Todos los gobiernos tienen momentos que quedan en la memoria colectiva como ejemplo de lo que se está viviendo, y de la suerte real de las políticas que se aplican. El macrismo no es la excepción. El fallido 28/D quedará en la historia. Probablemente también el 13-14/F de este año, donde Mauricio Macri anunció que la inflación estaba en baja y un día después se conoció el dato del aumento de 2,9% del IPC de enero. Quizá también el 20 de febrero quede en la memoria. Ese día Coca-Cola Femsa se presentó en Procedimiento Preventivo de Crisis Empresaria (PPCE) ante la Secretaría de Trabajo, aduciendo estar “atravesando una etapa compleja debido a la desaceleración del consumo, lo que la ha colocado en la necesidad de readecuar su estructura de trabajo”. Se aclaró luego que se trata del mayor embotellador de la empresa, pero no la sede de la Argentina. Esto es, una asociado directo pero no la central de decisiones. Se dijo además que el problema se concentra en la planta de Nueva Pompeya, y que el resto de las embotelladoras del país están en situación de normalidad. Todo puede ser cierto. Y que en realidad sólo se trata de una empresa en problemas (otra más), fruto de una recesión feroz (de las tantas en realidad que vivió este país) y que, en definitiva, sobrevivirá y se adaptará a las nuevas circunstancias. Al menos esta es la versión en la que ayer coincidían algunos voceros del Gobierno y de la propia empresa. Y que lo mejor es dejar que las partes hoy se encuentren en la Secretaría de Trabajo y comiencen a negociar un acuerdo para que la planta siga funcionando.
En realidad la situación es más compleja. Y, en muchos casos (incluyendo este), la realidad se basa, también, en sensaciones. Y estas se forman con imágenes y mensajes, además de un medio desde donde se transmiten. Y un político de raza, un estadista, sabe que no puede dejar de lado este factor comunicacional. El Gobierno lo hizo y dejó que el caso Coca-Cola Femsa creciera y se transformara en lo que se convirtió para la sociedad. La imagen es irreparable. Ese miércoles 20 de febrero, la multinacional Coca-Cola anunció que tiene problemas de continuidad, fruto de la crisis generada por la recesión que el país vive desde el estallido de la crisis financiera que en un mes y medio cumplirá un año. Y que aún no tiene visos reales de superarse, más allá de las expectativas optimistas verbales de los funcionarios del oficialismo, incluyendo al Presidente. El Gobierno ya llegará tarde. Para la sociedad, la crisis es tan grave que rompió el pie de apoyo en el país de una de las diez marcas más valiosas del mundo (según la revista Forbes). O, dicho de una manera brutal que circulaba ayer en las redes sociales, el Gobierno “chocó hasta la Coca-Cola”. Una manera de decir: peor no hay.
El mojón que quedará en la memoria es inevitable. Como en el resto del mundo, Coca-Cola es quizá la empresa que más está presente en la vida de todos los días de los argentinos a través de la presencia de las bebidas cola, los jugos o las aguas minerales. O puede ser el fenomenal bombardeo publicitario que exige sostener esas marcas. Pero de una manera u otra sólo caminando por las calles cualquier ciudadano se topará en algún momento con un producto fabricado (y embotellado) por la multinacional. E inevitablemente la memoria colectiva traducirá el mensaje con el concepto que se trata de una empresa en crisis en el país, al punto de pedir ayuda del Estado para poder continuar.
Las explicaciones de Coca-Cola son razonables. Se habla de la caída en el consumo, especialmente en enero. Según el INDEC, el rubro mostró una caída del 18,5% en un año comparando diciembre de 2018 contra el mismo mes de 2017. También según el INDEC, el precio de las gaseosas aumentó en enero 6,2%, por encima del 2,9% general y del 3,4% general del sector de alimentos y bebidas. En la empresa se menciona que el llamado a un PPCE se debe dar por la necesidad de reducir personal en la planta de Nueva Pompeya, algo que es normal en un país en tiempos de crisis, pero que por la rigidez de las leyes laborales argentinas obliga a llamar a procedimientos especiales para que pueda ponerse en práctica. Al saber las novedades, los sindicatos están ya en alerta. Especialmente el poderoso gremio de los camioneros de Hugo Moyano, dueño y señor que las bebidas lleguen (o no) a los usuarios, y que ya saborea la crisis de Coca-Cola como un evento único para volver a embestir contra el Gobierno y su política económica. Y rechazar, desde ya, cualquier tipo de plan de ajuste que proponga la empresa. La multinacional plantea también otros motivos que llevan a su peligro de continuidad, comenzando una desgracia nacional: la presión impositiva que, a esta altura, se está convirtiendo en un factor de muerte del sector productivo argentino. La Copal (la cámara donde está afiliada Coca-Cola) recordaba ayer que los impuestos representan el 50% del valor final de una una gaseosa, sumando los tributos nacionales, provinciales y municipales. Y que el costo del transporte supera el 33%, el más alto de América Latina. Culpa también la empresa el alza de los costos fruto del aumento de las tarifas de electricidad y de los impuestos locales.
El público mencionaba ayer que en realidad la crisis por la que pasa Coca-Cola es merecida, ante la suba indiscriminada de los precios de las bebidas. Se mostraban ayer fotos en las redes sociales, donde se comparaban precios de las gaseosas de la compañía de hace un año y ahora, con alzas siderales en los costos y valores que hace poco superaron la barrera psicológica de los 100 pesos. Los analistas del mercado de bebidas inundaron ayer los medios explicando además que hay una tendencia mundial a consumir menos gaseosas, a cambio de bebidas más sanas; sin saber quizá que Coca-Cola fabrica de ambos rubros. Otros expertos hablaron del traslado hacia segundas y terceras marcas, muchas de ellas nacionales. Los datos reales niegan ese fenómeno. Si bien se afirma que hay una mayor participación de los embotelladores más chicos, el porcentaje de caída en la participación de Coca-Cola es menor. Casi marginal. Esto no justificaría el momento crítico ya que, de hecho, este problema es a nivel mundial y no parece Coca-Cola tener mayores problemas de continuidad en otro lugar del mundo fuera de la Argentina.
Queda saber la opinión y la interpretación de la crisis del actor más importante: el Gobierno nacional, que esta mañana deberá organizar en la Secretaría de Trabajo la reunión donde comenzará a evaluarse si corresponde o no otorgar a Coca-Cola el PPCE, y aceptar la reestructuración de personal en la planta de Femsa. La actitud oficial de ayer fue la de negar la existencia de un problema y eludir cualquier referencia. Sin saber que desde ayer, la crisis de la Coca Cola se convirtió en un mojón negativo más para el gobierno. Y que el 20 de febrero se recordará como el día en que Coca Cola, una de las empresas más grandes e icónicas del mundo, que sobrevivió en el mundo a la Segunda Guerra Mundial, al comunismo, a catástrofes naturales y a dictaduras de todo pelaje , entró en crisis en la Argentina por las políticas económicas del macrismo.
Publicado por "Ámbito Financiero", viernes 22 de febrero de 2019.
