La primera mitad de este año judicial resultó poco propicia
para el avance de las causas más emblemáticas que investigan complicidad
empresarial en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura,
en especial las que que involucran a Carlos Blaquier, Vicente Massot y todos
los involucrados en el traspaso de las acciones de Papel Prensa.
En marzo, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
revocó el procesamiento de Blaquier, dueño del ingenio Ledesma y de Alberto
Lemos, su ex administrador, investigados en dos causas por los delitos de
homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos cometidos durante la
dictadura en perjuicio de más de 30 víctimas, entre trabajadores y vecinos del
ingenio azucarero Ledesma de Jujuy.
La Cámara consideró probado que la compañía Ledesma colaboró
con los represores al prestar sus camionetas para trasladar a secuestrados pero
sostuvieron que podrían haberlo hecho sin dolo o conocimiento del uso dado a
esos vehículos.
Los fiscales generales ante la Casación Javier De Luca y
Ricardo Wechsler recurrieron la falta de mérito que dictó la Sala IV, considerándolo
un “sobreseimiento encubierto” y que la responsabilidad de Blaquier y Lemos debe
dirimirse en un juicio oral.
A su vez, en una presentación ante el Consejo de la
Magistratura, medio centenar abogados de causas de lesa humanidad pidieron la nulidad
del fallo y denunciaron a los camaristas por mal desempeño y comisión de delito
al haberse pronunciado sobre el fondo de una causa antes de que comenzara el
juicio oral.
En cuanto a Vicente Massot, dueño del diario La Nueva
Provincia, también en marzo de este año el juez federal de Bahía Blanca Claudio
Pontet lo benefició con la falta de mérito.
El fallo de este juez interino, que cesó en el cargo cuando
el Consejo de la Magistratura no ratificó su designación, fue apelado con
severas críticas por los fiscales de la Unidad que interviene en procesos por
crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, Miguel Palazzani y José Nebbia. La
Unidad Fiscal acusa a Massot de ser coautor del homicidio, cometido en 1976, de
los obreros gráficos y sindicalistas de base Enrique Heinrich y Miguel Ángel
Loyola tras un conflicto sindical registrado el año anterior en La Nueva
Provincia, principal diario de Bahía Blanca.
También lo acusan de haber efectuado “aportes esenciales”
para “el ocultamiento deliberado de la verdad” en los secuestros, torturas y
homicidios de 35 personas a través de tareas de acción psicológica desde las
páginas del diario, al servicio de los represores de la dictadura.
Finalmente, también en junio último la Cámara Federal
porteña desestimó la apelación del fiscal Leonel Gómez Barbella y de la
querella de la Secretaria de Derechos Humanos para que el juez Julián Ercolini
cite a indagatoria a los empresarios Ernestina Herrera de Noble y Héctor
Magnetto, del Grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, de La Nación, por el traspaso de
acciones de Papel Prensa durante la última dictadura.
Los jueces de la Sala I de la Cámara -Eduardo Freiler,
Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero- acompañaron los argumentos de Ercolini
para rechazar la citación indagatoria al considerar necesario aguardar pericias
contables respecto del valor de la empresa.
En la causa Papel Prensa, impulsada por la familia Graiver
desde 2010, Ercolini había rechazado el planteo del fiscal Barbella para
indagar a los entonces titulares de Papel Prensa por la supuesta comisión de
los delitos de extorsión y de lesa humanidad durante la adquisición de las
acciones de la empresa.
Publicado en ADN Río Negro, 23 de agosto de 2015.
Cuadro de imagen: BLOG DE LA PATAGONIA.
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