ADMINISTRACIÓN, ENFERMEDADES DISCAPACITANTES Y MORTIFICACIÓN por CARLOS SCHULMAISTER.

ADMINISTRACIÓN, ENFERMEDADES DISCAPACITANTES Y MORTIFICACIÓN

por CARLOS SCHULMAISTER.

                                                                                             

Tengo a mi madre de 89 años de edad, con Mal de Alzheimer, en un geriátrico cercano donde la visito a diario y la retiro tres o cuatro días a la semana. Si bien camina con ayuda de un aparato caminador por haberse quebrado  la cadera hace dos años, cualquier desplazamiento, por corto que sea,  es una tortura para ella.

Ciertamente, trato de postergar lo más que se pueda el momento en que deba pasar sus horas de vigilia en silla de ruedas pues sé que allí comenzará otro ciclo más riesgoso para su salud y sobre todo más mortificante para su  autoestima y sus históricamente demostradas ganas de vivir con dignidad; condiciones que en estos pacientes y especialmente  en aquellos sujetos a postración se va perdiendo aceleradamente en las brumas de la inconsciencia a medida que pasan los años y se complican sus estados físico, mental y socioafectivo.

A ésta preocupación cotidiana se me sumó hoy otra que pareciera provenir del mundo del absurdo. Resulta que en Argentina, todas las personas, sin excepción, deberán tener el último documento nacional de identidad  antes de fin de año. Después de esa fecha es será exigido para cualquier trámite que deban realizar por si mismas o por medio de sus familiares o  sus representantes legales. Me lo ha dicho la hija de una interna de avanzada edad que pasa sus horas cerca de mi madre, sin poder moverse de su silla de ruedas dado que debe estar todo el tiempo con una pierna apoyada sobre una silla, necesitando siempre la ayuda de una asistente.

Esta medida administrativa nacional -que no reviste mayor trascendencia en la realidad actual de mi país- no sería preocupante para mi (y para los familiares de los demás pacientes) si no fuera por su carácter universal y porque la renovación del DNI (que incluye sacarse una fotografía) deberá hacerse personalmente en el Registro Civil de esta ciudad. Por eso mi reacción natural inmediata fue pensar y decir que lo más conveniente sería  que los empleados del Registro Civil fueran al geriátrico a tramitarles el nuevo documento a los pacientes para que éstos no deban someterse no ya a una incomodidad, sino a algo peor como es la mortificación de ellos y sus familiares (cuando los tienen) por ser exhibidos públicamente  en los más diversos grados del deterioro físico y mental, con todos los perjuicios y quebrantos que ello conlleva, especialmente cuando la gran mayoría de ellos no pueden valerse por si mismos, y menos aún en un contexto desconocido.

Por ejemplo, muchísimos pacientes no se pueden comunicar con nadie, no pueden dirigir sus acciones, no pueden permanecer demasiado tiempo de pie, otros necesitan ir al baño, muchísimos son alimentados, aseados y vestidos varias veces al día por las enfermeras, y no muchos cuentan con el apoyo y la asistencia frecuente de sus familiares.

Pues bien, en la eventualidad de semejante absurdo como el que causa mi alarma, es previsible que no habrá enfermeras en el Registro Civil para ningún paciente. Otros, muchísimos, no contarán con el acompañamiento de ningún familiar por muy diversas razones que no vienen a cuento.  Y de estos últimos, ¿los que tuvieran impedimentos de motricidad pero no de sus capacidades intelectuales qué harían? Por otra parte, aun contando eventualmente con ayuda familiar es lógico suponer que no todos han de disponer de automóvil, ni de dinero para pagar un taxi, ni de sillas de ruedas, y ni siquiera el geriátrico podría disponer de ellas.

¡Qué pasaría si en el trayecto al Registro Civil, o incluso allí mismo, alguno tuviera algún percance, no sólo físico sino de cualquier clase?

_¡Es lógico lo que digo!, ¿no te parece? –pregunté a mi informante. Sin embargo ella no fue optimista. Ocurre que preguntó en el Registro Civil si era posible que los empleados fueran al establecimiento, en el mismo horario de atención al público o en otros alternativos… pero no le dieron ninguna respuesta.

_Hay muchas cosas que están mal…  – me contestó- como los taxis con rampa para discapacitados en sillas de ruedas que no son suficientes y que no trabajan en día domingo…

En los dos ejemplos existen derechos básicos de los ciudadanos discapacitados que no serían contemplados en tales circunstancias. Piénsese en los discapacitados que están totalmente postrados en cama… ¿van a ser removidos a como dé lugar con tal de que la norma sea cumplida?

Más aún, ¿y los discapacitados que no están en establecimientos geriátricos? ¡Acaso no tienen derecho a no ser objeto de cualquier mortificación lesiva para sus condiciones físicas y mentales y  también para su derecho de igualdad de la misma forma en que lo tiene, llegado el caso y con justa causa, cualquier ciudadano sin estar discapacitado!

_Éstos son temas que merecen la atención de las autoridades, sean nacionales, provinciales o municipales… -dijo ella.

_ Por supuesto, ¿pero viste cómo es la realidad?… si la orden correspondiente no les llega de arriba a los burócratas es mucho pedir que piensen correctamente y obren en consecuencia…–contesté.- ¡Ah,  no olvides que esto también debe interesar  al periodismo y a los medios! -agregué.

_ ¡Sí, una vez tuve un problema con un sanatorio y mandé una carta al Correo de los Lectores de  un diario y hubo mucho ruido! -exclamó.

_Bueno, hagamos algo nosotros  -propuse.

_ ¡Siiií, de lo contrario no vamos a poder cobrarles la jubilación a nuestras madres porque en la Policía no nos van a dar el certificado de supervivencia sin tener el nuevo documento. ¡Ya me avisaron ahí!…

_ Ahhhh… en ese caso, ¡que aguanten los geriátricos!

Acordamos que yo escribiera esta nota para mi página de Facebook, y para aquellas relacionadas con la problemática de los familiares y enfermos de Alzheimer con las que habitualmente estoy en contacto y para los periódicos online. En tanto ella buscaría interesar a las autoridades y a los medios de comunicación locales.

Esa noche estuve pensando en todo esto. No, no puede ser … seguramente todo se va a resolver satisfactoriamente, me decía una y otra vez. De lo contrario, sería patético… como patético sería sacarles una fotografía de carnet a enfermos mentales con las facciones alteradas del tipo de las que ilustran los libros de patrologías mentales.

Queda poco más de ocho meses para que venza el plazo de esta medida administrativa. Tengo la esperanza de que -en este caso y en todos- no lleguemos a los extremos del delirio. Y que esta nota no sea una señal de alarma sino un simple ejercicio de comunicación. Cambiando su sentido nos ahorraremos el stress, como mínimo.

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Sabido es que la administración pública se vincula necesariamente con el aparato burocrático del estado, pero de hecho lo hace también, y muy intensamente, con el lado oscuro de la burocracia, ése del cual se habla siempre con enojo o con furia cuando por su causa se sufre en carne viva alguna mortificación.

Olvidando ahora mi interés particular en el caso, con espíritu caritativo, como un salvavidas que se arroja a un náufrago, se me ocurre sugerir que no sería descabellado, ni mucho menos antipatriótico, que se eximiera de la obligatoriedad de cumplir con tan trascendental medida a todas las personas mayores de 60 años…; o por lo menos a todas las que no estuvieren  en condiciones físicas o mentales de hacerlo por si mismas cuando no puedan hacerlo mediante terceras personas…; o restringidamente a los que residan en establecimientos geriátricos…; o… en fin, ¡que se dispusiera que el personal de los Registros Civiles del país visitará a esos fines los mencionados establecimientos durante los meses próximos!… ¡y con compensación horaria, por supuesto!… ; y… bueno, en tren de soñar…¡que para las personas impedidas de hacerlo no signifique ningún perjuicio para el efectivo cumplimiento posterior de todos sus derechos… humanos!

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Todo sería más fácil en la vida si las autoridades de cualquier jurisdicción y rango pudieran discernir la enorme diferencia conceptual, de sentido, y teleológica, existente entre los términos ADMINISTRAR Y GOBERNAR.

Administrar es -obviamente, en la realidad de Argentina- contar una y otra vez, por parte de los administradores del estado, las figuritas que éste último ha ido acumulando desde que empezó a jugar. Algo así como contar los porotos. O los garbanzos. Y comprobar que los jugadores aumenta cada vez más y las figuritas, o los garbanzos, son cada vez menos. Entonces, a como dé lugar los administradores tratarán de estirar las figuritas, las retocarán, harán estadísticas y se sentirán ufanos porque de alguna manera todo se patea para adelante -en Argentina, reitero-.  Pero administrar bien no es patear para adelante, ni diseñar instructivos y formularios y estampillas fiscales ni determinar tasas o impuestos por meros automatismos derivados de concepciones estatistas.

Administrar bien no es dotar de significados -acotados- a cada acto administrativo, sino proveer de sentidos coherentes al procesamiento de la realidad, la cual es totalizante y multívoca, y se vive en forma cambiante; es decir, en la cual todo se relaciona. Por lo tanto, los sentidos a buscar deben relacionarse con algo que excede la mera administración pública. Es decir, la administración no  puede ni debe ser un fin en si misma, sino que debe estar al servicio de algo superior como debe ser en la etapa social de la civilización la búsqueda de mejores condiciones para la vida, tanto genérica como particularmente considerada. Entre otras cosas eso que suele llamarse calidad de vida. Y en última instancia, la felicidad, que es fruto de la feliz intersección del individuo y de la sociedad.

Administrar es contar figuritas, porotos o garbanzos. Gobernar es lo que queda después, lo que se hace con esos y otros elementos con los que cuenta una sociedad. Los porotos se cuantifican, porque se ven. La calidad de vida no se puede medir, sólo se siente. Y cuando se siente bien, ¡eso es gobernar!