A raíz de la media sanción que obtuvo el proyecto de ley que
prohíbe las carreras de perros galgos en Santa Fe, resulta saludable
reflexionar sobre los fundamentos que se enumeran al respecto.
Dos son las cuestiones centrales que aborda la normativa en
cuestión: por un lado, la existencia de apuestas ilegales asociadas y, por el
otro, el maltrato animal que conllevarían las referidas carreras. No parece
razonable prohibir una actividad por los eventuales delitos que pudieran
cometer algunos inescrupulosos. En este sentido, la actitud impuesta por el
proyecto de ley equivaldría a prohibir los partidos de fútbol por la eventual
presencia de barrabravas o drogas en las tribunas o ante la posibilidad de que
la actividad diera lugar a robos u otros crímenes. Es una obligación del Estado
regular una actividad como la mencionada y evitar los abusos, tanto como
garantizar la libertad de reunión y la posibilidad de ejercer una tarea lícita,
máxime cuando ésta forma parte del acervo tradicional de una comunidad. Habría
que imitar la regulación que rige para las denominadas carreras de galgos con
liebre mecánica diseñada por la Asociación Galguera Platense en el contesto de
la ley bonaerense 12.449.
Las carreras de galgos, así como las cuadreras, de sortija o
las jineteadas, son en sí mismas ciertamente inocuas y no implican maltrato
alguno a los animales. Sus cuidadores son personas dedicadas que los atienden
con esmero, pues los consideran valiosos. Lógicamente, para mejorar su
desempeño, los canes deben también estar correctamente alimentados y
entrenados.
El argumento en el sentido de que favorecen las apuestas
ilegales no parece tampoco justificar la prohibición de la actividad pues, como
en tantos otros ámbitos, éstas deben controlarse para sancionar a quienes
incurren en lo que se tipifique como un delito punible. No deja de ser
sumamente sospechoso y contradictorio que sea ése el argumento utilizado para
su prohibición cuando, por otro lado, son el propio Estado y los grupos de
amigos del poder político involucrados quienes más escandalosamente fomentan el
desarrollo de juegos de azar en nuestro territorio.
Desde estas columnas siempre hemos defendido la protección y
la conservación de todas las especies animales, promovido el respeto a
cualquier manifestación de la vida y reprobado los juegos de azar que conducen
a ludopatías. El proyecto de ley que aquí cuestionamos pareciera perseguir un
sano objetivo pero, al fijar la prohibición de las carreras de galgos, omite
considerar que la solución pasa por una adecuada regulación que permita
garantizar condiciones de sanidad para los animales y el debido castigo para
quienes pretenden obtener un lucro ilegal. Prohibir en lugar de establecer el
marco jurídico para el mejor desarrollo de una actividad es una tarea de la que
el Estado no puede desligarse optando por la vía del cercenamiento de derechos
civiles.
Foto: internet.
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