El general Perón tenía capacidad para llenar la Plaza de Mayo, pero la presidenta Cristina Fernández apenas pudo llenar, con militantes-funcionarios de La Cámpora, dos patios interiores de la Casa Rosada. Sin duda es una comparación intrascendente. Lo grave es el uso de un bien del Estado, institucionalmente la sede de la Presidencia de la Nación, para convertirlo en un comité partidario. Estamos tan acostumbrados a la malversación permanente de los bienes del Estado, que un hecho de semejante gravedad puede pasar desapercibido.
En las democracias avanzadas, la separación entre el gobierno y el Estado es una regla de oro. El Estado, conformado materialmente por el conjunto de instituciones y bienes públicos, es un instrumento para el buen gobierno de las sociedades. Pertenece al conjunto de la comunidad y no puede ser usado como un bien privado. El gobierno, es decir el conjunto de altos cargos que acceden a través de las elecciones –o por designaciones del presidente–, es un mero ocupante transitorio de las instituciones del Estado y debe utilizarlas exclusivamente para cumplir el rol institucional previsto en la Constitución.
La utilización de los bienes públicos con fines partidistas es una constante de los gobiernos populistas que, convencidos imaginariamente de que hablan y representan al pueblo, se consideran legitimados para apropiarse y colonizar las estructuras del Estado. La manifestación más visible de este fenómeno es la incorporación, sin concurso ni oposición, de centenares de miles de militantes al empleo público, con lo que se grava el presupuesto público, al tiempo que se aumenta su ineficiencia, puesto que no se trata de personal elegido por su especial capacitación.
El discurso presidencial del pasado 22 de enero ha dejado al descubierto otras manifestaciones menores del uso partidista de los recursos públicos. El anuncio de un nuevo y costoso sistema de subsidios a los jóvenes que no estudian ni trabajan –sin entrar en el análisis de su conveniencia– se presenta descarnadamente como una dádiva presidencial. No es fruto de una ley que se haya debatido en el Congreso ni se incorporó en su momento a los presupuestos públicos recientemente sancionados. Obedece simplemente a la necesidad política que experimenta el monarca presidencial de mejorar su imagen pública, luego de un prolongado período de abatimiento provocado por un inesperado resultado electoral.
Otra manifestación del uso partidario de los bienes públicos apareció reflejada en la débil defensa que hizo la presidenta de la emisión de una serie de estampillas para recordar la "década ganada". Se trata de un uso abusivo de recursos públicos para resaltar un triunfo que está en el imaginario de una –cada vez más– debilitada fracción política. Sin embargo la presidenta estaba tan convencida de que este uso era correcto que no tuvo mejor argumento que señalar que a diferencia del primer peronismo –donde aparecían en las estampillas las efigies de Perón y Evita– había tenido la delicadeza de que en esta ocasión las estampillas no recogieran su rostro inmaculado ni el de su fallecido esposo. Realmente, es para estar agradecidos.
Otra forma más sutil de usurpación del espacio público es utilizar los discursos institucionales para dar rienda suelta a las obsesiones personales. Mientras los jóvenes se regocijaban cantando un estribillo futbolero ("Che gorila, che gorila, no te lo decimos más; si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar"), la presidenta estableció un forzado silogismo entre la palabra "reaparición" –que había sido utilizada en un titular de "La Nación" para informar sobre su retorno a la actividad oficial– y la palabra "desaparecidos". Lo desopilante de la cuestión es que la inofensiva expresión había sido también incorporada en las notas de los medios oficialistas. (Página 12: "Luego de un período sin hacer discursos públicos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reaparecerá hoy en un acto en Casa de Gobierno". Tiempo Argentino: "Después de más de un mes sin intervenciones públicas, la presidenta Cristina Fernández reaparecerá hoy por la tarde durante un acto en la Casa de Gobierno").
"Hay que enojarse con los que dicen mentiras, el pecado es mentir", es otra de las frases memorables que pronunció la presidenta ese día. Era inevitable asociar esa expresión con la intervención del Indec y la falsificación de las estadísticas públicas que es otra invasión sumamente dañina de lo público hecha con fines políticos subalternos. Un episodio que sin duda quedará como uno de los rasgos más representativos de la cadena de autolesiones de esta década.
Cuando los historiadores repasen en el futuro los discursos presidenciales de Cristina Fernández encontrarán en la pieza oratoria de la semana pasada un rico material para analizar los desafueros que permite, facilita y estimula nuestro sistema presidencialista. El blindaje del presidente, al establecer la Constitución un período de mandato rígido, es tan fuerte que un monarca presidencial se puede permitir utilizar la cadena nacional para jugar con las anécdotas personales sin sentirse obligado a hacer la menor mención a los graves problemas –inflación, déficit desbocado, estampida del dólar– que afectan a la República.
La tormenta política e institucional que está a punto de abatirse sobre la cabeza de los argentinos nos encontrará nuevamente sin un sistema institucional apto para afrontarla. Sin duda, son muchas las tareas que para recomponer la macroeconomía deberán ser abordadas en la nueva etapa que previsiblemente pronto se abrirá. Tal vez no debiera faltar una reflexión sobre el diseño de una nueva arquitectura institucional que nos proteja de tantas tribulaciones.
Publicado en Diario "Río Negro", (edición Nro. 23.519) 28 de enero de 2014, página 19. Fotos internet. Cuadro de imágenes Blog de la Patagonia.
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