En el largo camino a la condena de Julio César Grassi por abuso sexual —hubo apelaciones que terminaron en cuatro confirmaciones de su sentencia 15 años de prisión—, aquel viernes el sacerdote volvía a gozar de la libertad morigerada. El Tribunal Criminal de Morón había ordenado arresto domiciliario, pero los abogados de Grassi pidieron la anulación de tal demanda. Y en segunda instancia se revirtió el fallo, lo cual dejó a Grassi libre.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones le impuso sólo dos condiciones para la libertad morigerada: la prohibición de acercarse a su Fundación Felices Los Niños y la de abandonar el país.
Hoy los terrenos de la ex fundación pertenecen al Obispado de Morón y Grassi está detenido en el penal de Campana por la causa qué sólo comenzó a investigarse en 2002, aunque la primera denuncia de un chico abusado data de 1991, a la que se sumó una segunda por malversación. Los dos años de prisión por haber usado donaciones en beneficio propio se fusionaron con los 15 de la condena original de 2009.
El proceso —durante el cual hubo intimidaciones a las víctimas— llegó hasta la Corte Suprema bonaerense, que confirmó la prisión de Grassi por “abuso sexual agravado por resultar sacerdote, encargado de la educación y de la guarda del menor víctima, reiterado, en dos hechos, en concurso real entre sí, que a su vez concurren formalmente con corrupción de menores agravada”. Recibió el beneficio de 2x1 y saldrá en libertad en 2026. Grassi se negó pero finalmente debió dar una muestra de su ADN para el Registro Nacional de Datos Genéticos del Ministerio de Justicia.
El mal endémico del abuso sexual en la iglesia católica, amparado por la complicidad de sus autoridades para evitar los escándalos, no era particular de Argentina, donde por entonces había unos 60 sospechosos sin investigar, ni de Boston, donde años antes habían sido condenados cinco sacerdotes. También en Irlanda del Norte comenzaba una pesquisa aquel 1 de junio: la policía anunció que se activaban 251 denuncias de violaciones de menores en escuelas religiosas cometidas entre 1945 y 1995.
El dólar no bajaba: el blue cerró a $5,93 para la compra y $5,95 para la venta. En los bancos, los depósitos en dólares se esfumaban razón de USD 100 millones por día, lo cual los había reducido en un 25% en general. Los titulares de las cuentas debían anotarse en listas de espera para poder acceder efectivamente a sus ahorros, ya que los billetes físicos escaseaban.
Mientras el entonces secretario de Política Económica, Axel Kicillof, acusaba a los bancos y a la prensa por los hechos, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, tomó una iniciativa propia: se comunicó con las casas de cambio principales del mercado negro, algo que causaría polémica en los días siguientes. A todos les repitió lo mismo: “No me importa a cuánto lo consiguen ustedes, desde el lunes quiero el blue en 5 pesos”.
El Caso Ciccone crecía y el vicepresidente, Amado Boudou, decidió nombrar un representante legal. Eligió a Diego Pirota, el mismo abogado que patrocinaba a su amigo José María Núñez Carmona en el mismo proceso. Aunque ya había sufrido un allanamiento, Boudou no había designado una defensa formal en la investigación del levantamiento de la quiebra de la imprenta y su compra por The Old Fund, firma que presidía Alejandro Vanderbroele, amigo a su vez de Núñez Carmona. Pirota trabajaría junto con Eduardo Durañoña, cercano al vice.
Los ruralistas bonaerenses comenzaban su paro, que incluía cese de comercialización y duraría hasta el 10 de junio, contra el revalúo fiscal que el gobernador Daniel Scioli y la suba de impuestos aprobada luego por la Legislatura. Amenazaban, además, con extender el conflicto al país: la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), pidió “la nacionalización del conflicto, porque los problemas del sector siguen”.
También la Federación Agraria Argentina consideraba que se daban las “condiciones para ir a un paro nacional”, según sus contactos en lugares como Córdoba y Mendoza. Ya en otras provincias, como Entre Ríos, los ruralistas locales acompañaban el paro de los de Buenos Aires.
Se conoció el fallo del juez federal Ariel Lijo que sumó dos condenados, Antonio Simón y Alfredo Feito, en la causa por crímenes de lesa humanidad conocida como la Contraofensiva de Montoneros. En 2007 Lijo ya había condenado a Cristino Nicolaides, Luis Jorge Arias Duval, Santiago Manuel Hoya, Juan Carlos Gualdo, Waldo Carmen Roldán, Carlos Gustavo Fontana, Pascual Oscar Guerrieri y Julio Héctor Simón.
Los nuevos condenados recibieron 19 y 10 años de prisión, respectivamente, por el secuestro de Ángel Carbajal, Julio César Genoud, Lía Mariana Ercilia Guangiroli, Verónica María Cabilla, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky, todos desaparecidos excepto Tolchinsky.
Mientras la justicia exigía al alcalde Mauricio Macri que reglamentase la ley de asistencia a testigos, querellantes y víctimas del terrorismo de Estado, votada en 2009 pero de aplicación imposible por la falta de promulgación —algo que los organismos de derechos humanos llamaron “veto encubierto”—, el gobierno porteño recibía nuevas quejas de los vecinos que sufrirían expropiaciones para construir la Línea H de subterráneos que uniría Recoleta con Pompeya.
Los propietarios de comercios sobre la avenida Sáenz estimaban que el precio que la ciudad les ofrecía era el 30% de lo que realmente valían sus inmuebles. “Deben haber hecho las tasaciones desde la vereda, porque nunca vino nadie, ni nos explicaron nada”, dijo uno de ellos.
El club marplatense Peñarol ganó 75 a 56 a Obras Sanitarias el encuentro final de la temporada 2011-2012 de la Liga Nacional de Básquetbol y fue campeón por tercera vez consecutiva. Lo sería también en el ciclo siguiente, pero en ese momento las declaraciones del capitán Leonardo Gutiérrez sonaban a efecto de la emoción por el triunfo: “Este equipo no se va a quedar con lo que tiene. Quédense tranquilos. Nosotros, por más que salgamos campeones todos los años, al siguiente vamos a luchar por ganar otra vez la Liga”.
El cordobés, hoy retirado y convertido en entrenador, era por entonces el jugador con más triunfos: “Hicimos historia, disfrutemos lo que conseguimos”, agregó. “Pero vamos a ir por más”.
Mientras la crisis del euro impactaba en los Estados Unidos, donde bajaba el índice de la actividad industrial y el presidente Barack Obama reconocía que “la economía enfrenta serias dificultades”, Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, que había sucedido a Grecia en las noticias principales sobre la catástrofe financiera, le pedía a la selección de fútbol de su país, que jugaba la Eurocopa: “Los españoles necesitamos una alegría en estos tiempos tan complejos y tan difíciles como los que estamos viviendo”.
En Roland Garros Juan Martín del Potro le ganaba a Marin Cilic y pasaba a los octavos de final, mientras que Novak Djokovic sufrió para imponerse sobre Andreas Seppi: “Tuve mucha suerte –contó–. Definitivamente, él jugo mejor que yo los dos primeros sets”, reconoció. Roger Federer recibió una reverencia de David Goffin luego de otro partido muy reñido, en el que empezó perdiendo pero terminó por triunfar. La sorpresa del día fue que Victoria Azarenka, número 1 del ranking mundial, quedó fuera del torneo.
Otros barrios de París también generaban sus noticias. Cerca de los jardines de los Elíseos, en la casa de subastas Artcurial, un dibujo de Hergé se vendía a €1.338.509 (USD 1.663.570): la portada original de Tintín en América, una de las cinco portadas originales que quedaban de la famosa historieta. Y en hotel Shangri-La, cerca de la torre Eiffel, la princesa Maha al-Sudairi, ex esposa del entonces príncipe heredero y ministro del Interior de Arabia Saudita, Nayef Ben Abdel Aziz, se retiraba con sus cinco docenas de asistentes de la séptima planta, donde había vivido desde el 23 de diciembre, dejando pendiente de pago €6 millones de euros. Como no era la primera vez que la princesa hacía algo así, intervino la policía.
PUBLICADO EN INFOBAE.
Imagen: INFOBAE.
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