La propiedad privada y el fomento de la prosperidad económica.

 

Por Ricardo E. Calvo MD Ph.D.

En los últimos años, algunos filósofos y economistas han comenzado a prestar más atención a la importancia vital que juega la propiedad privada como factor para alcanzar la prosperidad material y pieza imprescindible en el desarrollo de las instituciones jurídicas y sociales a fin lograr un Estado de Derecho encaminado a establecer una sociedad libre.

Se menciona frecuentemente en los debates, y se establece en las constituciones de distintos países, que la propiedad privada será protegida si cumple con una “función social”, función que invariablemente permanece sin ser definida con claridad y que en muchas ocasiones se convierte, a través de una metamorfosis paulatina y casi imperceptible, en una que tiene como fin promover la "justicia social" -- término por lo general también ambiguo, pero con implicancias mucho más transcendentales.

Si los bienes se poseyeran en común, entonces la mayor parte de nosotros, por no decir todos, rechazaríamos los trabajos menos placenteros y aquellos que menos contribuyen a su propia manutención podrían obtener beneficios a expensas de sus congéneres, siendo este un factor generador de potenciales discordias. La propiedad privada favorece un orden social justo.

Al existir propiedad privada, cada cual se limitará a las tareas y faenas que es capaz de realizar, evitando las fuertes disputas que inevitablemente surgen con la posesión comunitaria de bienes. La propiedad privada es útil para conservar la paz y la armonía. Sin dudas, los bienes procurados de una manera privada resultan más fructíferos ya que lo propio se cuida más que lo común. La propiedad privada contribuye a obtener un mayor rendimiento de los bienes existentes.

Estas ventajas que provee el reconocimiento de la propiedad privada fueron plasmadas históricamente por el gobernador Bradford en su libro “On the Plymouth Plantation” que recoge la gran transformación social y económica que sufrieron los colonizadores de las tierras de norteamericana cuando arribaron a bordo del navío “Mayflower”. El pacto original para colonizar estaba basado en la comunidad de tierras lo que como resultado generó escaso desarrollo material. El gobernador Bradford dispuso luego que cada colono sería dueño de sus propias fincas y al cabo de dos años estos celebraron la super abundancia de productos agrícolas y el festejo de tal transformación ha perdurado en Norteamérica como el “Dia de Dar Gracias”.

La posesión de bienes generadores de ingresos disminuye la dependencia de la política y/o de los grupos que intenten imponer sistemas totalitarios. La propiedad privada provee el medio para logra la estabilidad política.

Por lo tanto, podemos decir que sí, en efecto la existencia de la propiedad privada cumple una serie de funciones sociales. En muchas ocasiones y de una manera velada, se le exige a la propiedad privada que cumpla también con la función de proveer “justicia social”.

Tras estas palabras por lo general se esconde la intervención sutil del Estado para compensar a ciertos grupos por supuestas injusticias pasadas o presentes. Como resultado de tales acciones por parte del Estado cada grupo busca el bienestar de sus miembros a través de "negociaciones" con otros similares para repartirse las prebendas estatales.

En esa búsqueda por alcanzar la "justicia social" el Estado se transforma en un botín económico y político de aquellos que de una manera exitosa logran acaparar el poder estatal creando de esa forma un cuerpo de regulaciones bien alejadas del concepto del Estado de Derecho.

De una manera sucinta, el término "justicia social" apela a los sentimientos altruistas de los ciudadanos sin dejar de ser en la practica una manera solapada de conferir a algunos individuos el poder de obligar a los demás a trabajar para ellos o de imponer determinadas acciones.

Por muchos años los gobiernos de los países subdesarrollados proclamaban al mundo que perseguían la prosperidad económica, la democracia y la autodeterminación al tiempo que recibían inmensas cantidades de ayuda extranjera prácticamente como regalo por parte de las naciones desarrolladas, mucho antes que el tema de la globalización estuviese de moda.

Y entonces vale indagar cómo hay países que, habiendo participado en el “reparto” de tales cuantías de recursos para su crecimiento y progreso económico, todavía se encuentran en niveles de pobreza que abarcan a la mayor parte de la población de sus territorios.

O cómo explicar que ciertas ciudades-estado como Hong Kong, sin recursos naturales y con una de las mayores densidades de población del planeta, disfrutan de una prosperidad notable mientras que en Venezuela un 80% de sus habitantes se encuentra prácticamente en la pobreza material aun cuando el país cuenta con inmensas reservas petroleras.

Por años los defensores de tales desigualdades han dado rienda suelta a la imaginación para enumerar y explicar las razones que justifiquen el estado de pobreza en que vive una gran parte de la población mundial.

Tradicionalmente, la lista incluye inculpar a los factores culturales y sus influencias, a años de colonización, a la falta de recursos naturales, al analfabetismo, a los escases de ayuda extranjera, a la explotación por parte de las empresas multinacionales, a los abusos cometidos por los grandes flujos de capitales extranjeros, a los desarrollos económicos vertiginosos, al carácter “fuerte de la moneda nacional” o al crecimiento excesivo de la población, etc.

Estas y otras excusas se encuentran ya bastante carcomidas por la constante reiteración de las mismas y considerablemente desprestigiadas por las realidades históricas. Estas realidades son evidentes en los países donde se respeta la existencia de la iniciativa individual sin intromisión de la autoridad estatal.

Las encuestas y estudios llevados a cabo por diferentes organizaciones económicas en los últimos años han demostrado que aquellos países donde se garantiza y se protege la propiedad individual han alcanzado niveles de bienestar y desarrollo material que los coloca a la cabeza del mundo y los convierte en blanco fácil de críticas por parte de las fuerzas socialistas.

Pero todo fenómeno físico o social tiene sus causas. ¿Por qué tiene importancia la propiedad privada en el desarrollo de las libertades económicas?

Todo el que haya visitado cualquiera de los países de América Latina, África o Asia nota la existencia del llamado “mercado negro”, al que también se le conoce de una manera más elegante como “economía informal o marginal” la que se manifiesta a través de la compraventa ambulante de divisas, de miles de vendedores y establecimientos comerciales que funcionan en residencies privadas y/o en carretillas que recorren los parques y calles de las principales ciudades.

Cuando se habla de esto se le reconoce como un problema, pero se simplifica al considerarlo como algo secundario a una amalgama de fuerzas mas allá de lo comprensible. ¿Pero cuál es su origen? ¿Pueden realmente competir estos “ilegales” con las empresas y tiendas que “operan dentro de la ley”?

El origen de la informalidad se encuentra en la ineficiencia de la ley y sus costos en términos del tiempo y la información que se necesita para cumplir con ella. Los ciudadanos económicamente marginados, dados sus pocos ingresos, no pueden trabajar de otra forma, no pueden cumplir la ley, no pueden pagar los impuestos y no pueden residir en una urbanización formalmente construida con acceso a servicios eléctricos y telefónicos porque los tramites de hacerlo son imposibles de solventar ya que la propiedad privada ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio.

Allí radica precisamente el origen no solo de la economía informal sino de la corrupción gubernamental y del hecho de propiciar, en muchos casos, trabajos sin contratos legales y la dedicación a cultivos agrícolas sencillos con miras a lograr una rápida producción y elaboración de estupefacientes.

El régimen que en realidad impera en estas economías bajo el disfraz de “economía social de mercado” es uno en el cual el Estado actuando como ente reglamentario y burocratizado antepone la “redistribución” a la producción de riqueza, concediendo privilegios y monopolios a pequeñas elites que mantienen una relación simbiótica con el gobierno de turno mientras las mayorías disfrutan de las migajas de la legalidad.

En el “Tercer Mundo” muchos “tienen casa” pero carecen de sus títulos de propiedad, “cultivan las tierras” pero estas no les pertenecen y los “pequeños negocios” no son legales.

En estas sociedades el éxito no depende ni de la inventiva ni del esfuerzo individual. En vez de fomentar la producción de nuevas riquezas el sistema obstaculiza todo intento encaminado a tal fin y se orienta hacia la redistribución de los bienes – generando una monumental burocracia estatal que establece regulaciones y encarece los costos de legalizar la propiedad individual maniatando a la economía con una camisa de fuerza.

Cuando un país del Tercer Mundo recupera o establece la “democracia” esto significa que se constituyeron partidos y se celebraron elecciones y que la vida política transcurre sin contratiempos. Pero detrás de esta fachada ilusoria las verdaderas practicas democráticas brillan por su ausencia y lo que impera es un sistema discriminatorio y elitista que fomenta un “apartheid” económico.

En ellas el acceso a la empresa privada legal es difícil o imposible para las clases de recursos limitados, las normativas legales son incomprensibles, las burocracias públicas son gigantescas y las intervenciones estatales permean en todas las actividades de carácter económico.

Si le conferimos a la propiedad privada una serie de atributos entonces debemos plantearnos el interrogante de cómo se llega a poseer un inmueble o establecer un negocio en los diferentes países. ¿Qué esfuerzos hay que realizar para fundar una empresa o adquirir propiedades? En casi toda América Latina una persona que desee establecer su negocio y/o hacerse dueño de una parcela necesita dedicar varias semanas sino meses a negociar los permisos y licencias en una multitud de oficinas gubernamentales además de efectuar pagos “por debajo de la mesa” a una infinidad de funcionarios públicos a efectos de “aligerar” las tramitaciones “legales”.

Estos datos indican que, para un empresario, la legalización de la propiedad privada es difícil, lenta y costosa en la mayor parte de los países. Las naciones con buen desarrollo económico imponen pocos obstáculos para garantizar la propiedad privada mientras que los más empobrecidos fuerzan a los que desean ser dueños de sus inmuebles o empresas a costos y gestiones que se encuentran más allá de sus posibilidades -- tópico poco señalado cuando se reúnen las altas esferas estatales en convenciones internacionales para discutir y acordar ideas sobre “beneficios a más los pobres”.

Algunos economistas sostienen que las economías traen aparejados “fallas” de mercado y que es entonces obligación del Estado proteger al público a través de regulaciones de forma tal que los empresarios sean proveedores de “buenos productos” para los consumidores.

Sin embargo, otras conclusiones del estudio ya mencionado señalan que las regulaciones estatales no dan lugar ni a mejores productos ni a un mejor medioambiente ni permiten tampoco optimizar las condiciones de salud e higiene. Al contrario, los resultados apoyan la opinión de que las reglamentaciones gubernamentales conllevan altos niveles de corrupción y de informalidad económica siendo los verdaderos beneficiados los políticos que imponen esos obstáculos con el propósito siempre de “ayudar al pueblo”.

En estos países el sistema de libre empresa no ha fracasado ya que nunca ha existido. Los que han fracasado son aquellos que nunca han reconocido a la propiedad privada como la verdadera base de las libertades políticas y del desarrollo económico. Para anunciar que se intenta la socialización de la propiedad sólo hay un numero finito de formas, combinaciones y permutaciones en el vocabulario político, pero las intenciones son siempre las mismas: mantener la presencia permanente del Estado como menoscabo a la propiedad individual.

La posesión libre de los bienes económicos y el respeto por los mismos es esencial para el progreso material de una sociedad.

Uno de los grandes mitos inculcados a los pueblos es que las “economías modernas” son “complejas” y deben ser manejadas y administradas por una autoridad u organismo estatal. Esta doctrina ha penetrado las esferas políticas de muchos países “socialdemócratas”, pero esta creencia se transforma sutilmente de la noche a la mañana en la base de los sistemas totalitarios que llevan a la miseria y ejercen el control político, resultando ser cada vez más socialistas y menos democráticos.

Planificación estatal, propiedad estatal parcial o total de los medios de producción, extensas organizaciones burocráticas y gastos excesivos de los tesoros nacionales son características de las estructuras socialistas no importa el adjetivo que los acompañe– nacionalista, democrático, cristiano, científico, etc.

La injerencia sobre la propiedad privada es el primer eslabón en la cadena que los socialistas moderados o extremistas insertan para que sirva como ancla a fin de mantener a las sociedades bajo el peso estatal – eliminando así el surgimiento del Estado de Derecho, mientras garantizan al mismo tiempo la existencia de las clases gobernantes elitistas.

No es función del Estado mantener al pueblo a su servicio, sino que el pueblo considere y demande que el Estado este a su disposición para servir de arbitro ante las desavenencias y garantizar la seguridad física de cada ciudadano y de la nación.

No nos dejemos llevar por frases, lemas y consignas que endulzan las mentes. No actuemos primero y pensemos después.

Insistamos en que cada ciudadano tenga la prerrogativa de mantener su individualidad, de asegurar por sí mismo la existencia de su vida, de expresar su comportamiento moral como manifestación de sus virtudes y de disfrutar de sus libertades individuales plasmadas y defendidas por el Estado de Derecho.

Si nos comprometemos a lograr tales fines entonces tenemos que recalcar más que nunca que como parte fundamental y primordial de la transformación futura de América Latina es necesario el resurgimiento y el fortalecimiento de esa institución imprescindible: la propiedad privada.

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