UNA DECISIÓN PRESIDENCIAL ACERTADA por Aleardo Laría.

La presidenta Cristina Fernández ha anunciado que su Gobierno no impulsará el proyecto de ley del diputado Héctor Recalde –abogado de la CGT- que pretendía establecer por ley el reparto entre los trabajadores de un porcentaje de las utilidades empresariales. Cristina Fernández ha señalado que el tema deberá ser abordado en las comisiones paritarias de trabajo que discuten los convenios colectivos. De este modo ha puesto fin a una iniciativa legislativa que hubiera dado lugar a infinidad de problemas de imprevisibles consecuencia en la marcha de la economía nacional.
El proyecto de ley había sido impugnado por las organizaciones empresariales porque otorgaba a los gremios “facultades de fiscalización de información ajenas a su cometido y muy superiores a la de los propios accionistas”. La preocupación no residía tanto en el reparto de utilidades –de hecho muchas empresas reparten “bonos” entre su personal- sino en conceder a los dirigentes sindicales poderes similares a los de un inspector fiscal. De modo que, en términos políticos, se trataba de un proyecto que, en el fondo, apuntaba a fortalecer el poder sindical.
Los gremios reunidos en la CGT apoyaban su iniciativa invocando el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que contempla tal posibilidad. Pero hacían una lectura sesgada olvidando que esa misma disposición establece el principio de libertad sindical que viene siendo sistemáticamente vulnerado por la legislación argentina que consagra una suerte de monopolio sindical al brindar personaría gremial a un solo sindicato por rama de actividad.
Desde una perspectiva progresista, cualquier iniciativa que pretenda dar más protagonismo a los trabajadores pasa inexorablemente por acabar previamente con el monopolio sindical, garantizar la libertad y democracia sindicales, descentralizar la negociación colectiva y hacer de la productividad el eje de las negociaciones entre trabajadores y empresarios. Haría falta inclusive un cambio en la cultura sindical que permitiera abandonar una visión confrontativa para pasar a una visión asociativa, asumiendo que no existe posibilidad racional de mejorar las remuneraciones si antes no mejora la eficacia y eficiencia productiva de las empresas.
La existencia de unas corporaciones sindicales blindadas, que manejan fuertes cantidades de dinero procedentes de las obras sociales, es una anomalía argentina, fruto de concesiones demagógicas de la dictadura militar de Onganía. La intención política era cooptar una dirigencia sindical para que neutralizara las presiones que venían de las bases. Pero el resultado ha sido nefasto para el sistema, al consagrar una capa burocrática de dirigentes que adoptan sistemáticamente estrategias confrontativas como modo de legitimar ante sus bases sus desusados privilegios.
La presencia de representantes de todos los sectores implicados en el sostenimiento y continuidad de una empresa (stakeholders) es una medida que se va imponiendo gradualmente en las grandes empresas capitalistas en democracias avanzadas. Mediante la presencia de consejeros independientes, que pueden representar a los intereses de los trabajadores, a los de los grupos ecologistas o de las instituciones comunitarias, se puede conseguir que las empresas atiendan a todos los intereses afectados por su actividad. Pero estas formas de democracia participativa guardan enorme distancia con la persistencia en nuestro país de unas burocracias sindicales que permanecen enquistadas a través de procedimientos antidemocráticos y en ocasiones cuasi delictuales.
Una de las tareas pendientes de la democracia argentina, que el presidente Alfonsín no pudo llevar a cabo porque le faltó un voto en el Senado, es terminar con el poder desproporcionado de las corporaciones sindicales. La fórmula es sencilla y pasa por aceptar la pluralidad sindical y poner las obras sociales en manos de sus verdaderos usuarios, los trabajadores, eliminando la actual intermediación, innecesaria y costosa, de las burocracias profesionales. Un paso que a lo mejor, aunque por otros motivos, la presidenta se anima a dar.
*** Publicado en EL BLOG DE COYA de Aleardo Laría, 26-11-2011.Aleardo Laría es abogado y periodista ha escrito los siguientes libros: "Presidencialismo y calidad institucional. Los problemas no resueltos de Argentina" y "El sistema parlamentario europeo" y su último libro "La religión populista”
Aleardo Laría sostiene que el populismo "es la expresión última de las anacrónicas religiones políticas que poblaron el siglo XX y que están incuestionablemente destinadas a desaparecer".