Vertúa reclama al Estado nacional una reparación de $4.435 millones.
Por el contrato del tramo salteño del GNEA que fue rescindido en 2017.
El Estado nacional no solo sufrió uno los robos más alevosos con el saqueo de los caños del Gasoducto NEA (GNEA), sino que además deberá indemnizar a la empresa Servicios Vertúa con una millonaria reparación, si la Justicia confirma un fallo del juez federal Enrique Lavié Pico.
Tras la rescisión del contrato del tramo salteño del GNEA, en marzo de 2017, la compañía rionegrina entabló un juicio ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N§6, a cargo de Lavié Pico. El fallo del magistrado favoreció a la firma, pero una apelación interpuesta por Ieasa (Enarsa) dejó en suspenso la decisión final. Si el tribunal superior confirma la resolución de primera instancia, la demanda le costará al bolsillo de los argentinos $4.435 millones. Ese es el monto de los daños y perjuicios que estableció el estudio jurídico de Mariano Cúneo Libarona, como patrocinante de la acción.
La demanda de Vertúa no se limita al resarcimiento económico, sino que en el Juzgado Federal Nº 10 de Buenos Aires la empresa formalizó una denuncia penal contra Hugo Balboa (expresidente de Ieasa), Mario Agustín Dell'Acqua (exdirector), Luis Fusoni, José María Zuliani, Alberto Brusco, Juan Carlos Doncel, Luis Alberto Pintos y Jorge Epelbaum. Los citados funcionarios fueron designados en la empresa nacional de energía por el exministro Juan José Aranguren.
Vuelta de almanaque.
La construcción del tramo salteño del GNEA, de 230 kilómetros, fue adjudicada a Servicios Vertúa en 2013. Las obras estuvieron marcadas desde la primera hora por reclamos de grupos de desocupados que pugnaban por puestos de trabajo.
A fines de 2015, junto el cambio de gobierno, los conflictos recrudecieron y las obras quedaron paralizadas en medio de virulentas protestas y denuncias cruzadas.
Al frente de Ieasa, Balboa dispuso una auditoría y luego rescindió el contrato. Según Ieasa, la contratista dejó las obras habiendo cobrado, hasta ese momento, $733 millones. "Nada más falso y lejos de la realidad: a nosotros nos pagaron el 10% de anticipo de obras y tenemos un avance del 54%, algo que es fácilmente comprobable", afirmó el presidente de la constructora, Raúl Vertúa.
La cartera de Energía responsabilizó a la contratista de hacer abandono de los trabajos. En declaraciones a la agencia de El Tribuno de Tartagal, Vertúa aseguró que la empresa "jamás abandonó la obra". Manifestó, en tal sentido, que "durante el último año en que estuvimos en esa zona sufrimos una persecución, un hostigamiento constante, y aún así soportamos muchos meses, custodiando la obra para que no sucediera lo que finalmente sucedió: el robo de los caños".
"A nosotros no nos correspondía hacer de policías, pero lo hicimos igual, porque sabíamos que estábamos velando por los intereses del Estado. Soy propietario de esta empresa desde hace 45 años: no comencé ni con el gobierno de (Néstor) Kirchner, ni con el de (Mauricio) Macri. A mi entender, los mayores responsables de que la obra no se haya concluido, de que cientos de miles de argentinos no tengan gas y de que haya pasado lo que ahora todos conocen, son funcionarios como el exministro de Energía, Juan José Aranguren, y los dos expresidentes de Ieasa", sostuvo Vertúa.
El empresario afirmó que los denunciados "hicieron todo lo contrario a lo que deben hacer los funcionarios públicos para que la obra se haya podido concluir; no lo digo yo, sino la Justicia", aseveró.
Sobre la licitación que el gobierno de Macri convocó para reactivar las obras y que terminó caída en agosto de 2018, Vertúa denunció que en los pliegos se pidieron 30 kilómetros de cañerías de más en relación con el proyecto original. "Enviamos una nota preguntando por qué, dado que no correspondía, y como develamos esa maniobra postergaron el llamado corrigiendo los 'errores' que les habíamos marcado", dijo.
En esa licitación se presentaron cinco oferentes, incluida Servicios Vertúa. Cuatro fueron descartadas y solo quedó en pie Techint. "Era, justamente, la que había presentado el presupuesto más elevado. Perdón, pero para mí eso es un robo", enfatizó.
El empresario que reclama la millonaria reparación económica aseveró que "nunca hubo un incumplimiento por parte de Servicios Vertúa, en ningún sentido, y tal como lo establecía el pliego, nosotros compramos todos los terrenos donde van las válvulas, cada 30 kilómetros, y donde se ubican las trampas de scrapper, de manera que si esa obra se adjudica a otra empresa, o van a tener que cambiar la traza del Gasoducto o me van a tener que expropiar los terrenos que son míos; un verdadero mamarracho", planteó.
El saqueo de los caños.
Sobre el escándalo que desató el robo de los caños del GNEA, Vertúa afirmó que el saqueo no comenzó con la resolución que dictó el 23 de diciembre de 2019 el intendente de Aguaray, Jorge Prado. Señaló que Servicios Vertúa presentó varias denuncias de robos de caños que se remontan hasta los meses posteriores a la rescisión del contrato y de las que conserva las constancias.
"Una vez que Ieasa nos rescindió el contrato, la obra quedó abandonada por mucho tiempo, lo que le dio la oportunidad a esta gente para saquearla. Eso era tierra de nadie por la desidia y el desinterés de los funcionarios de la anterior gestión de gobierno. Pero no sucedió solo con esa obra, sino también con otras en distintas provincias, lo que le produjo un gran daño al país y a todos los argentinos", redondeó Vertúa.
Fuente de información e imagen: EL TRIBUNO DE SALTA, 9 de agosto del 2020.
