El condicionante, claro está, existe y es concreto: ganarle
las elecciones bonaerenses a Cristina Kirchner, y de ese modo terminar con las
dudas de empresarios y políticos, aquí y fuera del país.
Optimista en relación con lograr ese triunfo que le otorgue
el ansiado respaldo político, el Gobierno prepara una batería de medidas posteriores a las elecciones legislativas, un conjunto de leyes y medidas
"para los próximos veinte años de la Argentina", como lo definió el
propio presidente Mauricio Macri en su encuentro con empresarios chilenos, el
martes pasado en Santiago de Chile.
Reformas tributaria, fiscal y previsional; reforma política
que incluye cambios en el financiamiento de campaña; cambios en la ley de Etica
Pública, en los organismos de control y en el Poder Judicial, son algunas de
las modificaciones "de largo plazo" que la Casa Rosada imagina poner
en práctica luego de superado el "obstáculo electoral" que hoy
representa derrotar en las urnas a la ex presidenta.
La obsesión presidencial por el empleo para bajar los
índices de pobreza va de la mano con una exigencia compartida por el
empresariado: "bajar el costo argentino" para favorecer inversiones,
según lo definió el propio Presidente el jueves, en el encuentro de CAME.
En ese sentido, los ministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y
Jorge Triaca (Trabajo) trabajan en una amplia reforma tributaria que elimine
impuestos, aportes y contribuciones, incentive las contrataciones en blanco y
aplique multas para los empresarios que contraten empleados "en
negro", según contaron a LA NACION desde ambos ministerios.
"La dejamos para después de octubre por el ruido
electoral que genera", afirmaron a LA NACION fuentes del palacio de
Hacienda.
Aquí, como en las demás iniciativas, será fundamental el
apoyo del PJ, en especial de los gobernadores que la Casa Rosada considera
"cercanos", para conseguir votos en el Congreso y apoyo político para
iniciativas que pueden despertar polémica y críticas.
Triaca también tiene en carpeta una ambiciosa "reforma
previsional" del que se conocen pocos detalles, y que no incluirían por el
momento una suba en la edad jubilatoria.
Dujovne, con la ayuda del ministro del Interior, Rogelio
Frigerio , prepara junto a los gobernadores una nueva ley de responsabilidad
fiscal, que apunta a la reducción del gasto provincial o, al menos, mantenerlo
estable hasta 2023, y un artículo que prohíbe la contratación de personal a los
mandatarios a partir de los últimos seis meses de mandato.
Además de las reformas vinculadas a la economía y el mercado
laboral, el Gobierno prepara otro paquete de reformas "más duraderas"
vinculadas al desarrollo institucional del país. En la Jefatura de Gabinete
relacionan el ingreso a sus filas del diputado Fernando Sánchez, leal a Elisa
Carrió, con estos cambios que se vienen.
La reforma política trabada en el Congreso, que incluía la
boleta electrónica y la homogeneización del calendario electoral, será
reimpulsada una vez obtenido el apoyo del electorado.
Se le sumarían la derogación de las PASO (anunciada por el
Gobierno esta semana a través del jefe de gabinete, Marcos Peña) y un nuevo
régimen de transparencia en el financiamiento de campañas en base a
recomendaciones de ONG como Cippec y Poder Ciudadanos, frenada por la campaña
electoral.
"No podemos cambiar las reglas en mitad de una
elección", repitió el secretario legal y técnico, Pablo Clusellas, que
tiene en su despacho el borrador de los cambios en el financiamiento electoral,
enviado por el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior,
Adrián Pérez.
Se suman a este paquete algunas normas hoy trabadas en el
Congreso, como las reformas a la ley de ética pública y la norma de
responsabilidad penal empresaria, que apoyan "los empresarios honestos que
no quieren pagar más coimas", según definió Sánchez a LA NACION.
Otras reformas judiciales, que incluirían una reforma del
Consejo de la Magistratura y cambios en los tiempos procesales de las
sentencias, se mantienen aún bajo llave en los despachos más importantes.
Carrió y Sánchez vienen discutiendo estos cambios con Peña y Mario Quintana,
uno de los vicejefes de gabinete.
"En un país serio hay oficialismo y oposición, pero
tiene que haber responsabilidad de ambas partes", afirma Sánchez en un
adelanto de lo que será su rol de "coordinación" entre el Ejecutivo y
parte de la oposición peronista, con el objetivo de concretar muchos de estos
proyectos que el Gobierno se prepara para lanzar horas después festejar lo que
espera sea un triunfo en las elecciones de medio término.
Publicado en Diario "La Nación", domingo 2 de julio de 2017.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
La diferencia de opiniones conduce a la investigación, y la investigación conduce a la verdad. - Thomas Jefferson 1743-1826.