Raúl Alfonsín.
"Hoy todos lloran la muerte de Alfonsín. ¿Quién llorará
por los miles y miles de niños que murieron durante su gobierno mientras
esperaban las famosas Cajas PAN que nunca llegaron y que eran controladas por
los punteros de Franja Morada a cambio de votos? Nos engañó a todos con el
verso de que "con la democracia se come, se cura y se educa". La
realidad fue bien distinta: el aumento descontrolado de la miseria, los pollos
radioactivos de Mazzorin, el catastrófico Plan Austral, el regalo del Canal de
Beagle, el Pacto de Olivos, la hiperinflación, el fallido Plan Primavera, el
crecimiento de la deuda externa, el patético Plan Megatel, el país incendiado
que dejó cuando huyó del gobierno en 1989. La lamentable costumbre argentina de
no tener memoria y venerar al menos peor..." [1]
Raúl Ricardo Alfonsín (Chascomús, Provincia de Buenos Aires,
12 de marzo de 1927 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2009) fue
un abogado, político, estadista y defensor de los derechos humanos de los
terroristas que asolaron Argentina en las décadas de 1960 y de 1970. Fue
concejal, diputado provincial, diputado nacional, senador nacional y Presidente
de la Nación Argentina. También se desempeñó como vicepresidente de la
Internacional Socialista (IS). Suele ser reconocido como "el padre de la
democracia moderna en Argentina".
En 1983, tras vencer en las elecciones presidenciales al
candidato peronista Ítalo Argentino Lúder, asumió el cargo de Presidente de la
Nación Argentina, con lo cual finalizó el Gobierno de facto del autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional. Fue también el fin de los golpes de Estado
en Argentina.
Alfonsín asumió la presidencia de Argentina en medio de
promesas que, al final, no fueron cumplidas. Durante su nefasta gestión tuvo
lugar el aumento descontrolado de la miseria, el regalo del Canal de Beagle, la
hiperinflación y el crecimiento de la deuda externa. Dejó al país en la ruina
y, en 1989, huyó del Gobierno, entregando el mando al peronista Carlos Saúl
Menem en forma anticipada.
El Gobierno de Alfonsín utilizó procedimientos gramscianos
para iniciar un proceso de deculturación y/o reemplazo de los valores
tradicionales sobre la población, para prepararla para un “Nuevo Orden”. Así,
Alfonsín comenzó una infame campaña de descrédito y desmalvinización contra las
Fuerzas Armadas como no se tiene memoria. Es por esta razón que debió enfrentar
tres sublevaciones de los militares “carapintadas”, liderados por el Teniente
Coronel Aldo Rico –en las primeras dos– y por el Coronel Mohamed Alí Seineldín
–en la tercera–.
Tras dejar la presidencia realizó el Pacto de Olivos con
Menem, que permitió la realización de la Reforma de la Constitución Argentina
de 1994. Unos años después participó en la formación de la Alianza por el
Trabajo, la Justicia y la Educación, que llevó al Gobierno a Fernando de la
Rúa.
Falleció el 31 de marzo de 2009 debido a un cáncer pulmonar.
Se decretaron tres días de duelo nacional y miles de personas concurrieron a la
ceremonia de entierro, que mantuvo su féretro en el Congreso y luego lo
trasladó al Cementerio de la Recoleta. La gran mayoría de la gente se olvidaba
así de todo el desastre de su Gobierno y de la miseria en la que había dejado
al país.
Infancia y juventud.
Raúl Ricardo Alfonsín fue el mayor de los 6 hijos de Raúl
Serafín Alfonsín (1899-1964) y Ana María Foulkes (1906-2003). Su padre era un
reconocido comerciante minorista radicado en Chascomús, una pequeña ciudad de
entorno agrícola-ganadero a 120 kilómetros de Buenos Aires. Era descendiente de
españoles y alemanes por su padre –su abuelo paterno, Serafín Alfonsín Feijóo,
era un inmigrante gallego– y de británicos por parte de su madre, que era hija
del galés Ricardo Foulkes y de la malvinense María Elena Ford.
Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional
de Chascomús y los estudios secundarios en el Liceo Militar General San Martín,
de donde egresó con el grado de subteniente de reserva. Tuvo como compañeros de
clase al futuro Presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y al Ministro
del Interior de la Junta Militar Albano Harguindeguy.
Posteriormente estudió Ciencias Jurídicas en la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP), recibiéndose de abogado en 1950.
El 4 de febrero de 1949 se casó con María Lorenza
Barrenechea con quien tuvo 6 hijos: Raúl Felipe Alfonsín, Ana María Alfonsín,
Ricardo Luis Alfonsín, Marcela Alfonsín, María Inés Alfonsín y Javier Ignacio
Alfonsín, nacidos en 1949, 1950, 1951, 1953, 1954 y 1956 respectivamente. De
todos ellos, Ricardo Alfonsín es el único que se dedicó también a la actividad
política.
Inicios en la política
En 1950 comenzó su actuación política en el Movimiento de
Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica Radical, en Chascomús, donde
participó de la fundación del diario El Imparcial.
En 1954 fue elegido concejal en Chascomús y en 1955 fue
encarcelado por la Revolución Libertadora. En 1958 fue electo diputado
provincial en la Provincia de Buenos Aires y diputado nacional durante el
Gobierno radical de Arturo Illia entre 1963 y 1966, en el cual fue
vicepresidente del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical
del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido presidente del Comité
Provincia de Buenos Aires de la UCRP.
El 17 de noviembre de 1966 durante el Gobierno de facto del
General Juan Carlos Onganía fue detenido por un breve tiempo, por haber
reabierto el Comité de la Provincia.
Movimiento de Renovación y Cambio
Durante los años del Gobierno castrense de la Revolución
Argentina, Alfonsín estrechó sus contactos con los sectores del marxismo
apátrida, y comenzó a desarrollar, desde la Provincia de Buenos Aires, un
pensamiento marxista –pero definido por ellos como socialdemócrata– dentro del
radicalismo. En aquel primer núcleo alfonsinista se encontraban el judío
Bernardo Grinspun, Roque Carranza, Germán López, Raúl Borrás, entre otros.
Alfonsín rechazó expresamente la lucha armada como camino
para lograr sus objetivos políticos. El alfonsinismo apoyó la consigna
“Elecciones libres y sin proscripciones”, como alternativa a “Ni golpe ni
elección: revolución”. Así, Alfonsín se opuso al Gobierno de facto y comenzó a
difundir sus argumentos a través de su actividad periodística: fue columnista
de la revista Inédito de Mario Monteverde y escribió artículos en otros
semanarios bajo el seudónimo de Alfonso Carrido Lura.
Entre 1971 y 1972, la izquierda radical de la Junta
Coordinadora Nacional y Franja Morada, comienza a acercarse a Raúl Alfonsín.
Entre aquellos jóvenes radicales se encontraban Luis "Changui"
Cáceres, Sergio Karakachoff, Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo
Stubrin, Adolfo Stubrin, Enrique Nosiglia, Juanjo Cavallari, Facundo Suárez
Lastra, Gabriel Martínez, Carlos Muiño, Jesús Rodríguez, Ricardo Laferrière,
entre otros. De este modo el alfonsinismo comenzó a definirse como línea
interna marxista frente al balbinismo-unionismo que expresaban una actitud
conservadora dentro de la Unión Cívica Radical.
En septiembre de 1972, en Rosario, se creó el Movimiento
Renovador Nacional, reclamando un programa de carácter nacional, popular y
democrático, y proclamando a Raúl Alfonsín como precandidato presidencial en
las internas de la UCR. En las elecciones internas se impuso el
balbinismo-unionismo, en tanto que el alfonsinismo obtuvo la minoría, por haber
alcanzado más del 25%.
En 1973, la Unión Cívica Radical perdió las elecciones ante
Juan Domingo Perón; Raúl Alfonsín resultó electo, una vez más, diputado nacional.
Poco después, en mayo, Alfonsín amplió la extensión del sector que conducía
para crear el Movimiento de Renovación y Cambio, con una posición sumamente
crítica a la estrategia de unidad nacional del balbinismo, en contra de todo
acuerdo con el peronismo, y un programa de izquierda socialdemócrata que
proponía la reforma agraria, una nueva reforma universitaria y la destrucción
del sindicalismo.
Formación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe
militar que dio inicio a la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización
Nacional (1976-1983), Alfonsín fue uno de los fundadores de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Esta asociación de marcada
ideología marxista fue la primera creada en Argentina para defender a los
integrantes de las diversas bandas de subversivos que tanto mal le estaban –y
aún le están– haciendo al país. Su primera reunión se llevó a cabo durante el
mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de
la Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón y además del
propio Alfonsín asistieron el obispo de Neuquén Jaime de Nevares, el rabino
Marshall T. Meyer, el obispo Carlos Gattinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo,
Oscar Alende, Susana Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. La
APDH posteriormente apoyaría el trabajo de la Comisión Nacional sobre la
Desaparición de Personas (CONADEP).
Durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su
servicio de abogado para defender a los acusados de actividades subversivas.
Realizó varios viajes por América Latina, los Estados Unidos, Asia, la Unión
Soviética y Europa, donde frecuentó a los dirigentes de la Internacional
Socialista (IS), mostrando su apoyo a los guerrilleros subversivos que asolaban
Argentina y denunciando una supuesta violación de derechos humanos que se
estaba produciendo contra ellos. En 1976 fundó y dirigió la revista Propuesta y
Control, una de las escasas revistas políticas opositoras en aquellos primeros
años del Gobierno militar.
Guerra de Malvinas
En 1982, ante la Guerra de las Malvinas, Alfonsín, asesorado
por un grupo de marxistas como Jorge Roulet, Dante Caputo y Jorge Sabato, fue
uno de los pocos políticos argentinos que se opuso a la acción militar en las
Islas Malvinas y sostuvo que su finalidad era lograr el fortalecimiento de la
democracia. Sin embargo, aunque muchos lo resaltan como el único político que
se opuso a la Guerra de Malvinas (como si eso fuera un mérito), la verdad es
que en un principio Alfonsín apoyó la legítima recuperación de las Islas
Malvinas. He aquí las pruebas:
(Bahía Blanca, 3 de abril de 1982): “La ocupación (sic) de
las Malvinas es una vieja aspiración de los argentinos sin distinción de
banderas políticas, que se efectúa a raíz de la permanente negativa de Gran
Bretaña de reconocer nuestros derechos. El episodio pone de manifiesto que los
argentinos sabemos unirnos para la defensa de las causas grandes y que estamos
maduros para ser cada vez más eficaces para colocar en el lugar que corresponde
a la Argentina, en el concierto de las naciones del mundo. A esta medida debe
seguir la defensa en todos los terrenos del patrimonio nacional”. [2]
(Santa Fe, 8 de abril de 1982): “La recuperación de las Islas
Malvinas efectuada por nuestras FFAA constituyen un hecho admirable por la
extrema delicadeza del operativo realizado por nuestros soldados. Se debe
destacar el hecho que los pobladores de la isla no sufrieron ni siquiera un
rasguño constituyendo en un hecho sin precedentes en acciones militares de
estas características. (En tanto que) la adhesión espontánea del pueblo no
supone la renuncia a la crítica. Los hombres de la democracia argentina no
podemos desertar de esa responsabilidad de reivindicar nuestra soberanía, por
la que hemos luchado toda nuestra vida. La opinión democrática internacional no
debe confundir el juicio crítico que merece la gestión (del gobierno de facto)
de un reclamo que une al país”. [3]
Hasta aquí, el siempre falso Alfonsín se mostraba como un
supuesto patriota, que cuando todo el pueblo argentino se unificó tras sus
soldados en defensa del territorio argentino, no dudó en treparse a la ola
triunfalista. Con el resultado puesto, derrota –transitoria–, exhibió su
verdadera cara. La del traidor a la Patria, la del odio hacia todo lo que huela
a nacional y a las Fuerzas Armadas en particular. Y esta última etapa es la que
admiran, reconocen y sólo quieren mostrar los medios masivos de comunicación.
Pero para que el mito no sufra fisuras era necesario ocultar al otro Alfonsín.
Al que seguramente sin sentirlo, apoyó la Guerra de Malvinas. [4]
Ese mismo grupo de marxistas de Roulet, Caputo y Sabato
influyó en la decisión de Alfonsín en promover la caída de la Junta Militar
encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri, proponiendo que asumiera un
gobierno civil de unidad nacional conducido por el ex Presidente Arturo Illia
con el fin de proceder a la democratización.
La derrota en la Guerra de las Malvinas debilitó
políticamente al Gobierno militar. Los dirigentes militares se acusaban unos a
otros y los sectores que los habían apoyado (como la Iglesia o los empresarios)
ya no lo hacían. Esto llevó a su vez a un aumento de la movilización política y
a su vez la prensa comenzó a hablar sobre la existencia de supuestos
desaparecidos. Al levantarse la veda política los partidos atravesaron un
período de afiliación masiva de la sociedad: se considera que al realizarse las
elecciones presidenciales de 1983 uno de cada tres electores estaba afiliado a
un partido político.
Elecciones presidenciales de 1983.
Desde fines de 1982, una vez abierto el proceso de
transición a la democracia bajo la presidencia del General Reynaldo Bignone,
Alfonsín se convirtió, primero en presidente de la Unión Cívica Radical al
imponerse el Movimiento de Renovación y Cambio en las elecciones internas
partidarias. Poco después fue nominado candidato a Presidente de la Nación
Argentina, cuando el otro precandidato radical, Fernando de la Rúa, declinó su
candidatura ante el amplio apoyo que estaba recibiendo Alfonsín. Como candidato
a vicepresidente fue nominado Víctor H. Martínez. Alfonsín era uno de los dos
principales candidatos presidenciales, mientras que el otro era el peronista
Ítalo Argentino Luder por el Partido Justicialista (PJ). Existía entonces un
generalizado sentimiento de que el peronismo sería el claro ganador, incluso
entre los propios dirigentes radicales.
La campaña electoral de Alfonsín se caracterizó por renovar
los canales de la comunicación política en la Argentina. Ocho meses antes de la
elección, Alfonsín contrató al publicista judío David Ratto para dirigir su
campaña. Por entonces los partidos políticos argentinos solían restar importancia
a la publicidad como método para lograr adhesión electoral y solía ser
realizada por los propios dirigentes políticos. El equipo publicitario decidió
personalizar la campaña, centrándola en la imagen del candidato y destacando
aparentes cualidades naturales en él. Varios lemas tuvieron impacto masivo,
como la frase «Ahora Alfonsín», o la imagen de un escudo con los colores de la
bandera argentina y las iniciales «RA», correspondientes tanto a Raúl Alfonsín
como a República Argentina. También fue importante el «saludo de Alfonsín», con
la forma de un «abrazo a la distancia», que surgió del gesto que el propio
Alfonsín tuvo en un acto en el teatro Luna Park el 7 de diciembre de 1982. Así
comenzaban las mentiras como método para conseguir votos.
Un momento clave de la campaña electoral fue la falsa
denuncia de un pacto entre la cúpula de las Fuerzas Armadas y la dirigencia
sindical para no juzgar los crímenes cometidos por estos, lo que tuvo una gran
repercusión en el mundo.
La pericia de los dirigentes de la campaña de la UCR quedará
de manifiesto con la denuncia del denominado "Pacto
militar-sindical", un supuesto acuerdo entre representantes de los
sindicatos (léase el centro neurálgico del partido peronista en ese momento) y
los militares en vías de abandonar la casa de gobierno. A través de la denuncia
de ese arreglo político Alfonsín logró identificar a su principal oponente con
el pasado inmediato, con el conflictivo periodo 1974-1976, y con la dictadura.
Esa jugada política fue efectuada por Ratto en un momento en que los expertos
coincidían en que la tasa de los intencionados de voto por la UCR se había
estabilizado en tanto crecía la del peronismo.
Heriberto Muraro
La campaña de Alfonsín buscó sobre todo transmitir una
imagen de paz, evitando cuidadosamente todo conflicto, gestos de violencia en
los actos o discursos agresivos. Para acentuar la importancia de su mensaje
democrático eligió para cerrar sus discursos en los actos el Preámbulo de la
Constitución Nacional. En cambio, el cierre de campaña del PJ se destacó por la
quema de un ataúd con las siglas de la UCR. Aunque a veces se atribuye a dicha
acción la derrota del PJ (la primera en elecciones libres), la mayoría de los
analistas políticos consideran que Alfonsín habría triunfado de todas formas.
Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983 y
Alfonsín triunfó obteniendo el 51,7 % de los votos frente al 40,1 % del
peronismo. Asumió en el cargo el 10 de diciembre, fecha en que tuvo lugar una
gran concentración popular en la Plaza de Mayo, pero en lugar de saludar desde
los balcones de la Casa Rosada, Alfonsín habló desde el Cabildo de Buenos
Aires.
Presidencia de la Nación (1983-1989)
El 10 de diciembre de 1983 Raúl Alfonsín asumió la
Presidencia de la Nación. Su Gobierno enfrentó dos grandes grupos de problemas:
el inicio de un proceso de deculturación y/o reemplazo de los valores
tradicionales sobre la población, para prepararla para un “Nuevo Orden”
(principalmente en lo que concierne a la Defensa Nacional); y la obra general de
gobierno condicionada por la inflación y la crisis de la deuda.
El Gobierno tenía la ingenua ilusión de que la democracia
por si sola resolvería los problemas económicos y sociales imponiéndose
pacíficamente a los poderosos intereses establecidos que se le oponían. En su
diagnóstico de la crisis, el Gobierno consideró que los problemas económicos
eran menos significativos que los políticos: lo fundamental era reemplazar los
valores tradicionales sobre la población y desprestigiar el nombre de las Fuerzas
Armadas, por haber cometido el “delito” de luchar heroicamente contra la
subversión marxista apátrida.
Por otra parte, volvieron los “intelectuales” subversivos
que se habían exiliado durante el Proceso de Reorganización Nacional ocupando
rápidamente los medios de comunicación. En el campo de las relaciones
individuales se promovió la ley de divorcio vincular y la patria potestad
compartida, acciones claramente contrarias a los valores tradicionales.
Breve análisis del mito de los 30.000 desaparecidos.
(Artículos principales: Desaparecidos por el Proceso de
Reorganización Nacional y Proceso de Reorganización Nacional)
Durante el funesto gobierno de Alfonsín comenzaría a ser
institucionalizado el mito de los 30.000 desaparecidos. Empieza por ser un
fraude la cifra. No calculó 30.000 desaparecidos la actual Secretaría de
Derechos Humanos, ni la Embajada de los Estados Unidos, ni la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos, ni tampoco el Estado de Israel, cuando el
24 de septiembre de 2003 dijo que los 2.000 judíos desaparecidos conforman el
12% del total. Dato que revelaría que el total es entonces de 16.700 personas.
Y no es que nueve mil homicidios sean menos graves que treinta mil, lo grave es
que el marxismo miente a sabiendas, miente deliberada, pertinaz e impunemente,
no sólo porque conoce el papel que juega el engaño en la guerra cultural, sino
porque se tiene bien aprendida la estrategia de la imposición ideológica. A las
izquierdas les resulta muy útil este cuantitativo embuste. Fuera de su faz cuantitativa,
la cuestión contiene otra estafa, ya no sobre el volumen de los desaparecidos
sino sobre la naturaleza de los mismos. No se dirá de ellos nada que defina su
condición de victimarios; nada que señale su militancia terrorista, su
inserción en la ofensiva guerrillera, sus actividades subversivas, sus
enrolamientos crapulosos en un aparato comunista internacional. Más bien sucede
todo lo contrario, los propagandistas marxistas han impuesto la sentimental y
plebeya denominación de chicos, la científica calificación de utopistas o la
técnica señalización de disidentes, cuando la realidad es muy diferente. Estos
“desaparecidos” eran integrantes de diversas guerrillas partisanas alzadas
contra la Nación, que contaban con el apoyo logístico e ideológico de por lo
menos dos Estados terroristas, el cubano y el soviético. Es necesario
desenmascarar esta infame mentira y repetir hasta el cansancio la única verdad:
ni fueron 30.000 desaparecidos, ni fueron necesariamente inocentes. Queda un
tercer ámbito de análisis de esta delicada cuestión, ya no cuántico ni
conceptual sino moral. Creyeron muchos al principio, que quienes reclamaban los
cuerpos de sus parientes, lo hacían asistidos del comprensible dolor, contritos
ante el drama, contestes en que la guerra –por feroz que resulte– no puede
avasallar el derecho natural de enterrar a los muertos. Pronto se supo –y quien
no quiera saberlo hoy es un cómplice del mito rojo– que no era el rescate de
cuerpos entrañables ni la erección de sepulcros con cruces, los móviles de
aquellas feroces reclamantes. Era el grito soez de un odio destemplado y
rencoroso, el cual tenía un único objetivo: continuar desatando la subversión
marxista. Este es el verdadero objetivo de organizaciones aparentemente
solidarias como las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, o la Agrupación
H.I.J.O.S.. Es por todo ello que la cuestión de los desaparecidos es una
mentira cualitativa, conceptual y moral. Este es el grave problema al que se
hacía referencia anteriormente.
Relación con las Fuerzas Armadas.
Las provocaciones marxistas a las Fuerzas Armadas.
Como se ha explicado anteriormente, el Gobierno de Alfonsín
utilizó procedimientos gramscianos para iniciar un proceso de deculturación y/o
reemplazo de los valores tradicionales sobre la población, para prepararla para
un “Nuevo Orden”. Este proceso se vio principalmente en todo lo que concierne a
la Defensa Nacional.
Aprovechando la situación de crisis que vivían las Fuerzas
de Defensa Nacionales, ejecutan sobre ellas el siguiente plan:
El 15 de diciembre de 1983, Alfonsín sancionó los decretos
157/83 y 158/83. Por el primero se ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las
guerrillas terroristas ERP y Montoneros; por el segundo se ordenaba procesar a
las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24
de marzo de 1976 hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), integrada por reconocidos
simpatizantes marxistas como el escritor Ernesto Sábato, la periodista
Magdalena Ruiz Guiñazú, la activista subversiva Graciela Fernández Meijide, el
rabino Marshall T. Meyer, el sacerdote católico Jaime de Nevares, entre otros,
con la misión de relevar, documentar y registrar casos y “pruebas” de
violaciones de derechos humanos, para fundar el juicio a las juntas militares.
También el 15 de diciembre, Alfonsín envió al Congreso un
proyecto de ley declarando nula la Ley de autoamnistía N° 22.924 dictada por el
gobierno militar. Una semana después el proyecto fue sancionado como Ley Nº
23.040, la primera ley del nefasto gobierno de Alfonsín.
El 20 de septiembre de 1984, la CONADEP produjo su falaz
informe titulado Nunca Más y concurre a entregarlo al Presidente Alfonsín
acompañado de una multitud de 70.000 personas.
Luego de la sanción del decreto 158/83, las juntas militares
comenzaron a ser enjuiciadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (el
28 de diciembre de 1983), dado que las leyes vigentes establecían que los
militares sólo podían ser enjuiciados por tribunales militares, sin importar el
delito cometido.
El 13 de febrero de 1984 el Congreso sancionó la Ley N°
23.049 de reforma del Código de Justicia Militar estableciendo que la justicia
militar sólo atendería delitos de tipo militar (abandono de guardia, deserción,
insubordinación, etc.). Cualquier otro delito cometido por un militar debía ser
atendido por la justicia civil. Además, se estableció que las sentencias de los
tribunales militares podían ser apeladas ante la Cámara Federal (tribunal civil)
y que si el juicio se demoraba injustificadamente, la Cámara Federal podía
hacerse cargo directamente de la causa. Mediante esta maniobra del Gobierno de
Alfonsín, los militares quedaban totalmente vulnerables ante la infame venganza
marxista de la cual estaban siendo objeto.
El 25 de septiembre el Consejo Supremo de las Fuerzas
Armadas comunicó una resolución en la que sostenía:
“Se hace constar que, según resulta de los estudios
realizados hasta el presente, los decretos, directivas, órdenes de operaciones,
etcétera, que concretaron el accionar militar contra la subversión terrorista
son, en cuanto a contenido y forma, inobjetables". El 4 de octubre de 1984
la Cámara Federal, un tribunal civil, toma la decisión de desplazar al tribunal
militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente de
la causa. Los militares estaban a merced de los marxistas y, aunque hicieron
todo lo posible para evitar el injusto juicio, todos sus intentos fueron
inútiles.
Los integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal que juzgó a las Juntas
Militares fueron Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián,
Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés J. D’Alessio. Durante el
juicio, los jueces rotaron cada semana en la presidencia del tribunal.
El fiscal fue Julio César Strassera con quien colaboró el
fiscal adjunto, Luis Gabriel Moreno Ocampo. Todos los demás funcionarios a los
que se solicitó colaboración se negaron a ello, seguramente porque no querían
ser parte de esta calamitosa infamia.
El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto
de 1985. Se trataron 281 casos. Entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre se
realizaron las defensas de los jefes militares, que básicamente sostuvieron la
realidad inobjetable: que se había tratado de una guerra contra la subversión
marxista.
El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge
Rafael Videla y a Emilio Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola
a 17 años de prisión (posteriormente en el fallo reducida a 16 años y 6 meses),
a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de
prisión (posteriormente en el fallo reducida a 3 años y 9 meses).
Omar Domingo Rubens Graffigna y Arturo Basilio Lami Dozo
fueron absueltos, al igual que Leopoldo Fortunato Galtieri y Jorge Isaac Anaya.
El Gobierno de Alfonsín estuvo permanentemente amenazado por
los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas que se negaban a aceptar el
infame enjuiciamiento a los participantes de la guerra contra la subversión
marxista durante el régimen militar anterior. Para intentar mantener bajo
control el descontento en las Fuerzas Armadas, en 1986 Alfonsín debió
intervenir personalmente para que el Congreso sancionara la Ley de Punto Final
imponiendo un plazo de 60 días para procesar a acusados de supuestos delitos de
lesa humanidad cometidos durante el Gobierno militar.
Pero entretanto, y además de los enjuiciamientos contra las
Fuerzas Armadas, se inició el abandono de las hipótesis de conflicto y el
deterioro en su capacidad moral, humana y material. De esta manera se anulaba
la razón de ser de las Fuerzas Armadas, iniciándose el absurdo proceso de
desmalvinización. Las Fuerzas Armadas ya no sólo fueron apartadas de decisiones
políticas, sino también en su función específica. Asimismo se produjo la
ruptura de la cadena de mando, es decir, la pérdida de confianza del subalterno
al superior. Con todo esto, se peligra de entrar en un estado de anarquía.
La reacción de los carapintadas.
Ante esta caótica situación, en la Semana Santa de 1987 se
produjo una gran rebelión militar compuesta mayoritariamente por jóvenes
oficiales nacionalistas que se autodenominaron “carapintadas” dirigidos por un
héroe de la Guerra de Malvinas, el Teniente Coronel Aldo Rico. Al mismo tiempo,
los jefes militares demostraban que no estaban dispuestos a obedecer las
órdenes del Presidente Alfonsín y reprimir la insurrección. Entretanto, la
Confederación General del Trabajo (CGT) declaró la huelga general en defensa
del Gobierno. Alfonsín, anunció al público reunido en la Plaza de Mayo, desde
la Casa de Gobierno, el envío de tropas leales a su gobierno para exigir a los
rebeldes que depusieran su actitud. Poco después habría de darse cuenta que
esas tropas, en los hechos, no existían. Ni una sola de las unidades convocadas
en la Capital Federal, y zonas adyacentes, respondió a esa orden. Sólo el General
Ernesto Alais se mostró dispuesto a actuar, desde su guarnición en la provincia
de Corrientes, y así avanzó con sus tropas hacia Campo de Mayo. A pesar de
ello, al llegar esas fuerzas a Zárate, en la provincia de Buenos Aires, los
oficiales de rango intermedio detuvieron su marcha e hicieron conocer su
decisión de no avanzar contra sus compañeros. El propio Alfonsín ha revelado
luego que, fuera de quicio, quiso marchar encabezando a la multitud a Campo de
Mayo, donde se encontraban los militares insurrectos, pero que finalmente
cambió de actitud.
En vez de ello, Alfonsín concurrió el 30 de abril
personalmente a Campo de Mayo a reducir a los insurrectos. Cabe destacar el
gesto de valentía que tuvo Alfonsín en esta ocasión. Años más tarde, el propio
Aldo Rico diría sobre él: “Vino sin custodia, podíamos haberlo matado, podíamos
haber hecho cualquier cosa. Entró a la Escuela de Infantería solo con un
brigadier que iba con él”.
Horas después, Alfonsín anunció que los amotinados habían
depuesto su actitud, en lo que aparentemente había sido una victoria sin
concesiones del Gobierno. Poco después se haría evidente que este pretendido
triunfo no había sido tal y que fue todo una gran mentira. Fue el sábado 30 de
abril cuando Alfonsín así lo comunicó en un discurso a la multitud congregada
en la Plaza de Mayo:
“¡Compatriotas!… ¡compatriotas!… ¡compatriotas!… ¡Felices
Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud… Como corresponde,
serán detenidos y sometidos a la Justicia. Se trata de un conjunto de hombres,
algunos de ellos héroes de la Guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición
equivocada y que reiteraron que su intención no era provocar un golpe de
Estado. Pero de todas maneras han llevado al país a esta tensión, a esta
conmoción que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el
pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamiento de sangre he dado
instrucciones a los mandos del Ejército para que no se procediera a la
represión, y hoy podemos todos dar gracias a Dios: la casa está en orden y no
hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo
que se retire. Es necesario que así lo haga, y les pido a todos ustedes que
vuelvan a sus casas a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz en Argentina”.
Raúl Alfonsín, 30 de abril de 1987
Alfonsín, sin poder militar para detener el levantamiento
“carapintada”, negoció con sus líderes militares la garantía de que no habría
nuevos juicios contra militares por violación de derechos humanos. Esas medidas
se concretaron en la Ley de Obediencia Debida (por la cual se declaraba ilegal
penar a miembros de las Fuerzas Armadas cuyo grado estuviera por debajo de
Coronel, por haber actuado en virtud de la denominada “obediencia debida”, es
decir, la obediencia de un subordinado a sus superiores) y el reemplazo del
General Héctor Ríos Ereñú por el General José Dante Caridi, al mando del
Ejército Argentino. Este último, desde su cargo, comenzaría a defender
públicamente la Guerra contra la Subversión. [5] Desde entonces Alfonsín debió
enfrentar otras dos insurrecciones militares durante 1988 (la de Monte Caseros
–liderada por Aldo Rico – y la de Villa Martelli –liderada por el Coronel
Mohamed Alí Seineldín–). En diciembre de 1988 tuvo lugar la rebelión militar “carapintada”
de Villa Martelli, liderada por el Coronel Mohamed Alí Seineldín, quien había
tenido una importante participación durante la Guerra de Malvinas, liderando al
glorioso Regimiento N°25 de Infantería, que combatió bravamente y asestó
numerosas bajas a los británicos. La rebelión concluyó con un supuesto acuerdo
entre el líder “carapintada” y el General Isidro Bonifacio Cáceres, designado
mediador por el jefe del Ejército, el Teniente General Caridi, que no se
verificó en la práctica porque Seineldín fue detenido, procesado y dado de baja
hasta que fue indultado por Carlos Menem después del cambio de gobierno.
A principios de 1990, Seineldín inició giras por el interior
del país en defensa de los militares “carapintadas” que habían sido
injustamente sancionados y defendió la rebelión de Villa Martelli, a la que
consideraba como la reivindicación del honor militar. Si Seineldín y los
“carapintadas” eran culpables de algo, era de amar a su Patria y de ser leales
al Ejército Argentino.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron objetos
de fuertes cuestionamientos por parte de las organizaciones defensoras de los
derechos humanos de los guerrilleros subversivos, y las fuerzas políticas
marxistas, incluidos sectores internos del radicalismo como la Juventud Radical
y su brazo universitario Franja Morada. Con posterioridad, ambas leyes y los
indultos a los jefes militares y guerrilleros ya condenados, concedidos por el
Presidente Carlos Menem en 1989, fueron conocidas por sus detractores como "las
leyes de impunidad", y serían derogadas por el Congreso Nacional en 2003.
El propio Alfonsín apoyó la nulidad de las leyes, aunque aclaró que le
correspondía a la Corte Suprema hacerlo, y no al Congreso. Algunos militares
también cuestionaron la Ley de Obediencia Debida, entre ellos el propio Aldo
Rico, quien expresó que “La Ley de Obediencia Debida fue una aberración ética y
jurídica. Nuestro viejo Código de Justicia Militar, ahora derogado, sabio
código, no habla de obediencia debida, al contrario. El código impone lo que se
llamaba la inspección de la orden. Cuando yo recibo una orden, la inspecciono y
determino si es legal o no, si es cumplible o no cumplible. Eso decía el
código. A mí no me pueden impartir ninguna orden”.
La Semana Santa de 1987 constituyó un punto de inflexión
para la popularidad de Alfonsín, que se reflejaría en la derrota de la Unión
Cívica Radical en las elecciones para gobernadores y parlamentarias de ese año.
Aún así, Alfonsín logró entregar su mandato a otro Presidente civil, de otro
partido político, hecho que no sucedía desde 1916, y que desde su asunción en
1983 Argentina inició el más extenso período "democrático" de su
historia.
La guerrilla entra en acción
El 23 de enero de 1989, la guerrilla Movimiento Todos por la
Patria (MTP) intentó copar el Regimiento Militar de La Tablada, en el oeste del
Gran Buenos Aires. El MTP estaba liderado por Enrique Gorriarán Merlo, quien
había sido fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y de
su brazo armado –la guerrilla terrorista ERP–, junto a Mario Roberto Santucho.
Siendo uno de los subversivos más conocidos, con el fin del gobierno militar
había fundado el MTP, que estaba muy influido por los sandinistas
nicaragüenses, entre los cuales había estado su líder. Gorriarán Merlo dijo que
la toma tenía el objetivo de impedir un supuesto golpe de Estado planeado por
el entonces candidato a Presidente Carlos Menem y el Coronel Mohamed Alí
Seineldín y que contaba con el apoyo de varios dirigentes peronistas. Para
hacer verosímil su versión, integrantes del MTP arrojaron fuera del cuartel
volantes atribuibles a un supuesto comando llamado “Nuevo Ejército Argentino”
que pretendía derrocar al gobierno del Presidente Alfonsín. Gorriarán Merlo
decía que este supuesto alzamiento se habría propuesto no limitarse a los
cuarteles sino salir a la calle y producir una purga de dirigentes
“progresistas” (en realidad, marxistas). Entonces, los guerrilleros –que
detendrían el supuesto alzamiento– movilizarían al pueblo hacia la Casa de Gobierno
para exigir un cambio político que llevara al triunfo de la “revolución”.
Pero la realidad es que los guerrilleros del MTP
construyeron un escenario ficticio, ejerciendo claramente la manipulación hacia
el pueblo al que supuestamente defendían. Tenían la intención de desprestigiar
tanto a las Fuerzas Armadas como al candidato opositor al gobierno –Menem– que
se perfilaba como el potencial triunfador en las elecciones de 1989. Entonces,
si Menem era el favorito al triunfo electoral ¿Por qué haría un golpe de
Estado? ¿Qué razones tenía para ello? Más bien esto parece un plan del gobierno
de Alfonsín que “mataría dos pájaros de un tiro”, por un lado, difamaría y
debilitaría aún más a las Fuerzas Armadas y al sentir nacional en general, y
por otro lado, también desprestigiaría a su principal opositor político. Para
ello, el gobierno utilizó a la guerrilla terrorista.
Sin embargo, desde el primer momento, inteligencia del
Ejército conocía previamente que un movimiento subversivo iba a atacar a alguna
unidad militar del Área Metropolitana y, por esta razón, el entonces titular
del Ejército Argentino, el Teniente General Francisco Gassino, dispuso reforzar
la infantería.
Inmediatamente después del copamiento, efectos policiales de
la Provincia de Buenos Aires, rodearon el cuartel a modo de primera línea de
emergencia para repeler a los guerrilleros terroristas.
Finalmente, el Ejército y la Policía consiguieron la
recuperación del cuartel. Gorriarán Merlo escapó, pero sería detenido en 1995
en México y extraditado hacia Argentina. Tras ser condenado a prisión perpetua
en 1996, fue indultado en 2003 por el entonces Presidente Eduardo Duhalde.
Las Cúpulas Militares.
Durante el nefasto mandato de Raúl Ricardo Alfonsín, se
sucedieron constantes modificaciones en la cúpula de las tres fuerzas armadas,
especialmente en el Ejército.
La Armada de la República Argentina fue la más estable de
todas, ya que el Almirante Ramón Antonio Arosa, designado titular de la fuerza
el 16 de diciembre de 1983, se mantuvo al frente de la marina hasta la
finalización del mandato de Alfonsín el 8 de julio de 1989.
En la Fuerza Aérea Argentina se sucedieron dos comandantes.
El 14 de diciembre de 1983 es puesto al frente de la aeronáutica el Brigadier
General Teodoro Guillermo Waldner, quien luego pasó a ser Jefe del Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas el 5 de marzo de 1985, quedando el cargo de
titular de la Fuerza Aérea en manos del Brigadier General Ernesto Horacio
Crespo, quien acompañó a Alfonsín hasta el final de su gestión.
La fuerza más inestable fue Ejército Argentino, ya que se
sucedieron cinco titulares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ellos fueron
los Generales de División Jorge Hugo Arguindegui (1983 - 1984), Ricardo Gustavo
Pianta (1984 - 1985), Héctor Luis Ríos Ereñú (1985 - 1987) y los Tenientes
Generales José Segundo Dante Caridi (1987 - 1988) y Francisco Eduardo Gassino
(1988 - 1989).
Política económica.
La situación económica y social en la que Alfonsín asumió el
gobierno era realmente desfavorable, interna y externamente. En 1982 estallaba
la crisis de la deuda latinoamericana, ante la moratoria de México y la
negativa de los acreedores a refinanciar préstamos, así como la exigencia de
que la deuda se cancelara con los activos de los Estados deudores.
Internamente, la deuda externa argentina había pasado de 7.875 millones de
dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983. Por
otro lado el retraso salarial y la pobreza, que había aumentado del 5% en 1975
al 37% en 1982 (datos para el Gran Buenos Aires), anticipaban grandes presiones
sociales una vez "reconquistada la democracia". Para los países de
Hispanoamérica, la década de los años ochenta fue conocida como la década
perdida.
En una primera etapa Alfonsín recurrió al esquema económico
que el radicalismo había utilizado con considerable éxito durante la
presidencia de Arturo Illia 20 años antes. Su primer ministro de Economía, el
judío Bernardo Grinspun, y gran parte de sus colaboradores habían sido parte de
aquel equipo. En ese primer momento Alfonsín y la mayor parte de la Unión
Cívica Radical básicamente consideraban que la vigencia de las instituciones
democráticas garantizaba que la economía diera respuesta a las necesidades de
la población. De esa primera etapa proviene una frase recordada que repitió
durante toda la campaña electoral para engañar a los electores: “Con la
democracia se come, se educa y se cura”.
A poco andar fue evidente que la política económica del
radicalismo, que estaba siendo llevada por el [judío]] Grinspun, traería
terribles problemas al país. Al finalizar 1984 el salario real había aumentado
un 35%, pero la inflación alcanzó el 625% anual.[6]
El 18 de febrero de 1985 Alfonsín reemplazó a Grinspun por
Juan Vital Sourrouille con el fin de implementar una política económica que
atacara frontalmente la inflación. El 14 de junio Alfonsín y Sourrouille
anunciaron por televisión la puesta en marcha del Plan Austral, por el que se
creaba una nueva moneda, el Austral, se congelaban todos los precios de la
economía, y se establecía un mecanismo de "desagio" para desindexar
los contratos.
El Plan Austral fue un plan no monetarista, que se basaba en
la idea de que, en una economía de alta inflación durante varias décadas, como
la argentina, el único modo de lograr la estabilidad era frenando lo que
llamaban “inflación inercial”, es decir la anticipación de la inflación por
parte de los agentes económicos. Sólo después podrían atacarse las causas
estructurales.
El Plan Austral fue sólo un engaño para poder ganar las
elecciones de ese año. Al principio funcionó bien y en octubre la tasa de
inflación mensual fue del 2%, una tasa inusualmente baja para la economía
argentina del último medio siglo. La engañosa estabilidad económica jugó un
importante papel en el amplio triunfo electoral del radicalismo en las
elecciones parlamentarias de noviembre de 1985.
Pero en 1986 la inflación volvió a mostrar una tendencia
ascendente y los precios relativos de cada sector comenzaron a verse afectados,
situación que se vio agravada por la gran caída de los precios de los productos
argentinos de exportación (40% en el período).[7] El gobierno anunció entonces
una flexibilización de las estrictas normas de congelación de precios
establecidas un año atrás que no dio gran resultado.
Para 1987 comenzaba a hacerse evidente que era necesaria una
reforma económica estructural que resolviera la brecha entre recursos con que
contaba el Estado y las funciones que desarrollaba. El desfinanciamiento
crónico del Estado ya no podía ser resuelto ni recurriendo a los fondos de
pensiones, ni por el endeudamiento interior y exterior, ni por la emisión
monetaria.
En julio de 1987 los ministros de Economía, Sourrouille y de
Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno anunciaron conjuntamente un
paquete de medidas para la reforma del sector público. Pero el gobierno de
Alfonsín no pudo avanzar mucho en este plan de reforma del Estado.
En abril de 1988, Argentina entró en moratoria del pago de
su deuda externa. En agosto la inflación alcanzaba el 27,6% mensual. Con el
desastre del Plan Austral, en octubre de 1988 el gobierno de Alfonsín puso en
práctica un plan de salvataje, el Plan Primavera, cuyo objetivo primordial era
llegar a las elecciones con la economía bajo un mínimo de control. Comenzaba un
nuevo engaño de Alfonsín y su gobierno. Básicamente consistía en un acuerdo de
moderación del aumento de precios con la Unión Industrial Argentina y la Cámara
Argentina de Comercio y un nuevo régimen cambiario, en el que el Estado
intermediaba en la compra y venta de divisas.
El Plan Primavera duró poco. Los operadores cambiarios lo
rechazaron, no generó confianza y adicionalmente a comienzos de 1989, el Banco
Mundial suspendió su ayuda a la Argentina. El 5 de febrero, el ministro Juan
Vital Sourrouille, el presidente del Banco Central, José Luis Machinea, y el
secretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el judío Mario
Brodersohn, resolvieron aplicar cambios en la política económica. Para ello
dispusieron decretar un feriado bancario por 48 horas. Ante los rumores de
inestabilidad, se inició una corrida masiva hacia el dólar. La inflación, que
en febrero de 1989 era del 9,6% mensual, alcanzó 78,4% en mayo, mes de las
elecciones presidenciales, adelantadas intencionalmente por Alfonsín. La
hiperinflación de 1989, llevó la pobreza de 25% a comienzos de 1989, al récord
histórico de 47,3% en octubre del mismo año.[8] Este fue el legado de Alfonsín.
En las elecciones presidenciales del 14 de mayo, el
candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz, fue derrotado por Carlos
Menem. Pero aún faltaban 7 meses para la fecha de entrega del mando que debían
transcurrir en medio de la hiperinflación. Ante el riesgo de disolución del
Estado y la eventualidad de un nuevo golpe militar, Alfonsín resolvió adelantar
el cambio de mando a Carlos Menem para el 9 de julio de 1989, ya que por esos
días una escalada de saqueos se dieron en todos los comercios y supermercados
del país por parte de la población marginal. Fueron unos días de mucha tensión,
violencia y robos descontrolados. El gobierno de Alfonsín huía y dejaba para
atrás, tal vez, el peor gobierno argentino de todos los tiempos.
Política internacional.
Alfonsín sostuvo una activa política internacional
implementada por su ministro de Relaciones Exteriores, Dante Caputo, el único
que se mantuvo durante casi todo su mandato. Las prioridades fueron fortalecer
el sistema "democrático" en Argentina, evitar que la Guerra Fría no
regenerara la concepción de la seguridad nacional, impulsar el proceso de
democratización regional, resolver las cuestiones limítrofes, generar mayor
capacidad negociadora regional frente a las grandes potencias y promover la
integración subregional, destruyendo de esta manera el nacionalismo de los
países hispanoamericanos y promoviendo activamente la Globalización y la agenda
del Nuevo Orden Mundial.
Integración con Brasil: fundación del Mercosur.
La preocupación del gobierno de Alfonsín por promover
mecanismos multilaterales y de integración supranacional, lo llevó también a
promover la integración comercial entre Argentina y Brasil, uno de los casos de
enfrentamiento internacional más persistentes del mundo.
Desde fines de 1982 y con la elección de Franco Montoro como
gobernador de São Paulo, Alfonsín percibía el renacimiento de un proceso
democrático en Brasil. Para su asunción, Alfonsín invitó a Montoro, Ulisses
Guimarães, Helio Jaguaribe, Fernando Henrique Cardoso, y Fernando Gasparián. A
mediados de la década, Alfonsín ordena a su canciller, Dante Caputo, de iniciar
el proceso de integración subregional. Así, a principios de 1985 Alfonsín
propuso al Presidente electo del Brasil, Tancredo Neves, iniciar un proceso de
integración económica entre Argentina y Brasil “para fortalecer la democracia,
afrontar la deuda externa y posibilitar la modernización productiva” que fue
recibida con agrado por el mandatario brasileño. Poco después Tancredo Neves
falleció, pero su sucesor José Sarney adoptó con entusiasmo el proyecto de
integración, y autorizó al embajador Francisco Thompson Flores una importante
compra de trigo argentino en condiciones desventajosas, por razones puramente
políticas. A partir de allí el proyecto de integración se desarrolló
vertiginosamente:
El 28 de julio de 1985, Brasil aceptó la propuesta argentina
y se incorporó al Grupo de Apoyo a Contadora, junto a Perú y Uruguay;
El 30 de noviembre de 1985 Alfonsín y Sarney suscribieron la
Declaración de Foz de Iguazú, piedra basal del Mercosur.
El 29 de julio de 1986 se firmó el Acta para la Integración
Argentino-Brasileña. Mediante este instrumento se estableció el programa de
Integración y Cooperación entre Argentina y Brasil (PICAB) fundado en los
principios de gradualidad, flexibilidad, simetría, equilibrio, tratamiento
preferencial frente a terceros mercados, armonización progresiva de políticas y
participación del sector empresario. El núcleo del PICAB fueron los protocolos
sectoriales en sectores claves.
El 6 de abril de 1988 se firmó el Acta de Alvorada, mediante
el cual Uruguay se sumó al proceso de integración regional.
El 29 de noviembre de 1988 se celebró el Tratado de
Integración, Cooperación y Desarrollo entre Argentina y Brasil. El Tratado fijó
un plazo de 10 años para la remoción gradual de las asimetrías.
Complementariamente, durante el gobierno de Alfonsín,
Argentina y Brasil dieron forma a varios protocolos de integración, para
sectores específicos, implementados por su secretario de Industria y Comercio
Exterior, Roberto Lavagna, posterior ministro de Economía de los presidentes
Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.
El proceso se completaría el 26 de marzo de 1991, ya durante
las presidencias de Fernando Collor de Mello (en Brasil) y Carlos Menem (en
Argentina), con la firma del Tratado de Asunción en el que se constituye el
Mercosur.
Canal de Beagle.
En 1978 la Reina de Inglaterra Isabel II dio a
conocer el Laudo Arbitral de 1977, que le había sido entregado para su
conocimiento y publicación por una Corte Arbitral de cinco jueces nombrados en
1971 de común acuerdo entre los presidentes Salvador Allende y Alejandro
Agustín Lanusse. La sentencia determinó que las islas en disputa pertenecían a
Chile. El gobierno militar argentino declaró la nulidad del laudo y
posteriormente dio partida a la Operación Soberanía para ocupar las islas. A
partir de entonces el Vaticano se mantuvo como mediador intentando llevar a las
partes a un acuerdo que no contradijera el laudo de la Corona Británica.
En 1984 la mediación estaba prácticamente agotada y Chile
aún se encontraba gobernado por una dictadura militar, encabezada por Augusto
Pinochet.
En 1983 el Papa presentó una segunda propuesta de solución
(la primera había sido rechazada por Argentina). Alfonsín estimó necesario
entonces cerrar el conflicto aceptando la propuesta del Vaticano. Como primera
medida, Alfonsín firmó en el Vaticano el 23 de enero de 1984 una Declaración
Conjunta de Paz y Amistad en la que los dos países se comprometían a alcanzar
una solución “justa y honorable” para el conflicto.
Pero el gobierno alfonsinista evaluó que el momento más
crítico iba a presentarse cuando la propuesta vaticana fuera conocida, y los
sectores nacionalistas comenzaran a cuestionarla subrayando las pérdidas de
soberanía frente a su reclamo máximo.
Ello llevó a Alfonsín a tratar de crear un fuerte consenso
interno que le permitiera aprobar la propuesta del Vaticano y al mismo tiempo
evitar el fortalecimiento de los militares nacionalistas en ambos países.
Existía la posibilidad de que la mayoría peronista en el Senado, presionada por
la exigencia de defender la soberanía, rechazara la propuesta del Papa Juan
Pablo II.
Alfonsín entonces, primero incluyó en el Acta de
Coincidencias entre los partidos políticos que se firmó el 7 de junio de 1984,
un punto estableciendo que debía aceptarse la propuesta que hiciera el
Vaticano. El Acta fue firmada por 16 partidos políticos, incluido el peronismo,
siendo rechazada por 4.
Pero fundamentalmente Alfonsín buscó generar un sólido
consenso interno mediante una consulta popular no vinculante, pero que
presionara a los senadores. Si bien los principales líderes del peronismo
(Ítalo Argentino Luder, Antonio Cafiero, Carlos Menem, Lorenzo Miguel, Isabel
Perón) estaban a favor de aceptar la propuesta papal, la oposición a la misma
había crecido y sumaba a varios senadores peronistas como José Humberto
Martiarena, Oraldo Britos, Francisco Villada, Vicente Leónidas Saadi, Olijuela
del Valle Rivas, Libardo Sánchez; radicales como Ramón Vázquez; nacionalistas
como Marcelo Sánchez Sorondo, Alfredo Rizzo Romano, Alberto Asseff; socialistas
como Alicia Moreau de Justo y Jorge Abelardo Ramos, entre otros.
En esas condiciones se produjo el famoso debate televisivo
entre Dante Caputo y Vicente Saadi que tuvo un impacto decisivo para el triunfo
del "SI" a la propuesta papal. El 25 de noviembre de 1984 se realizó
el plebiscito y triunfó el "SI" con un apoyo del 81,32%. Cuatro días
después, el 29 de noviembre de 1984 se firmó el Tratado con Chile por el cual
Argentina perdía el Canal de Beagle.
El Grupo de Cartagena
El gobierno de Alfonsín fue un activo defensor de la
integración subregional y regional que finalmente se produciría en la década de
1990 (Globalización).
El llamado Grupo de Cartagena comenzó a tomar forma en enero
de 1984, en la Conferencia Económica Latinoamericana (CELA) realizada en la
ciudad de Quito, a iniciativa del Presidente de Ecuador Osvaldo Hurtado. Poco
después, en los días 21 y 22 de junio de 1984 los cancilleres y ministros de
Economía de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela se reunieron en la ciudad colombiana
de Cartagena para formar el Grupo de Cartagena.
El Grupo de los Ocho.
El gobierno argentino impulsó el apoyo al Grupo Contadora,
una iniciativa de acción conjunta para promover la paz en Centroamérica que
habían establecido Colombia, México, Panamá y Venezuela en enero de 1983.
Con ese fin, el 29 de julio de 1985, en Lima, aprovechando
el encuentro de presidentes para asistir a la asunción del Presidente Alan
García, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay anunciaron juntos la creación del
Grupo de Apoyo a Contadora (o Grupo de Lima). Ambos grupos de países juntos
fueron conocidos como el Grupo de los Ocho, y desempeñó un papel muy importante
en la pacificación de América Central. Particularmente importante fue su
actuación cuando los países centroamericanos adhirieron a las propuestas del
Grupo de los Ocho, el 14 de enero de 1986 mediante la Declaración de Guatemala.
Más adelante del Grupo de los Ocho amplió sus preocupaciones a otros problemas
de interés regional y a partir de 1990 el Grupo Contadora adoptó el nombre de
Grupo de Río.
Plan Alimentario Nacional.
Alfonsín implementó el engañoso "Plan Alimentario
Nacional" (PAN), que se hizo conocido por su Cajas PAN, como supuesta
solución de emergencia para afrontar el hambre y la pobreza.
El plan PAN se implementaba mediante la distribución de
cajas de alimentos a través de los punteros del radicalismo. No se trataba de
un programa dirigido a reducir la pobreza estructural sino de una medida para
cambiar cajas PAN por votos y ganar las elecciones.[9]
Durante el gobierno de Alfonsín la pobreza mostró una
tendencia ascendente. Mientras que en 1980, durante el último gobierno militar,
la pobreza (NBI) en el Gran Buenos Aires (GBA) estaba en 6% con 1,5% de
personas indigentes, en el 1986 -tres años después de asumir el gobierno de
Alfonsín- el índice de pobreza en el Gran Buenos Aires ya alcanzaba al 11%
(alrededor de 1.265.000 personas) y 2,6% de indigencia.[10]
La crisis hiperinflacionaria y la destrucción de la moneda,
llevó la pobreza al 47%.
Traslado de la capital.
El 16 de abril de 1986, Raúl Alfonsín dio desde los balcones
del ministerio de economía de la provincia de Río Negro un efusivo discurso
donde invitaba a los argentinos a "avanzar hacia el sur, hacia el mar y
hacia el frío" y donde anunciaba el traslado de la Capital Federal al área
patagónica integrada por las ciudades de Carmen de Patagones (en la Provincia
de Buenos Aires), Viedma y Guardia Mitre](ambas en la provincia de Río Negro).
Se trataba de un ambicioso proyecto, el cual es conocido como Proyecto
Patagonia, cuyo fin era descentralizar el poder político y económico del país,
excesivamente concentrado en el Gran Buenos Aires, promoviendo también el
poblamiento de la Patagonia.[11]
Para concretar el proyecto el Congreso de la Nación sancionó
la Ley Nº 23.512 y se creó el Ente para la Construcción de la Nueva Capital -
Empresa del Estado (ENTECAP), que debía diseñar y planificar la construcción de
los edificios donde funcionarían los organismos administrativos del Gobierno y
las diferentes obras de infraestructura necesarias para el asentamiento de
población y evitar el impacto demográfico negativo en los habitantes de las
ciudades y pueblos ya existentes en el área federalizada.
Quienes apoyaron el proyecto le han criticado a Alfonsín su
falta de decisión política para llevarlo adelante y no haber ejecutado actos
que hicieran irreversible el traslado, "mediante acciones de gobierno en
Viedma, como firmas de decreto".[12] El propio Alfonsín se arrepiente de
no haberlo hecho, cuando le respondió a un periodista: "No haberme ido,
aunque sea con una carpa, a Viedma como Capital. Ese fue un error
grosero".[13] También se critica a los funcionarios por él nombrados al
frente del ENTECAP de dilatar los tiempos haciendo estudios y maquetas y de
diseñar un proyecto demasiado costoso, el cual le daba argumento a los
opositores del mismo. Este organismo además fue muy cuestionado por funcionar
más en Buenos Aires que en Viedma, donde debía tener su sede.
Política laboral.
Uno de los pilares del discurso de Alfonsín que lo llevó a
la victoria en 1983 fue la fraudulenta denuncia de un supuesto "pacto
sindical-militar". La denuncia estaba orientada a identificar al peronismo
con el autoritarismo y a subsumir al sindicalismo en el peronismo.
Siete días después de asumir el gobierno Alfonsín abrió la
confrontación frontal con los sindicatos, enviando al Congreso, sin consulta ni
diálogo alguno, un proyecto de reforma sindical conocido como "Ley
Mucci", con el objetivo de incluir a las minorías en los organismos de
dirección de los sindicatos. El proyecto fue aprobado por la Cámara de
Diputados pero rechazado por la Cámara de Senadores, dominada por la oposición
peronista que controlaba la Confederación General del Trabajo.
Pero el proyecto tuvo el efecto de unir rápidamente a todos
los sectores sindicales, y establecer una lógica de confrontación entre el
gobierno radical y los sindicatos, que se expresará en 13 huelgas generales
organizadas por la CGT.
Por su parte el gobierno radical se opuso frontalmente a
restablecer los mecanismos de negociación colectiva, con el fin de preservar en
manos del Estado el poder de fijar los salarios.[14]
En los seis años del gobierno radical se realizaron casi
4.000 huelgas sectoriales y de empresa (67% en el sector público) y 13 huelgas
generales.[15]
Fin del mandato.
Alfonsín debía terminar su mandato el 10 de diciembre de
1989. Sin embargo, por razones electorales vinculadas a la gravísima situación
económica, decidió adelantar considerablemente la fecha de las elecciones
estableciéndolas el 14 de mayo, casi siete meses antes de la entrega del mando.
Hasta enero de 1989 la posibilidad de que la Unión Cívica
Radical volviera a ganar las elecciones tenía un serio fundamento en las
encuestas electorales. Sin embargo, a partir de febrero, el proceso
hiperinflacionario destruyó toda posibilidad de triunfo. El diario Ámbito
Financiero de Buenos Aires, en aquel año, tituló Golpe de Mercado y analizó de
este modo la fuerza real que había producido la derrota del radicalismo:
"Esta Argentina democrática no quiere más golpes de
Estado militares pero ha adoptado una estrategia para defenderse de la
demagogia de los políticos".[16]
Las elecciones se realizaron en medio del proceso
hiperinflacionario y en un clima de desorden y saqueos. El 14 de mayo Carlos
Menem triunfó con el 47% de los votos, frente a 32% del candidato radical. En
ese mismo mes la inflación alcanzó el espantoso 78% mensual y la pobreza
comenzó a crecer de modo exponencial: en mayo era del 25% y en octubre del 47%.
El 30 de mayo Alfonsín decretó el estado de sitio. La situación era
insostenible y poco después Alfonsín anunció que entregaría el poder en forma
anticipada, lo que se realiza el 8 de julio de 1989.
Actividad posterior a la presidencia.
Pacto de Olivos y Constitución de 1994.
El desempeño electoral del radicalismo en las elecciones
parlamentarias del 3 de octubre de 1993, en donde el partido obtuvo el 30% del
voto popular a nivel nacional, llevó a Alfonsín a comprender que era necesario
un enfoque nuevo de todo el proceso y en especial del ya entonces denominado
"menemismo", que se veía cada vez más fortalecido, con un apoyo
social generalizado y decidido a reformar la Constitución para permitir su
reelección en 1995, aún forzando las normas constitucionales vigentes.
Alfonsín sostuvo entonces que era necesario dialogar y
llegar a un acuerdo con el presidente Carlos Menem. A pesar de la oposición de
los principales líderes radicales (Angeloz, de la Rúa, Storani e incluso
Losada), Alfonsín volvió a ser elegido presidente del Comité Nacional de la UCR
en 1993. Inmediatamente después se reunió en secreto con Menem en la casa de su
ex canciller, Dante Caputo, quien se encontraba en Haití, cercana a la
residencia presidencial, y terminó llegando a un acuerdo conocido como el Pacto
de Olivos.
El Pacto de Olivos fue un acuerdo para reformar la
Constitución Nacional. Allí se acordó no realizar un plebiscito, y aceptar la
reelección por una sola vez de Menem, pero acortando el primer mandato, al
mismo tiempo que se acortaron los mandatos de los senadores, se incorporó un
tercer senador por la minoría, se estableció la figura del Jefe de Gabinete y
el Consejo de la Magistratura para atenuar el presidencialismo.
Pocos días después, al asumir como presidente Alfonsín
presentó el Pacto al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Si bien generó
una importante discusión y la dura oposición de algunos dirigentes importantes,
como Fernando de la Rúa, el Comité Nacional aprobó el Pacto de Olivos por un
75% de sus miembros.
El Pacto de Olivos tuvo un impacto muy negativo sobre la UCR
que en las elecciones de convencionales constituyentes obtuvo el menor
porcentaje de su historia hasta entonces (19,9%), y en las elecciones
presidenciales de 1995 cayó aún más al 17,1%, constituyendo por primera vez en
la historia la tercera fuerza (segunda fue el FREPASO). El desastre electoral
le costó a Alfonsín la presidencia de la UCR aunque permaneció en el Comité
Nacional como Secretario de Relaciones Internacionales. En esta función,
gestionó en 1996 la incorporación de la Unión Cívica Radical a la Internacional
Socialista.
La Alianza.
La caída electoral de la UCR y la evidencia de que Menem
buscaba un tercer mandato, incluso forzando la letra de la nueva Constitución
llevó a Alfonsín a acercarse al FREPASO. El 3 de agosto de 1997, se concretó La
Alianza entre el FREPASO y la UCR. Para dirigirla se constituyó una mesa de
cinco miembros, El Grupo de los Cinco (Raúl Alfonsín, Carlos "Chacho"
Álvarez, Fernando de la Rúa, Graciela Fernández Meijide y Rodolfo Terragno). La
Alianza obtuvo un notable triunfo en las elecciones parlamentarias de 1997,
alcanzando el 45% de los votos en todo el país y ganando incluso en la
Provincia de Buenos Aires, cuya lista de diputados nacionales encabezó Graciela
Fernández Meijide.
Alfonsín asumió entonces la dirección del Instituto
Programático de Alianza (IPA). Bajo la dirección de Alfonsín, el IPA se
organizó como un espacio abierto en el que cientos de intelectuales,
especialistas y activistas marxistas, participaron en la elaboración del
programa de gobierno de la Alianza y un esquema de nuevos paradigmas teóricos y
políticos, guías para la acción, que sostuvieran una nueva "cultura
aliancista". La tarea de síntesis quedó a cargo de Dante Caputo. Sin
embargo, finalmente, los candidatos de la Alianza, rechazaron las propuestas
programáticas del IPA y presentaron un programa alternativo más moderado. De
hecho la Alianza se presentó a las elecciones con dos programas, el que fuera
elaborado por el IPA bajo la dirección de Alfonsín, y el que fuera
confeccionado por los candidatos personalmente. Este desacuerdo llevó a
Alfonsín a renunciar en febrero de 1999 a la dirección del IPA, a la Comisión
de Acción Política de la UCR y a la posibilidad de luchar por la presidencia
del Comité Nacional de la UCR.[17]
En 1998, el presidente Carlos Menem inició una confusa
compaña para que se permitiera su tercer mandato, que incluía la posibilidad de
un plebiscito o una autorización especial de la Corte Suprema.
Finalmente, el 10 de marzo de 1999, la Cámara de Diputados
declaró que Menem no podía ser reelecto nuevamente.[18]
En las elecciones presidenciales del 24 de octubre de 1999
triunfó el candidato presidencial de la Alianza, Fernando de la Rúa.
En noviembre Alfonsín fue designado vicepresidente de la
Internacional Socialista y en diciembre elegido por unanimidad presidente del
Comité Nacional de la UCR.
Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, Alfonsín mantuvo
un rol de intermediario entre las diversas y heterogéneas fuerzas que componían
la Alianza, con el fin de preservar su unidad.
El 20 de diciembre de 2001, en medio de una crisis económica
y de agitación social (que incluyó el llamado "cacerolazo"), el
presidente De la Rúa presentó su renuncia y huyó de la Casa Rosada en un
helicóptero.
Alfonsín falleció a los 82 años, el 31 de marzo de 2009,
debido a un cáncer de pulmón y luego que su salud se viera agravada, en sus
últimos días, por una neumonía broncoaspirativa.
Alfonsín, los militares y una foto incómoda
(Por Fernando Paolella)
La foto que vemos en este artículo fue publicada en el sitio
independiente Agencia Nova, y disparó la ira de muchos iracundos cibernautas
que los acusaron de todo menos de bonitos. Aunque en realidad, la misma sólo
ilustra algo que aunque para muchos suena ahora a herejía, que es nada menos
que la cercana relación que tenía el reciente muerto ilustre con el ministro
del Interior de Jorge Rafael Videla, general Albano Harguindeguy, alias
"Gordito Travieso" (Perón dixit). Quienes ahora demuestran su enojo,
probablemente ignoren que también dicha relación se inició cuando ambos eran
compañeros de banco en el liceo militar General San Martín, durante el primer
gobierno justicialista. Y luego, la misma siguió durante los oscuros años del
Proceso de Reorganización Nacional, donde evidentemente el entonces también
abogado integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos, intercambiaron más
que figuritas. Dicha relación política no debe entenderse como una casualidad
permanente ni mucho menos.
Es sólo una muestra también de las cordiales relaciones que
mantuvieron, a pesar del clima opresivo reinante, prominentes dirigentes
radicales con oscuros mandamases del Proceso. En Córdoba, como muestra, el
general Luciano Benjamín Menéndez tenía bajo su manga a unos cuantos
intendentes de boina blanca en muchas localidades de dicha provincia. Y cuando
en La Plata una patota del Regimiento Mecanizado 7 hizo desaparecer a los
jóvenes dirigentes radicales Mario Amaya y Sergio Karacachoff, Ricardo Balbín
miró para otro lado cuando sus atribuladas familias le pidieron deshechas que
les diera una ayuda, sabiendo muy bien las aceitadas relaciones que mantenía
con altos oficiales de dicha unidad. Quizá por eso, el taimado Chino nunca
quiso inmiscuirse en ninguna orga de derechos humanos, como su oponente titular
de Renovación y Cambio, temeroso de lesionar esa amistad non santa.
Una opinión contrapuesta.
Alfonsín fue como todos los radicales de su generación, el
soporte político de la dictadura más sangrienta que nuestro país haya vivido,
ya que fueron ellos los que ocuparon los cargos de interventores en todos los
ámbitos. No fueron cómplices de la Dictadura, fueron parte de la misma, y por
lo tanto, actores del Proceso mismo. Debatía con los adversarios, es cierto.
Sobre todo, con los dictadores. Asistía a los almuerzos que ellos convocaban,
mientras otros debíamos escondernos para no ser atrapados por los asesinos
gobernantes. No traicionó a sus amigos políticos, pero fue traidor al pueblo
dominado. Defendió los mismos ideales e intereses que defendieron Viola y
Videla. Por eso, los nacionalistas de Semana Santa estaban enfrentados a él.
Según el Colorado Ramos, Abelardo Ramos, Alfonsín había ganado con fraude.
Es para pensarlo, después de tanto almuerzo en la Casa de
Gobierno con los dictadores, y después de tanta mentira incorporada a la
historia oficial, es legítimo pensarlo. Sobre todo, cuando se le atribuyó a
Herminio Iglesias toda la barbarie manifestada en su persona por la historia
que todos conocemos de quemar un cajón radical en el cierre de campaña
peronista, en respuesta al cajón que los radicales habían quemado, uno o dos
días antes, en el cierre de su campaña. Pero no importa, ese dato no lo
registró nunca la historia oficial, fallaron los flashes. A principios de los ochenta,
no había Photoshop, pero se las ingeniaban igual para ignorar, o borrar, lo que
no convenía. Alfonsín, fue tan democrático que ganó con los militares de su
parte y con el apoyo de la misma prensa que apoyó el golpe.
En rigor de verdad, por más que estas palabras vertidas
puedan llegar a ofender a muchos, si se quiere ser realmente justo con el
reciente muerto ilustre, se lo tiene que mirar con el prisma de la justicia y
de la verdad completa. Pues de nada le sirve a su memoria rodearlo de una engañosa
aureola de santidad, como siempre se ha hecho con nuestros padres fundadores.
Sin duda, ellos nos necesitan eso. Y por consiguiente, Alfonsín tampoco.
Referencias
↑ Tsunami Político, 1 de abril de 2009
↑ [1]
↑ [2]
↑ [3]
↑ "Reivindicó Caridi la guerra antisubversiva", La
Nación, 6 de enero de 1988 [4]
↑ Gerchunoff et al, pág. 395
↑ Gerchunoff et al, pág. 416.
↑ INDEC.gov.ar (Instituto Nacional de Estadística y Censos,
datos para el Gran Buenos Aires).
↑ (Lo Vuolo 1999, Sottoli 2002)
↑ (Altimir y Beccaria 1999)
↑ El día que Alfonsín prometió a Viedma ser capital
argentina, Enrique Camino, Río Negro On Line, 16 de abril de 2006 [5]
↑ El ex intendente de Viedma, Eduardo Rosso, relató que
"le pedimos a Alfonsín que en lugar de mostrar maquetas ejecute derechos
posesorios mediante acciones de gobierno en Viedma, como firmas de decreto pero
empezaron al revés"; en El día que Alfonsín prometió a Viedma ser capital
argentina, Enrique Camino, Río Negro On Line, 16 de abril de 2006 [6]
↑ Semana, 7 de mayo de 2006 [7]
↑ Godio, 2000, pág. 1147 a 1180.
↑ Godio, 2000, pág. 1147 a 1180.
↑ Ámbito Financiero, 15 de diciembre de 1989.
↑ Palmira Dibaño y Mariana Lewkowicz: "Gobierno de
Fernando de la Rúa", Cuatro décadas de historia argentina, [8]
↑ "Contundente rechazo a la reelección en la Cámara de
Diputados", Clarín, 11 de marzo de 1999. [9]
De lo publicado en Metapedia.
