Dirigentes políticos neuquinos manifestaron su rechazo a la decisión de la secretaría de Energía de la Nación que obliga a los usuarios a compensar a las distribuidoras de gas por la devaluación del peso. Algunos referentes eligieron la vía judicial para impugnar el pago y otros propusieron una salida política.
El viernes pasado el secretario, Javier Iguacel, firmó la resolución 20/2018 que dispone en forma transitoria y extraordinaria que los usuarios del servicio deberán asumir el pago de la diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio de gas reconocido en las tarifas finales de las prestadoras del servicio de distribución, desde el 1 de abril y hasta el 30 de septiembre. Se abonará en 24 cuotas, a partir de enero de 2019.
El Frente Neuquino presentó una acción de amparo para que se declare nula la resolución con el argumento de que vulnera el derecho de propiedad en sentido amplio y los derechos e intereses económicos de los ciudadanos.
“La crisis cambiaria ya ha dado un duro golpe a la economía nacional en tanto significa una fuerte devaluación que debilita aún más el poder adquisitivo de los sectores populares, quienes integran la mayoría del universo de usuarios y consumidores del servicio en cuestión”, afirmaron en el escrito los diputados provinciales Mariano Mansilla, Teresa Rioseco, Pamela Mucci y Eduardo Fuentes junto al Parlamentario del Mercosur, Ramón Rioseco.
El legislador nacional de Unidad Ciudadana, Darío Martínez, impulsó junto a su bloque un proyecto de ley para que el Congreso derogue la resolución. De hecho fue convocada una sesión especial para tratar el tema en el recinto.
“Esta decisión de hacer intervenir al Estado en favor de las empresas por sobre los usuarios/as, no sólo pretende hacer cargo de los efectos de este modelo económico a los más débiles en la relación de consumo, en este caso de un servicio público, sino que se dicta sin una sola mención ni consideración de los derechos de dichos usuarios, planteó Martínez.
En tanto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Neuquén informó que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina impugnó la resolución ante el ministerio de Hacienda de la Nación.
El senador por el MPN, Guillermo Pereyra, retomó el tema ayer en conferencia de prensa. “Creo que en esto va a tener que dar marcha atrás porque ya está interviniendo la justicia”, aseguró.
Publicado en Diario "Río Negro", 10 de octubre de 2018.
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