Ni al gobierno ni a la oposición les interesa que la República tenga una Corte prestigiosa. A casi todos los tiene sin cuidado la salud de Carlos Fayt. La patética discusión instalada en los medios respecto del estado psicofísico del ministro de la Corte Suprema de la nación responde a la mezquindad más pequeña de la actual política argentina que cree que cualquier medio es apto para alcanzar el fin deseado mostrándose incapaz de frenarse ni ante la ancianidad, por un lado, y el máximo resguardo de la legalidad de un estado de derecho, por el otro.
Cristina Fernández de Kirchner se reprocha no haber sido más contundente y evitar que su esposo, el entonces presidente de la nación, modificase la composición del alto tribunal recurriendo a juristas prestigiosos. Suele decir ahora a sus allegados que la utopía de creer que un hombre de leyes era mejor que un compañero de ideales, siempre permeable a la necesidad política del momento, ha quedado demostrada con esta Corte. La presidente siente que fue traicionada por los ministros supremos. ¿Con qué derecho, piensa, alguien que llegó al máximo de la pirámide judicial gracias a la propuesta del kirchnerismo se atreve a desafiar y a cuestionar sus decisiones? Eso es profundo desagradecimiento en la escala de los valores presidenciales. Se cuenta en la Casa Rosada, como ejemplo de esto, que la doctora Kirchner jamás superó su furia con la jueza Carmen Argibay, a quien llamó por teléfono alguna vez para conversar sobre la ley de medios sometida a consideración de la magistrada en la Corte. Argibay le mandó a decir a la presidente por una secretaria que no pensaba atenderla porque eso violaba la división de poderes. Y ante la insistencia de la titular del Ejecutivo, habría recibido el mismo mensaje con el consejo de repasar la Constitución nacional y los manuales de instrucción cívica.
Es que el modo de pensar de la jefa de este proceso no admite siquiera considerar que la ley es el techo de todos los ciudadanos y que ese techo está, obviamente, por encima incluso de ella. Cristina cree que tener el mayor caudal de votos en las urnas que se recuerde desde Juan Perón le da un bill de indemnidad irrefutable para hacer y deshacer como quiera sin someterse al control de la legalidad de los jueces. Eso es la legitimidad popular indiscutible, dicen a su alrededor. Eso es autocracia, consigna la historia del derecho constitucional.
La oposición, en su inmensa mayoría, también tiene lo suyo. Producida la vacante suprema por la renuncia del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni (de él se puede decir mucho pero como manda la ley, a los 75 años, se retiró) no trepidó en poner negro sobre blanco que no pensaba ni considerar cualquier pliego propuesto por el actual Poder Ejecutivo para reemplazarlo. Y lo firmó en público dando explicaciones. Todo sin ponerse colorado. Los senadores de la nación tienen la obligación constitucional (no el derecho: la obligación) de cumplir sus deberes entre los que se incluye tratar, aceptar o rechazar quién integra el máximo tribunal y aquí aseguran que defienden la República y el estado de derecho suscribiendo un acta en la que explícitamente se niegan a hacerlo. Raro, si no patético. Por supuesto que todo con el argumento de combatir el autoritarismo y la verdadera vocación poco afecta a la legalidad del kirchnerismo. Estupendos comensales de seres humanos en pos de luchar contra el canibalismo.
Está claro que Cristina quiere todas las bancas de la Corte para arrebatárselas a hombres y mujeres con ideas propias. Eso es carencia de institucionalidad. Pero esa ausencia no se mejora con más falta de institucionalidad. Salvo que, como se cree en este caso, de lo que se trate es meramente de jugar a la política pequeña de un triunfo en cualquier batalla de la política de todos los días en donde uno puede triunfar con su ego y mezquindad cotidiana sin importar que a futuro se atropelle con una institución llamada Corte Suprema, último dique para todos y todas a la hora de preservar la igualdad ante la ley.
97 años, ¿no es nada? Quizá resulte funcional a la mezquindad oficial de estos días (¿se acordaron ahora, cuando se van del poder, de que Fayt es un anciano?) hacer este planteo pero, objetivamente, corresponde hacerlo. ¿Puede un hombre o una mujer de casi 100 años ejercer una función del más alto poder? La respuesta, para este cronista, es que no. Dicho con el mayor de los respetos por los ancianos en general y por este ejemplar jurista en particular, pero la respuesta es no.
Podrían usarse para justificar esta posición varios argumentos de distinta procedencia. A veces, alcanza con el sentido común. El calendario es un hecho indiscutido, incluso en la Argentina que es capaz de poner en dudas la ley de gravedad. 97 años supera en casi 20 el promedio de vida de este país, la ciencia neurológica cuenta de dificultades de comprensión que aminoran cuánto menos la velocidad de una actividad vertiginosa y suele producir achaque físicos que merecen que a ese cuerpo se le reclame en consecuencia. De la misma manera que ese mismo calendario rige para concluir que es imposible que un hombre de 34 años como Roberto Carlés haya podido formarse en la academia y, especialmente, en la experiencia como para asumir el mayor cargo jurídico de la nación, los 97 son un elemental motivo para pensar que ese lugar es demasiado para alguien que fue inmenso en el derecho. ¿Hace falta argumentar más? En el derecho, desde los romanos a hoy, el paso del tiempo fue y es modo arbitrario pero imprescindible para adquirir o perder derechos y eso no es humillante ni discriminatorio. ¿Por qué la capacidad plena, por ejemplo, se consigue a los 18 y no a los 11? Puro sentido común y biología. ¿Hace falta decir más? ¿Que la renovación generacional es tan importante como la trayectoria? ¿Que la vida de respeto y consideración no se vive sólo desde un estrado de poder? Parece que no.
A cualquier ciudadano que pretende manejar su auto se le exige un apto psicofísico que demuestre que puede dominar un volante y tres pedales. El menos comprometido de los trabajos en relación de dependencia supone un examen pre ocupacional que lo proteja de tareas indebidas.
A un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la nación de 97 años, que ya está inscripto con mayúsculas en los libros de derecho como ejemplo de pensamiento y apego al estado de derecho, ¿se le puede pedir otra cosa que mirar su caso desde el sentido común? Con eso, parece, alcanza y sobra.
Por Luis Novaresio / Especial para "La Capital" de Rosario, domingo 10-5-2015.´
http://www.lacapital.com.ar/columnistas/Lnovaresio/noticia_0093.html
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