INVAP, CINCUENTA AÑOS.

 INVAP, CINCUENTA AÑOS.

Al cumplirse cincuenta años de su proceso constitutivo, corresponde celebrar la obra entera de INVAP: la aventura intelectual que le dio origen, la voluntad política que la hizo posible y el arco de realizaciones que, desde aquel primer día hasta hoy, la convirtió en la nave insignia de la ciencia aplicada al desarrollo provincial y nacional.

Celebramos medio siglo de un edificio levantado piedra sobre piedra por generaciones de científicos, ingenieros, técnicos y trabajadores que hicieron de la Patagonia rionegrina, a orillas del Nahuel Huapi, el lugar desde el cual la Argentina le habla al mundo en el lenguaje de la tecnología de vanguardia.

La génesis de esa construcción se sitúa en el Centro Atómico Bariloche y lleva el nombre de Conrado Franco Varotto.

Llegado de Italia a los nueve años, se formó íntegramente en el sistema científico público argentino: primero, en Exactas de la UBA y, después, en el Instituto Balseiro, donde se doctoró en física. Completó su preparación con un posdoctorado en Stanford, en el corazón de lo que hoy llamamos Silicon Valley.

Allí vio la sinergia entre una universidad de élite y las empresas tecnológicas que florecían a su alrededor y maduró la convicción que ordenaría su vida: el conocimiento debía tener impacto social.

A su regreso, en octubre de 1970, impulsó en Bariloche el Programa de Investigación Aplicada y, al año siguiente, ante la pregunta de dos jóvenes colegas -Héctor Otheguy y Ricardo Sagarzazu- sobre qué buscaba, respondió con la frase que se convertiría en el lema fundacional de la empresa: “Muchachos, ¡hay que hacer cosas que sirvan!”.

El Programa se creó formalmente en 1972 y se convirtió en el Departamento de Investigaciones Aplicadas, con el respaldo de Hugo Juan Erramuspe y de Oscar Quihillalt, presidente de la CNEA.

Varotto convocó entonces al grupo que puso los cimientos: Otheguy; Eduardo Santos, quien años más tarde presidiría la CNEA; Pablo Tognetti, su «ladero» en los días inaugurales; Tomás Buch, Horacio Osuna, Juan Carlos Fourcade, Daniel Esparza, Daniel Vassallo, Oscar Bressan, Miguel Audero y Roberto Pascual, entre otros. Todos ellos se habían formado en el sistema científico público y cada uno fue un eslabón indispensable de aquella cadena.

Entre 1972 y 1976, el grupo demostró que la investigación aplicada podía responder a demandas reales: desarrolló un acelerador implantador de iones para FATE Electrónica; optimizó los hornos de cinc de la Metalúrgica Austral Argentina; produjo ferritas y relés de microondas para ENTel y electrodos de carbón para ALUAR; y fabricó, para la propia CNEA, detectores semiconductores de una calidad equiparable a la del principal fabricante mundial.

Sobre ese fundamento material se erigió la empresa y esa vocación encontró su correlato en el clima político de la época: el Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional asignó un lugar central a la inversión estatal en los sectores estratégicos, y el gobierno de Mario José Franco ejecutó en Río Negro su propio Plan Trienal, articulando proyectos provinciales con organismos nacionales.

La Ley 20705 de Sociedades del Estado, sancionada en agosto de 1974 por impulso del presidente Juan Domingo Perón, se constituyó en la llave que el contador José Pastorelli, a cargo de Personas Jurídicas de la Provincia, encontró para encuadrar a la empresa en la figura jurídica idónea. A ello se sumaron el aporte intelectual de Jorge Sabato, ideólogo de la empresa tecnológica, y el respaldo de Pedro Iraolagoitía al frente de la CNEA.

El 1 de septiembre de 1976 se suscribió el acta constitutiva de la empresa, que nació con un capital de tres millones de pesos y dos objetivos: asistir al plan nuclear de la CNEA y crear fuentes genuinas de trabajo en la provincia.

El estatuto, redactado por Varotto, aseguró la presencia de la CNEA en el directorio, mientras que el convenio celebrado entre la Comisión y la nueva sociedad definió a esta última como “el brazo ejecutor” de aquella.

Su primera sede fuera del Centro Atómico fue una casa de dos plantas ubicada en Elordi 31, Bariloche. Origen modesto de una potencia tecnológica de alcance mundial.

Desde aquella casa hasta nuestros días, INVAP ha levantado un edificio de realizaciones que asombra.

En el área nuclear diseñó, construyó y exportó reactores de investigación y producción de radioisótopos —el RA-6 en Bariloche, el NUR en Argelia, el ETRR-2 en Egipto, el OPAL en Australia, uno de los más avanzados del mundo, el PALLAS en los Países Bajos, el RA-10 y el prototipo CAREM—, mientras que, bajo la conducción del propio Varotto, el dominio del enriquecimiento de uranio en el Complejo Pilcaniyeu se afirmaba como un hito de autonomía tecnológica en la región.

En el sector espacial situó a la Argentina como el único país latinoamericano capaz de fabricar satélites de telecomunicaciones de alta complejidad, con los ARSAT-1 y ARSAT-2, los satélites de observación de la Tierra SAC y la constelación de radares SAOCOM.

A ello se suman los radares que integran el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial; los drones y los sistemas de control para la defensa; los centros de radioterapia y las plantas de radioisótopos instalados en diversos continentes; los aerogeneradores y las turbinas hidrocinéticas.

Cada uno de esos desarrollos exporta valor agregado y materia gris rionegrina, y ratifica el papel estratégico de INVAP en la soberanía tecnológica de la Nación.

Como hijo de esta provincia, celebro este aniversario con el orgullo que sentimos los rionegrinos y las rionegrinas al saber que nuestra tierra acunó y acompañó el sueño de un puñado de jóvenes que se propusieron hacer cosas que sirvan, y con la certeza de que aquel mandato permanece vivo en la principal empresa estatal de nuestra provincia -la más importante del país en materia de desarrollo tecnológico- y se proyecta hacia el medio siglo que viene con la genialidad de una obra maestra, profundamente Argentina.

Con gratitud y en memoria de quienes ya no están…

Autor: Pedro Pesatti.

Imágenes: Facebook de P. Pesatti.

TIEMPOS PERDIDOS ​ por Pedro Pesatti.

 

TIEMPOS PERDIDOS.

​Hay derrotas que se producen lentamente, entre expedientes, decretos, errores, omisiones y silencios administrativos. Sin embargo, pese a la aparente ingravidez de esos procesos, sus consecuencias pueden condicionar durante generaciones el destino de una comunidad, e incluso para siempre. Algo así sucedió con la pérdida territorial que sufrió Río Negro en favor de Neuquén. Una derrota imperceptible para la comunidad, cuya verdadera dimensión se hace más evidente en el contexto del tiempo actual.

​La fuente principal de estas reflexiones es La provincia perdida (1996), del escritor y político Pablo Fermín Oreja, una investigación imprescindible para comprender uno de los episodios más trascendentes —y menos conocidos— de la historia institucional rionegrina.

​Oreja, uno de los hombres más importantes en los momentos de nuestra organización como Estado provincial, reconstruye, en uno de los capítulos de su libro, apoyándose en leyes, decretos, antecedentes constitucionales, mapas y documentos oficiales, una secuencia histórica que jamás ocupó la centralidad que ameritaba en el debate público. Y no es para menos: Río Negro perdió parte de su territorio durante la dictadura de Onganía, sin despertar una acción proporcional al daño causado, capaz de revertir las consecuencias del decreto-ley del gobierno de facto que consolidó el error, voluntario o no, en la traza de un límite meridional que se remontaba a los tiempos de los antiguos territorios nacionales.

​Según demuestra el autor, el trazado incorrecto del meridiano 10° Oeste permitió que Neuquén afirmara la posesión de aproximadamente 1.976 kilómetros cuadrados que históricamente pertenecían a Río Negro: un sector ubicado en el extremo noroeste de la provincia, entre los ríos Colorado y Neuquén, incorporado luego al área de mayor desarrollo hidrocarburífero de la Cuenca Neuquina.

​Cuando Oreja publicó su libro, y mucho antes, en los albores de la organización provincial, cuando fue una de las voces más nítidas sobre este asunto, aquella controversia todavía podía parecer una mera discusión limítrofe entre provincias vecinas. Hoy, el tiempo reveló algo muy distinto. Sobre esos territorios se asentó una parte significativa del desarrollo energético más importante de la Argentina. Allí, donde muchos vieron únicamente una línea en el mapa, los geólogos e ingenieros descubrieron petróleo, gas y sus derivaciones: regalías, infraestructura, empleo, conocimiento tecnológico e inversiones por miles de millones de dólares. El transcurso de las décadas, por último, terminó asignándole un valor extraordinario a un territorio cuya importancia Río Negro no supo dimensionar a tiempo.

​No puede omitirse, sin embargo, el lugar que esta cuestión ocupó en la agenda del gobernador Mario José Franco y, especialmente, de su ministro de Gobierno, el doctor Jorge Félix Frías. Su paso por la administración provincial quedó abruptamente interrumpido con el golpe de Estado de 1976 y, con él, también se truncaron las políticas que venían impulsándose para revitalizar el reclamo por ese diferendo, cuando aún era relativamente reciente la decisión adoptada durante la dictadura encabezada por el general Onganía, principal responsable político de la norma que favoreció a Neuquén y consolidó una situación territorial profundamente lesiva para los intereses de Río Negro.

​Con todo, el verdadero aporte del libro de Oreja —oriundo de General Conesa y convencional constituyente en 1957 por General Roca— no consiste solamente en demostrar qué territorio perdió Río Negro, sino en ayudarnos a comprender por qué lo perdió.

​Quienes me conocen saben de mi identificación con la filosofía de la historia de Hegel. Existe, en torno a la política, una vieja ilusión: la creencia de que son los grandes dirigentes quienes hacen la historia, quienes la cambian y quienes, con soberbia, postulan poder transformarla de raíz. Hegel habría sonreído ante esos espíritus dominados por el ego. Los hombres no crean arbitrariamente los procesos históricos; son los procesos históricos los que interpelan a los hombres. La grandeza de un dirigente consiste, entonces, en comprender el tiempo que le toca vivir, dejarse atravesar por la realidad de su época y, sobre todo, organizar políticamente a la sociedad para responder a sus desafíos.

​Ese fue, creo, el gran déficit de la dirigencia rionegrina, más allá de las excepciones que felizmente siempre existen. Durante décadas nos gobernamos como si cada administración pudiera inaugurar una época nueva; como si el talento individual bastara para reemplazar una estrategia colectiva; como si los liderazgos personales pudieran suplir la ausencia de instituciones capaces de pensar el largo plazo. Confundimos proyecto de poder con proyecto político y, en buena medida, continuamos haciéndolo. Imaginamos que bastan hombres brillantes cuando, en realidad, lo que la historia exige son instituciones empoderadas, persistentes y preparadas para interpretar el porvenir.

​Neuquén recorrió exactamente el camino inverso. Comprendió que el descubrimiento de los hidrocarburos modificaría para siempre el destino económico del norte patagónico y, en lugar de limitarse a administrar esa oportunidad, decidió construir una provincia preparada para aprovecharla. Creó instituciones destinadas a pensarse a sí misma. El Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE) fue concebido como una herramienta permanente de planificación estratégica, capaz de proyectar políticas públicas más allá de los cambios de gobierno. Al mismo tiempo, impulsó la creación de la Universidad Nacional del Comahue, que no solo formó profesionales, sino que se convirtió en uno de los principales centros de producción de conocimiento científico y técnico de toda la región.

​Una institución pensaba el futuro; la otra preparaba a quienes debían construirlo. Y, finalmente, Neuquén formó una verdadera dirigencia provincial. Así pudo consolidarse eso que sus actores de la actualidad llaman la "neuquinidad": una síntesis que, en una sola palabra, expresa la institucionalización de un proyecto de provincia concebido hace más de sesenta años.

​De ese modo fue afianzándose una continuidad política poco frecuente en la Argentina. Cambiaban los gobiernos, pero permanecía una dirección estratégica. Esa persistencia permitió que Neuquén concentrara organismos nacionales, empresas energéticas, servicios especializados, centros financieros, infraestructura, investigación científica y capacidad de decisión. Con el paso del tiempo ocurrió algo que hoy parece natural, pero que fue cuidadosamente construido: Neuquén se transformó, en los hechos, en la capital no declarada del noroeste patagónico y de la región del Comahue, concebida a la medida de los intereses neuquinos, ejerciendo un liderazgo económico y político sobre un espacio que comprende todo el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

​Sería injusto, no obstante, afirmar que en Río Negro nadie advirtió el problema. El propio Oreja recuerda que el gobernador Edgardo Castello promovió el trazado correcto del límite meridional mediante el decreto 1835 del 10 de agosto de 1961. El mismo Oreja presentó en 1964, como diputado nacional, un proyecto de ley destinado a restablecer el límite histórico entre ambas provincias.

​Todos esos esfuerzos merecen reconocimiento. Pero también ponen de manifiesto la diferencia decisiva entre ambas provincias. En Río Negro aparecieron dirigentes lúcidos; en Neuquén surgieron instituciones capaces de convertir esa lucidez en una política de largo aliento. Mientras nosotros acumulábamos iniciativas individuales, Neuquén construía una política de Estado en todos los frentes.

​Por eso La provincia perdida, de Pablo Fermín Oreja, trasciende largamente la discusión sobre un límite interprovincial. Es, ante todo, una extraordinaria reflexión sobre los costos que pagan las sociedades cuando dejan de pensar históricamente. Por ello, la mayor derrota de Río Negro no fue solamente haber resignado cerca de dos mil kilómetros cuadrados que hoy contienen una riqueza hidrocarburífera inmensa. Fue haber perdido la capacidad de comprender hacia dónde se desplazaba el eje económico de la Patagonia y, con el paso del tiempo, haber perdido incluso la memoria de esa derrota.

​Tal vez allí resida la enseñanza más profunda. Las provincias no se desarrollan porque ocasionalmente aparezcan dirigentes brillantes. Se desarrollan cuando construyen instituciones capaces de interpretar la historia, ordenar sus recursos, formar cuadros políticos en el pensamiento crítico y estratégico, sostener una dirección y proyectar un destino colectivo durante generaciones.

​Porque, como enseñó Hegel, la historia siempre termina imponiéndose sobre quienes creen que pueden ignorarla. Y porque, como demuestra Pablo Fermín Oreja en La provincia perdida, los pueblos no solo pierden territorio cuando otro ocupa sus tierras: también lo pierden cuando dejan de ocupar su verdadero tiempo histórico o se resignan al pragmatismo estéril de las conveniencias coyunturales. Como ejemplo, basta calcular el valor económico que hoy representan los hidrocarburos extraídos de esa franja territorial para dimensionar, de una vez por todas, lo que puede perder una comunidad cuando sus dirigentes actúan sin perspectiva histórica, y 3 segundos o 30 años pueden resultar lo mismo si, en términos electorales, confundir un tiempo con otro les sirve para construir la hegemonía de sus proyectos personales.

Autor: Pedro Pesatti.

Partió don Modesto Nicanor Linares Baccarezza. Descendiente del cacique Miguel Linares

 

Partió don Modesto Nicanor Linares Baccarezza, de los pagos de Palacios, cerca de San Javier. Descendiente del cacique Miguel Linares, fue familiar directo del autor del Himno de Río Negro, el padre Raúl Entraigas, y del primer gobernador de la provincia, Edgardo Castello.

Don Modesto dedicó toda su vida a los trabajos rurales. Cientos de pozos hechos a pala y pico -de más de cincuenta y hasta cien metros de profundidad- los contabilizaba en un oficio ya perdido, pero que fue muy preciado por los habitantes de entonces, cuando en los campos secanos había que horadar la tierra hasta dar con el agua dulce.

Pero don Modesto fue, por sobre todas las cosas, un poeta. No tuvo la dicha de ir a la escuela, como seguramente habrá soñado tantas veces, para acceder a los libros y a la literatura. Sin embargo, la poesía llegó a él por otro camino: a través de la lectura de la realidad de sus días, de la flora, de la fauna y de la mirada de la gente.

Así compuso versos bellísimos que, hace varios años, recopilamos y publicamos en el libro Versos desde el jagüel. También produjimos un material audiovisual sobre su vida, donde narra, a lo largo de su relato, la historia nunca escrita de los hombres anónimos: puesteros, peones, pozeros y tantos otros trabajadores de la ruralidad patagónica.

Don Modesto dejó un rastro ineludible para quienes pretenden conocer la provincia profunda, la que existió antes de que nos llamáramos rionegrinos, pero que ya se estaba gestando mucho tiempo antes en la sensibilidad, el trabajo y los sueños de hombres y mujeres sencillos. Hombres y mujeres de una humanidad inmensa, de esa humanidad que ayudó a construir nuestra identidad colectiva y que hoy, más que nunca, necesitamos conservar en la memoria y honrar en nuestros actos para no perder su huella.

¡Hasta siempre, querido Modesto!

Que en paz descanses.

Del face de Pedro Pesatti.

VIEDMA Y EL CONCEPTO DE SU CAPITALIDAD. Por Pedro Pesatti.

 

VIEDMA Y EL CONCEPTO DE SU CAPITALIDAD.

Por Pedro Pesatti.

El gobernador Mario José Franco, que ejerció su cargo desde el 25 de mayo de 1973 hasta el golpe de estado de 1976, encarnó una voluntad política con una enorme sabiduría —propia de quienes tienen sus raíces en el campo más fértil de nuestro pasado— que trascendió los límites de su gestión: la de evitar que Río Negro replicara el modelo centralista porteño. Este modelo, como es sabido, originó un sistema hegemónico, oligárquico y exportador de materias primas sin agregado de valor, que condicionó la construcción de una Argentina para todos. En efecto, Franco comprendía que el verdadero federalismo no radicaba simplemente en distribuir cuotas de poder, sino más bien en fundar equilibrios duraderos y, por ende, en afirmar la autonomía de las provincias como expresión concreta de la soberanía nacional.

​De acuerdo con este ideario federal, Franco, hombre de pensamiento profundo y de convicciones firmes, admiraba a Juan Manuel de Rosas, figura que, a su juicio, sintetizaba las dos columnas del proyecto nacional: el federalismo y la soberanía como sustento clave de un país verdaderamente libre, independiente e integrado. Precisamente en esa visión se anclaba su convicción de que Río Negro debía consolidar su identidad política mediante un acto que fijara, de una vez por todas, su centro de equilibrio institucional. Por consiguiente, en la plataforma electoral del Partido Justicialista de 1973, Franco incorporó una definición estratégica y con un costo electoral que no desconocía. Contra la opinión de muchos, no dudó en comprometerse explícitamente en su etapa como candidato para promover a Viedma como capital inamovible de la provincia.

​No fue, de ningún modo, un gesto meramente simbólico, sino sobre todo una decisión de alta política que buscaba fundar un Estado con un poder político emancipado de los condicionamientos económicos y demográficos de la región mas desarrollada. Franco sabía, de hecho, que si el poder político seguía las mismas lógicas de concentración del modelo centralista porteño, Río Negro imitaría, en escala interna, el mismo desequilibrio que históricamente había condicionado el desarrollo nacional.

​Su liderazgo, además, coincidió con un momento político singular: Franco fue el primer gobernador electo sin proscripciones en la historia provincial. Este hecho confirió a su gestión una dimensión reparadora. Por lo tanto, comprendió que la capitalidad debía surgir no de una imposición, sino de un consenso amplio que representara la madurez del sistema político rionegrino. Para esta tarea, confió la misión de llevar el proyecto al parlamento a un hombre de su máxima confianza: el viedmense Dante Scatena.

​La Ley 852, que el legislador Scatena impulsó con habilidad y una enorme cuota de pasión, fue aprobada por unanimidad el 20 de octubre de 1973. Esta votación demostró que los dirigentes, alcanzando la unanimidad más allá de sus diferencias partidarias y propias de los naturales localismos, habían comprendido la necesidad de cerrar el proceso inconcluso heredado de 1957. Nuestra primera Carta Magna había fijado que Viedma sería residencia de las autoridades “hasta que una ley especial determinara la capital definitiva”, dejando a la provincia en un limbo jurídico y político durante dieciséis años.

​La sanción y promulgación inmediata de la ley por parte de Franco, realizada en el mismo Centro Municipal de Cultura donde sesionó la Legislatura, y refrendada por todos sus ministros, constituyó un acto institucional de una enorme envergadura. Fue la culminación de un camino que dotó a Río Negro de su forma definitiva y selló su madurez política hasta nuestros días.

​En paralelo, la decisión obtuvo la máxima validación nacional. Juan Domingo Perón, que apenas unos días antes había asumido su tercera presidencia, siguió el proceso con especial atención. No era casual: Perón había sido quien, en los primeros años de la década del cincuenta, puso en marcha el proceso de provincialización de los territorios nacionales. Por eso su mensaje grabado, que se escuchó antes del cierre de la jornada, felicitando a Franco y al pueblo de Río Negro no fue un simple gesto protocolar, sino un reconocimiento histórico al cierre de una etapa que el mismo Perón había iniciado y el golpe del 55 había dejado inconcluso.

​El 20 de octubre de 1973, por lo tanto, Río Negro alcanzó su plenitud institucional. La Ley 852 no solo definió una capital: fundó un orden territorial, consolidó la identidad de una provincia que, desde su nacimiento, había estado suspendida entre la legalidad y la indefinición.

​En síntesis, el acto de capitalización completó el proceso de organización del Estado provincial y dio sentido a la idea que unió, en distintas etapas, a Edgardo Castello y Mario Franco: la de una provincia equilibrada, sin regiones hegemónicas, con un poder político asentado en la tradición y en los fundamentos de su historia, y en un todo, orientado hacia el porvenir de la provincia. Desde entonces, el 20 de octubre no solo recuerda una ley, sino una voluntad de Estado. Fue el momento en que Río Negro dejó de ser un proyecto en ciernes para convertirse en una provincia con conciencia plena de su destino, evitando replicar hacia adentro el modelo centralista que ha predominado en la Argentina, en desmedro del desarrollo general del país y de todas sus capacidades, en una clara demostración, además, de un sesgo profundamente rionegrino.

 

Los octubre de Viedma.

(Por Pedro Pesatti*).- La historia argentina está hecha de fronteras. Algunas se dibujan sobre mapas; otras, más hondas, se trazan en la conciencia de un país que aún se busca a sí mismo. Entre esas fronteras, la Patagonia ha sido la más vasta y simbólica: el territorio donde el Estado midió su capacidad para transformar la geografía en Nación. En esa cartografía, Viedma ocupa un lugar singular. Fue la primera capital patagónica y, desde 1973, la sede definitiva del gobierno rionegrino. Pero su destino excede las coordenadas administrativas: Viedma es, antes que nada, una idea política.

Esa idea nació el 11 de octubre de 1878, cuando el presidente Nicolás Avellaneda creó la Gobernación de la Patagonia y fijó su capital en Mercedes de Patagones, rebautizada poco después como Viedma. Aquella decisión tuvo menos de azar que de estrategia. Era la manera de afirmar soberanía en un sur todavía incierto, donde la disputa territorial con Chile y la injerencia de potencias extracontinentales, como Inglaterra, estaba a la vista con solo mirar Malvinas. En ese gesto fundacional, la Argentina intentaba proyectar una arquitectura de Estado en un territorio donde aún predominaba la intemperie.

Pocos años después, el 16 de octubre de 1884, se estableció el Territorio Nacional de Río Negro, que mantuvo a Viedma como su capital. El acto completó un ciclo de institucionalización en la Patagonia: de capital de la Gobernación pasó a ser capital de un territorio nacional, y más tarde, en el siglo XX, capital de una provincia. Finalmente, el 20 de octubre de 1973, la Legislatura rionegrina sancionó —por unanimidad— la Ley N° 852, que declaró a Viedma capital definitiva de la provincia. En esa secuencia de octubres —1878, 1884 y 1973— se condensa un itinerario que no pertenece solo a una ciudad, sino al proceso mismo de afirmación del Estado argentino en el sur.

Esa continuidad de decisiones revela una constante: cada vez que la Nación necesitó anclar su soberanía en la Patagonia, eligió a Viedma. Su capitalidad expresa algo más que una ubicación institucional; es una metáfora de la integración. Mientras otras regiones del país crecían al ritmo del puerto y del ferrocarril, la Patagonia seguía siendo una promesa. Viedma, en cambio, encarnó el esfuerzo por transformar la distancia en pertenencia.

El itinerario de esta ciudad es también el de un país que osciló entre la expansión y la postergación. Desde los tiempos en que Álvaro Barros trazó sus primeros planos, Viedma representó la posibilidad de un Estado con anclaje austral. Luego, en los años del proyecto de traslado de la capital nacional impulsado por Raúl Alfonsín, volvió a ser escenario de una promesa federal inconclusa. Cada tanto, la Argentina regresa a Viedma para recordar lo que aún le falta cumplir.

Por eso octubre tiene, para los viedmenses y para los rionegrinos, un significado que trasciende el calendario. Es el mes en que se unifican tres gestos fundacionales de la soberanía: la Patagonia como destino nacional, Río Negro como territorio institucional y la provincia como comunidad política. Tres octubres, tres actos de fundación, un mismo propósito: consolidar el país desde su frontera más profunda.

Pensar a Viedma como capital es, en definitiva, pensar la relación del Estado con su territorio. La ciudad es un espejo del federalismo argentino: modesto en apariencia, pero decisivo en su significado. Su capitalidad no se mide en edificios ni despachos, sino en su capacidad de representar la voluntad de un pueblo de permanecer en el mapa de la historia.

Viedma fue, es y seguirá siendo una frontera interior: el límite donde la Argentina se mira a sí misma para preguntarse si alguna vez completará el proyecto de integración que soñaron sus fundadores.

*Vicegobernador de Río Negro.

Publicado en ADN RÍO NEGRO.

https://www.adnrionegro.com.ar/2025/10/los-octubre-de-viedma/

 

70 años: el inicio de la decadencia.

(Por Pedro Pesatti*).- El 16 de junio de 1955, hace setenta años, la Plaza de Mayo fue convertida en el primer blanco del terrorismo de Estado. Aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea bombardearon el centro cívico y simbólico del país, en una operación fríamente calculada para asesinar al presidente constitucional. El resultado fue una carnicería: las armas de la Nación se volvieron contra su propio pueblo.

Los preparativos comenzaron al amanecer en la base aeronaval de Punta Indio. A las nueve de la mañana despegaron los primeros aviones. Las condiciones meteorológicas los obligaron a desviarse hacia Colonia, Uruguay. Al mediodía, el capitán de fragata Néstor Noriega lanzó la primera bomba. En ese instante, Juan Carlos Marino, empleado de la Aduana, emergía de la estación del subte rumbo a su trabajo. Murió en el acto. Fue la primera víctima de una jornada que dejó más de 350 muertos y más de mil heridos.

La ofensiva se ejecutó en oleadas coordinadas: seis Beechcraft con bombas de cien kilos, catorce North American al mando del capitán de corbeta Santiago Sabarots, y finalmente los Gloster Meteor de la Fuerza Aérea, equipados con cohetes y ametralladoras. Apuntaron a objetivos clave: la CGT, el entonces Ministerio de Asistencia Social, la residencia presidencial de Palermo —donde hoy funciona la Biblioteca Nacional— y el recientemente disuelto Instituto Nacional Juan Domingo Perón.

Uno de los proyectiles perforó el techo de un trolebús que circulaba detrás de la Casa de Gobierno. La descompresión bastó para matar a más de cincuenta personas, entre ellas un grupo de niños que, en visita escolar, se dirigían a conocer la Casa Rosada.

El teniente primero Carlos Enrique Carus cerró la acción aérea. A las cinco de la tarde, cuando la ciudad comenzaba a reponerse del espanto, arrojó los tanques suplementarios de combustible de su avión sobre una multitud indefensa. Fue el último en descargar su violencia. Un testigo relató que muchos cuerpos estaban calcinados. Fotografías posteriores confirmaron esa escena. La ficha técnica de los Gloster Meteor, publicada luego en una revista militar europea, indicaba que sus tanques podían emplearse como bombas incendiarias. La carbonización fue resultado de ese mecanismo, aplicado con intención explícita: quemar vivos a quienes estaban en la plaza.

En la insurrección, además de militares sediciosos, intervinieron comandos civiles liderados por Mario Amadeo, con respaldo de políticos como Zavala Ortiz, Américo Ghioldi y Álvaro Morales. En la Facultad de Derecho, Mariano Grondona organizaba las células estudiantiles que colaboraban con el alzamiento. Un componente decisivo de la conspiración fue el involucramiento de la Iglesia Católica.

La ruptura entre el gobierno y la jerarquía eclesiástica tuvo su punto de quiebre en dos leyes impulsadas por el oficialismo: la de divorcio (14.394) y la 14.367, que otorgaba igualdad jurídica a hijos nacidos fuera del matrimonio. Esa ampliación de derechos colisionó con la doctrina clerical, que consideraba a los hijos extramatrimoniales como “hijos del pecado”, como Eva Perón. La excomunión del presidente fue la respuesta institucional de la Iglesia, con derivaciones políticas concretas.

Por entonces, quien aspirara a la presidencia debía pertenecer al culto católico, según lo establecía la Constitución Nacional antes de la reforma de 1994. La sanción religiosa implicaba, en los hechos, la imposibilidad jurídica de ser candidato. No fue solo una pena espiritual: fue un mecanismo formal de exclusión política. O, más directamente, una forma de proscripción.

En tierra, trescientos infantes de Marina, armados con fusiles de origen belga y desembarcados en secreto por orden del almirante Rojas, marcharon desde el Ministerio de Marina hacia la Casa Rosada. La resistencia de los granaderos los contuvo. Quince soldados murieron en el enfrentamiento.

El contralmirante Aníbal Olivieri se internó en el hospital naval antes del ataque. Al día siguiente, asumió el Ministerio de Marina en nombre de los sublevados. En su declaración judicial solicitó que no se juzgara a Massera ni a Mayorga. Habían obedecido órdenes. Así se formuló, sin nombrarla aún, la doctrina de la obediencia debida. Ambos serían, dos décadas después, piezas clave del terrorismo de Estado durante la última dictadura.

El gobierno no activó el Código de Justicia Militar ni ordenó arrestos. Ese gesto de conciliación fue percibido como debilidad. Setenta días más tarde, Perón fue derrocado.

Los responsables de la masacre obtuvieron legitimidad. La historia oficial borró sus huellas. El relato dominante giró del horror a la celebración. El sentido se consolidó desde los centros del poder.

No es casual, por lo tanto, que el 16 de junio haya permanecido relegado en el canon pedagógico de la democracia. Como hecho histórico, no tiene precedentes en ningún otro país. Fue más brutal que el bombardeo de Guernica, el primero en América Latina sobre civiles, y comparable a lo ocurrido en Tiananmen.

Ese día, la Argentina institucionalizó la violencia como herramienta para rediseñar el poder. El aparato estatal no fue víctima: ejecutó la matanza. No emergió desde los márgenes: brotó desde el núcleo mismo de las instituciones, con legitimación doctrinaria, bendición clerical y eficiencia militar.

El estallido sobre la Plaza de Mayo inauguró una pedagogía siniestra, que se extendió a lo largo de las décadas siguientes. Los cuerpos calcinados de los trabajadores, los cadáveres de los niños que iban de visita a la Casa Rosada, constituyen la escena fundacional de la violencia política que recorrería todo el devenir del país hasta la recuperación democrática en 1983.

Algunos sostienen, con insistencia, que la decadencia argentina comenzó hace setenta años. Tienen razón, aunque lo digan con otra intención. Lo que se puso en marcha aquel 16 de junio no fue solamente una matanza. Fue la instauración de una lógica basada en la crueldad, un modo de intervención política fundado en la barbarie, la fuerza y la impunidad.

La Argentina inició su derrumbe desde su corazón institucional, cuando un sector de las Fuerzas Armadas bombardeó a la población en nombre de una patria reducida a consigna, mientras los altares callaban o celebraban, junto a coros de civiles evangelizados por el odio.

*Vicegobernador de Río Negro.

Publicado en ADN Río Negro.

https://www.adnrionegro.com.ar/2025/06/70-anos-el-inicio-de-la-decadencia/