuvo que "en razón de la prueba producida, las afirmaciones de quienes impulsaron la acción penal por las que sostuvieron la ilegitimidad de la operación comercial de venta de las acciones de Papel Prensa SA por parte de representantes del Grupo Graiver a la empresa FAPEL SA, por haber estado rodeada de acciones delictivas calificadas de lesa humanidad, deben ser desechadas definitivamente".
Según advirtió, "ha quedado desvirtuada la hipótesis de relación cronológica, lógica y jurídica entre los compradores de las acciones de la mencionada empresa, las amenazas y extorsiones previas y los delitos de privación ilegal de la libertad y sometimiento a tormentos sufridos por familiares, integrantes y allegados al Grupo Graiver".ð La causa Papel Prensa se inició en 2010 y fue impulsada por el gobierno kircherista, que denunció que se trató de un delito de lesa humanidad.
La operación se realizó en noviembre de 1976, cuando Papel Prensa era de David Graiver, un banquero vinculado a la organización peronista armada "Montoneros", quien falleció en agosto de 1976 en un accidente aéreo.
Lidia Papapelo, ex esposa de Graiver, aseguro que había sido torturada y obligada vender sus acciones de Papel Prensa.
El entonces fiscal Leonardo Gómez Barbella, afín al gobierno "K", impulsó las indagatorias al entender que "los compradores adquirieron la empresa Papel Prensa mediante intimidación al Grupo Graiver", pero Ercolini ordenó un peritaje contable para establecer si efectivamente las acciones habían sido adquiridas a precio vil.
El juez advirtió que "si se tiene en cuenta que las acciones de la empresa fueron vendidas a un total de U$S 8.300.000, no se advierte que el precio haya sido inferior a la inversión realizada para la compra de aquella empresa, máxime si se contempla el apremio económico que convocaba a la familia Graiver y la urgencia que tenían en deshacerse de las empresas que conformaban el Grupo, en miras a poder -con su producido- cancelar las deudas contraídas por David Graiver".
"Corresponde dar por cerrado este proceso en razón de que los hechos imputados sostenidos por el Ministerio Público Fiscal y por las querellas no se han cometido", dijo, al descartar que la operación haya estado "rodeada de acciones delictivas calificadas de lesa humanidad".
Así, dispuso entonces sobreseer a Noble de Herrera, Magnetto, Mitre, Noble, Gainza Paz y Pío Podestá, "aún cuando no hayan prestado declaración indagatoria" y aclarando que el proceso no ha afectado "su buen nombre y honor".
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