Tras llovido, mojado. Dos de las empresas investigadas por corrupción en la obra pública durante el kirchnerismo sufrieron un nuevo traspié judicial. Esta vez, al intentar avanzar contra la firma estatal Integración Energética Argentina SA (IEASA) para retomar la ejecución de dos tramos del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) o, en su defecto, iniciarle un juicio multimillonario al Estado nacional por daños y perjuicios.
Las empresas JCR SA y Servicios Vertúa SA intentaron una ofensiva judicial en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, donde solicitaron a la jueza subrogante Cecilia Gilardi de Negre que le ordenara a IEASA, antes conocida como Enarsa, la entrega de documentación vinculada al gasoducto GNEA tras afirmar que sus responsables retaceaban u ocultaban documentación o que, incluso, podían destruirla o manipularla.
El contrapunto se centra en dos tramos del GNEA que JCR SA y Servicios Vertúa SA ganaron como UTE (unión transitoria de empresas) durante el kirchnerismo, pero cuya ejecución suspendió el gobierno de Mauricio Macri tras el primer estallido de los "cuadernos de la corrupción" del chofer del Ministerio de Planificación Federal, Oscar Centeno.
La decisión de IEASA de suspender la ejecución del GNEA alcanzó no solo a la UTE de Vertúa y JCR, sino a todos los tramos en que se dividió esa obra pública hasta que se conocieran más datos sobre la investigación judicial y se completara una auditoría que permitiera comprender cómo fue el proceso de adjudicación durante el kirchnerismo de cada tramo entre las empresas contratistas.
Así, mediante una nota firmada el 17 de agosto de 2018, la exEnarsa dispuso que todos los contratistas debían proceder "a la inmediata suspensión de trabajos" y entregar "la totalidad de la documentación y la información técnica y de calidad", como así también "todo material, equipos, vehículos o elementos" que le hubiera entregado a las empresas. La orden fue acatada por todas las constructoras involucradas, salvo por la UTE conformada por Vertúa y JCR.
El 23 de agosto del año pasado, cuando el máximo responsable de una empresa, Raúl Vertúa, ya llevaba trece días detenido en la causa por los "cuadernos de las coimas", la UTE solicitó a IEASA que reconsiderase la suspensión y cinco semanas después fue más lejos y pidió el pago de los certificados de obra adeudados.
Desde entonces, la UTE mantuvo un ida y vuelta con los responsables de la exEnarsa hasta que el 14 de junio de 2019 exigió una definición favorable y anticipó que, de no ser así, darían por rescindido el contrato por culpa del Estado, paso previo para iniciarle una demanda multimillonaria.
"Traidor a la Patria".
La respuesta de IEASA llegó trece días después. Rechazó el planteo de la UTE tras indicarle que tanto Vertúa como el fallecido dueño de JCR, Juan Carlos Relats, figuraban en los "cuadernos de las coimas", podían estar incursos en "delitos dolosos que conllevan enriquecimiento ilícito a costa del Estado", que de mediar sobornos el contrato debería rescindirse "de pleno derecho" según la legislación vigente y que, de acuerdo a la Constitución nacional, "podrían caberles las penas del infame traidor a la Patria".
El contrapunto administrativo continuó unos pocos pasos más, pero con la firma del ex ministro de Justicia menemista y ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Barra, las empresas optaron entonces por acudir el mes pasado a la Justicia donde solicitaron producir "prueba anticipada" tras afirmar que desde la firma estatal les retaceaban información y se corría el riesgo de que destruyeran o adulteraran documentación.
La respuesta judicial que cosecharon, sin embargo, fue distinta a la que esperaban. La jueza subrogante Gilardi de Negre rechazó el pedido tras recordarles que la producción de "prueba anticipada" es "una medida excepcional cuyo fin es asegurar o preservar una prueba" ante el riesgo de su eventual desaparición, pero que no debe confundirse con el mero adelantamiento de una prueba para preparar una demanda.
Más aún, en una resolución que firmó el 6 de este mes, pero trascendió ayer, la jueza estimó que la UTE no logró demostrar que los responsables de IEASA retaceen o hayan destruido evidencias, ni expuso "antecedentes objetivos" concretos en ese sentido, por lo que también rechazó ordenar un peritaje contable.
La resolución judicial significó un contratiempo para el consorcio empresario, que también deslizó la posibilidad de radicar una denuncia penal contra los responsables de la exEnarsa, apoyada en los nuevos tiempos políticos que corren. Mientras la UTE evalúa dar ese paso, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por presunto pago de coimas de Vertúa, quien se encamina a afrontar un juicio oral, en tanto que el contador de JCR, Jorge Benolol, también fue procesado, en la misma investigación, como supuesto partícipe necesario en 44 pagos de sobornos.
Por: Hugo Alconada Mon.
* Fuente de información e imagen: Diario "La Nación", 13 de noviembre de 2019.
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