De cómo se fue llegando al 24 de marzo de 1976.
Recuerdos personales y análisis histórico de Roberto
Azaretto, acerca de los años previos al golpe militar de 1976, en particular de
las secuelas de brutal violencia política ocurridas durante el gobierno
peronista de 1973-76, violencia que anticipó lo que con los militares se
transformaría en política central de Estado.
Isabel Perón durante su presidencia
junto al sindicalista Casildo Herrera.
Por Roberto Azaretto.
El martes 24 de marzo se cumplirán cincuenta años del golpe
militar que derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón. Culminó así un
proceso iniciado el 25 de mayo de 1973 cuando en el mismo día que Héctor
Cámpora asumía la presidencia de la Nación, se asistió a una jornada anárquica
tanto en la Plaza de Mayo y a la tarde en Villa Devoto donde una pueblada
exigió y logró, que se liberaran, antes que el Congreso Nacional tratara una
ley de amnistía, a numerosos jefes terroristas. Además, el Congreso derogó las
leyes que habían posibilitado enfrentar a la subversión con el respeto al
derecho con la creación en mayo de 1971 de la Cámara Federal Penal y encarcelar
a la casi totalidad de los jefes subversivos.
Ese día, observando desde Madrid los sucesos, el general
Perón terminó de asumir su error al proponer la candidatura de un personaje
pueblerino y mediocre que creyó que el 49,5% de los votos obtenidos eran
propios.
La guerrilla, tanto la de origen marxista como la
proveniente del nacionalismo y de los claustros del integrismo, todas con apoyo
cubano, no dejó las armas, ahora reconstituida con la salida de sus jefes de la
cárcel enfrentando con miles de atentados, incluso los que se decían
“peronistas”, al viejo líder cuando regresó definitivamente al país.
El 1 de julio de 1974 fallece el general Perón quien había
triunfado en septiembre del año anterior, desplazando a Cámpora de la
presidencia, con el 62% de los votos. Al día siguiente de su triunfo electoral
los montoneros mataron a José Rucci, el sindicalista que consideraba leal, y
por su lado el ERP inició una serie de ataques como el del cuartel de Azul que
llevaron al presidente Perón a promover la represión “hasta el exterminio” de
esos grupos, como también de los que llamó “infiltrados” en su movimiento, como
lo atestiguan la reunión con diputados disidentes y el discurso del primero de
mayo desde los balcones de la Casa de Gobierno.
Con el gobierno de su esposa Isabel Martínez las disputas entre ortodoxos y los grupos cercanos a las guerrillas se acentúan junto a acciones cada vez más violentas del ERP. A los problemas económicos propios se agrega la crisis del petróleo que provoca la guerra del Yom Kipur.
Entre 1973 y 1976 entre las guerrillas y la represión ilegal
de las Tres A hubo 8509 hechos armados, 1503 asesinatos políticos, 900
desaparecidos y 5148 presos por motivos políticos y gremiales.
En el interinato de Luder se firma el decreto ordenando el
“aniquilamiento” de la guerrilla y el ejército inicia el operativo
Independencia para derrotar al foco guerrillero instalado por el ERP en los
montes tucumanos. Fue la oportunidad para evitar la ruptura del orden
constitucional, pero Lúder no estuvo a la altura de las circunstancias, a pesar
de que gran parte del arco político estaba dispuesto a colaborar.
La renuencia de Luder a completar al mandato presidencial
provoca el inicio de los planes militares para destituir a la presidente Isabel
Martínez.
La última oportunidad para salvar la legalidad tuvo lugar el
25 de febrero cuando la cámara de diputados trató el juicio político a Isabel
Martínez, proyecto elaborado por los diputados nacionales Ricado Balestra,
Cristina Guzmán y Francisco Moyano. Fue el diputado demócrata de Mendoza quien
fundó en el recinto las causales para remover a la presidenta de su cargo
contando con el apoyo del radicalismo y otras bancadas provinciales. El grupo
de trabajo, una treintena de diputados peronistas anti verticalistas como Julio
Bárbaro, Nilda Garré, Julio Mera Figueroa, Sobrino Aranda, se comprometieron a
votarlo con lo que hubiera obtenido los dos tercios necesarios para la
destitución. Pero a último momento estos diputados defeccionaron; años después
se supo que Sobrino Aranda recibió la sugerencia de Massera, al que estaba
vinculado, para que no acompañaran esa iniciativa.
El sector sindical tampoco hizo nada para evitar el golpe,
buscaron contactos para subsistir durante el proceso militar, incluso pidiendo
a la embajada de los Estados Unidos ayuda para ese objetivo. Diez años antes
fueron instigadores del golpe que derrocó al gobierno de Arturo Illia.
Fue un golpe sin participación civil, todos los gobernadores
y la abrumadora mayoría de los gabinetes fueron ocupados por militares.
No había planes económicos concretos, un candidato a
ministro de Economía Luis García Belsunce fue descartado por ser divorciado y a
José Alfredo Martínez de Hoz lo convocaron un par de semanas antes. La
inflación en enero de ese año fue del 14,1% en febrero llegó al 19% y en marzo
al 37,1 % mensual.
El que escribe recuerda que mientras tomaba un café enfrente
del palacio de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, entonces Sala de
Representantes, en la barra el presidente de la bancada del Frejuli, Pedro
Agostini, del sindicato de taxistas le decía a un contertulio: “No sé qué
esperan para echarnos, no merecemos volver”.
* El autor es presidente de la Academia Argentina de la
Historia.
Publicado en Diario LOS ANDES.
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