Yrigoyen, un prócer radical, fue presidente de 1916 a 1922 y de 1928 a 1930. Apenas murió, el 3 de julio de 1933, su hija Sara reclamó cobrar una pensión derivada de los haberes previsionales de su padre.

La jubilación de Yrigoyen, una historia de 33 años de burocracia.

Yrigoyen fue derrocado en 1930 por el primer golpe de Estado. En su interminable expediente jubilatorio intervinieron jueces, abogados, gestores y hasta dos presidentes de facto: Justo y Onganía.

La jubilación de Hipólito Yrigoyen, dos veces presidente de los argentinos y derrocado en 1930 por el primer golpe de Estado, vivió en un laberinto burocrático durante 33 años, suficientes para que el expediente se convirtiera en un ladrillo de dos kilos de papel, hoy amarillo y ajado.

Fruto de normas contradictorias, juicios al Estado, intervenciones presidenciales y jugadas políticas, el trámite se extendió entre la presentación del certificado de fallecimiento, en 1934, y un decreto del general Juan Carlos Onganía que clausuró la historia en 1967, según surge de una investigación de Clarín.

Yrigoyen, un prócer radical, fue presidente de 1916 a 1922 y de 1928 a 1930. Apenas murió, el 3 de julio de 1933, su hija Sara reclamó cobrar una pensión derivada de los haberes previsionales de su padre. No iba a ser tan sencillo.

Una resolución de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles de mayo de 1935 sopló las brasas: "El causante (Yrigoyen) no tenía al morir derecho a jubilación ordinaria. No se acogió a la ley 4.349 y, por tanto, no corresponde a la señorita Sara solicitar la pensión".

La Caja cumplía el rol que hoy tiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Su Junta de Administración, por dos votos contra uno, resolvió quitar del legajo laboral de Yrigoyen los períodos en que trabajó como presidente: 7 años, 10 meses y 15 días. Cobraba 7.500 pesos de la época.

Con esa quita, no llegaba a completar los requisitos para obtener el beneficio, ya que necesitaba 30 años de aportes y sólo tenía justificados 24 años, 4 meses y 23 días como diputado nacional y docente de la Escuela Normal de Maestras de la Provincia de Buenos Aires, donde dio Historia Argentina e Instrucción Cívica. El beneficio fue denegado.

El argumento de los funcionarios del período conocido como la "Década Infame" fue que Yrigoyen donó su sueldo a la Sociedad de Beneficencia, sin derivar a la Caja el porcentaje correspondiente, o sea sin acumular años de aporte.

Uno de los documentos más antiguos del expediente data de setiembre de 1934 y da cuenta de cómo actuaban los agentes estatales con respecto a la sucesión de Yrigoyen. Dice: "El nombrado percibía sus haberes de primer mandatario sin sufrir descuentos exigidos para el fondo de jubilaciones y pensiones y firmando los recibos correspondientes, no existiendo constancia sobre la donación de sus emolumentos".

Las hijas —"hijuelas" según menciona un boletín oficial de la época— denunciaron intencionalidad política y acudieron a la Justicia para reparar la situación. Ellas insistían en que debían contabilizársele a su padre 32 años, 3 meses y 18 días de aportes. Y hablaban sólo de la actividad de su padre como docente, diputado nacional y jefe de Estado, sin contar los períodos en que Yrigoyen fue comisario de Balvanera, legislador provincial y administrador general de patentes y sellos a finales del siglo XIX, cuando no estaba montado el sistema previsional.

Yrigoyen llegó a actuar también como miembro del consejo escolar de la parroquia de Balvanera, donde desarrolló el tránsito de comisario a educador de la mano de Domingo Faustino Sarmiento.

Hay registros en los que vuelve a aparecer su inclinación por donar dietas y salarios a entidades de bien público, como el Hospital de Niños y el Asilo de Niños Desvalidos. Pero el expediente de la jubilación abunda en sobresaltos. El revuelo fue tal que el presidente de facto Agustín P. Justo decidió intervenir en forma personal y, en cuatro carillas con membrete del Ministerio de Hacienda, decretó que correspondía reconocer a Yrigoyen el tiempo que trabajó en la Casa Rosada.

Como argumento central se tomó el voto en minoría que había dado en su momento el funcionario de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles en favor de otorgar la pensión, donde decía que Yrigoyen "falleció después de haber prestado sobradamente los servicios públicos necesarios para que sus herederos soliciten la pensión".

El decreto conciliador fue sancionado el 29 de febrero de 1936. Debajo de la firma de Justo aparece la de Roberto Mario Ortiz, su sucesor entre 1938 y 1942.

El beneficio empezó a pagarse, pero con descuentos de todo tipo, siempre con la polémica legal como telón de fondo. La familia Yrigoyen le hizo juicio al Estado para lograr la devolución inmediata del dinero retenido: "Su mora es evidente y temeraria. El descuento importaría un enriquecimiento ilegítimo" por parte de la caja previsional, advertía la presentación.

En las entrañas del expediente no hay huellas de Juan Domingo Perón, que en 1943 se desempeñó como secretario de Trabajo y Previsión.

Pero durante el primer peronismo la jubilación de Yrigoyen tampoco descansó en paz: fue víctima de 21 embargos judiciales por alquileres impagos y deudas contraídas por Sara, la hija de "El Peludo".

Las notificaciones de juzgados comerciales, federales y de paz tienen tapas de cartulina celeste con los nombres de los demandantes, entre ellos la tienda Gath y Chaves, la Droguería Beretervide, Muebles Díaz, Compañía Unión Molinari, Electrolux Sociedad Anónima y Grandes y Costas, entre otros.

Apenas llegada la "Revolución Libertadora", la familia Yrigoyen volvió a mover el expediente para pedir el levantamiento de los embargos. El ladrillo de papel —cosido a mano, como las causas judiciales— llegó al escritorio de Onganía, quien decidió encarar una solución final. Luego de discutirlo con sus asesores en materia previsional, optó por concederle a Sara Yrigoyen una "pensión vitalicia e inembargable" de 75 mil pesos moneda nacional, por su condición de "Hija de". El decreto 8.885, del 27 de noviembre de 1967, llevó a Sara a renunciar expresamente a la pensión derivada de su padre. Y así terminó la historia, apretada en dos kilos de papel.

Publicado en Diario "Clarín", 3/11/2002.