Alejandro Betts, peticionante argentino ante la ONU nacido en Puerto Argentino, Provincia de Tierra del Fuego AIAS, expresó su opinión ante la decisión del Gobierno Nacional de intentar dar pasos de aproximación con Londres en búsqueda de vías de soluciones a la disputa con Gran Bretaña por la soberanía sobre el archipiélago Malvinero y sus espacios marítimos jurisdiccionales. “Mantener el status quo en la cuestión Malvinas significa consolidar la presencia ilegítima británica en las islas”.
Ante el interés que ha despertado la decisión del Gobierno Nacional de intentar dar pasos de aproximación con Londres en búsqueda de vías de soluciones a la disputa con Gran Bretaña por la soberanía sobre el archipiélago Malvinero y sus espacios marítimos jurisdiccionales, en posesión de facto de esa potencia administradora desde el atropello cometida por parte de ella el 3 de enero de 1833.
Esa decisión de intentar una vez más a entablar “conversaciones constructivas” para con la contraparte de este centenaria disputa bilateral trascendió a través de los medios de comunicación y luego confirmada por la Canciller quien divulgó que dicho intercambio viene realizándose desde el pasado mes de mayo. Sumado a ello los anuncios que realizó junto al ministro británico Duncan y que deberá explicar ante el Congreso de la Nación.
Si bien, uno no debe oponerse a toda iniciativa que tenga el objetivo de zanjar definitivamente el diferendo de la ilegítima colonización británica de las Malvinas, éste no es un tema nuevo y la variada suerte que ha corrido los infructuosos intentos anteriores con el mismo fin, y que deben servirnos de guía para no caer en las mismas trampas tendidas por el gobierno inglés en las anteriores oportunidades. Es decir:
a) en 1968 la propuesta consensuada entre ambas partes se frustró en el último tramo debido a su filtración a los medios de comunicación masivos británicos con el único fin de proteger los intereses económicos monopólicos en las islas de la empresa “Falkland Islands Company (FIC)”;
b) el “non paper” (una propuesta no oficial) británica de 1974 de soberanía conjunta; dos banderas, idioma oficial bilingüe, gobernador designado alternativamente por Buenos Aires y Londres, entre otras cosas, fue encajonada por Londres luego del fallecimiento de Gral. Perón y la desconfianza del gobierno británico de que su viuda, Isabel Martínez de Perón, pudiera acumular suficiente poder política para continuar impulsándolo a su ejecución;
c) el tercer intento de encausar una solución mediante el retroarriendo fue promovido por el Canciller inglés, Nicolás Ridley, en los años 1980/81 y colisionó contra la exaltada oposición de camarilla activista de la FIC, los Consejos Legislativo y Ejecutivo de Malvinas, apoyados por el mismo Gobernador en ejercicio, Richard Masterson Hunt;
d) por último, tenemos la experiencia negativa que arrojó las relaciones diplomáticas “de seducción”, iniciadas en 1989 y que perduraron hasta 2003aproximadamente. A ellas las repasemos a continuación:
En 1989 se reanudaron las relaciones diplomáticas con el gobierno británico a cambio de encapsular la divergencia territorial bilateral bajo un “paraguas” de soberanía como reaseguro del reclamo para las partes. Fue entonces que Londres aceleró su política de los hechos consumados en todo cuanto a pesca, petróleo y “protección del medio ambiente”; este último como justificativo de ampliar su “jurisdicción marítima” circundante a las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur. Todo ello, facilitado con la firma de un conjunto de acuerdos bilaterales relacionados a estos temas. Sin lugar a dudas, el balance bilateral de la política (unilateral) encarada durante esta época (1989-2003) fue absolutamente favorable al Reino Unido.
Mantener el status quo en la cuestión Malvinas significa eso precisamente: Hace al beneplácito de la consolidación de la presencia ilegítima británica en la colonia de Su Majestad, enquistado en el territorio nacional fueguino de nuestras Islas Malvinas. En prueba de ello está el hecho de que durante este período Londres ejercía jurisdicción “de facto” con exclusividad, impidiendo a empresas pesqueras de nuestra bandera participar en las capturas de las especies ictícolas en los mares argentinos circundantes a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, e imposibilitó que la empresa petrolera nacional, YPF, participe en las licitaciones de la exploración de áreas hidrocarburíferos en 1995 y todos los posteriores, como así también, efectuar patrullajes aéreos u navales de dichos espacios marítimos.
Otro aspecto negativo de ese proceso para la posición nacional, fue la condición netamente reclamante a lo que quedó reducida nuestra reivindicaciónde la recuperación efectiva de la soberanía sobre el territorio. Peor aún, hasta había interpretaciones de una aprobación tácita por parte de Buenos Aires de las medidas unilaterales introducidas por el Reino Unido que impidieron progresos constructivos en la cuestión de fondo: la soberanía. Indudablemente, los Acuerdos de Madrid 1989 y 1990 fueron extremadamente preponderantes para la ejecución plena de la incontestada política unilateral británica durante estos 14 años del diferendo en que nuestro país concedió enormes beneficios el Reino Unido y los habitantes británicos de las islas en cuanto a recursos dentro de la jurisdicción marítima del Mar Argentino circundante al archipiélago, como así también, la emisión unilateral de licencias pesqueras a 25 años y el inicio de la emisión de permisos a empresas petroleras extranjeras para efectuar tareas de exploración de las cuencas sedimentarias de hidrocarburos por parte de la autoridad colonial. Como contrapartida de los Acuerdos,el gobierno nacional fue relegado a la condición de un mero espectador a todo lo que sucedía en la zona de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
A pesar del fracaso de cada uno de las tentativas por parte del gobierno nacional de obrar en buena fe para resolver definitivamente la controversia de la soberanía, su perseverancia es muy meritoria en consideración de premeditada mala fe con que ha obrada la contraparte: el Reino Unido y desde varias décadas ya, por parte de los habitantes británicos del territorio malvinero.
¿De qué sirve repasar lo anterior? Pone en evidencia que hemos tenido una experiencia retrógrada en relación de una política de estado que quita prioridad de la cuestión de la soberaníaen las “conversaciones” bilaterales anglo-argentinas, para dar lugar a “otros temas principales”. En negociaciones que se rigen por el pacto 20/80, el resultado que se produce en el 80% depende exclusivamente a la importancia y empeño que se dedica al segmento del 20%. Cuando menor énfasis se pone al porcentaje menor, menos resultados se dan en el segmento mayor. Además, no se debe perder de vista de que lo que pide las Naciones Unidas a partir de la resolución 2065 de 1965, no es de dar comienzo ni a negociaciones ni a “conversaciones”, sino lisa y llanamente abrir el proceso de descolonización de Malvinas en cumplimiento de las normas del derecho internacional. Es decir, lo único que tiene que hacer Londres en la cuestión Malvinas es planificar e iniciar el proceso de una retirada ordenada del territorio argentino malvinero, a los efectos de que nuestro país recupere efectivamente su legítima soberanía sobre el mismo, reparándose de esta manera su integridad territorial nacional restableciendo los límites jurisdiccionales declarados por el Virreinato del Río de la Plata en 1776, y conservados con el nacimiento de las Provincias Unidas de Sud América (luego del Río de la Plata) aquella lejana 25 de mayo de 1810.
Con la última novedad de “asociarnos” con la potencia ocupante con el único fin de explotar los recursos petrolíferos de la plataforma continental alrededor de Malvinas, temo que estamos yendo para una situación igual o peor a lo que se dio entre 1989/2003, dando visos de legalidad a la sujeción colonial extranjera en las Islas, dando las espaldas al apoyo del bloque regional y la multilateralidad que han adherido a la causa Malvinas, en favor de los intereses argentinos.
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