Cinco años y medio después, en la Justicia todavía están latentes las consecuencias de la costosa visita de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a Bariloche para participar del Tedeum del 25 de Mayo en 2012. La Provincia todavía se resiste a concretar ciertos pagos por esa recepción, y frente a la demanda de una empresa, el Superior Tribunal de Justicia resolvió el mecanismo de cancelación.
Los servicios contratados por Río Negro totalizaron más de 2,6 millones y fueron destinados a los actos de la exmandataria en Bariloche, que evitaba así asistir al Tedeum de la Catedral de Buenos Aires y, consecuentemente, escuchar la homilía del el entonces cardenal Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco.
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Un posterior relevamiento periodístico permitió conocer el costo de esa jornada del 2012 para Río Negro y, en especial, la irregular modalidad de contratación realizada por la Secretaría General, en ese momento a cargo de Julián Goinhex.
Difundida esa situación, el gobierno provincial paralizó la tramitación de los pagos, especialmente por reparos de los órganos de control. Los reclamos de los prestadores de servicios todavía persisten, incluso algunos con acciones judiciales.
Esta semana, Audiovisual Systems SA –a quien se le alquilaron pantallas gigantes led y servicios de cámaras, proyección y sistemas de videos– tuvo una resolución desfavorable del Superior Tribunal de Justicia, cuando pretendía cobrar sus originales $ 283.140 por sentencia judicial, con intereses, mientras la provincia defendió su cancelación por “legítimo abono”.
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En votación dividida, el STJ otorgó la razón al Estado y valoró ese mecanismo de pago “extraordinario” cuando existen incumplimientos administrativos.
Esa resolución revocó un fallo de la Cámara Civil en favor de la empresa, ordenando su liquidación con un criterio ajeno a la administración pública al entender que el legítimo abono tramitado “tenía una demora o desidia” de la Provincia (lo consignó “sin actividad alguna” en la Fiscalía de Estado, con ingreso en diciembre del 2012).
En el STJ, la Fiscalía de Estado negó “la existencia de cualquier contrato” y aseguró a través de sus representantes que “se accedió a él en forma irregular, al no haberse respetado los procedimientos de contrataciones”, “no encontrarse perfeccionado” y existir para “un eventual pago la vía del Legítimo Abono”.
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La argumentación es singular, porque vale recordar que la contratación y esa opinión corresponden a la misma gestión de Alberto Weretilneck.
A su turno, el STJ priorizó la aplicación del “legitimo abono”, a pesar de que el juez Enrique Mansilla votó en línea con la Cámara.
La mayoría se conformó con Ricardo Apcarian, Adriana Zaratiegui y Sergio Barotto. El primero defendió aquel mecanismo de pago, pues se transformaría en letra muerta si prospera la opinión de la Cámara.
En referencia a los privados, Apcarian afirmó que es obligación de quienes deseen vinculase con el Estado el deber de conocer la normativa a la que se sujetan las contrataciones y, por eso mismo, deben asumir el eventual perjuicio que les irrogue la espera de la tramitación del legítimo abono”.
Evitando a Bergoglio
2,6
millones fueron destinados a los actos de la exmandataria en Bariloche, el 25 de Mayo del 2012.
La visita presidencial del 2012 tuvo su derivación penal, con diluido y desconocido resultado.
La difusión de los costos y el revuelo generado hizo que intervenga la Justicia. Las miradas se centraron en el entonces secretario general de la Gobernación, Julián Goinhex, encargado de los servicios solicitados por Presidencia. Lo último conocido se remonta al 2014, cuando el fiscal de Bariloche, Guillermo Lista, insistía en promover acción penal y remitió la causa al Juzgado 6, a cargo de Marcos Burgos. Se desconoce qué ocurrió con ese requerimiento.
En otro hecho, Goinhex ya está procesado por el juez de Viedma, Carlos Mussi por “fraude en perjuicio de la Administración Pública, con incumplimiento de los deberes de Funcionario Público”, a partir del contrato de los vuelos realizados por el gobernador y sus funcionarios en la empresa Sapsa, también entre abril y mayo del 2012.
El procesamiento cumplió un año y el expediente ingresó en el nuevo régimen, previéndose que la audiencia de control de acusación se cumplirá en el primer semestre. Antes, Goinhex deberá buscarse abogado, pues el suyo, Jorge Crespo, fue designado procurador general.
Publicado en Diario "Río Negro", 31/12/2017.-
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