El periodista de Página/12 Horacio Verbitsky ha publicado una serie de notas en las que atribuye al entonces exprovincial de la Compañía de Jesús, Jorge Bergoglio –actual papa Francisco– haber sido "acusado por la entrega de dos sacerdotes a la ESMA" en el mes de mayo de 1976. Dos notas sosteniendo estas acusaciones fueron publicadas en el año 2010, cuando Jorge Bergoglio publicó su libro "El jesuita". Otras dos acaban de ser publicadas luego de la designación del nuevo papa. Conviene detenerse prolijamente en cada uno de los aspectos de esta acusación para obtener una visión completa y juzgar la seriedad de la acusación.
La acusación.
En primer lugar hay que tener presente que Verbitsky se cuida de hacer una imputación directa y simplemente la insinúa, utilizando para ello el testimonio de los dos sacerdotes secuestrados, Orlando Yorio y Francisco Jalics, que dependían de Bergoglio. Se vale para ello de un libro de Jalics, publicado en 1994, en el que en breves párrafos narra su visión de aquellos hechos:
"Mucha gente que sostenía convicciones políticas de extrema derecha veía con malos ojos nuestra presencia en las villas miseria. Interpretaban el hecho de que viviéramos allí como un apoyo a la guerrilla y se propusieron denunciarnos como terroristas. Nosotros sabíamos de dónde soplaba el viento y quién era responsable por estas calumnias. De modo que fui a hablar con la persona en cuestión y le expliqué que estaba jugando con nuestras vidas. El hombre me prometió que haría saber a los militares que no éramos terroristas. Por declaraciones posteriores de un oficial y treinta documentos a los que pude acceder más tarde pudimos comprobar sin lugar a dudas que este hombre no había cumplido su promesa sino que, por el contrario, había presentado una falsa denuncia ante los militares".
El otro documento en que basa la acusación Verbitsky es una carta que Orlando Yorio escribió en Roma, en noviembre de 1977, dirigida al asistente general de la Compañía de Jesús, padre Moura, en el que relata que Jalics habló dos veces con el provincial quien "se comprometió a frenar los rumores dentro de la Compañía y a adelantarse a hablar con gente de las Fuerzas Armadas para testimoniar nuestra inocencia". En la carta menciona cuales eran las críticas que circulaban en la Compañía de Jesús en contra de él y Jalics: "Hacer oraciones extrañas, convivir con mujeres, herejías, compromiso con la guerrilla".
Suponiendo que la primera mención de "la persona en cuestión" que menciona Jalics sea Bergoglio –asignación que Verbitsky da por acreditada– lo único cierto es que estamos frente a una acusación donde Jalics atribuye a Bergoglio la acción de "haber presentado una falsa denuncia ante los militares" apoyándose en "la declaración posterior de un oficial y treinta documentos a los que pude acceder más tarde". Sin embargo, si bien se invoca el testimonio de un oficial y "treinta documentos", nadie ha mostrado documento alguno y todo reposa en una simple presunción, no avalada por prueba alguna, que hace Francisco Jalics. Resta señalar que Jalics también cuenta en su libro que en 1980 quemó aquellos documentos que después pudo hablar con Bergoglio y finalmente reconciliarse.
El contexto.
Ninguna interpretación de actos u opiniones se pueden analizar sin tener en cuenta el contexto que rodea los hechos. El secuestro de los dos sacerdotes se produjo el 23 de mayo de 1976, es decir apenas transcurridos dos meses de la instauración de la dictadura militar el 24 de marzo de 1976. Este dato es relevante porque la utilización de la metodología del secuestro, tortura y desaparición de personas fue conocida bastante tiempo después, cuando las denuncias por desaparición se multiplicaron. Antes sólo habían operado las Tres AAA, que cometieron más de 800 asesinatos, entre ellos el del cura villero Carlos Mujica. De modo que las actuaciones que tuvieron lugar deben ser juzgadas a la luz de la información que estaba en poder de los protagonistas en aquellos momentos.
Por otra parte, era conocido que algunos sacerdotes del Tercer Mundo adscriptos a la Teología de la Liberación, que hacían labor social en las villas de emergencia, colaboraban o se habían integrado a las filas de Montoneros, que era una organización nacida de un grupo denominado "Cristianismo y Revolución". Por consiguiente, la orden de disolución del grupo en el que actuaban Jalics y Yorio, dada por su superior jesuita, era comprensible y razonable en aquel contexto. De igual modo, que no debía extrañar que fuera resistida por los sacerdotes, lo que dio lugar a una controversia nada amigable, sembrada de desconfianzas recíprocas.
Los hechos.
Los hechos que rodearon el secuestro de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics fueron objeto de detenido análisis por el Tribunal Oral Criminal Federal Nº 5 en la causa ESMA, que dio lugar a la condena de varios jerarcas de la Marina, entre los que se encontraban Jorge Acosta y Alfredo Astiz, en sentencia del 28 de diciembre del 2011 (http://www.cij.gov.ar/adj/pdfs/ADJ-0.528228001325176851.pdf). Desde la página 743 a la 761 se pueden leer todos los testimonios referidos al caso de los jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics. Es un dato muy relevante, puesto que estamos ante la declaración de hechos probados formulada por un tribunal colegiado, imparcial, que hace una minuciosa reconstrucción de los hechos, valorando todos los elementos en juego.
Del relato de hechos probados de la sentencia destacamos los datos más significativos a los fines de este informe. Según una carta de Orlando Yorio agregada en el juicio, Bergoglio regresó de Roma en el mes de febrero de 1976 con una orden del superior de la congregación, el jesuita Pedro Arrupe, en la que ordenaba la disolución de la comunidad en la que estaban Yorio y Jalics, en el plazo de 15 días y el traslado de Jalics a EE. UU. y de los sacerdotes argentinos a otras localidades. El argumento era el peligro que corrían sus vidas, dado que se había producido ya la muerte de un cura y el ametrallamiento de locales en donde residían otros.
Según el relato de Bergoglio, "como ellos persistieron en su proyecto, se disolvió el grupo y pidieron la salida de la Compañía". La dimisión de Yorio fue aceptada el 19 de marzo de 1976. Agrega Bergoglio que "ante los rumores de inminencia del golpe les dije que tuvieran mucho cuidado. Recuerdo que les ofrecí, por si llegaba a ser conveniente para su seguridad, que vinieran a vivir a la casa provincial de la Compañía". Añade que nunca creyó que estuvieran involucrados en actividades subversivas, "pero por su relación con algunos curas de las villas de emergencia, quedaban demasiado expuestos a la paranoia de la caza de brujas. Como permanecieron en el barrio, Yorio y Jalics fueron secuestrados durante un rastrillaje." Rodolfo Yorio, hermano de Orlando, relata en el juicio que a su hermano el Arzobispo de Buenos Aires, monseñor Aramburu le había prohibido dar misas. "Sin embargo, relató el testigo, que la autoridad directa, que era Bergoglio, le autorizó a seguir, en forma privada, celebrándola".
Otro dato de relevancia es que no se trató del secuestro de dos individuos aislados como consecuencia de una denuncia puntual, sino que hubo un operativo el domingo 23 de mayo en el que intervinieron alrededor de 200 efectivos de la Armada y la Policía Federal, que rodearon el Bajo Flores y arrestaron a numerosos sospechosos. Algunos laicos fueron liberados a los pocos días, pero ambos sacerdotes fueron llevados a la ESMA donde permanecieron secuestrados cinco meses. El 23 de octubre de 1976 "como consecuencia de las gestiones realizadas por la Orden a la que pertenecían" –dice la sentencia– fueron abandonados en un descampado, después de haber sido drogados. En cambio nunca reaparecieron otros cuatro catequistas y dos de sus esposos secuestrados dentro del mismo operativo. Entre ellos estaban Mónica Candelaria Mignone, hija del fundador del CELS, Emilio Mignone y María Marta Vázquez Ocampo, de la presidente de Madres de Plaza de Mayo, Martha Ocampo de Vázquez.
Alicia Oliveira, abogada del CELS y amiga de Bergoglio, cuya hermana trabajaba en la villa de Flores junto con la hija de Mignone y con los dos curas hace el siguiente relato: "Bergoglio les dijo que tenían que levantarse y no le hicieron caso. Cuando los secuestraron, Jorge averiguó que los tenía la Armada y fue a hablar con Massera, a quien le dijo que si no pone en libertad a los sacerdotes, yo como Provincial voy a denunciar lo que pasó. Al día siguiente aparecieron en libertad." Un testigo relata en el juicio que el coronel Flouret, asesor del ministro del Interior Harguindeguy, le comentó que "la Santa Sede, el Obispo y el Nuncio reclamaban a tambor batiente por ellos". Luego de obtener la libertad de los sacerdotes, Bergoglio hizo gestiones para obtener los pasaportes y les pagó los billetes aéreos a Roma.
Conclusiones.
De los hechos relatados, no puede haber ninguna duda de los intensos esfuerzos que hizo Bergoglio y las autoridades eclesiásticas para obtener la libertad de los secuestrados. Estos esfuerzos son indicativos de un comportamiento absolutamente opuesto y contrario a la idea de haber "entregado" a los sacerdotes a las autoridades militares. Es una presunción ilógica y contradictoria con toda la actuación anterior y posterior del provincial de la Compañía de Jesús.
Es plausible suponer que el sacerdote Francisco Jalics, en medio del intenso trauma sufrido tras cinco meses de secuestro y torturas, luego de haber mantenido un duro enfrentamiento con su superior al desobedecer la orden de disolución de la comunidad en la que prestaba servicios y ser dado de baja de la Congregación, experimentara un fuerte sentimiento de animosidad hacia Bergoglio, atribuyéndole una iniciativa que a la luz de lo expuesto parece disparatada. En cualquier caso, la reconciliación posterior con Bergoglio revela un cambio en la percepción de aquel episodio.
Ante la debilidad de la acusación, se ha querido luego reformularla, construyendo una suerte de causa general, tan etérea como sibilina, acusando a Bergoglio de que "no hizo lo suficiente", o relacionarlo con "esa Iglesia que oscureció la historia del país". Sin embargo, se oculta que el cura Bergoglio en aquel momento tenía 39 años, no había sido designado todavía obispo y por consiguiente no formaba parte de la alta jerarquía de la Iglesia Católica.
Lo único cierto es que un tribunal de justicia ha tenido oportunidad de analizar esos mismos hechos y no ha encontrado indicio o elemento alguno que permitiera dar credibilidad a la suposición de Jalics. Por ese motivo, la insistencia del periodista Verbitsky en atribuir relevancia a la opinión personal y subjetiva de una persona que aparentemente guardaba encono hacia Bergoglio y hacerlo nuevamente una vez que se han pronunciado los tribunales, solo puede atribuirse a un propósito que un vocero del Vaticano no ha dudado en considerar difamatorio y calumnioso. Difamar, según el diccionario de la Real Academia Española es "desacreditar a una persona publicando cosas contra su buena fama" y calumniar es "atribuir a alguien falsamente y con malicia, actos o intenciones deshonrosas". A la luz de lo expuesto no parece una calificación desmesurada.
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