Tradicionalmente médicos y abogados, actualmente cirujanos
plásticos, psicólogos, psiquiatras, ingenieros, arquitectos, contadores,
economistas, ejecutivos y consultores, son los nuevos demandados por mala
praxis profesional. Figura aplicada a personas, grupos o equipos e
instituciones, por imprudencia, negligencia o impericia profesional o en un
arte o industria; o sin observar reglamentos, órdenes o instrucciones, en
perjuicio del comitente de la obra encargada; o en su salud física, psíquica o
espiritual; o por producirle daños irreparables o perjuicios patrimoniales y
morales.
La incompetencia aducida podrá deberse a mala formación
académica profesional, limitaciones intelectuales, ignorancia,
desactualización, impericia, negligencia habitual o transitoria, errores de
análisis y percepción, decisiones equivocadas, procedimientos y prácticas
erróneos o inapropiados, faltas graves a la ética general y profesional,
deliberados comportamientos omisivos y hasta delictuales (también hay mala
praxis voluntaria).
Para el constitucionalista Jorge Vanossi, cuando la mala
formación universitaria agravó la incompetencia profesional los particulares
tomaron conciencia de sus derechos indemnizatorios, los abogados se
especializaron en juicios de mala praxis, las aseguradoras incluyeron a los
médicos y los psicoterapeutas crearon fondos de resguardo.
Sin embargo, aún no existen demandas por mala formación
académica contra los educadores encargados de brindarla, ni contra sus
instituciones ni, en última instancia, contra el Estado.
El adjetivo “mala” abarca pésima, insustancial, superficial,
ínfima, desactualizada, errónea, falsa, etc. y, por lo mismo, posible causa de
perjuicios económicos, profesionales, laborales, de prestigio y reputación,
etc. de los demandantes, o sea los alumnos o sus representantes.
En el proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen tres
aspectos complementarios: las metodologías de enseñanza (obsoletas o actuales,
insustanciales o efectivas, tradicionales o constructivistas, eficaces o
inútiles, etc.), las relaciones vinculares (dirigistas, autoritarias, cesaristas
o bien democráticas, orientadoras y cooperativas) y los conocimientos
disciplinares.
Mientras en la escuela primaria es la calidad de las
relaciones vinculares la potencial causa de conflictos, en la secundaria
aparece decididamente la incompetencia académica científica y disciplinar. Pero
un alumno puede agraviarse y perjudicarse por el desempeño de un maestro o
profesor en cualquiera de esos aspectos por separado o conjuntamente.
Argumentos clásicos como: Fulano no sabe enseñar, te hace
memorizar y no te queda nada después, no comprendés la materia, es aburrido, es
autoritario, es injusto, es implacable, es un idiota, no sabe nada, suelen
tener algún sustento real no exento de exageración, lo que ha hecho creer a
algunos que estaría en la naturaleza de los alumnos ser injustos con sus
maestros y profesores. No obstante, en proporción a la verdad que esos
argumentos encierren se evidencian los perjuicios a unos alumnos concretos.
Pero cuando la situación denunciada es estructural también se perjudica a la
sociedad en general, cuyos miembros recibirán poca o mala cualificación en el
mercado laboral.
Por múltiples razones complementarias, habitualmente se
elude investigar esta problemática institucionalmente y se calla dentro de la
docencia, pero fuera del sistema se menciona constantemente.
Detectados a tiempo, estos problemas se pueden solucionar en
escuelas y colegios, aunque no tanto en niveles terciarios y universitarios. La
mediación escolar -aún incipiente- es muy útil para la resolución de conflictos
que están cursando, pero cuando el daño ya está hecho y es irreversible tampoco
ninguna indemnización podrá compensarlo. Por eso es necesario crear conciencia
acerca del derecho humano a recibir educación de calidad, previniendo la
consumación de la mala praxis.
Pero una vez formalizada la demanda, ¿cómo establecer la
veracidad de las acusaciones? ¿Por un veredicto del alumnado? Además de parcial
e incompetente académicamente sería fácilmente manipulable por terceros:
padres, autoridades y agentes políticos (oficialistas o no).
¿Por un tribunal de expertos ad hoc?, ¿por un comité de
ética? Sería muy engorroso presentar pruebas y contrapruebas a un cuerpo de
dudosa constitución.
En el ínterin se intentará presionar al cuestionado
administrativamente o mediante los familiares de las víctimas constituidos en
asamblea permanente con o sin ocupación del establecimiento, o quizá una
oportuna salida laboral alternativa propuesta por el superior o finalmente una
acción demoledora: suspensión, exoneración…
Lo central será establecer la verdad o la falsedad de las
imputaciones y de los supuestos perjuicios de las víctimas. Algo muy difícil de
hecho, más aún cuando paralelamente a la demanda se producen hechos de fuerza.
En cambio, una acción por mala praxis contra una institución
educativa, veinte años después, invocando mala formación académica general y
específica como causa de un continuado fracaso en lo laboral y en la vida
social, aportando las pruebas necesarias, tendría hipotéticamente más visos de
seriedad y andamiento, especialmente con muchos perjudicados accionando.
La responsabilidad podría extenderse al Estado provincial si
se probara que la institución involucrada no cumplimentó debidamente exigencias
reglamentarias para el ejercicio de la docencia, como contar con profesores
académicamente bien formados, formalmente titulados y con los títulos
requeridos para cada asignatura, o si no tomó intervención a tiempo en el
problema.
Estrictamente, esta figura se relaciona primordialmente con
la optimización de contenidos académicos poseídos e impartidos por los docentes,
lo cual es diversamente condicionado según la clase de ciencias o disciplinas
involucradas.ins
Los errores de información y formación cometidos en ciencias
sociales son en algún punto más graves que los de las ciencias exactas, físicas
o naturales. De hecho, en las sociales los docentes están expuestos a
acusaciones de que hacen política, transmiten ideología, adoctrinan, no son
imparciales, mienten, etc. Ante esto sería poco recomendable establecer una
casuística de temas y problemas disciplinares canonizando sus correspondientes
alcances e interpretaciones con legitimación oficial. En ellas es muy difícil
establecer meridianamente un criterio de verdad, o la verdad misma, cuando las
proposiciones son más bien propuestas y apuestas provisorias cargadas de
subjetividad, o sea lugares de creatividad, no de fatalismo normativo. Por
tanto, ¿quién y sobre qué bases podría desautorizar a alguien por no estar,
presuntamente, bien formado académicamente?
El reglamentarismo, los comités de ética y los tribunales
son propicios para la formación o refuerzo de nichos corporativos de poder,
potenciales o reales campos de corrupción. Es típicamente populista y antesala
de fascismos y totalitarismos el fijar las patrióticas doctrinas nacionales a
enseñarse y aprenderse obligatoriamente. Quien no lo haga, no las acepte o las
impugne será declarado subversivo. Sería gravísima la restricción de libertades
de opinión, expresión y cátedra, así como el ulterior bloqueo de la creatividad
y la personalidad, sin olvidar la uniformización del pensamiento y de sus
producciones.
¿Cómo terminar entonces con las malas prácticas de la
enseñanza y cómo jerarquizar la profesión? Algunos proponen después de la
formación académica una habilitación profesional y sucesivas revalidaciones
como en otros países, pero… ¿cómo garantizar la imparcialidad y la competencia
de los examinadores?
Tampoco es solución estimular la industria del juicio
repartiendo tarjetas de abogados a la salida de los colegios. No vaya a ser que
así como aumentaron las falsas denuncias de agravios para mejorar posiciones en
un pleito, se aliente una práctica similar contra los docentes para mejorar
posiciones de los alumnos en una asignatura arguyendo una falsa condición
académica o animadversión o persecución del profesor, ocultando así las propias
limitaciones.
Decididamente, la solución es rescatar la misión de la
universidad como expresión superior del conocimiento y de la ciencia, volviendo
a enseñar y a aprender y dejando de lado el oportunismo de mediocres y
demagogos. Hay que estudiar y enseñar más y mejor y capacitar y capacitarse
permanentemente y bien. De hecho, también los docentes en ejercicio podrían
iniciar demandas por mala praxis contra sus capacitadores y razones no les
faltarían.
Conclusión: que todos los coprotagonistas de la educación
(Estado, alumnos, docentes, padres, mass media e intelectuales) revisen el
cumplimiento de sus propias obligaciones y responsabilidades y no depositen
culpas afuera, en los otros, para abonar ciertos derechos que se miden
pecuniariamente.
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