A 40 años de la visita de la CIDH, en dictadura.
Verónica Torras () y Jonathan Soria (*)
Entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA visitó la Argentina. Las organizaciones de derechos humanos y los familiares de detenidos-desaparecidos habían realizado todo tipo de gestiones desde el año 1977 para conseguir la presencia de la CIDH en el país. Se esperaba que la actuación de un organismo supranacional detuviera las graves violaciones a los derechos humanos que se producían en el marco de la dictadura cívico-militar.
Para contrarrestar el impacto de la presencia de los comisionados tanto a nivel nacional como internacional, el gobierno de facto implementó diversas estrategias para evitar que la verdad fuera conocida, entre ellas se cuentan las reformas edilicias en la ESMA para ocultar el funcionamiento de Centro Clandestino de Detención, el traslado de los detenidos a la isla “El Silencio” y las medidas para desmentir la “Campaña Antiargentina” bajo el lema “Los argentinos somos derechos y humanos”.
Por otra parte, días antes de la llegada de la CIDH varias sedes de organismos de Derechos Humanos fueron allanados para secuestrar documentos, denuncias e información.
A pesar de los intentos por frustrar la visita, los familiares de detenidos-desaparecidos se agolparon en largas filas en Avenida de Mayo para presentar denuncias ante la Comisión.
En una semana se recibieron cerca de 6000 denuncias en pleno corazón de la dictadura cívico-militar.
Por primera vez, muchos de los hechos denunciados salieron a la luz en el país, y las víctimas, familiares y organismos de derechos humanos recibieron el abierto apoyo de una organización internacional en su reclamo por la vigencia de derechos fundamentales.
En 1980 la Comisión publicó su informe. En él se describían con claridad la metodología y las acciones del terrorismo de Estado. Por este motivo el gobierno militar sólo permitió la publicación de sus conclusiones. Sin embargo, organismos de derechos humanos lograron ingresar y distribuir clandestinamente 500 ejemplares del informe completo.
La visita de la CIDH marcó un antes y un después.
Para la dictadura implicó un revés que puso los crímenes cometidos al descubierto ante el mundo.
A los familiares de las víctimas y sobrevivientes les permitió demostrar fehacientemente en cientos de casos la veracidad de sus testimonios así como el carácter oficial de los procedimientos ilegales, e instaló con mayor fuerza la demanda y el horizonte de la justicia como vía para el esclarecimiento y la reparación.
Fue también un hito para la historia de la propia Comisión. Dejó sentada su independencia y valentía al investigar y denunciar a la dictadura más feroz del continente y fortaleció su legitimidad en el concierto de los Estados y entre las organizaciones de víctimas de toda la región.
() Directora de Memoria Abierta. (*) Responsable de comunicación de Memoria Abierta.
Publicado en Diario "Río Negro", 10 de Septiembre de 2019.
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