El liberalismo no se construye violando su principio básico.
Más allá de su contenido, el decreto 70/2023 y la ley
ómnibus no pueden ignorar la división de poderes para ser implementados.
Por Roberto Cachanosky.
Tanto el decreto de desregulación 70/2023 como la ley ómnibus que el Gobierno envió al Congreso tienen contenidos que comparto en muchos de sus aspectos. Sin embargo, no comparto los instrumentos que se piden para ponerlos en práctica. Pero antes conviene explicar por qué tenemos este sistema nefasto de regulaciones, gasto público y empresas estatales que hunden al país.
No hay reunión social donde, hablando de la decadencia argentina, no llegue el momento en que alguno de los presentes afirme que tenemos un problema cultural. Inclusive en muchos programas de televisión y radio suele formularse esta idea. El problema con esta afirmación es que decir que tenemos un problema cultural deja totalmente difuso el problema de fondo y da lugar a que se empiecen a dar ejemplos que terminan conformando una fenomenal ensalada de conceptos e ideas, agregando más confusión a la ya existente.
¿Qué significa tener un problema cultural? ¿Que en la Argentina cayó un meteorito con un virus que nos hizo a todos incultos y tarados? ¿Que en el aire flota alguna bacteria que nos hace torpes e indisciplinados? Personalmente estoy de acuerdo con que tenemos un problema cultural, pero definiendo cultura como lo define la Real Academia Española en su tercera acepción: “conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”. Tomándome de esta definición que incluye modos de vida y costumbres, yo diría que nuestro modo de vida y costumbres derivan en una organización institucional que conduce al conflicto social permanente.
¿Qué quiero decir con instituciones? Las normas, leyes, códigos, reglas, costumbres que regulan el comportamiento entre los particulares y de éstos con el Estado. Si se quiere, podemos resumir instituciones como las reglas de juego con que se manejan casi todas las personas de la sociedad, incluyendo al Estado.
Formuladas estas aclaraciones, considero que nuestra costumbre, que forma parte de la cultura argentina, es creernos con el derecho a ser mantenidos por el resto de la sociedad. El empresario se cree con derecho a ser protegido de la competencia. El que trabaja en relación de dependencia se cree con derecho a tener una legislación que lo proteja a él y desproteja al desocupado. El profesional considera que tiene derecho a tener su coto de caza. El político a ser subsidiado por el resto de la sociedad para ejercer su actividad y mantener su estructura partidaria. Todos se sienten con derecho a… El problema es que nunca se aclara quién y por qué tiene la obligación de…
Desde mi punto de vista, a partir del primer gobierno de Perón, en la Argentina se desarrolló una cultura de la dádiva por la cual, supuestamente, los políticos tienen el monopolio de la solidaridad. Esta cultura de la dádiva, que no fue modificada por ninguno de los gobiernos posteriores, implica que el Estado se ha convertido en un gran antro de corrupción donde quienes manejan los planes sociales pueden construir todo el clientelismo político que quieran y, al mismo tiempo, repartir todo tipo de privilegios sectoriales a cambio de una “contribución” a su patrimonio personal.
Por otro lado, esta cultura lleva al conflicto social permanente, porque el avance de un sector de la sociedad depende de su capacidad de lobby para convencer al funcionario público de turno para que, compulsivamente, le transfiera los ingresos y patrimonios de otros sectores. En consecuencia, cuando la mayoría de los sectores, con el consentimiento del estado, adopta esta regla de juego, pocos producen y muchos quieren vivir a costa de otros. Todos se enfrentan contra todos.
Analizar el origen de esta cultura argentina excede largamente las posibilidades de esta nota, pero vale la pena preguntarse: si nos ha ido tan mal con esta cultura del resentimiento y el despojo de los otros a través del Estado, ¿por qué seguimos aplicándola?
Milei está intentando cambiar por completo estas reglas de juego, que es como querer cambiar las instituciones (las normas, leyes, códigos, reglas, costumbres que regulan el comportamiento entre los particulares y de éstos con el Estado).
Luego veremos si el camino que eligió es el correcto, pero antes veamos por qué tenemos estas reglas. En primer lugar, la gente común no tiene por qué comprender tan estrechamente la relación entre el progreso económico y el orden jurídico.
En segundo lugar, los medios de comunicación -no todos-, han tenido y siguen teniendo una influencia negativa en la posibilidad de cambio. ¿Por qué? Porque muchos periodistas, sin ningún tipo de formación académica, incentivan esa costumbre de reclamar programas sociales sin especificar ni quiénes tienen que financiarlos ni por qué deberían hacerlo. Muchos medios y periodistas ensayan el mismo tipo de populismo que practica parte de la dirigencia política. Defienden las políticas del robo legalizado para quedar como personas sensibles ante la pobreza, e identifican la riqueza como causa de la pobreza de otros, cuando no alientan teorías conspirativas del exterior y un falso nacionalismo. Y, reconozcamos que los medios influyen en la gente, aunque con las redes sociales, actualmente en menor medida que en el pasado.
En tercer lugar, el sistema educativo se ha encargado de llenarles la cabeza a nuestros hijos de conceptos totalmente equivocados e históricamente falsos. Basta con hacer el ejercicio de leer los libros que utilizan en los colegios para advertir el lavado de cerebro al que están siendo sometidos, donde la descalificación del capitalismo es una constante, así como el enaltecimiento de una redistribución justa del ingreso y la cultura de la dádiva es la consigna a inculcarles a los jóvenes. El capitalismo es malo. Los progres son buenos, aunque torturen como Maduro o impulsen regímenes totalitarios como hizo el Che Guevara.
En cuarto lugar, los dirigentes políticos se benefician de todas estas reglas de juego porque les permiten manejar la caja, otorgar prebendas y todo tipo de privilegios, consiguiendo, de esta manera, poderes propios de un rey despótico, disfrazando todo el proceso como democrático. Lo que se busca es convencer a la población que los actos de los gobernantes, por más aberrantes que sean, están convalidados por el voto mayoritario y no por estar sujetos al orden jurídico de la libertad.
En quinto lugar, se advierte una ausencia bastante notoria de una dirigencia empresarial que se arriesgue a cambiar las reglas de juego del país. Francamente, y salvo en casos muy especiales, no se observa un categórico compromiso por lograr la modificación de las actuales reglas de juego. Unos, porque se benefician con las reglas actuales; otros, porque tiene temores de toda naturaleza.
En este contexto, desde mi punto de vista, tanto el DNU como la ley ómnibus pretenden cambiar por la fuerza las normas, costumbres, códigos que regulan nuestras relaciones. Es como querer cambiar lo valores que imperan en la sociedad por un decreto y una ley.
En los ‘90 hubo cambios profundos en las regulaciones, privatizaciones y demás intervenciones del estado.
Cuando se produjo la crisis del 2001/2002, muchos pensaban que esa masa de reformas era tan grande que difícilmente se diera marcha atrás. Y sin embargo ocurrió. El kirchnerismo, con el mismo partido que hizo las reformas de los ‘90, hizo las contrarreformas de los 2000 y retrocedimos hasta los 70 en las ideas.
No creo que por un decreto que diga: “artículo 1: a partir de ahora Argentina es liberal; artículo 2: comuníquese y archívese”, la mayoría de los argentinos se va a transformar en liberal.
Es más, el principio básico del liberalismo es limitar el poder del estado, por lo tanto, es contradictorio querer construir un país con principios liberales empezando con la violación de esos principios.
Los cambios culturales llevan más tiempo.
Por otro lado, pedir poderes absolutos durante 2 años y con 2 más de prórroga, indica que Milei quiere gobernar todo su mandato con el Congreso abierto, pero sin funcionar. El Ejecutivo asume las funciones del Legislativo y eso es contrario al principio fundamental que impulsa el liberalismo: limitar el poder del Estado.
Decir que hay emergencia no implica romper con la división de poderes.
¿Va a llevar más tiempo implementar los cambios? Sí. ¿El camino es más largo? Sí. Pero tal vez sea la forma de construir sobre bases sólidas los valores liberales que hicieron grande la Argentina y no un arrebato de llevarse puesto todo por delante, al estilo kirchnerista.
Si el vamos por todo del kirchnerismo, sin importar la división de poderes, era malo, ignorar la división de poderes no será bueno, más allá del contenido del DNU y la ley ómnibus.
Insisto, el liberalismo no se construye violando sus principios.
Publicado en INFOBAE.
