Los últimos episodios de violencia desatados por grupos mapuches en Río Negro derivaron en un nuevo frente de conflicto para el Gobierno en plena campaña para las elecciones generales del 14 de noviembre.
El malestar que reinaba en la gobernación de Río Negro por la “falta de acción” ante la escalada de los conflictos territoriales con los grupos autodenominados mapuches fue avivado aún más por la carta abierta que Alberto Fernández le envió a la mandataria provincial Arabela Carreras.
Si bien desde la Casa Rosada anunciaron un despliegue mayor de gendarmes para reforzar los controles, optaron por dejar en claro públicamente, al mismo tiempo, que no es responsabilidad del Ejecutivo nacional ocuparse de ampliar la seguridad de la región ante este tipo de hechos delictivos.
El argumento fue mal recibido en la provincia, tanto por la gobernadora como por el intendente de Bariloche, que calificó la carta como “una falta de respeto”. Además, le facilitó a la oposición la posibilidad de ganar protagonismo con un tema que preocupa seriamente a los habitantes de las provincias patagónicas. El Frente de Todos disputa dos diputados en Río Negro y tres senadores en la vecina Chubut, escaños que serán clave para no perder el quórum en la Cámara alta.
De hecho, los presidentes del PRO y la UCR, Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo, respectivamente, visitaron este jueves la provincia y fustigaron al gobierno nacional por su “política de abandono”.
Por su parte, en la Casa Rosada lamentaron que la gobernadora Carreras embarrara la relación con fines electorales.
En el Gobierno cayó mal la conferencia de prensa donde la gobernadora dijo que no estaba pidiendo un favor a la Nación para controlar a los grupos que perpetraron los atentados en El Bolsón en las últimas semanas, sino que “exigía” el envío de fuerzas federales para solucionar el conflicto. Condenaron que la líder provincial difundiera su pedido a través de un mensaje público -que consideraron innecesariamente crítico hacia la Nación-, y leyeron sus palabras en clave electoralista.
“Lo de Arabela es un déjà vu. Con nosotros acuerda una cosa, después dice otra, y luego le plantea una idea distinta al Presidente. Tiene un comportamiento errático, donde va acomodando el discurso según su conveniencia”, dijo un funcionario que trabajaba en Seguridad durante la gestión de la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Se remontó así a los cuestionamientos que hizo la gobernadora, a fines del año pasado, a la antecesora de Aníbal Fernández, durante el pico de tensión por la ocupación de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.
En ese momento, Carreras también había tomado distancia de la Nación, mientras que su predecesor, aliado del oficialismo y principal referente de Juntos Somos Río Negro (JSRN), el senador nacional Alberto Weretilneck, salió a criticar a la ministra. Esos roces terminaron resolviéndose entre reuniones en la Casa Rosada, y con diálogos entre los vecinos de la localidad rionegrina, las autoridades provinciales, y dirigentes mapuches, aunque sólo temporalmente. Tras el cambio de gestión en la cartera de Seguridad nacional, y con las últimas manifestaciones violentas en la zona, las hostilidades políticas resurgieron.
“La conferencia de Arabela exigiendo le sirvió para hablarle a su electorado. Siempre hace lo mismo, tiene antecedentes con este tipo de accionar”, dijo, visiblemente molesto, un funcionario de la Casa Rosada que estuvo con el Presidente ayer por la tarde, luego de que se difundiera la polémica respuesta del primer mandatario a la gobernadora.
En una misiva pública, Alberto Fernández ratificó que enviaría efectivos policiales a Río Negro, como habían adelantado el martes desde el ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández, pero remarcó que lo hacía por solidaridad en una situación puntual, y no porque fuera obligación del gobierno nacional.
Las palabras del Presidente causaron indignación en las autoridades provinciales -el intendente de Bariloche, Gustavo Genusso, consideró la carta del Presidente como “una falta de respeto”-, en especial por el fragmento donde expresaba que “no es función del Gobierno brindar más seguridad en la región”.
Ante los cuestionamientos, en Balcarce 50 admitieron que esa parte del mensaje fue desafortunado y buscaron explicarlo. “Tendríamos que haber marcado que con esa frase estábamos retomando textuales de la propia gobernadora”, dijo un vocero, y destacó que más allá de las críticas de la Nación a la provincia, “las ayudas se enviaron y ya están en el terreno”.
En el entorno de Carreras aseguraron que desde hace más de un mes habían pedido refuerzos a la Nación, sin éxito, y que fue la frustración en la consecución de esas ayudas lo que llevó a la gobernadora a ventilar a viva voz las demandas. “En la provincia estamos presos en la grieta entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, por cómo se maneja la relación con estos grupos que no reconocen límites. Los dos partidos nacionales no se ponen de acuerdo, hay una pelea entre el ala dura de Juntos de Macri y Bullrich; y el ala blanda del Gobierno, con Magdalena Odarda -del INAI- y Alberto Fernández. Ese es el punto, esto no tiene que ver con una cuestión electoral nuestra”, dijo un importante referente local.
Ayer, en diálogo con periodistas en la Casa Rosada, el ministro de Seguridad asoció la situación en el sur con el escándalo más resonante y polémico de la gestión de Patricia Bullrich durante el gobierno de Mauricio Macri. “No vamos a reprimir, no queremos otro caso como el de Santiago Maldonado”, dijo Aníbal Fernández a periodistas en la Casa Rosada. Y ratificó la postura del Presidente respecto del envío de tropas de refuerzo a Río Negro.
Las complicaciones con la comunidad Lafken Winkul Mapu se iniciaron en junio de 2017 cuando una líder espiritual local aseguró haber recibido un mensaje extrasensorial que la hizo visualizar al Parque Nacional Nahuel Huapi como el lugar sagrado para instalarse. Desde entonces se suceden en la zona picos esporádicos de enfrentamientos, casi siempre violentos.
La última serie de ataques provocados por los mapuches ocurrió en los primeros días de octubre, cuando tres personas con los rostros cubiertos irrumpieron en un campamento de Vialidad Provincial ubicado en el camino al cerro Catedral, a pocos kilómetros del centro de Bariloche, e incendiaron un depósito y máquinas viales y dejaron maniatado al cuidador y su esposa.
Los propios encapuchados atribuyeron el atentado al plan de reivindicación territorial que comunidades mapuches mantienen en la Patagonia y apuntaron contra la gobernadora Carreras, fiscales y jueces. “Los niños mapuches crecerán y vencerán en el weichan, la tierra no se vende, se defiende. Fuera winkaes terratenientes de Wallace Mapu”, expresaron en un mensaje escrito que dejaron en el campamento.
En la gobernación de la provincia patagónica hay un fuerte malestar por la actitud que toma la Nación frente a lo que consideran uno de los problemas más graves a nivel local. Recientemente cayó mal que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, en lugar de repudiar la ocupación de tierras, pidiera -durante un encuentro político en Bariloche, hace veinte días- promover un co-manejo de tierras entre la RAM y el área estatal que maneja los parques nacionales.
También le facturan a la Casa Rosada la “línea conducta de inacción”, como describió un funcionario, por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, (INAI), que conduce la ex senadora afín al kirchnerismo, Odarda. “Hay una falta de dimensión de lo que pasa acá con estos grupos que no reconocen a la patria, ni a la Constitución, ni se consideran argentinos, por parte del Poder Ejecutivo Nacional”, dijo un referente de JSRN.
El enfrentamiento se agudizó en los últimos días, también, a partir de las declaraciones del embajador en Chile, Rafael Bielsa, que defendió al líder mapuche Facundo Jones Huala, preso con condena firme en ese país por un ataque incendiario perpetrado en 2013. Aunque después la Embajada salió a aclarar que no se había planteado un pedido de libertad condicional, la administración provincial recibió con pesar las palabras del diplomático.
Ayer, en su primera conferencia de prensa, la nueva portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, aseguró que en el conflicto con los mapuches “no está en discusión la propiedad privada” sino que “hay otras situaciones en juego”. “No achiquemos. Esto tiene que ver con un problema que pasa en muchos lugares del mundo, que tiene que ver con cómo se produjo la colonización en América Latina”, sostuvo ante la consulta de un periodista.
Con la tensión por la cuestión mapuche a flor de piel, la disputa política en los distintos niveles estatales alcanza un nuevo pico después de los cruces de 2020. A pesar de que ya se concretó el envío de tropas de la Gendarmería a Río Negro, por ahora no está previsto un encuentro entre las autoridades provinciales y la Nación para limar asperezas en torno a un conflicto que empaña ambas gestiones a tres semanas de las elecciones generales legislativas.
PUBLICADO EN INFOBAE.
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