Caso Solange Musse: ordenaron que el fiscal debe continuar con la investigación.

Así lo dispuso la Cámara de Apelación de Río Cuarto, que además consideró inadmisibles los últimos recursos interpuestos por las partes.

A más de dos años de la muerte de Solange Musse, la Justicia todavía no dio respuestas sobre la responsabilidad de quienes impidieron que la joven, con internación domiciliaria Alta Gracia por un cáncer terminal, pudiera despedirse de su padre, Pablo Musse. Este sábado, la Cámara de Apelación de Río Cuarto confirmó que el fiscal Saragusti debe continuar con la investigación.

“Hasta el último suspiro tengo mis derechos”, reclamó Solange, quien tenía 35 años, en una carta publicada antes de su muerte. El 16 de agosto de 2020, en plena pandemia de Covid-19, Musse junto a su cuñada, una persona con discapacidad, viajó desde Neuquén a Córdoba, para darle el último adiós a su hija.

Sin embargo, a 370 kilómetros del hospital, autoridades policiales y del Centro de Operaciones de Emergencia les prohibieron el paso en Huinca Renancó y los hicieron regresar escoltados. Solange falleció cuatro días después y no pudo despedirse de su padre.

En las últimas horas del sábado, la Cámara de Apelación de Río Cuarto confirmó que el fiscal Luis Marcelo Saragusti debe continuar la investigación y declaró inadmisibles los últimos recursos interpuestos por las partes.

Además, consideró que los elementos reunidos hasta el momento son “insuficientes” para arribar al estado intelectual de probabilidad requerido, en relación con la hipótesis contenida en la imputación.

Los jueces Carlos González Castellano, Emilio Andruet y Pablo Bianchi, interpretaron que del probatorio “surgen dudas que no han sido despejadas por la instrucción” y ciertas “inconsistencias” por la prescindencia de medidas probatorias.

De esa forma, convalidaron la decisión del Juzgado de Control de Huinca Renancó, que el 6 de octubre pasado había considerado incumplida la investigación penal preparatoria y declarado que no existía mérito suficiente para elevar la causa a juicio ni para sobreseer a los imputados.

Desde el Tribunal consideraron que el Juzgado de Control resolvió de forma adecuada y que debe proseguirse con la investigación. “Las dudas producidas en cuanto al cómo, cuándo, dónde y por quién que persisten ante la prescindencia de los medidas probatorias indicadas, tornan insostenible la existencia de elementos de convicción suficientes idóneos en cuanto tales para afirmar la probable verificación de los extremos de la imputación”, señaló en Tribunal.

En su momento, la querella también había instado a profundizar la pesquisa en torno a la posible intervención de funcionarios públicos en el hecho, pero además, dejó sentado su reclamo de celeridad y la preocupación por la prescripción.

Por ahora, los imputados en el caso son cuatro. Se trata de Eduardo Javier Andrada (director del Hospital) y Analía Morales (integrante de la mesa epidemiológica del COE), a quienes se considera como probables coautores del delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. También el médico policial Sergio José Alí, como posible partícipe necesario del mismo delito, y el sargento Darío Javier Mansilla, como probable autor de omisión de deberes del oficio.

PUBLICADO EN DIARIO LA MAÑANA DEL NEUQUÉN.

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