Uno a uno, así el régimen de Daniel Ortega arrestó a 8 candidatos opositores para asegurarse una nueva reelección.
En los últimos dos meses, la justicia sandinista allanó los domicilios y ordenó la detención de 7 aspirantes presidenciales y una candidata a vice bajo absurdas acusaciones de “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.Desde principio de junio, la Justicia de Nicaragua comenzó una cacería sobre dirigentes opositores. Ya fueron arrestados 32, muchos de ellos de noche, y sus casas allanadas sin orden judicial. Ocho de ellos tenían aspiraciones de competir en las elecciones de este 7 de noviembre. Los cargos del régimen en su contra insisten en conceptos difusos como “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
Lo cierto es que tras 14 años consecutivos en el poder, un debilitado Daniel Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo, y como las encuestas muestran que su popularidad está por el suelo, decidió amañar el proceso electoral con todo tipo de trampas, excluir a los observadores internacionales y por último directamente arrestar y excluir de los comicios a cualquiera que puediese estorbarle el camino.
La razia comenzó el 2 junio, cuando la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Cristiana Chamorro y luego su arresto domiciliario. Cristiana es la hija de la ex presidente Violeta Barros de Chamorro, dirigía la fundación que lleva el nombre de su madre y los sondeos la mostraban como la dirigente con mejor imagen para derrotar al sandinismo.
Los agentes policiales irrumpieron violentamente en la residencia de Chamorro, ubicada a unos 11 kilómetros al sur de la capital, y se llevaron parte de sus pertenencias y papeles de trabajo.
Chamorro fue acusada por la fiscalía de “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense” a través de su Fundación y por eso se dictó su arresto y la inhibición para ejercer cargos públicos.
Tres días más tarde, al regresar de una gira por Estados Unidos, fue arrestado en el Aeropuerto Augusto César Sandino el ex embajador Arturo Cruz, otro dirigente que se preparaba para postularse a la presidencia en las elecciones de este año.
La justicia informó que Cruz había sido detenido por infringir la ley número 1055 “de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación”.
Durante su visita a Estados Unidos, Cruz, el ex embajador del gobierno de Ortega entre 2007 y 2009 y uno de los aspirantes que cumplía con casi todos los requisitos exigidos por el Poder Electoral, había puesto en duda su candidatura: “Si continúa la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso electoral”.
Pasaron otros 3 días y le llegó el turno a Félix Maradiaga, un académico y activista, que fue detenido después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, por lo que, según dijo a los periodistas, estaba preparado para lo que viniera.
En un comunicado, la Policía indicó que Maradiaga “está siendo investigado por realizar actos que “menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”. También por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
“Mi más enérgica protesta por la detención de Félix, que es ilegal y arbitraria. Los responsables de estos abusos serán condenados en una Nicaragua en justicia”, escribió en su cuenta de Twitter Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana y también con aspiraciones presidenciales. Ese mismo día, unas horas más tarde, sería él el arrestado.
Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, confirmó que el político fue detenido por efectivos policiales que irrumpieron en su vivienda del sureste de Managua después de las 19:00 horas locales para realizar un allanamiento.
El 20 de junio fue arrestado el periodista Miguel Mora. No era la primera vez. El dueño del canal de TV 100% Noticias ya había sido arrestado junto a su pareaj y también periodista, Lucúa Pieneda durante las protestas sociales de 2018. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”.
Aunque fueron liberados, nunca recuperaron su canal, que desde entonces permanece tomado por fuerzas gubernamentales.
Mora había anunciado sus intenciones postularse a la Presidencia por el opositor Partido Restauración Democrática (PRD), al que el Consejo Supremo Electoral, integrado por partidarios de Ortega, le despojó su personalidad jurídica. Durante el lanzamiento de su candidatura, había adelantado que rompería relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, abriría una embajada permanente en Israel, y despediría de su eventual Gobierno a los sandinistas, excepto a los “que no se han manchado las manos de sangre”.
El 6 de julio el líder campesino Medardo Mairena, quien también había sufrido un cruento arresto previo y había anunciado sus intenciones de aspirar a la presidencia, fue detenido junto a otros tres dirigentes rurales.
“Dictadura Ortega-Murillo de cacería. Hoy secuestraron, al momento, cuatro líderes principales de nuestro movimiento. Pedro Mena, Medardo Mairena, Freddy Navas y Pablo Morales”, informó ese grupo en una declaración.
Mairena había sido uno de presos emblemáticos entre los centenares de detenidos durante las propuestas de 2018. Fue arrestado bajo cargos falsos y sufrió torturas en prisión hasta que un juez afín al régimen lo condenó a 216 años de prisión por, supuestamente, matar a cuatro policías. Luego, gracias a la presión internacional, fue amnistiado.
El sábado 24 de julio la policía nacional informó que el opositor Noel José Vidaurre Argüello, de 66 años, había sido puesto bajo custodia policial para ser investigado por supuesta traición a la patria.
Vidaurre, un veterano político conservador, se convirtió así en el séptimo aspirante a la Presidencia de Nicaragua en ser aprehendido. La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, dejaba así provisoriamento sin candidato a la Presidencia a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Sin embargo, contrarreloj, la alianza opositora llegó a inscribir en la fecha límite de este lunes al ex guerrillero Óscar Sobalvarro como candidato a presidente, acompañado por la ex Miss Nicaragua Berenice Quezada.
Pero este miércoles, CxL denunció que Quezada “fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular”, según señaló en un comunicado.
Con estos ocho arrestos, Ortega cree haber limpiado el camino hacia una nueva reelección, a pesar de los crecientes repudios internacionales que viene cosechando, aun de sus ex aliados, y el rechazo de la mayoría de los nicaragüenses.
PUBLICADO EN INFOBAE.
Desde principio de junio, la Justicia de Nicaragua comenzó una cacería sobre dirigentes opositores. Ya fueron arrestados 32, muchos de ellos de noche, y sus casas allanadas sin orden judicial. Ocho de ellos tenían aspiraciones de competir en las elecciones de este 7 de noviembre. Los cargos del régimen en su contra insisten en conceptos difusos como “atentar contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.
Lo cierto es que tras 14 años consecutivos en el poder, un debilitado Daniel Ortega buscará un cuarto mandato consecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo, y como las encuestas muestran que su popularidad está por el suelo, decidió amañar el proceso electoral con todo tipo de trampas, excluir a los observadores internacionales y por último directamente arrestar y excluir de los comicios a cualquiera que puediese estorbarle el camino.
La razia comenzó el 2 junio, cuando la Justicia ordenó un allanamiento en la casa de Cristiana Chamorro y luego su arresto domiciliario. Cristiana es la hija de la ex presidente Violeta Barros de Chamorro, dirigía la fundación que lleva el nombre de su madre y los sondeos la mostraban como la dirigente con mejor imagen para derrotar al sandinismo.
Los agentes policiales irrumpieron violentamente en la residencia de Chamorro, ubicada a unos 11 kilómetros al sur de la capital, y se llevaron parte de sus pertenencias y papeles de trabajo.
Chamorro fue acusada por la fiscalía de “gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense” a través de su Fundación y por eso se dictó su arresto y la inhibición para ejercer cargos públicos.
Tres días más tarde, al regresar de una gira por Estados Unidos, fue arrestado en el Aeropuerto Augusto César Sandino el ex embajador Arturo Cruz, otro dirigente que se preparaba para postularse a la presidencia en las elecciones de este año.
La justicia informó que Cruz había sido detenido por infringir la ley número 1055 “de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación”.
Durante su visita a Estados Unidos, Cruz, el ex embajador del gobierno de Ortega entre 2007 y 2009 y uno de los aspirantes que cumplía con casi todos los requisitos exigidos por el Poder Electoral, había puesto en duda su candidatura: “Si continúa la danza de inhibiciones y quedamos sin otros candidatos, lo lógico es que este servidor no participe en ese proceso electoral”.
Pasaron otros 3 días y le llegó el turno a Félix Maradiaga, un académico y activista, que fue detenido después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, por lo que, según dijo a los periodistas, estaba preparado para lo que viniera.
En un comunicado, la Policía indicó que Maradiaga “está siendo investigado por realizar actos que “menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización”. También por “proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”.
“Mi más enérgica protesta por la detención de Félix, que es ilegal y arbitraria. Los responsables de estos abusos serán condenados en una Nicaragua en justicia”, escribió en su cuenta de Twitter Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana y también con aspiraciones presidenciales. Ese mismo día, unas horas más tarde, sería él el arrestado.
Olama Hurtado, sobrina de Chamorro, confirmó que el político fue detenido por efectivos policiales que irrumpieron en su vivienda del sureste de Managua después de las 19:00 horas locales para realizar un allanamiento.
El 20 de junio fue arrestado el periodista Miguel Mora. No era la primera vez. El dueño del canal de TV 100% Noticias ya había sido arrestado junto a su pareaj y también periodista, Lucúa Pieneda durante las protestas sociales de 2018. Ambos pasaron casi seis meses en prisión, acusados de “incitar al odio”.
Aunque fueron liberados, nunca recuperaron su canal, que desde entonces permanece tomado por fuerzas gubernamentales.
Mora había anunciado sus intenciones postularse a la Presidencia por el opositor Partido Restauración Democrática (PRD), al que el Consejo Supremo Electoral, integrado por partidarios de Ortega, le despojó su personalidad jurídica. Durante el lanzamiento de su candidatura, había adelantado que rompería relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, abriría una embajada permanente en Israel, y despediría de su eventual Gobierno a los sandinistas, excepto a los “que no se han manchado las manos de sangre”.
El 6 de julio el líder campesino Medardo Mairena, quien también había sufrido un cruento arresto previo y había anunciado sus intenciones de aspirar a la presidencia, fue detenido junto a otros tres dirigentes rurales.
“Dictadura Ortega-Murillo de cacería. Hoy secuestraron, al momento, cuatro líderes principales de nuestro movimiento. Pedro Mena, Medardo Mairena, Freddy Navas y Pablo Morales”, informó ese grupo en una declaración.
Mairena había sido uno de presos emblemáticos entre los centenares de detenidos durante las propuestas de 2018. Fue arrestado bajo cargos falsos y sufrió torturas en prisión hasta que un juez afín al régimen lo condenó a 216 años de prisión por, supuestamente, matar a cuatro policías. Luego, gracias a la presión internacional, fue amnistiado.
El sábado 24 de julio la policía nacional informó que el opositor Noel José Vidaurre Argüello, de 66 años, había sido puesto bajo custodia policial para ser investigado por supuesta traición a la patria.
Vidaurre, un veterano político conservador, se convirtió así en el séptimo aspirante a la Presidencia de Nicaragua en ser aprehendido. La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, dejaba así provisoriamento sin candidato a la Presidencia a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL).
Sin embargo, contrarreloj, la alianza opositora llegó a inscribir en la fecha límite de este lunes al ex guerrillero Óscar Sobalvarro como candidato a presidente, acompañado por la ex Miss Nicaragua Berenice Quezada.
Pero este miércoles, CxL denunció que Quezada “fue notificada en su casa por las autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la Policía, que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria, sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular”, según señaló en un comunicado.
Con estos ocho arrestos, Ortega cree haber limpiado el camino hacia una nueva reelección, a pesar de los crecientes repudios internacionales que viene cosechando, aun de sus ex aliados, y el rechazo de la mayoría de los nicaragüenses.
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