A pesar de su defensa del IOMA, Kicillof y la mayoría de su gabinete optaron por contratar OSDE.
El IOMA de Axel Kicillof arremetió duramente contra la agremiación que nuclear a los médicos platenses. A partir de ahora, ya no existirán las negociaciones colectivas con los profesionales de la salud y miles de afiliados dejarán de ser atendidos a través de la obra social.
La decisión de Axel Kicillof, llevada a la práctica por Homero Giles, el titular del organismo formado en Cuba, es realmente increíble: en plena pandemia mundial, decidieron cortar los vínculos con la Agremiación Médica Platense (AMP). De este modo, el gobierno bonaerense eliminó la intermediación gremial que nuclea a los profesionales de la salud y, a partir de ahora, estos ya no podrán realizar reclamos colectivos de ningún tipo. Además, se calcula que unos 300 mil afiliados de la región capital verán afectada su cobertura.
La decisión es doblemente polémica toda vez que, aunque la gestión provincial defiende públicamente el paupérrimo servicio del IOMA, privadamente prefieren contratar coberturas prepagas sin hacer uso de la mutual del estado.
En ese sentido, es el propio gobernador Axel Kicillof uno de los que ni siquiera se ocupó de inscribirse en la obra social: tanto él como su familia cuentan con una cobertura privada.
Según los datos a los que tuvo acceso REALPOLITIK, Kicillof está abonado a la Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas (OSDE). El hecho suena aún más insólito si se recuerdan las declaraciones del ex ministro de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno, quien lo criticó diciendo: “Un ministro de Economía que no pasó por el sector privado no puede estar en el público. Nunca fue gerente de ninguna empresa. Lo máximo que tuvo fue un café, que en 2001 lo tuvo que cerrar porque quebró. Me lo dijo él a mí y después nunca más trabajó (en el sector privado)”.
El listado de funcionarios que ni siquiera optó por hacer el trámite ante el IOMA no se agota allí. La vicegobernadora, Verónica Magario; el ministro de Desarrollo Social, Andrés Larroque; la directora General de Cultura y Educación, María Agustina Vila; el asesor General de Gobierno, Santiago Carlos Pérez Teruel; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone; y la titular del Consejo de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Florencia Saintout; figuran entre la larga lista de funcionarios que decidieron ni siquiera levantar el teléfono o acercarse al mostrador para inscribirse a la obra social que les corresponde como empleados públicos.
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