Piquetes: advierten que la ley contradice al Código Penal. Es porque legaliza una conducta prohibida al considerar que hay cortes que son “válidos”. Tanto el Pro como la izquierda también ponen reparos a la iniciativa.

El proyecto de ley antipiquetes que impulsa el Gobierno acumula cada vez más críticas, no sólo desde la oposición sino también dentro del propio oficialismo. Pero a los cuestionamientos políticos se sumaron advertencias a partir del aspecto técnico de la iniciativa. 

Desde diversos sectores aseguran que, de ser aprobada en el Congreso, la norma podría “colisionar” con el Código Penal y con los códigos contravencionales de cada distrito; y algunos, incluso, advierten que es “inconstitucional”.

Desde la Justicia, el fiscal porteño Martín Lapadú sostuvo ayer que el proyecto “está parado sobre ilícitos” porque “asegura la impunidad” de los piquetes y “legaliza el delito”, al contemplar como válidos los cortes que son “con aviso”. 

“En el Código Penal existe esta conducta como delito en el artículo 194, que lo pena con prisión. Por lo tanto esta ley, que viene a regular este tipo de marchas, está parada sobre ilícitos porque es una manera de legalizar lo ilícito y asegurar su impunidad”, apuntó. 

E insistió: “Si una de las causales para que una marcha sea ilegítima es la comisión de delitos, yo me pregunto si la Policía va a tener que dispersar a los delincuentes o, como indica el Código de Procedimiento Penal, atraparlos y ponerlos a disposición de la Justicia”.

Lapadú, además, remarcó que el proyecto también entra en conflicto con “leyes locales”. En ese sentido, advirtió que “la Ciudad no podría adherir a la norma ya que colisionaría con el Código Contravencional, que se dictó hace doce años”. 

Por último, el funcionario judicial recordó que “si bien esta ley la dicta el Congreso Nacional, las provincias y la Ciudad no han delegado la facultad, en el Gobierno federal, de la reglamentación y el uso del espacio público”.

Piquete legítimo o no

También hizo eje en el tema de la jurisdicción, la diputada del Pro, Laura Alonso, quien aseguró que “cada distrito tiene derecho a tener su propia regulación local del espacio público”. Asimismo, la legisladora sostuvo que “el Gobierno busca apoderarse de la potestad de determinar la legitimidad una manifestación” y aseguró que el proyecto presentado por el diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini, que responde al jefe de Gabinete Jorge Capitanich, “sigue el mismo sentido de la ley antiterrorista”, sancionada en 2011. 

“Es un proyecto orientado a romper con la protesta. Estamos de acuerdo en que hay que armonizar los derechos, pero ellos no plantean eso. Además, fueron ellos que liberaron durante 12 años las calles”, indicó Alonso. Al tiempo advirtió que, de aprobarse esta ley, “un cacerolazo espontáneo va a ser ilegítimo”.

Desde la izquierda, el legislador porteño y dirigente del MST, Alejandro Bodart, apuntó que el proyecto K “es represivo, absurdo e inconstitucional porque el Ejecutivo se arroga la facultad de decidir a su antojo si una manifestación es legítima o ilegítima”. 

Adelantó que, cuando se trate el proyecto, rodearán el Congreso “para que no se apruebe”. Mientras, Luis Zamora (Autodeterminación y Libertad) alertó que, en caso de ser ley, “en adelante no se necesitará la intervención de jueces y fiscales” para frenar las protestas.

Publicado en Diario "Los Andes" de Mendoza, 
http://www.losandes.com.ar/notas/2014/4/20/piquetes-advierten-contradice-codigo-penal-780476.asp
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