Una absurda manera de cuidarnos.

Diego José Breide*

Desde la dictadura militar que no se veía un atropello estatal sobre el ejercicio y el goce de las libertades y derechos individuales y sociales -constitucionalmente protegidos- como la que viene generándose en esta cuarentena “antipandemia”, que va por el record mundial de permanencia con más de cinco meses desde que fue presentada por el Presidente como un aislamiento social, preventivo y obligatorio… por 14 días nada más.

Estaba claro, al comienzo por lo menos, que la motivación, el objetivo y la finalidad era prevenir los contagios, pero a esta altura de los acontecimientos no caben dudas que las autoridades públicas,  ya sea de la Nación, las provincias o los municipios, no han encontrado otra manera para “combatir” el virus que restringir, y en muchos casos directamente suprimir, nuestros derechos más elementales y, lo que es más grave aún, persiguiendo penalmente a los ciudadanos cuando consideran que infringen las disposiciones draconianas e inconstitucionales.

Todo este escenario del cuidado de la salud pretende montarse y mostrarse desde una atalaya moral y cultural para presentarnos a la cuarentena como un bien ético y jurídico en sí mismo, que debe ser defendido a toda costa, aun al precio de pisotear los más elementales derechos humanos. Ejemplos sobran, y los vemos a diario a través de los noticieros -que los avalaron- y en las redes sociales, si bien ahora, después de estar superando los 150 días en este contexto, algunos periodistas comienzan a criticar el confinamiento y los abusos.

Pero lo más notable de este aislamiento preventivo y obligatorio ha sido la decisión de tratar a los actos más inocentes e inocuos de la vida cotidiana como si fueran delitos de lesa humanidad y sus autores tratados como asesinos seriales. Así, se puede ver a las autoridades mostrando, casi como si fuera un logro en la lucha contra el crimen organizado, las estadísticas de aprehensiones, detenciones, confiscación de bienes, cargos penales, penas, multas, confinamientos extremos y todo tipo de medidas coercitivas de la libertad, de la dignidad y, vale también decirlo, de la vida. Siempre para cuidarnos, eso sí.

La estupidez  se hizo evidente al día siguiente mismo del DNU presidencial, cuando veíamos por todos los canales de televisión cómo detenían primero, y perseguían después, al “surfista” despistado de la panamericana,  o cómo en nuestro querido Bariloche, después de cinco meses, a la pobre caminante dominguera con su perrito a la que cinco policías -al son del “toque de queda” dominical del ministro de Salud rionegrino- la meten en un patrullero,   como si fuera un  terrorista o  narco asesino que pone en peligro la humanidad.  No faltará el fiscal que, en un alarde de “coraje”, les pida  la preventiva, y muy serio y orondo te diga: vamos a caer con todo el peso de la ley porque… violaron la cuarentena.

Funcionarios que juraron respetar y hacer respetar la Constitución, en la confusión generada por la lluvia de decretos, resoluciones, disposiciones y protocolos de todo tipo han perdido el rumbo o, lo que es peor,   el sentido común, la noción misma del Derecho como lo Justo.

Ahora, a fuerza de decretos de necesidad y urgencia  han aceptado convertirse en los “guardianes del 205”, tipo penal que ni siquiera recuerdan haber leído en la facultad, pero que hoy es el único delito que están dispuestos a perseguir, pensando, quizás, que el virus va a retroceder despavorido a la vista del Código Penal. Me atrevo a apostar que en algún momento vamos a ver una formulación de cargos por un barbijo mal puesto o por el abrazo de un nieto a su abuelo.

A lo largo de estos cinco meses son innumerables las historias injustas, absurdas e inhumanas, producidas en muchos casos por la brutalidad policial amparada en las decisiones de la autoridad pública, donde  los autócratas  se excusan,  siempre, bajo el “amparo” de cuidar la salud de la población.

Cómo podríamos calificar lo ocurrido en el caso de la joven Solange, fallecida de cáncer en Córdoba, habiéndole impedido el gobierno cordobés que su padre pudiera llegar a su lado para darle un último abrazo. Es la gota que rebalsa la copa, llena de una indignación difícil de contener a lo largo de estos meses con tristes historias de abusos, de atropellos, de injusticia y de muerte, como el caso del peón rural Espinoza de Tucumán, el del joven Astudillo Castro de Pedro Luro, o el más cercano nuestro, el de la doctora María del Carmen  Martínez, abogada de Bariloche residente en Lago Puelo que, enferma de cáncer, no la dejaron salir de Chubut para operarse en El Bolsón, y murió.

Si algo nos queda de dignidad como sociedad organizada en el Derecho y la Justicia, no nos neguemos, siguiendo a Don Alfredo Zitarrosa, a beber en la fuente clara del honor, y gritemos alto y fuerte a nuestros gobernantes: ¡No queremos que nos cuiden más!

* Abogado de Bariloche.

Publicado en Diario "Río Negro", 7 de Septiembre del 2020.

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