Los avatares económicos y jurídicos de la causa, y el intento de la familia del ex Presidente por teñir de política el desenlace.
“Acá se habla mucho de Estado inteligente. Un Estado inteligente, Macri, le debe cobrar el canon a su empresa. Con los 260 millones de pesos que debe, levantamos dos veces la cantidad de casas que se necesitan para la Villa 31, dos veces…”. La referencia a la causa del Correo Argentino, data del año 2003, y pertenece nada menos que a la por entonces candidata a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Cara a cara en un debate televisivo previo a la elección, quien hoy 18 años después es Presidenta del PRO, el partido fundado por Mauricio Macri, le reclamaba a su actual socio político, el pago del canon adeudado por la familia Macri al Estado nacional.
El tema volvió a quedar en el centro de la agenda pública esta semana.
El día lunes 5 de julio y tras 20 años de trámite administrativo judicial, la jueza del fuero comercial Marta Cirulli, decretó la quiebra de la empresa Correos Argentinos SA, luego de dar por fracasado el proceso de salvataje de la firma y de rechazar la última oferta presentada por la familia Macri al Estado nacional, la cual según la magistrada “solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa”, pero “no abarcaba el valor actual de la misma”. El valor actual de la deuda es la clave en el conflicto que luego de dos décadas parece encontrar su desenlace: La familia del ex Presidente en un primer momento se negó a pagar, luego reclamaba que el Estado nacional debía pagarle a la familia, y cuando finalmente reconoció la deuda, pretendía abonar el capital original en pesos, desconociendo los intereses acumulados durante los años que duró el concurso.
Dos décadas.
Para comprender acabadamente el devenir de la causa, hay que remontarse a la tristemente célebre década del ‘90, en que las empresas del Estado fueron o desmanteladas, o privatizadas a precio de oferta, o concesionadas a privados sobre los que el correspondiente control estatal era escaso o nulo.
Este último fue el caso del correo, la última empresa que el mememismo entregó a los privados. La familia Macri se hizo con la concesión de Correos Argentinos en el año 1997, en una licitación en la que hizo la mejor oferta de pago por un canon anual de $103 millones, en dos cuotas anuales a pagar en marzo y septiembre de cada año. Según surge del expediente de quiebra, el pago se hizo efectivo solo el primer año de la concesión.
Hacia el año 2001, y tras el reclamo iniciado por el gobierno de Fernando De La Rua por las cuotas de canon adeudadas, el Juzgado Comercial Nº9 dio inicio a la convocatoria de acreedores.
La familia Macri no obstante, mantuvo la concesión hasta el año 2003, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió interrumpir el contrato de concesión a raíz de los incumplimientos deliberados del concesionario.
En primera instancia, los Macri no solo se negaban a pagar, sino que reclamaban al Estado una cuantiosa deuda. Consideraban como una “inversión” las indemnizaciones abonadas en el proceso de reducción de personal por el cual perdieron el trabajo más de 10.000 empleados.
Con el Estado como principal acreedor (33% de la deuda total), la empresa Correo Argentino presentó sucesivas propuestas del pago entre los años 2003 y 2015, las cuales fueron rechazadas en todos los casos por el mismo motivo: no consideraban el valor actual de la deuda. En épocas de convertibilidad cuando $1 era igual a u$s1, la deuda era de $296 millones y equivalía por tanto a u$s 296 millones, más los intereses resarcitorios y punitorios correspondientes por los años transcurridos.
Ya en 2016, con la familia Macri de ambos lados del mostrador, Correos Argentinos presentó una nueva propuesta de pago, la cual fue aceptada por el Estado. La misma ofrecía el pago del 100% de capital adeudado en 16 cuotas anuales desde 2017 hasta 2033, omitiendo nuevamente el valor actual de la deuda. Por una deuda original de $296 millones en 2001, al final del periodo (en 2033), el Estado habría cobrado una suma total de $555 millones.
El acuerdo debía ser homologado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. No obstante, la fiscal interviniente en la causa, Gabriela Boquin, se opuso a la propuesta. “Es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”, indicó la funcionaria.
La fiscal basó su análisis en un informe de la Procuración del Tesoro de la Nación, en ese momento comandada por Carlos Balbín. El mismo incluía un cálculo del valor actual de la deuda que la familia Macri se negó sistemáticamente a reconocer desde el inicio del juicio. El informe detallaba que hasta el año 2017, el valor actual de la deuda de Correos Argentinos ascendía a $4.277 millones, y que si el valor actual de la deuda se estimaba al 2033, año en que la firma proponía terminar de pagar, el mismo ascendía a $70.163 millones.
El documento presentado por la fiscal Gabriela Boquin, indica que la quita total que esperaban recibir los Macri era del 98,87%, abonando solo la irrisoria porción del 1,13% de lo adeudado.
Finalmente, en 2020 el juzgado abrió una instancia de “salvataje” o “cramdown” en la que otras empresas pueden hacerse cargo del costo de la deuda y rescatar la firma. De las cinco empresas que se presentaron, solo quedó la propia Correos Argentinos, que presentó una nueva oferta. Para ese entonces, el valor actual de la deuda ya ascendía a $6.000 millones, de los cuales la empresa ofrecía pagar solo $1.000 de una sola vez. La oferta volvió a ser rechazada.
Ante un nuevo revés, los Macri denunciaron al Estado como “acreedor hostil”. En efecto el Estado es el mayor acreedor entre los más de 700 que se cuentan en el juicio. Para fortalecer el argumento presentaron la conformidad del Meinl Bank. El banco austríaco es el principal acreedor privado de Correo Argentino, luego de adquirir gran parte de los pasivos más importantes de la empresa. Aducían por lo tanto que existía acuerdo mayoritario entre el resto de los acreedores y que solo el Estado trababa la resolución. No obstante, la entidad bancaria europea, principal apoyo de los Macri en su estrategia judicial, fue denunciada el año pasado por ingentes maniobras de lavado de dinero y corrupción, y el Banco Central Europeo le quitó la licencia a principios de 2021.
El inminente desenlace que finalmente llegó esta semana, llevó entonces a los Macri a la más antigua de las estrategias: la victimización.
El domingo, horas antes del fallo, el ex Presidente Mauricio Macri publicó una carta abierta en la que denunciaba: “El gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA”.
Dos días después y con el fallo consumado, el Grupo Macri emitió un comunicado titulado “La peor de las arbitrariedades” en el que denuncia “atropellos, corrupción y venganza” de parte del Estado, y agrega que el desenlace es “todo por venganza e intereses políticos” y “un paso más hacia Argenzuela”.
Vale decir que los hijos del ex Presidente, nunca estuvieron mencionados en el expediente judicial que dictaminó la quiebra, y que en la actualidad no figuran como accionistas de Socma, la principal empresa del Grupo Macri y principal accionista de la ex Correos Argentinos.
La referencia a Carlos Zanini, es en realidad un intento de pintar de política un proceso que lleva más de dos décadas. En efecto, como Procurador del Tesoro, Zanini es quien conduce el cuerpo de abogados del Estado nacional, y por lo tanto es natural que defienda los intereses del Estado en un juicio. Mismo rol que en 2017 durante la presidencia de Mauricio Macri desempeñaba Carlos Balbín, quien también se expidió en contra de la propuesta de pago de Correo Argentino, lo que le valió su expulsión del cargo, y su reemplazo por Bernardo Saravia Frías, uno de los abogados del Grupo Macri.
Lo que viene en el proceso judicial, es la ejecución de la quiebra. La empresa pierde el control sobre sus bienes, cuentas bancarias y dinero en existencia, y deberá poner a disposición de la justicia sus balances y sus libros contables. Además, la quiebra podría extenderse si la jueza Marta Cirulli así lo dispone, a las empresas controlantes Socma y Sideco. En efecto, Zanini anticipó esta semana que el Estado buscará avanzar en esa dirección.
Estado bueno, Estado malo.
El coro de analistas, politólogos, economistas o funcionarios que repite como un mantra que el Estado es ineficiente, es corrupto, le roba a los contribuyentes y todo lo hace mal, ha logrado permear tales conceptos en buena parte del ideario social. “Los privados gestionan mejor porque manejan su propio dinero y no el dinero de los contribuyentes”, es otro de los latiguillos más comunes.
El caso Correos (uno de los tantos que se pueden citar tras las privatizaciones de los ‘90), muestra a un privado que asume la gestión de una empresa pública, la lleva a la quiebra, y se niega a asumir las pérdidas que la propia mala gestión privada generó. El punto, es que no se trata de un privado cualquiera, sino de uno que ha llevado sus críticas al Estado a un extremo tal de ofrecerse a sí mismo como la mejor opción para hacerlo más eficiente.
Fue en 1982 cuando Franco Macri inauguró la modalidad de beneficiarse de un Estado al que la familia denosta. El grupo empresario familiar fue uno de los beneficiarios de la “circular A251” del Banco Central de la República Argentina, con la cual el Estado se hizo cargo de las acreencias en dólares de las empresas privadas. Gran parte de la fortuna de la familia tiene su origen en ese “favor” del Estado. También gran parte de la deuda externa que arrastra el país desde el regreso de la democracia.
Tras un litigio de 20 años, vale descreer del argumento que denosta al Estado, en especial si proviene de un privado que históricamente se ha beneficiado de él. Más aún si se trata de uno de los privados más ricos del país, y se considera que el Estado debe velar por el bienestar del conjunto. Que el Estado “es” el conjunto.
En efecto y tal como supo señalar Bullrich, son muchas las cosas que pudieron hacerse en beneficio las mayorías, de haber contado con los fondos que una gestión privada ineficiente y fraudulenta le quitaron al conjunto de los argentinos.
La causa Correos Argentinos es paradigmática. Lo es en tanto demuestra que tanto en el ámbito público como en el privado existen buenos y malos administradores, probos e incapaces, honestos o corruptos. En épocas de grieta, el desafío es reconocer quien es quien, sea que ese quien se desempeñe en el ámbito público o lo haga en una empresa privada.
- 98,87%
- La quita que pretendía la familia Macri en la propuesta presentada y rechazada en 2017.
- $6.000
- El valor actual de la deuda, el cual contabiliza los intereses resarcitorios y punitorios, por el tiempo transcurrido desde el inicio del juicio.
- PUBLICADO EN DIARIO "RÍO NEGRO", domingo 11 de julio del 2021.
- https://www.rionegro.com.ar/correos-dos-decadas-de-dislate-y-perjuicio-al-conjunto-1879915/
