¿QUÉ SIGNIFICA SER DE IZQUIERDAS? Acerca de la herejía y la conversión por ALEARDO LARÍA RAJNERI.

 

Fernando Iglesias presentó su libro ¿Qué significa hoy ser de izquierdas? (Editorial Sudamericana) en el año 2004, en una librería de la calle Corrientes, en una mesa redonda a la que había invitado a Horacio González, a Carlos Chacho Álvarez y a su mentor intelectual, Juan José Sebreli. Eran tiempos propicios para dar lecciones a la izquierda argentina. Néstor Kirchner había lanzado la idea de la transversalidad y había abrazado la causa de los derechos humanos, derogado las leyes de obediencia debida y punto final. De modo que para un ex trotskista que había vivido en Europa ocho años y se había reciclado a las ideas de la socialdemocracia, la ocasión se presentaba oportuna para ofrecer a la izquierda tradicional argentina  las directrices que debían guiar su comportamiento. En ese entonces Fernando Iglesias tenía una mirada indulgente sobre el peronismo: “Más allá de toda crítica, la gestión de Kirchner debe contemplar que, aun con sus errores y su estilo personalista y hasta autoritario, ha sido éste el gobierno que ha hecho que la Argentina volviera de la muerte a la que la habían condenado los errores y horrores sumados durante la segunda administración de Menem, el gobierno de la Alianza y la gestión de Eduardo Duhalde; y el que, mediante la abolición de las inicuas leyes de obediencia debida, punto final y del indulto menemista, ha sentado las bases morales imprescindibles para el fin de la impunidad y la corrupción en Argentina”. Era difícil imaginar en aquella época que años después se convertiría, según la colorida expresión de su compañero de partido Daniel Lipovetsky, en “goriglesias”. Lipovetsky no se anduvo con medias tintas y se empleó a fondo: “Hace años que escucho tu antiperonismo y repetitivo discurso plagado de odio y sectarismo. Es más aburrido que un documental sobre gorilas (con perdón de los animales). En este difícil momento fomentás las divisiones. No sos demócrata ni responsable”. Sin embargo, sería caer en un error analizar la conversión de Iglesias con categorías morales. Como argumentaremos en esta nota, el tema es más complejo y merece un análisis más detenido, pero antes hay que ahondar en el itinerario ideológico del diputado de Juntos por el Cambio.

Lecciones para la izquierda.

El entusiasmo de Iglesias con la labor de Kirchner no era menor. Afirmaba que “el alto grado de aceptación y popularidad de que goza el Presidente Kirchner se basa en una agenda mínima  cuya importancia es decisiva  para un país en crisis recurrente como la Argentina: la asistencia social a los sectores sometidos a la indigencia extrema, la disputa del poder político  a sectores corporativos del sistema nacional (como las fuerzas militares y policiales o la Corte Suprema de Justicia), la preservación (parcial) del orden público sin hacer recurso a la represión directa (en el caso de los piqueteros), el replanteo  e impulso de la agenda democrática y de Derechos Humanos abandonada a medio camino por el radicalismo alfonsinista y –principalmente— el delicado manejo de la economía a través del desfiladero estrecho que pasa entre la ruptura de relaciones con los organismos internacionales, por un lado, y la aceptación incondicional de sus dictámenes por el otro”.

El análisis de Iglesias descansaba en lo que consideraba la contradicción central de la nueva realidad internacional: “El desequilibrio de poder entre un sistema económico transnacionalizado, global, mundial y un poder político democrático territorial, acotado, limitado, nacional y, por lo tanto ineficaz”. Añadía que “la puesta en práctica de un proyecto progresista es imposible porque los instrumentos antiguamente capaces de llevarlo adelante (las organizaciones políticas nacionales) son rehenes de la lógica económico-instrumental de un capitalismo transnacionalizado. Si una parte fundamental de la tradición de la izquierda es la defensa de las razones de la política sobre la economía (“la izquierda ha sido la expresión característica de la voluntad política”) y si la “intervención pública para contrapesar el poder de la minoría propietaria de la riqueza” es uno de sus principios basilares, ¿cómo hará una izquierda que quiera ser ‘política y no solo crítica cultural’ para operar dicha intervención con unas instituciones desactualizadas e ineficientes?» Se preguntaba luego: “¿Cómo enfrentar el chantaje global de bajos salarios y desocupación del capital transnacional? ¿Qué medidas económicas redistribucionistas puede tomar un gobierno nacional sin provocar una estampida de capitales, es decir crisis financiera, devaluación, recesión, hiperinflación?”, para a continuación expresar su desazón por “esa humanidad desesperanzada que sigue votando a sus victimarios neoliberales y conservadores”. Consideraba que la confusión entre globalización y neoliberalismo (es decir entre el fenómeno de la globalización en sí y la forma que la misma está asumiendo en el presente) “solo puede favorecer a una derecha neoliberal que se propone, gracias a esta graciosa concesión de la izquierda, como la única propuesta modernizadora posible”. Para asegurar a continuación que “sin un proyecto profundamente transformador y progresista la izquierda no tiene sentido, ni más rol que el de lamentable cómplice de estos administradores de lo existente que el conservadurismo neoliberal nos endilga”. Se pronunciaba a favor del control de capitales, porque “en tanto siga sin existir una regulación democrática del mercado financiero mundial y, por lo tanto, sean los estados nacionales los únicos responsables de poner un freno a las especulaciones internacionales de los capitales globales, medidas que favorezcan la inversión extranjera directa y limiten los movimientos especulativos son imprescindibles”. Y remataba su pensamiento apoyándose en autores de estirpe liberal como Adam Smith, Karl Popper y Norberto Bobbio para señalar que sus páginas “están llenas de desconfianza hacia las corporaciones económicas, de oposición al puro laissez-faire y de preocupación por las limitaciones a la libertad que se derivan de la miseria”.

Las conversiones religiosas.

Antes de analizar el fenómeno de las conversiones políticas en la modernidad, conviene repasar lo que acontecía en la Antigüedad alrededor del problema de las herejías. El mundo religioso en Roma, basado en el politeísmo, facilitaba la tolerancia religiosa y fue con la irrupción del monoteísmo cristiano y judío cuando comenzaron las persecuciones a los disidentes y a los herejes. San Agustín utilizó una cita del Evangelio para legitimar las medidas de fuerza contra los herejes. Afirmaba que la herejía es un desorden del alma que puede acarrear al hombre la condenación eterna, por lo que consideraba que no puede tolerarse un error que produce tanto daño en quien lo comete. De allí que aconsejara confiscar los bienes de las personas declaradas culpables de aferrarse a una herejía. Con la Inquisición la intolerancia a la herejía alcanza su máximo, al considerar que la muerte en la hoguera es un acto de amor, puesto que al quemar el cuerpo del hereje se consigue salvar su alma inmortal. Fue con la Reforma y el Cisma de la Iglesia Católica cuando se afianzaron las ideas de la tolerancia religiosa. John Locke publicó en 1689 su conocida Carta sobre la tolerancia, en la que señala que el Estado debe ser tolerante con las convicciones religiosas de sus ciudadanos “porque a él no le corresponde  la cura de almas. Dios no le ha conferido esa misión porque es evidente que Dios nunca le confirió a un hombre la autoridad para forzar a nadie en cuestiones religiosas”. Los argumentos a favor de la tolerancia religiosa alcanzan su máxima expresión en el Tratado teológico-político (1670) de Baruch Spinoza, un descendiente de judíos españoles y portugueses refugiado en los Países Bajos, que había contemplado con horror a tantos seres humanos llevados a la hoguera por la Inquisición española. Los principios de la tolerancia quedaron finalmente consagrados tras la Revolución Francesa en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. En la actualidad, la tolerancia política en el marco de una democracia, parte del presupuesto de que nadie puede tener la certeza absoluta de que sus decisiones son las más correctas admitiendo la capacidad de incurrir en el error. Por lo tanto, las mayorías deben aceptar que pueden estar equivocadas y admitir el derecho de las minorías a sostener su discrepancia.

Las conversiones políticas.

La tolerancia hacia las conversiones políticas debe ser asumida sin vacilación en la medida que todo ser humano tiene derecho a rectificar sus errores. Algunos casos de notorias conversiones políticas han servido para ahorrar a los pueblos mayores sufrimientos. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Adolfo Suárez, un político surgido del franquismo que consiguió abrir el camino de la transición a la democracia en España. Todas las personas modifican o ajustan sus puntos de vista a lo largo de su vida. Sin embargo, no dejan de ser llamativos aquellos casos de conversión radical, en que se pasa de un extremo al otro y que han sido abordados con interés por la psicología social.

Peter Berger y Thomas Luckmann analizaron en su ensayo La construcción social de la realidad (Ed. Amorrortu) “el caso extremo, en el que se produce una transformación casi total, vale decir, aquel en el cual el individuo permuta mundos”. Estas trasformaciones que parecen absolutas, aunque el individuo transformado “tendrá el mismo cuerpo y vivirá en el mismo universo físico”, han sido denominadas “alternaciones” por estos autores. ¿Cómo puede producirse el desmantelamiento  de la anterior estructura organizativa de la realidad subjetiva? “El individuo alternalizado se desafilia de su mundo anterior y de la estructura de plausibilidad que lo sustentaba, si es posible corporalmente, o si no, mentalmente”. La alternación comporta, por lo tanto, una reorganización del aparato cognitivo. Señalan que el requisito más importante para la alternación consiste en disponer de un nuevo aparato legitimador que le permita legitimarse ante una realidad nueva y el abandono y repudio de las anteriores. La realidad antigua debe volver a re-interpretarse operando dentro del aparato legitimador de la nueva realidad. “Esta reinterpretación provoca una ruptura en la biografía subjetiva del individuo en la forma de “antes de Cristo” y “después de Cristo”, o “pre-Damasco” y “post-Damasco” (en referencia a la conversión de Saulo). Ahora bien, como olvidar por completo el marco referencial anterior resulta muy difícil, se necesita una reinterpretación radical del significado que los hechos o las personas tenían en la biografía pasada. Esto lleva a fenómenos complejos. Por un lado, la necesidad de reafirmación de los nuevos dogmas, lo que supone un exceso de énfasis, para que nadie ponga en duda los nuevos significados. Por la otra, la necesidad de urdir datos o incorporar hechos que no existieron para armonizar el pasado que se recuerda con el que se reinterpreta.

Es evidente que el progreso científico y moral se construye abandonando los viejos prejuicios. Decía Popper que “aprender de la experiencia consiste en corregir nuestro horizonte de expectativas a la luz de los desengaños”. De modo que su método consistía en falsear las viejas hipótesis, poniendo en cuestión las ideas firmemente asentadas, y renovando los apotegmas del pasado. Esa capacidad muy difícil de trasladar al terreno de la política, donde predominan los contenidos emocionales y los paradigmas provenientes del mundo religioso. No es fruto de la casualidad que la expresión “converso” provenga de un espacio cultural donde la apostasía puede llegar a ser castigada con la muerte. Bienvenidos entonces los honestos conversos. Gracias a las personas que pueden desprenderse de los prejuicios predominantes en cada época se ha podido construir el progreso.

Conversos famosos han sido Giordano Bruno, Galileo y Copérnico. La ética de la responsabilidad, reivindicada por Max Weber, en ocasiones exige desprenderse del peso de las viejas convicciones y conlleva el dolor de alejarse de los viejos amigos. Ya lo señalaba Aristóteles cuando decía “soy amigo de Platón, pero me siento más amigo de la verdad”, para indicar la resolución correcta del dilema ético planteado. Solo resta añadir que el reconocimiento de viejos errores se supone que debería conducir a la adopción de una actitud más prudente, más templada, porque quien incurrió en un error es consciente que puede volver a cometerlo. Si la sabiduría es el resultado de la suma de errores cometidos en el curso de una vida, se espera que los sabios adopten actitudes alejadas de la arrogancia intelectual y que huyan del reduccionismo maniqueo, permaneciendo abiertos a escuchar las opiniones que no comparten. Pero, como lo muestran algunas biografías, siempre existen las excepciones que ponen a prueba la regla.

PUBLICADO EN EL COHETE A LA LUNA.

https://www.elcohetealaluna.com/que-significa-ser-de-izquierdas/

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La expropiación de 1951 POR CLAUDIO CHAVES.

El golpe de estado del 4 de junio de 1943 a diferencia de los que vinieron después tuvo consenso entre la ciudadanía y el periodismo. El diario La Prensa reprodujo en primera plana la proclama militar del golpe y siguió el día a día con entusiasmo. Rápidamente dio su apoyo al Coronel Perón cuando éste, desde su nuevo cargo de Secretario de Trabajo y Previsión, sedujo a los gremios con mejoras y conquistas sociales desplazando al comunismo y al socialismo de esos ámbitos obreros.

Sin embargo a poco andar el clima de armonía fue virando, el gobierno militar comenzó a tomar medidas de censura, como fue el decreto 18.407, de enero de 1944, que reglamentaba la actividad periodística, prohibiendo toda publicación que sea contraria al interés general de la Nación, que perturbe el orden público, que atente contra la moral cristiana o las buenas costumbres, entre otros asuntos. En la oportunidad, La Prensa fue muy crítica de esa reglamentación y a partir de ese momento el periódico pasa a una oposición fuerte y abierta que no cejará hasta su expropiación en 1951, realizada por el gobierno de Juan Perón.

Desde el inicio de su gobierno en junio de 1946 hasta la expropiación en abril de 1951 los arrebatos de Perón contra la prensa en general fueron en aumento. Su explicación dada muchos años después fue que una revolución como la justicialista con profundos cambios sociales no se podía realizar sin vulnerar ciertas libertades individuales, como la de expresión.

RAIZ DEL CONFLICTO.

En aquellos años el mundo atravesaba una de las peores catástrofes del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. La influencia que Gran Bretaña había ejercido en nuestro país desde el siglo XIX generó en la cultura política argentina una corriente de simpatía por el llamado mundo libre. Esta corriente empujó a los partidos tradicionales a promover la incorporación de la Argentina en la guerra, del lado de los aliados. El golpe militar de 1943 vino a frustrar esta aspiración planteando una política neutralista.

Este neutralismo fue, para un sector del Ejército y de la sociedad, una política sincera, no morir en tierras lejanas, para otros insincera, dado que sus simpatías por los regímenes autoritarios de corte fascista los hacía defender el neutralismo ante la imposibilidad política y cultural de plantear una alianza con Alemania en un país como la Argentina. Su neutralismo fue táctico. Ambos sectores convivían en el gobierno militar. Si a esto le adicionamos la acción social reivindicativa de los trabajadores llevada adelante por la figura más destacada de ese gobierno, el Coronel Perón, el coctel era explosivo. En apenas dos años, del 43 al 45, Perón eclipsó al conjunto de los partidos políticos.

La Prensa fue un firme defensor de los aliados y sospechaba, en algunos casos con justa causa y en otros equivocadamente, que el gobierno militar era amigo del nazismo. El gobierno finalmente declaró la guerra al Eje pero el hecho no convenció pues ya estaba definida a favor de los aliados. Cuando ese mismo año, 1945 se comenzó a hablar de elecciones generales, sin poner fecha aún, una gigantesca movilización realizada por los partidos tradicionales el 19 de setiembre sacó del gobierno al Coronel Perón. Al día siguiente de su desplazamiento el gobierno anunció elecciones para abril de 1946.

El 17 de octubre otra movilización, en este caso, partidaria del Coronel caído, dio vuelta la taba y Perón ya fuera del gobierno se transformó en el candidato oficial. La Prensa sabía a quién no había que votar y puso el diario al servicio de la Unión Democrática.

PRESIDENCIA DE PERON.

Los ataques de La Prensa al gobierno nacional no cejaban, por el contrario aumentaban casi en proyección geométrica como en general lo hacía el resto del periodismo escrito y las radios. El gobierno nacional decidió entonces acallar las voces poniendo en marcha un férreo control de los medios. Compró las cadenas de radio más importante creando la Red azul y blanca de emisoras argentina, y organizó una sociedad anónima llamada Alea que pasó a controlar la totalidad del periodismo escrito, menos La Nación, La Prensa y Clarín. El jefe de esta sociedad fue el Mayor Carlos Aloe.

Múltiples periódicos de todo el país cayeron en poder de Alea. Inmediatamente una serie de decretos presidenciales colocaron el papel de diario, que se importaba, en poder del Estado entregando en cuenta gotas el sobrante a La Prensa y La Nación que se vieron obligadas a reducir las hojas y la tirada del periódico.

En paralelo una Comisión bicameral bajo el control del diputado Emilio Visca puso en marcha una redada de clausuras y confiscaciones. Para fines de 1948 estaba claro que el gran enemigo periodístico del gobierno era La Prensa. Había sido atacada en 1947 por un grupo de manifestantes luego de un acto en la Plaza de Mayo.

El camino a la expropiación se puso en marcha cuando el Sindicato de vendedores de diarios, revistas y afines a través de su Secretario General Napoleón Sollazo planteó una serie de exigencias al diario que sería muy extenso de narrar. La CGT respaldó fuertemente al Sindicato. A partir de ese momento y hasta su expropiación por Ley 14.021, de abril de 1951, debatida en Diputados y Senadores y aprobada por mayoría abrumadora, los conflictos con el Sindicato fueron cotidianos hasta llegar la muerte de un trabajador, Roberto Núñez, responsabilidad de unos matones allegados al gremio.

En la Cámara de Diputados el argumento central verbalizado para justificar la expropiación fue claro y directo: La Prensa es un diario al servicio de intereses foráneos, concretamente el imperialismo británico, renegando de los altos intereses de la República. Debía pagar muy cara su osadía.

EN MANOS DE LA CGT.

Uno de los tópicos más valorados por el lector de La Prensa además de su postura política fue la sección cultural de los días domingo. En manos de la CGT la sección se mantuvo, incluso con un alto nivel intelectual, desde 1952 al 55. Era evidente la intencionalidad de dirigirse al mismo público, convocando buenas plumas, pero claro imposible de digerir por el antiperonismo. La exaltación de Eva, que ya había muerto, tanto como de Perón y su obra, lo hecho en educación y turismo, seguramente era indigesta para los lectores tradicionales. En su formato tradicional, sin embargo, fue un suplemento muy moderno en temas de modas, restaurantes y lugares turísticos.

Varios artículos sobre Hogares Escuela en las provincias de Salta y Tucumán evidenciaban el cuidado del gobierno de no tener chicos abandonados. El espacio otorgado a la mujer llama la atención.

En La Prensa expropiada escribieron: Jorge Perrone, César Tiempo, Vera Pichel, Leopoldo Marechal, Leonardo Castellani, José Luis de Imaz, Horacio Rega Molina, José Luis Muñoz Aspiri, Zoiza Relly, Juan Carlos Dávalos, Bernardo Kordón, Tulio Carella, Elias Castelnuovo, María Granata, Ramón Doll, Blackie, Omar Viñole, Antonio J. Benítez, Claudio Martínez Payva, Eduardo Astesano, Cátulo Castillo, Ignacio Anzoategui, Elvio Botana, Bernardo Koremblit.

Una última consideración, en los artículos históricos no aparece el Revisionismo, por el contrario hay notas exaltando la figura de Sarmiento, Paul Groussac o Vicente Fidel López.

 http://www.laprensa.com.ar/481582-La-expropiacion-de-1951.note.aspx

Dos anécdotas: “La primera, que el diario “La Prensa” fue clausurado con el argumento de ser de “derecha”, pero lo mismo aconteció al poco tiempo con el cierre de la imprenta en la que se imprimía “La Vanguardia” socialista y con el cierre de “La Protesta” de tendencia anarquista. La segunda anécdota narra que los lectores de “La Prensa”, que en aquel momento era el diario de mayor tirada, en busca de fuentes independientes, se desplazaron hacia un diario fundado en 1945 que hasta ese momento carecía prácticamente de lectores. Aquel modesto tabloide, beneficiado por la inesperada torpeza del gobierno, se llamaba “Clarín”. (Libertad de expresión y abusos de poder – Aleardo  Laría).

180 días por Alberto R. Laría.-

El diputado provincial del Pro, Juan Martín, propuso congelar por 180 días las dietas de los representantes del pueblo en la Legislatura rionegrina, en el marco de la ley de Solidaridad Social recientemente promulgada. Con esta iniciativa el legislador quiere contribuir al ahorro y paliar el hambre.

Si la medida de reducción de los costos de la política apunta a una enmienda de la catastrófica situación económica heredada, el diputado macrista debe estimar que la audiencia pública es un universo de simios emocionales, carentes de razón y memoria (Durán Barba), y pretende que no se advierta la impertinencia graciosa de la propuesta.

No es desde el Pro que se están realizando los mejores esfuerzos para socorrer al Estado. Muy por el contrario, se pretende dejar una “capa geológica” de funcionarios de alto rango y más altos sueldos en diversos organismos y ministerios nacionales. Es el caso de los 85 nuevos gerentes VIP incorporados a Vialidad Nacional, durante la gestión de Javier Iguacel. Se obstinan en no renunciar en tanto planta política, si no es a cambio de resarcimientos indemnizatorios millonarios.

Gustavo Arribas, exdirector de la AFI, aumentó la planta de espías en más de 500 miembros y la planta automotriz en 100 vehículos, dedicados al espionaje ilegal (fuente La Nación). Después de las elecciones de las Paso se concretaron los nombramientos. Sabíamos de la compulsión del expresidente por extender la mirada y el oído. El ahora venerado fiscal Nisman lo procesó oportunamente por escuchas ilegales y en esa situación judicial juró como presidente.

El presidente Alberto Fernández debió anular el decreto 788/19 del expresidente Macri, firmado 14 días antes del traspaso de poderes, por el cual se daba continuidad laboral a 3.000 funcionarios jerárquicos/gerenciales. En caso de despido debían ser contemplados cinco años de antigüedad para el cálculo indemnizatorio.

Jorge Macri se resiste a abandonar la presidencia del Grupo Bapro, nombrado por la exgobernadora Vidal. Es el actual intendente de Vicente López, ejerce ese cargo desde 2011, sin renunciar a las dietas. Fue embargado en 2018 por 8 millones de pesos por la jueza federal Arroyo Salgado en una causa en la que se investiga la compra de un departamento en Miami, con fondos sospechados de lavado de activos. La titular de AySa, sociedad del Estado, denunció el contrato por 3 millones de pesos mensuales, que ligaba a la empresa con el Club Boca Juniors. Boca entregaba entradas VIP al Ministerio del Interior que luego distribuía a periodistas amigos.

Igual situación se advierte en Anses, PAMI y Aerolíneas Argentinas. Sergio Massa lo denunció, al tiempo que anunciaba la decisión del presidente Fernández de: “Los que llegan con nosotros, se van con nosotros”. Massa, junto a la presidenta del Senado Cristina Kirchner, firmaron la resolución 001/20 por la que los cargos políticos de la presente gestión cesan al finalizar la misma. Se trata de “terminar con la idea que las plantas temporarias se transformen en permanentes”.

La gestión de Javier González Fraga al frente del Banco de la Nación es hoy motivo de investigación por una turbia maniobra por la que se le otorgó un crédito a la firma Vicentin, una de las mayores cerealeras del país, por 350 millones de dólares. Nunca pagó, se declaró en default el 6 de diciembre. La cifra representa más del 20% del patrimonio computable de la entidad oficial y excede los límites que establece la normativa bancaria. Vicentin es un allegado a Macri y contribuyó con cifras millonarias a su campaña reeleccionista.

Este puñado de referencias a la política depredatoria de los famosos CEO del Pro, no habilita al diputado a realizar propuestas de tan rústica calidad.

El daño generado es mucho y el volumen de dolor esparcido es irreparable.

Cuando la broma se hace desde un lugar de representación pública es doblemente dañina. Agravia y violenta.

Publicado en Diario "Río Negro", 30 de enero de 2020. Imagen del mismo medio.

Feriados por Aleardo Laría.

Feriados. Otorgar feriados es un rasgo de la cultura populista, muy dada a ser extremadamente generosa con los recursos ajenos. Los ceses en la actividad productiva son perjudiciales.

Feriados son los días en que no se trabaja a causa de una festividad oficial o religiosa. Etimológicamente, la palabra proviene de la expresión latina "feria", que era el día en que se realizaba un encuentro especial en el mercado. Todas las culturas celebran ciertas fechas especialmente señaladas por razones históricas o religiosas. En Argentina, un país de excepcionalidades, a los días festivos se han incorporado los fines de semana "extra large" o feriados puente, lo que arroja un resultado superior al del resto de los países occidentales.

Es difícil conocer las razones que han llevado al gobierno a que calce los quince días de feriados oficiales de un modo tal que se han dispuesto seis fines de semana largos de tres días y cuatro de cuatro días. Es probable que hayan prevalecido razones vinculadas con el propósito de favorecer el consumo, especialmente de viajes y turismo, una actividad que no es ajena al interés presidencial. En cualquier caso, el saldo resultante es bastante superior a los días festivos de Estados Unidos (diez) y a los de España (ocho), a los que se deben sumar dos de carácter regional y local.

La extrema prodigalidad en otorgar feriados es un rasgo de la cultura populista muy dada a ser extremadamente generosa con los recursos ajenos. A los feriados nacionales hay que incorporar luego los locales o provinciales, más los días que se conceden a las distintas profesiones, de modo que no es fácil hacer el cálculo final de los días en que en Argentina se interrumpe la actividad productiva. Esta valoración del costo que tienen estas interrupciones productivas nunca se hace, puesto que forma parte de la cultura populista no tener en cuenta los costos económicos que se sacrifican en homenaje a la retórica política.

Sin embargo, los ceses en la actividad productiva son bastante perjudiciales y de ello pueden dar fe los empresarios, que tienen la obligación profesional de evaluar el desempeño productivo de su actividad. Justamente, una de las misiones que asumen los directivos de las empresas es evaluar permanentemente el desempeño de sus obreros y colaboradores para obtener mejoras de productividad. La denominada "mejora continua", implantada como una filosofía empresarial desde que los japoneses la pusieron de moda a mediados del siglo pasado, consiste en reducir los costos mejorando los flujos internos o incorporando innovaciones tecnológicas.

El descenso del valor de los ordenadores, por citar uno de los casos más conocidos, se ha conseguido introduciendo mejoras permanentes en la eficiencia productiva. Generalmente se define la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en un proceso y los logros alcanzados. Se es más eficiente cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo o cuando se logran más objetivos con idénticos o menores recursos.

Los métodos que se utilizan para alcanzar mayor productividad y mayor rendimiento en las empresas pueden trasladarse a la labor de gobierno para conseguir mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos o en el rol regulador del Estado. Se ha utilizado la expresión "gobierno empresarial" para indicar que los empresarios o emprendedores no son únicamente los hombres de negocios. De este modo, la constante capacidad de innovación en la labor de gobierno se convertiría en un proceso habitual que permitiría la mejora continua sin necesidad de acudir a refundaciones grandilocuentes.

La reestructuración de los organismos y sistemas públicos exige un cambio en sus fines, en sus incentivos y en la cultura de la responsabilidad. Se trata de implantar la idea de que debe buscarse en forma constante la manera de ser más eficientes. Como en el cuidado de los cultivos, no es una labor que pueda dejar de hacerse.

Junto con la eficiencia debe alcanzarse también la eficacia, es decir que además de ser económico el gobierno debe alcanzar los fines que se propone. Si pensamos en la educación, por ejemplo, no tiene sentido que se gane en eficiencia ahorrando recursos si luego los resultados demuestran que se es bastante ineficaz. Es evidente que la reinvención de las instituciones públicas demanda un esfuerzo extraordinario, superior al que exige la conducción de las empresas que habitan en un espacio de economía competitiva más favorable a los cambios.

La indiferencia por la cuestión de la productividad se evidencia en la prodigalidad con que se conceden los feriados. Se ignora que el costo de una economía improductiva se derrama luego sobre todos los sectores y termina dañando a los propios trabajadores. La reducción del tiempo de trabajo y el aumento de las remuneraciones sólo pueden provenir de las mejoras de la productividad del conjunto de la economía. Los gobiernos deberían prestar más atención a estas cuestiones.

ALEARDO F. LARÍA publicado en Diario "Río Negro", 7/4/2015.

El mundo del revés por Aleardo Laría.

En Argentina vivimos con una alteración de las reglas básicas de convivencia de tal magnitud que parece el mundo del revés. Lo habitual en cualquier país de este planeta es que frente a una clara infracción de la ley los jueces den instrucciones a los servicios policiales para que impidan la prolongación de esa conducta. En nuestro país es diferente y hay jueces que adoptan la insólita decisión de ordenar a los policías que no actúen, protegiendo a los infractores.

Grupos políticos anticapitalistas seguidores de las enseñanzas revolucionarias de León Trotsky vienen desde hace meses bloqueando intermitentemente la autopista Panamericana en la localidad de General Pacheco para presionar por la reincorporación de trabajadores despedidos en la autopartista Lear. La Gendarmería Nacional ha tenido varias intervenciones dirigidas a despejar esa vía, algunas un tanto desafortunadas como las que dieron lugar al video "gendarme carancho" que circuló en las redes. Con independencia de esos desaciertos, Gendarmería intenta evitar que se produzca la interrupción de una importante vía de transporte, hecho considerado un delito por el Código Penal (artículo 194) y sancionado con prisión de tres meses a dos años.

La jueza federal Sandra Arroyo Delgado, acogiendo la presentación de un diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), dio hace pocos días órdenes a Gendarmería para que deje de intervenir en la represión de los piquetes que se realizan en la autopista Panamericana por el conflicto de Lear. Naturalmente, recibido el aval judicial, los grupos trotskistas estaban a las pocas horas festejando el triunfo judicial obtenido en medio de la autopista.

Hace años, en Neuquén, se vivió una situación similar cuando una jueza de Trabajo dictó una resolución que declaró que la empresa Zanon había incurrido en lock out. La realidad era otra, dado que los obreros ceramistas -que pertenecen al Frente de Izquierda de los Trabajadores- habían ocupado ilegalmente las instalaciones de la empresa. Es decir que la jueza, en vez de intimar al desalojo de la fábrica ilegalmente ocupada, autorizó la acción ilegal y además le endosó a la empresa la responsabilidad por la medida de acción directa tomada por los empleados.

Los episodios relatados parecen cortados por la misma tijera. Grupos que sueñan todas las noches con la caída del capitalismo y la instauración de la dictadura del proletariado adoptan medidas de acción directa (usurpación de propiedades o corte de calles y rutas) con la esperanza de que con estas acciones se aproximan al objetivo final. Luego, utilizando una estrategia de victimización, ofrecen resistencia a la intervención policial con el propósito encubierto de ofrecer a la tevé algún rostro ensangrentado. Temerosos de caer en esa trampa, tanto gobiernos como jueces adoptan actitudes condescendientes para evitar que se produzca alguna víctima que luego sea exhibida como muestra de la "criminalización de la protesta social". En el colmo del disparate, sale algún juez con insólitas resoluciones que legitiman estos comportamientos ilegales.

Como las tácticas extorsivas vienen dando pingües beneficios, se van extendiendo paulatinamente y son adoptadas por otros sectores sociales. Actualmente en Neuquén grupos que se autoasignan la pertenencia a la etnia mapuche vienen cortando el acceso a un barrio de viviendas en Mari Menuco con la fundada expectativa de que van a conseguir algo a cambio de cesar en la conducta ilegal. Aparentemente, según las últimas noticias, iban a ser premiados con el otorgamiento de generosas hectáreas de terrenos en otro lugar.

A la prolongación de estas prácticas contribuyen varios factores. En general, nuestra tradición de escaso aprecio al cumplimiento de la ley, dado que existe la convicción de que las normas están destinadas a ser cumplidas por los otros. En segundo lugar, la implantación de una cultura populista que convierte a cualquiera que invoque su pertenencia al pueblo en una suerte de niño inocente. El "obrerismo" convierte a todo trabajador en un explotado; el "pobrismo", a los delincuentes habituales en sufridas víctimas de la sociedad; el "indigenismo", a los descendientes de los mapuches en mártires de la colonización europea y así sucesivamente.

El resultado de semejante confusión mental es que cada día que pasa en la sociedad se naturalizan comportamientos anómicos que son expresión de un exacerbado individualismo que se expande cuando rige la ley de la selva. Luego nos indignamos y escandalizamos cuando se cortan los puentes, se invaden y se destruyen edificios públicos o, en otros planos, estallan fábricas que se instalan clandestinamente en barrios urbanizados o se producen accidentes terribles por adelantamientos indebidos.

En todos estos acontecimientos opera un denominador común: la falta de respeto a la ley. Comportamientos que Carlos Nino definió como "bobos" porque a la larga terminan dañando a todos. La tendencia a la antijuridicidad en diferentes aspectos de nuestra vida social -la obtención indebida de ventajas económicas, el incumplimiento de los contratos, las infracciones en el tránsito, la evasión impositiva, la ocupación facciosa de la administración pública, etcétera- perjudica gravemente el capital institucional de una sociedad.

Como la vida social no puede separarse de la acción institucional, ambas terminan retroalimentando el mismo fenómeno de ilegalidad y desprecio a las normas. Quienes tienen responsabilidades de gobierno incurren en comportamientos anómicos que a través del efecto demostración son naturalizados por los actores sociales. La consecuencia más inmediata -no siempre visible- es el bajo grado de eficiencia y productividad de nuestra economía, lo que explica la persistencia irreductible de la pobreza y el desarraigo social.

La única posibilidad de superar esta tendencia a la antijuridicidad radica en la toma de conciencia de que es sumamente dañino seguir en esta trayectoria. El inminente cambio de gobierno debería servir para trazar una línea que marque el abandono definitivo de prácticas socialmente perversas. Es un desafío que debe afrontar no sólo la dirigencia política sino la sociedad en su conjunto. Será la obra de todos o no será.

Publicado en Diario "Río Negro", 11/11/2014. Imagen: internet.

Neuquén: la saga de las empresas bajo "control obrero".

El avance de la izquierda "revolucionaria y anticapitalista" en Neuquén incluye el control obrero de las fábricas por parte de sus trabajadores. El caso paradigmático es de la ex cerámica Zanon, administrada por la cooperativa Fasinpat. Desde esa vertiente política también lograron hacerse de Stefani, Cerámica del Sur y, más recientemente, Cerámica Neuquén. ¿Cuáles son las estrategias de ocupación de las plantas? ¿Qué problemas laborales y empresariales se les presentan con el tiempo? Los millonarios subsidios y beneficios impositivos que reciben para afrontar un déficit creciente y una productividad declinante.

La caída del Muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética y la reconversión al capitalismo de China son hechos incontrastables que marcan la extinción definitiva del proyecto político comunista. Sin embargo, existe un lugar en donde el comunismo, en su versión trotskista, parece tener cada día más fuerza. Es en la provincia del Neuquén, donde se registra el fenómeno singular de que la izquierda trotskista ha conseguido los mejores resultados electorales jamás alcanzados en ninguna otra parte del mundo.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) es un frente electoral de orientación trotskista que se fundó en abril del año 2011 con vistas a obtener representación electoral en las elecciones presidenciales de Argentina. La fórmula presidencial que presentaron en aquella ocasión estaba integrada por Jorge Altamira y Christian Castillo. En Neuquén la lista de diputados provinciales logró ese año el 3,6% de los votos. Pero la sorpresa fue el impresionante incremento obtenido en las últimas elecciones legislativas, en diciembre de 2013, donde alcanzaron el 10% de los votos. A nivel nacional consiguieron tres diputados nacionales: Néstor Pitrola (PO) por la provincia de Buenos Aires, Pablo López (PO) por Salta y Nicolás del Caño (PTS) por Mendoza.

El FIT está conformado básicamente por tres partidos: el Partido Obrero (PO), de histórica raigambre trotskista, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), también trotskista, e Izquierda Socialista (IS). En su manifiesto político-electoral declaran su apoyo a "la lucha de toda la clase obrera mundial contra el capitalismo imperialista y sus gobiernos"; saludan "el crecimiento de la izquierda combativa y anticapitalista en Argentina, que sacó en las primarias casi un millón de votos" y anuncian que utilizarán la tribuna electoral para "fortalecer la lucha, al servicio de las huelgas y la movilización extraparlamentaria en las calles de los trabajadores y de la juventud como un medio más para el objetivo estratégico de derrotar a los capitalistas y su Estado mediante la revolución social".

Como corresponde a toda agrupación política anticapitalista que se precie, el programa político es un enunciado de ambiciosos propósitos, dado que se trata nada menos que de "cambiar la historia del país y abrir la perspectiva de la revolución y de la transición al socialismo en el país y en el mundo". Para ello se propone la nacionalización, sin indemnización, de los bancos, de la minería a cielo abierto, las telecomunicaciones, los ferrocarriles y el comercio exterior agrario. En relación con las industrias petroleras impulsan también la nacionalización de las empresas privadas ("fuera Chevron") como la "renacionalización del 100% de YPF" y declaran su rotunda oposición al fracking.

Anuncian también su propósito de "convertir a los parlamentos en tribuna política para denunciar el contubernio entre los capitalistas y los partidos políticos, y desarrollar una alternativa política de los trabajadores". Consideran que en contraste con el desarrollo de la izquierda combativa y socialista, "el país asiste a la desintegración de la llamada "izquierda plural" integrada por la centroizquierda (Pino Solanas, Libres del Sur) que en su opinión tienen "claros vínculos con los representantes del capital bancario y sojero (Prat Gay, Binner, UCR)". También acusan a otras tendencias trotskistas de que "bajo el disfraz del chavismo, dedicaron lo mejor de su tiempo al apoyo del kirchnerismo".

La lucha anticapitalista que han emprendido los ha llevado a obtener el control del Sindicato de Ceramistas de Neuquén y a través de este gremio "recuperar" las fábricas de cerámica de la provincia para colocarlas bajo control obrero. La primera iniciativa les ha permitido conformar una cooperativa para gestionar la ex Zanon. El nombre de la cooperativa -Fasinpat, que es el acrónimo de "fábrica sin patrones"- es sumamente ilustrativo del propósito que los guía. De igual modo han conseguido poner bajo control obrero la Cerámica Stefani de Cutral Co; la Cerámica del Sur dedicada a ladrillos huecos y más recientemente han ocupado, sin respaldo judicial, las instalaciones de Cerámica Neuquén, convocando a los medios de prensa para anunciar con bombos y platillos que "largaban, sin el patrón, la primera producción de cerámicos luego de más de 100 días de paralizada la fábrica por la patronal".

Como sucede en todo conflicto, las versiones sobre las causas que han originado la crisis de las empresas de cerámica difieren sensiblemente. Los delegados obreros denuncian un supuesto "vaciamiento", y los empresarios niegan haber descapitalizado a sus empresas y acusan al sindicato de ceramistas de una acción deliberada dirigida a boicotear la producción y luego ocupar ilegalmente las instalaciones. Lo llamativo es que en el caso más reciente de Cerámica de Neuquén se reproduce una estrategia calcada de las que les permitió al sindicato ceramista hacerse con el control de Zanon en octubre de 2001.

Gran parte de los habituales cortes de ruta de Neuquén son motorizados por estos grupos políticos que aspiran a sepultar al capitalismo. Fernando Aizcon, profesor de la Universidad del Comahue, de indisimulable simpatía por la causa trotskista, reconoce en uno de sus trabajos la existencia de "un dato oculto", aun no estudiado abiertamente, que escapa a la percepción de los escasos estudios sobre la conflictividad social en Neuquén, revelador de que la izquierda militante neuquina es "la mayor correa de transmisión de la experiencia combativa" en Argentina.

Recientemente han cortado el puente carretero con Cipolletti para denunciar la "represión" que imputan a Berni, la Gendarmería y la Policía Federal por la intervención contra otros cortes protagonizados por sus compañeros de las empresas Emfer, Cables Lear, Kromberg y Gestamp del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Sostienen que "el gobierno respalda con palos y balas de goma el ajuste de las patronales". Hábiles en el juego de la victimización permanente, consiguen que fiscales, jueces y autoridades miren para otro lado mientras ocupan fábricas y cortan carreteras y calles en el quimérico objetivo de acabar con el sistema capitalista.

Empresas bajo "control obrero".

No puede sorprender que entre los objetivos de una agrupación política que se declara revolucionaria y anticapitalista figure el "control obrero" de las fábricas. Parece oportuno recordar el caso de la cerámica Zanon de Neuquén que se configuró en ejemplo paradigmático de esta singular experiencia. Sobre el tema se escribieron varios libros y la novedad suscitó la curiosidad de intelectuales de la talla de Osvaldo Bayer, Eduardo Galeano y la activista antiglobalización Neomí Klein quien viajó desde Canadá para observar "in situ" el fenómeno.

Bajo gestión privada, Zanon participaba del 25 % del mercado nacional de cerámica esmaltada, exportando a más de 35 países (entre ellos Brasil, Canadá, EE. UU., Nueva Zelanda, Australia, etc.). Tenía la fábrica más moderna de porcellanato en Sudamérica y producía a un ritmo anual de 13 millones de metros cuadrados de pisos esmaltados y porcellanato, lo que suponía una facturación anual de 40 millones de pesos en tiempos que un peso era igual a un dólar. Llegó a ocupar a 900 trabajadores a mediados de los años noventa.

En junio del año 2000, como consecuencia de la crisis derivada del rígido sistema de convertibilidad, la empresa Zanon presentó ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis en el que anunciaba su propósito de reducir personal para poder mantener la competitividad internacional y así conservar los mercados exteriores. El líder de la Lista Marrón, Raúl Godoy, del Partido Socialista de los Trabajadores, que acababa de ganar las elecciones del Sindicato de Ceramistas, se opuso a cualquier reducción del personal. A partir de allí se inició un largo y prolongado conflicto que dio lugar a que en octubre de 2001 los obreros ocuparan la fábrica y la pusieran a producir por unos días.

La empresa se vio forzada a presentarse en concurso preventivo y el juez comercial ordenó el desalojo de la planta que nunca se hizo efectivo. Los trabajadores mantuvieron la ocupación y en marzo de 2002 anunciaron que la fábrica ya producía bajo "control obrero". En 2005 los obreros organizaron la Cooperativa Fasinpat (Fábrica sin Patrones) y obtuvieron el respaldo de algunos legisladores que presentaron en la Legislatura un proyecto para expropiar los activos de Zanon. Así, se aprobó la ley 2656 que obligó al Poder Ejecutivo a "expropiar los bienes inmuebles, bienes muebles y todo otro bien tangible" de la ex-Zanon. En noviembre de 2012 el gobernador Jorge Sapag firmó el decreto 1977/13 de expropiación, compensando con 23 millones a los principales acreedores de la quiebra, entre ellos el Iadep.

Como aconteció con otros emprendimientos similares, los comienzos de la andadura bajo "control obrero" resultaron difíciles. La gestión asamblearia no parece un método adecuado para dirigir una empresa y la pretensión de igualar los salarios expulsa a los trabajadores más especializados. La indisciplina es otro problema. Debido a que los turnos no eran respetados y había un ausentismo importante, se aprobaron unas "Normas de convivencia de Zanon bajo control obrero" en donde se establecieron sanciones disciplinarias que dieron lugar al despido de algunos trabajadores provenientes de organizaciones de desocupados que incurrían en faltas reiteradas. Según esas reglas, el cese también podía ser dispuesto por el "alejamiento de la dirección político-sindical" o el incumplimiento de la norma que obligaba a la participación obligatoria en marchas convocadas por el sindicato.

Recientemente los obreros han acudido nuevamente a la Legislatura, reclamando ayuda financiera para renovar la maquinaria y pagar la deuda acumulada con sus acreedores. Solicitan un crédito puente de 20 millones de pesos mientras esperan recibir otro crédito del Bicentenario de unos 80 millones que tramitan ante el Ministerio de Economía de la Nación. Alegan que la maquinaria ha quedado obsoleta y que su industria no es competitiva. Los delegados, en lo que puede interpretarse como el reconocimiento de las evidentes dificultades que atraviesan, han informado a un grupo de legisladores que recorrió las instalaciones que "actualmente se trabaja al 20% con una producción promedio de 200.000 metros cuadrados cuando antes era de un millón de metros cuadrados (por mes)".

Teniendo en cuenta que el personal actual ronda los 450 operarios -es decir la mitad de los que tenía bajo gestión privada- se verifica una productividad de unos 4.000 metros cuadrados por operario/año cuando antes, bajo la gestión Zanon, era de 14.000. Esta diferencia de productividad hace que la cooperativa arrastre pérdidas constantes. Según uno de los directivos, en el primer cuatrimestre de este año las ventas fueron de 29 millones mientras que los gastos de producción alcanzaron los 37 millones, lo que arroja un déficit de más de 8 millones en ese lapso. Esto a pesar de los subsidios que la cooperativa obtiene por la energía y el gas que consume, a lo que se debe sumar que cada trabajador recibe un subsidio de 1.500 pesos mensuales del Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Bienestar Social de la Nación.

La legislación argentina les brinda a las cooperativas de trabajo otras importantes ventajas competitivas en relación con el resto de la industria. Están exentas de gravamen a las ganancias, ya que se supone que no persiguen fines de lucro; por el mismo motivo no pagan ingresos brutos y están exentas de pagar IVA cuando el comprador sea el Estado nacional, provincial o municipal. Tampoco tienen que asumir las cargas sociales de cualquier empresario dado que los trabajadores pueden inscribirse como aportantes en el monotributo social. Si bien la cooperativa está obligada actuar como agente de retención de esos aportes, las cooperativas suelen desatender esta obligación a la espera de que el pródigo gobierno nacional disponga un nueva moratoria previsional.

Las "empresas recuperadas", presentadas como ejemplos de producción bajo control de los trabajadores, afrontan otros problemas que las hace, con el paso del tiempo, inviables. Generalmente han iniciado su andadura sin capital de trabajo y sin acceso al crédito, aprovechando los insumos de la fábrica quebrada. Esa dificultad de partida las lleva a distribuir todos los ingresos provenientes de las ventas entre los sueldos de los socios-trabajadores de la cooperativa y la compra de insumos. La falta de inversión de reposición termina convirtiendo en obsoleta la maquinaria utilizada y así es como estas empresas van perdiendo paulatinamente cuotas de mercado.

Otra irregularidad en la que suelen caer las cooperativas de trabajo es que debido a lo dispuesto en la Resolución 360/75 del INAC -que ha sido declarada vigente por el Inaes- sólo pueden contratar a otros trabajadores no socios por un período máximo de tres meses (o seis si son técnicos). A partir de ese momento deben cesarlos o incorporarlos a la cooperativa como socios. En la práctica esto no se cumple, y los mantienen trabajando ilegalmente, de modo que se da la paradoja de que empresas bajo control obrero terminan siendo más incumplidoras de la legislación laboral que las empresas controladas por la "burguesía capitalista".

En España, donde la legislación contempla la posibilidad de formar sociedades anónimas laborales, ha habido casos de emprendimientos exitosos. Los procedimientos judiciales rápidos (un despido se despacha en tres meses) han permitido que los trabajadores se adjudicaran en subastas judiciales, con cargo a sus créditos por salarios e indemnizaciones, los bienes de las empresas fallidas, sin necesidad de pedir al Estado que expropie esos bienes. Luego han recibido la capitalización de sus prestaciones de desempleo (que pueden llegar a ascender a 24 meses de salario -unos 24.000 dólares- por trabajador) lo que les ha permitido contar con suficiente capital de giro. Es decir que todas las operaciones se han hecho en forma legal, respetando los derechos de propiedad de los anteriores propietarios, sin acudir a la usurpación de bienes.

Son reconocidos los casos de cooperativas de trabajadores exitosas que se han verificado en el país vasco español. La red de las Cooperativas Mondragón se ha ido consolidando sobre sólidas bases, como empresas con una gestión profesional impecable. Aquí reside, probablemente, la dificultad mayor de las empresas que quedan bajo "control obrero". Es difícil imaginar que trabajadores expertos en la gimnasia revolucionaria contra el capitalismo gestionen luego adecuadamente una empresa que inevitablemente tiene que atender las exigencias del mercado capitalista. Sería tan ilusorio como poner al frente de un regimiento militar a un inveterado grupo pacifista.

Lo cierto es que la moderna empresa capitalista, basada en la gestión profesional por equipos, ofrece en la actualidad más posibilidades de realización personal a sus trabajadores, que cualquier experimento de empresa bajo "control obrero". La tarea de gestionar una empresa es una labor altamente profesionalizada, que demanda personal muy cualificado para alcanzar una mayor eficacia productiva, basada en la mejora continua de los procesos y flujos de trabajo. El monitoreo permanente de las variables macroeconómicas que influyen sobre la empresa desde el contexto exterior, demandan un trabajo de elevada pericia. Es evidente que jugar dentro del capitalismo es algo bastante diferente a jugar a romper el capitalismo.

Aleardo F. Laría.

La opinión del Intendente de Neuquén, 
Horacio Quiroga: "Es bueno que a través de este artículo se ponga sobre la mesa un tema sobre el que los neuquinos tenemos que debatir. A veces algunas cosas que ocurren me hacen pensar que en Argentina y en Neuquén en particular, no nos hemos dado por notificados ni de la perestroika de Gorbachov ni de la caída del muro de Berlín", comentó el intendente Horacio Quiroga. 
El jefe comunal dijo que "si Stalin resucitara podría decir que su sueño se cumplió" en Neuquén. Sostuvo que las empresas bajo control obrero "quieren recibir como beneficios los activos del sistema capitalista presentándose como anticapitalistas. El negocio así les es redituable". "Yo entiendo que muchos dirigentes y gobernantes se sienten acorralados por el activismo de izquierda, muchas veces violento, y toma estas decisiones en nombre de la paz social, paz social que con estas medidas están alquilando y a veces aspiran al sueño de convertir a estos sectores en una Guarda Pretoriana", concluyó el intendente.

Fuente de información: Diario "Río Negro", 24 de julio de 2014. Imágenes: internet.

La plaga de los cortes de ruta por Aleardo Laría.

La crónica periodística registra la pesadilla que vivieron días atrás los automovilistas que se desplazaban por la Ruta Nacional 237 debido a un corte en la localidad neuquina de Picún Leufú. Durante cuatro días se mantuvo la interrupción total dispuesta por un reducido grupo de trabajadores de la planta de agua potable municipal que reclamaban una mejora salarial. La medida coactiva perjudicó a centenares de turistas que iban o volvían de Bariloche sin tener vías alternativas. Lo que llama la atención no es sólo la parsimonia de los fiscales federales para poner fin al atropello sino que todavía se registran voces que legitiman estos comportamientos.

De que estamos ante actuaciones claramente delictivas, según la actual redacción del artículo 194 del Código Penal, no existen dudas. Por este motivo, en algunas iniciativas legislativas que se han formulado para regular el derecho de protesta se ha solicitado también la amnistía para archivar alrededor de 4.000 sumarios judiciales labrados a lo largo y ancho del país en la última década. La pregunta que cabe formular frente a esta propuesta es el objetivo que persigue la susodicha amnistía. ¿Se pretende eximir de responsabilidad a los autores de estos excesos en el pasado confiando en que cesará esta metodología extorsiva en el futuro o lo que se quiere es sencillamente legitimar esta práctica como un derecho más para protegerlo?

Se incurriría así en un grave error conceptual puesto que una cosa es regular el derecho de manifestación estableciendo, como acontece en otros países, unos requisitos para que las manifestaciones sean comunicadas con anticipación para advertir a los usuarios de esas vías y otra muy distinta es modificar el Código Penal para que lo que hoy es un delito mañana deje de serlo. Algunos de los proyectos presentados confunden ambas cuestiones, al punto que establecen unos mecanismos complicados con la intervención de "mediadores" cuyo único resultado práctico previsible es que terminen brindando subterfugios para que los cortes se sigan produciendo.

Los cortes de rutas y de calles conforman el uso de una clara metodología extorsiva que consiste en causar perjuicios a ciudadanos ajenos a los conflictos confiando en que de esta manera se obtendrán soluciones más rápidas de los poderes públicos. Es posible que los protagonistas de los cortes, desde una mirada estrecha vinculada con su exclusivo interés corporativo, obtengan algún rédito por el uso de estos métodos. Pero si las cosas se observan desde una perspectiva más general, la que pierde es la sociedad en su conjunto. Imaginemos lo que sería una sociedad donde, cual plaga, se extendiera el método y todas y cada una de las peticiones vecinales o reclamaciones salariales dieran lugar a un corte de ruta.

Una de la tesis más extravagantes es la que asimila los cortes de ruta al ejercicio del derecho de huelga, sugiriendo que del mismo modo que las huelgas en el pasado no tenían reconocimiento legal hasta que la lucha obrera lo consiguió, algo similar ocurrirá en el futuro con los cortes de ruta. Se trata de una visión ideológica equivocada que idealiza ingenuamente cualquier protesta que provenga del mundo del trabajo, sin tomar en consideración la relación de razonable proporcionalidad que debe existir siempre, en un Estado de derecho, entre medios y fines.

Actualmente no existe ningún país en el mundo que tolere la práctica de los cortes de ruta del modo en que se producen en Argentina. Ésta es otra de las anomalías que han caracterizado a nuestro país en estos años de "década ganada". Naturalmente, como lo registra la crónica diaria, existen en otros países protestas de trabajadores y estudiantes que en ocasiones interrumpen el tránsito en las ciudades. Pero son siempre ocasionales y por poco tiempo. En ningún Estado las autoridades permanecen impasibles cuando se interrumpe el tráfico de modo sistemático o se limita la posibilidad de la prestación de servicios esenciales para la comunidad.

No es posible imaginar ninguna sociedad racionalmente organizada donde se legitime el uso de la fuerza, la coacción o la extorsión para dirimir los conflictos. El nacimiento del Estado moderno viene necesariamente asociado al monopolio del uso de la fuerza por la autoridad legítimamente constituida. El despliegue administrativo que demanda la organización del Poder Judicial y el elevado costo que supone está dirigido a evitar que los particulares resuelvan sus diferencias utilizando la ley del más fuerte.

Existe un profuso entramado normativo de obligado cumplimiento que no hace más que regular o dar directivas sobre la forma en que se deben encauzar los conflictos. Toda la creación del derecho responde al mismo propósito. Suponer que nuestra notoria capacidad de ser originales permite tirar por la borda todos los años de civilización que arrancan con el nacimiento del Estado moderno es otra manifestación de nuestra proverbial soberbia intelectual que tanto asombra a quienes nos contemplan.

Publicado en Diario "Río Negro", 27 de mayo de 2014.

Elogio de un converso por Aleardo Laría.

Los políticos de convicciones arraigadas, con larga militancia en los viejos partidos políticos, siempre han mirado con desdén a las personas que han cambiado sus preferencias políticas. De allí proviene el uso de expresiones que en el mundo de la política tienen una connotación despectiva –como "tránsfuga" o "converso"– para aludir al cambio ideológico o a la deserción partidaria. Si bien en muchos casos esa conversión puede obedecer a razones de mero oportunismo, en otros obedece a que la ética de la responsabilidad se impone a la ética de las convicciones. La reciente muerte de Adolfo Suárez, el gran converso de la política española que lideró el proceso de transición a la democracia, es un ejemplo de una conversión de fuerte contenido ético.

Cuando Adolfo Suárez, a sus 43 años, fue designado presidente del gobierno español por el rey Juan Carlos I era un perfecto desconocido para la mayoría de los españoles. Había desempeñado diferentes cargos, ascendiendo dentro de la burocrática estructura del "Movimiento", la denominación con la que se designaba al franquismo. En 1969 había sido director general de Radio Televisión Española y en 1976, al momento de su designación, ostentaba el cargo de ministro secretario general del Movimiento.

A partir de su designación, toda la labor de Suárez estuvo dedicada a desmontar las estructuras franquistas, contando para ello con el apoyo de otros falangistas conversos como él y, fundamentalmente, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Felipe González, y del Partido Comunista (PC), liderado por Santiago Carrillo, un viejo estalinista convertido también en moderno eurocomunista.

La primera decisión que abrió el curso de la transición española fue la ley de Reforma Política, elevada por Suárez a las Cortes y que en términos políticos conllevaba la autodisolución de éstas. La ley, que fue aprobada en referéndum, procedía a crear un sistema bicameral formado por el Congreso de los Diputados y el Senado, cuyos miembros serían elegidos por sufragio universal, libre y secreto. A partir de esa decisión se fueron hilvanando nuevas y audaces iniciativas, como la legalización de los partidos políticos y en especial del Partido Comunista, que salían adelante por la valentía política de Suárez a pesar de la oposición de los sectores más recalcitrantes del franquismo.

La transición española liderada por Suárez se convirtió desde entonces en un ejemplo modélico para todos los países que debían sacudirse el yugo de anacrónicas dictaduras. Los esfuerzos dirigidos a buscar el consenso entre fuerzas políticas que habían estado enfrentadas en la sangrienta Guerra Civil Española señalaron un camino inédito que culminó en los famosos Pactos de la Moncloa. Un acuerdo cuyo contenido consistía en aprobar una serie de reformas económicas pro mercado pero que tenía un elevado valor simbólico.

Sólo una persona surgida del riñón mismo del franquismo podía llevar adelante unas reformas políticas que suponían la disolución del Movimiento y, por consiguiente, el fin de la extensa pirámide de privilegios. Al mismo tiempo, hacía falta tener una gran capacidad para desprenderse de las retóricas y prejuicios del pasado y observar con pragmatismo cuáles eran las estrategias adecuadas para insertar a España en la Europa moderna. Desprenderse del pesado lastre de viejas convicciones, abrirse con inteligencia a las demandas de una nueva sociedad emergente, es una capacidad que sólo alcanzan a desarrollar pocas personas.

El progreso científico se construye abandonando los viejos prejuicios. Como indica Popper, falseando las viejas hipótesis, poniendo en cuestión las ideas firmemente asentadas, renovando los paradigmas del pasado. Una capacidad muy difícil de trasladar al terreno de la política, donde predominan los contenidos emocionales y los preconceptos provenientes del mundo religioso. No es fruto de la casualidad que la expresión "converso" provenga de un espacio cultural donde la apostasía puede ser castigada con la muerte.

Bienvenidos entonces los honestos conversos. Gracias a las personas que pueden desprenderse de los prejuicios predominantes en cada época se ha podido construir el progreso. Conversos famosos han sido Galileo, Copérnico y Cristóbal Colón. En el mundo de la política, el más moderno de los conversos ha sido el español Adolfo Suárez, que acaba de abandonarnos. Su trayectoria política ha estado guiada por la ética de la responsabilidad, que en ocasiones exige desprenderse del peso de las viejas convicciones y conlleva el dolor de alejarse de los viejos amigos. Ya lo señalaba Aristóteles cuando decía "soy amigo de Platón, pero me siento más amigo de la verdad", para indicar la resolución correcta del dilema ético planteado.

Elogio de un converso por Aleardo Laría publicado en Diario "Río Negro", 1° de abril de 2014. 

Imagenes: internet.

OPINIONES: La "okupación" del Estado por Aleardo F. Laría.

El general Perón tenía capacidad para llenar la Plaza de Mayo, pero la presidenta Cristina Fernández apenas pudo llenar, con militantes-funcionarios de La Cámpora, dos patios interiores de la Casa Rosada. Sin duda es una comparación intrascendente. Lo grave es el uso de un bien del Estado, institucionalmente la sede de la Presidencia de la Nación, para convertirlo en un comité partidario. Estamos tan acostumbrados a la malversación permanente de los bienes del Estado, que un hecho de semejante gravedad puede pasar desapercibido.

En las democracias avanzadas, la separación entre el gobierno y el Estado es una regla de oro. El Estado, conformado materialmente por el conjunto de instituciones y bienes públicos, es un instrumento para el buen gobierno de las sociedades. Pertenece al conjunto de la comunidad y no puede ser usado como un bien privado. El gobierno, es decir el conjunto de altos cargos que acceden a través de las elecciones –o por designaciones del presidente–, es un mero ocupante transitorio de las instituciones del Estado y debe utilizarlas exclusivamente para cumplir el rol institucional previsto en la Constitución.

La utilización de los bienes públicos con fines partidistas es una constante de los gobiernos populistas que, convencidos imaginariamente de que hablan y representan al pueblo, se consideran legitimados para apropiarse y colonizar las estructuras del Estado. La manifestación más visible de este fenómeno es la incorporación, sin concurso ni oposición, de centenares de miles de militantes al empleo público, con lo que se grava el presupuesto público, al tiempo que se aumenta su ineficiencia, puesto que no se trata de personal elegido por su especial capacitación.

El discurso presidencial del pasado 22 de enero ha dejado al descubierto otras manifestaciones menores del uso partidista de los recursos públicos. El anuncio de un nuevo y costoso sistema de subsidios a los jóvenes que no estudian ni trabajan –sin entrar en el análisis de su conveniencia– se presenta descarnadamente como una dádiva presidencial. No es fruto de una ley que se haya debatido en el Congreso ni se incorporó en su momento a los presupuestos públicos recientemente sancionados. Obedece simplemente a la necesidad política que experimenta el monarca presidencial de mejorar su imagen pública, luego de un prolongado período de abatimiento provocado por un inesperado resultado electoral.

Otra manifestación del uso partidario de los bienes públicos apareció reflejada en la débil defensa que hizo la presidenta de la emisión de una serie de estampillas para recordar la "década ganada". Se trata de un uso abusivo de recursos públicos para resaltar un triunfo que está en el imaginario de una –cada vez más– debilitada fracción política. Sin embargo la presidenta estaba tan convencida de que este uso era correcto que no tuvo mejor argumento que señalar que a diferencia del primer peronismo –donde aparecían en las estampillas las efigies de Perón y Evita– había tenido la delicadeza de que en esta ocasión las estampillas no recogieran su rostro inmaculado ni el de su fallecido esposo. Realmente, es para estar agradecidos.

Otra forma más sutil de usurpación del espacio público es utilizar los discursos institucionales para dar rienda suelta a las obsesiones personales. Mientras los jóvenes se regocijaban cantando un estribillo futbolero ("Che gorila, che gorila, no te lo decimos más; si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar"), la presidenta estableció un forzado silogismo entre la palabra "reaparición" –que había sido utilizada en un titular de "La Nación" para informar sobre su retorno a la actividad oficial– y la palabra "desaparecidos". Lo desopilante de la cuestión es que la inofensiva expresión había sido también incorporada en las notas de los medios oficialistas. (Página 12: "Luego de un período sin hacer discursos públicos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá hoy en un acto en Casa de Gobierno". Tiempo Argentino: "Después de más de un mes sin intervenciones públicas, la presidenta Cristina Fernández reaparecerá hoy por la tarde durante un acto en la Casa de Gobierno").

"Hay que enojarse con los que dicen mentiras, el pecado es mentir", es otra de las frases memorables que pronunció la presidenta ese día. Era inevitable asociar esa expresión con la intervención del Indec y la falsificación de las estadísticas públicas que es otra invasión sumamente dañina de lo público hecha con fines políticos subalternos. Un episodio que sin duda quedará como uno de los rasgos más representativos de la cadena de autolesiones de esta década.

Cuando los historiadores repasen en el futuro los discursos presidenciales de Cristina Fernández encontrarán en la pieza oratoria de la semana pasada un rico material para analizar los desafueros que permite, facilita y estimula nuestro sistema presidencialista. El blindaje del presidente, al establecer la Constitución un período de mandato rígido, es tan fuerte que un monarca presidencial se puede permitir utilizar la cadena nacional para jugar con las anécdotas personales sin sentirse obligado a hacer la menor mención a los graves problemas –inflación, déficit desbocado, estampida del dólar– que afectan a la República.

La tormenta política e institucional que está a punto de abatirse sobre la cabeza de los argentinos nos encontrará nuevamente sin un sistema institucional apto para afrontarla. Sin duda, son muchas las tareas que para recomponer la macroeconomía deberán ser abordadas en la nueva etapa que previsiblemente pronto se abrirá. Tal vez no debiera faltar una reflexión sobre el diseño de una nueva arquitectura institucional que nos proteja de tantas tribulaciones.

Publicado en Diario "Río Negro", (edición Nro. 23.519) 28 de enero de 2014, página 19. Fotos internet. Cuadro de imágenes Blog de la Patagonia.