El mundo del revés por Aleardo Laría.

En Argentina vivimos con una alteración de las reglas básicas de convivencia de tal magnitud que parece el mundo del revés. Lo habitual en cualquier país de este planeta es que frente a una clara infracción de la ley los jueces den instrucciones a los servicios policiales para que impidan la prolongación de esa conducta. En nuestro país es diferente y hay jueces que adoptan la insólita decisión de ordenar a los policías que no actúen, protegiendo a los infractores.

Grupos políticos anticapitalistas seguidores de las enseñanzas revolucionarias de León Trotsky vienen desde hace meses bloqueando intermitentemente la autopista Panamericana en la localidad de General Pacheco para presionar por la reincorporación de trabajadores despedidos en la autopartista Lear. La Gendarmería Nacional ha tenido varias intervenciones dirigidas a despejar esa vía, algunas un tanto desafortunadas como las que dieron lugar al video "gendarme carancho" que circuló en las redes. Con independencia de esos desaciertos, Gendarmería intenta evitar que se produzca la interrupción de una importante vía de transporte, hecho considerado un delito por el Código Penal (artículo 194) y sancionado con prisión de tres meses a dos años.

La jueza federal Sandra Arroyo Delgado, acogiendo la presentación de un diputado del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), dio hace pocos días órdenes a Gendarmería para que deje de intervenir en la represión de los piquetes que se realizan en la autopista Panamericana por el conflicto de Lear. Naturalmente, recibido el aval judicial, los grupos trotskistas estaban a las pocas horas festejando el triunfo judicial obtenido en medio de la autopista.

Hace años, en Neuquén, se vivió una situación similar cuando una jueza de Trabajo dictó una resolución que declaró que la empresa Zanon había incurrido en lock out. La realidad era otra, dado que los obreros ceramistas -que pertenecen al Frente de Izquierda de los Trabajadores- habían ocupado ilegalmente las instalaciones de la empresa. Es decir que la jueza, en vez de intimar al desalojo de la fábrica ilegalmente ocupada, autorizó la acción ilegal y además le endosó a la empresa la responsabilidad por la medida de acción directa tomada por los empleados.

Los episodios relatados parecen cortados por la misma tijera. Grupos que sueñan todas las noches con la caída del capitalismo y la instauración de la dictadura del proletariado adoptan medidas de acción directa (usurpación de propiedades o corte de calles y rutas) con la esperanza de que con estas acciones se aproximan al objetivo final. Luego, utilizando una estrategia de victimización, ofrecen resistencia a la intervención policial con el propósito encubierto de ofrecer a la tevé algún rostro ensangrentado. Temerosos de caer en esa trampa, tanto gobiernos como jueces adoptan actitudes condescendientes para evitar que se produzca alguna víctima que luego sea exhibida como muestra de la "criminalización de la protesta social". En el colmo del disparate, sale algún juez con insólitas resoluciones que legitiman estos comportamientos ilegales.

Como las tácticas extorsivas vienen dando pingües beneficios, se van extendiendo paulatinamente y son adoptadas por otros sectores sociales. Actualmente en Neuquén grupos que se autoasignan la pertenencia a la etnia mapuche vienen cortando el acceso a un barrio de viviendas en Mari Menuco con la fundada expectativa de que van a conseguir algo a cambio de cesar en la conducta ilegal. Aparentemente, según las últimas noticias, iban a ser premiados con el otorgamiento de generosas hectáreas de terrenos en otro lugar.

A la prolongación de estas prácticas contribuyen varios factores. En general, nuestra tradición de escaso aprecio al cumplimiento de la ley, dado que existe la convicción de que las normas están destinadas a ser cumplidas por los otros. En segundo lugar, la implantación de una cultura populista que convierte a cualquiera que invoque su pertenencia al pueblo en una suerte de niño inocente. El "obrerismo" convierte a todo trabajador en un explotado; el "pobrismo", a los delincuentes habituales en sufridas víctimas de la sociedad; el "indigenismo", a los descendientes de los mapuches en mártires de la colonización europea y así sucesivamente.

El resultado de semejante confusión mental es que cada día que pasa en la sociedad se naturalizan comportamientos anómicos que son expresión de un exacerbado individualismo que se expande cuando rige la ley de la selva. Luego nos indignamos y escandalizamos cuando se cortan los puentes, se invaden y se destruyen edificios públicos o, en otros planos, estallan fábricas que se instalan clandestinamente en barrios urbanizados o se producen accidentes terribles por adelantamientos indebidos.

En todos estos acontecimientos opera un denominador común: la falta de respeto a la ley. Comportamientos que Carlos Nino definió como "bobos" porque a la larga terminan dañando a todos. La tendencia a la antijuridicidad en diferentes aspectos de nuestra vida social -la obtención indebida de ventajas económicas, el incumplimiento de los contratos, las infracciones en el tránsito, la evasión impositiva, la ocupación facciosa de la administración pública, etcétera- perjudica gravemente el capital institucional de una sociedad.

Como la vida social no puede separarse de la acción institucional, ambas terminan retroalimentando el mismo fenómeno de ilegalidad y desprecio a las normas. Quienes tienen responsabilidades de gobierno incurren en comportamientos anómicos que a través del efecto demostración son naturalizados por los actores sociales. La consecuencia más inmediata -no siempre visible- es el bajo grado de eficiencia y productividad de nuestra economía, lo que explica la persistencia irreductible de la pobreza y el desarraigo social.

La única posibilidad de superar esta tendencia a la antijuridicidad radica en la toma de conciencia de que es sumamente dañino seguir en esta trayectoria. El inminente cambio de gobierno debería servir para trazar una línea que marque el abandono definitivo de prácticas socialmente perversas. Es un desafío que debe afrontar no sólo la dirigencia política sino la sociedad en su conjunto. Será la obra de todos o no será.

Publicado en Diario "Río Negro", 11/11/2014. Imagen: internet.