Visitantes pasan frente a un retrato del presidente Jimmy Carter durante una celebración por su cumpleaños 99 en el Centro Carter, el sábado 30 de septiembre de 2023, en Atlanta.
(AP Foto/Ben Gray).
OPINIÓN / HOMENAJE.
Carter y su compromiso con los derechos humanos en Argentina.
James Carter fue clave en denunciar los actos de la dictadura militar argentina y, en consecuencia, en salvar vidas. Nunca antes ni después de la Administración Carter el tema derechos humanos fue un eje central de la política exterior de los Estados Unidos.
La muerte de un líder político como el ex presidente
norteamericano James Carter merece una reflexión sobre su trayectoria y en este
caso, su impacto en nuestro país. Carter enfrentó importantes problemas
económicos globales y mucho se ha dicho y escrito sobre las dificultades de su
gobierno. Al efecto del segundo shock petrolero en 1979 (cuando el barril subió
de 9 a 27 dólares) se agregó el impacto geopolítico de la caída del Shah y el
ascenso de Khomeini y su teocracia y la toma de los rehenes de la embajada de
Estados Unidos que ensombreció el último año de su mandato (incluido un
frustrado intento de rescate militar).
En materia de derechos humanos y defensa de la democracia en
el mundo, su obra fue muy relevante no solo durante su presidencia, sino tras
finalizar su mandato. Gracias a su apoyo político, en septiembre de 1979 la
Argentina de la dictadura militar recibía la visita de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y recogía más de 5500 denuncias de
desapariciones, privaciones de la libertad, violaciones de derechos y garantías
en general, a las que se sumaron las 3.000 obtenidas por organismos de derechos
humanos.
Aquel hecho marcó un antes y un después en el
esclarecimiento de lo que estaba sucediendo en nuestro país, el terrorismo de
Estado, la desaparición de personas víctimas de la represión ilegal,
secuestros, robos de bebés, retención en centros clandestinos de tortura,
asesinatos.
A través del gobierno de Carter, se logró el permiso de las
autoridades argentinas para la crucial visita de dicha Comisión. También fue
relevante el papel que desempeñó Patricia Derian, funcionaria de la
administración Carter a cargo de la Secretaria Adjunta de Derechos Humanos y
Asuntos Humanitarios en el Departamento de Estado, quien visitara Argentina en
1977 para informar luego al gobierno de Estados Unidos sobre las violaciones a
los derechos humanos que tenían lugar en este país.
Los hechos más graves ocurrieron entre los años 1976 y 1978,
es decir, con anterioridad a la visita de la Comisión. De hecho, lo más fuerte
y masivo de la represión tuvo lugar en 1976 y en 1977. Desde entonces, ya el
presidente Carter buscaba que el gobierno militar invitara a la CIDH. Su
compromiso con los derechos humanos y la democracia en el continente lo
obligaba a atender las graves denuncias de los familiares de desaparecidos y
miembros de los organismos de derechos humanos que se realizaban ante
organismos internacionales y en diversos países. Además, la administración
Carter debía reponerse de la guerra de Vietnam y demostrar que Estados Unidos
enfrentaba la cuestión de los derechos humanos con seriedad, con el agravante
del desprestigio que significaba haber apoyado la dictadura de Pinochet y haber
respaldado y alentado los golpes
El informe de la Comisión sobre Argentina, decía que
“personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del gobierno
han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención (esta es)
la situación de miles de detenidos desaparecidos”. La presión del gobierno de
Carter sirvió para que en su declaración anual el organismo mencionara el caso
argentino. El informe fue dado a conocer por la Comisión, pero paradójicamente
no fue publicado oficialmente por la OEA y los medios de comunicación
argentinos rechazaron el informe de la CIDH.
Es por eso que resulta muy oportuno recordar el compromiso y
la influencia de la administración Carter en materia de derechos humanos y
democracia en Argentina y América Latina y el fuerte giro que produjo respecto
de las administraciones anteriores. También poner en valor el rol de su
entonces Subsecretaria de Derechos Humanos Patricia Derian, quien fue testigo
fundamental en el juicio a las juntas militares desarrollado en 1985.
James Carter fue clave en denunciar los actos de la
dictadura y, en consecuencia, en salvar vidas. Ese compromiso de su gobierno
con los derechos humanos ya se había evidenciado en setiembre y octubre de
1976, durante la campaña electoral presidencial, y se reforzó cuando asume en
enero de 1977 en su discurso de posesión. En esa oportunidad, declara una
adhesión total al compromiso con los derechos humanos, reafirmada en mayo del
mismo año al posicionarlos como lineamiento de su política exterior. Nunca
antes ni después de la Administración Carter el tema derechos humanos fue un eje
central de la política exterior de los Estados Unidos.
La histórica visita de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a la Argentina del 6 al 20 de septiembre de 1979, como lo
señala el Dr. Marcelo López Alfonsín en su libro recientemente publicado
“Carter y Los Derechos Humanos en Argentina” (Ed. Jusbaires) “no hubiera
ocurrido sin el apoyo firme de Jimmy Carter y ayudado por las visitas en marzo
y agosto de 1977 de la primera Subsecretaria de Estado para los Derechos
Humanos y Humanitarios de Estados Unidos, Patricia Derian, que contó además con
el apoyo de organismos de derechos humanos y ayudó a sentar las bases para la
preparación del histórico informe de la Comisión de abril de 1980, así como el
Juicio a las Juntas en 1985 en el que Derian también testificó el 14 de junio,
con el que contribuyó al restablecimiento de la democracia en Argentina, cuyo
40 aniversario de democracia ininterrumpida se celebra en 2023″.
Es justo destacar el papel de Carter en la historia de las
relaciones entre Argentina y los Estados Unidos, y reafirmar sus esfuerzos por
promover la causa de los derechos humanos y la democracia en el continente y el
compromiso de promover y proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todas las personas. La democracia, la promoción y respeto de
los derechos humanos y las libertades fundamentales son conceptos
interdependientes e inseparables.
Para dejar clara la relevancia de Carter, como se señala en
el libro mencionado, se destaca el testimonio del propio Raúl Alfonsín en sus
declaraciones recogidas en el Museo Carter en Atlanta: “El presidente Alfonsín
cree que la política de derechos humanos de Jimmy Carter salvó miles de
Quienes creemos en los valores republicanos del estado de
derecho, la democracia y los derechos humanos, debemos hoy rendir un justo
homenaje a James Carter ante su partida.
Por Gabriel Fidel.
30 de diciembre de 2024.
* El autor es Vicerrector de la UNCuyo. Director del Centro
de Estudios de Relaciones Internacionales y de Integración, UNCUYO.
Publicado en LOS ANDES.
https://www.losandes.com.ar/opinion/carter-y-su-compromiso-con-los-derechos-humanos-en-argentina/
Anexo.
Hace 40 años, con la firma de Herminio y Bittel, el PJ denunció públicamente a la dictadura ante la CIDH.
Un aspecto llamativo de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no encaja en el molde de los relatos al uso sobre democracia y republicanismo.
La CIDH llegó a la Argentina el 6 de septiembre de 1979 para una misión de observación sobre la situación de los derechos humanos, tal como fue profusamente recordado en estos días. En cambio, no fueron tan evocados algunos aspectos de esa visita que contradicen la grieta republicana que hoy se instala manipulando la historia con fines electorales, así como desmienten el relato más aceptado sobre el carácter de la dictadura y su contexto geopolítico.
El día 12 de septiembre, Deolindo Felipe Bittel y Herminio Iglesias, respectivamente vicepresidentes 1° y 2° del Partido Justicialista, estamparon su firma al pie de un documento por el cual el PJ denunciaba ante la Comisión la desaparición de personas y la injusta prisión de la titular del partido y última presidente constitucional de los argentinos, María Estela Martínez de Perón.
Herminio Iglesias, referente peronista de origen sindical, es usualmente recordado por haber quemado un cajón con la bandera de la UCR en el acto de cierre de campaña del justicialismo en 1983, cuando era candidato a gobernador bonaerense: algo muy conveniente para disimular otros errores políticos que tuvieron mayor incidencia en la derrota electoral del PJ y, al mismo tiempo una imagen que conforta la versión de quienes se arrogan la defensa del republicanismo y la legalidad democrática contra un supuesto autoritarismo de cuño peronista.
Bittel, varias veces gobernador del Chaco, ejercía por entonces la presidencia del partido en ausencia forzada de su Presidente.
Lo cierto es que en esos días de plena dictadura, cuando la denuncia de las violaciones de los derechos humanos implicaba enormes riesgos para la libertad y la integridad física, Herminio Iglesias y Bittel no vacilaron en firmar un documento acusatorio contra el régimen.
El texto fue redactado por abogados allegados al Justicialismo, Alicia Oliveira entre otros, la amiga de Jorge Bergoglio fallecida en 2014, por entonces integrante del CELS, el organismo fundado por Emilio Mignone que jugó un papel crucial en la denuncia de lo que estaba pasando y en promover la visita de la CIDH.
Hubo algunas personalidades de otras tendencias políticas que fueron entrevistadas en forma individual por la Comisión, pero la única fuerza que presentó una denuncia formal y pública, por escrito, y de modo orgánico fue el justicialismo.
Esto fue así a pesar de que, como se desprende del mismo informe realizado por la CIDH sobre su visita, el peronismo era la fuerza más perseguida y reprimida de todo el arco político.
Por caso, el informe señala que la Comisión se propuso entrevistar a todos los ex presidentes de Argentina, constitucionales y de facto: "A partir del día sábado 8 de septiembre se realizaron entrevistas con el Doctor Arturo Frondizi; Teniente General (Retirado) Roberto M. Levingston; Teniente General (Retirado) Alejandro Agustín Lanusse; el Doctor Héctor J. Cámpora, asilado en la Embajada de México, y la señora Isabel Martínez de Perón, quien se encontraba sujeta a arresto domiciliario en una quinta ubicada en San Vicente, provincia de Buenos Aires. El ex-Presidente Arturo Illia se encontraba fuera del país y el Teniente General (Retirado) Juan Carlos Onganía se excusó de recibir a la Comisión".
Como puede verse, los únicos mandatarios privados de su libertad eran los peronistas, Isabel y Cámpora. A esto se suman otros referentes justicialistas que la Comisión debió entrevistar en prisión, como el médico Jorge Alberto Taiana, ministro de Educación durante el tercer gobierno de Perón, que por entonces estaba detenido desde el 5 de abril de 1976, o el dirigente sindical Lorenzo Miguel, detención en domiciliaria, luego de haber pasado dos años y medio en la prisión militar de Magdalena.
Isabel Martínez de Perón se encontraba detenida cuando la CIDH visitó Argentina. En total pasó cinco años privada de su libertad El documento firmado por Herminio y Bittel, señalaba que "los beneficiarios de la actual situación" eran "implacables adversarios" del justicialismo y que los que se aferraban al "privilegio" no encontrarían "otra manera de mantenerlo sino sólo mediante la violación sistemática de los derechos humanos".
"El dolor de una madre es nuestro dolor; el dolor de un hijo es, también, nuestro; el obrero al que le falta el pan y no permiten decir lo que le falta, se hará voz en nuestras voces", decía el PJ. "Y esto nos compromete a asumir el dolor de aquellos que padecen la cárcel, a través de 'actas', 'decretos' o 'bandos' en las prisiones, embajadas, domicilios y confinamientos; y de los que padecen -y son millones- este exilio interior de la represión, el silencio y el hambre".
Y a continuación, sintetizaba su denuncia en dos puntos. El primero era "el encarcelamiento, vejación y confiscación de sus bienes de la señora presidente de la Nación Argentina, doña María Estela Martínez de Perón; de nuestro prestigioso dirigente gremial don Lorenzo Miguel y de otros tantos que padecen las consecuencias de las llamadas 'actas". Y el segundo: "La muerte y/o desaparición de miles de ciudadanos, lo que insólitamente se pretende justificar con la presunción de fallecimiento, que no significa otra cosa más que el reconocimiento de quienes se han atrevido o se atreven a levantar su voz y que han llevado o llevarán como 'pena' desde un silencio impuesto, hasta la muerte".
Otro aspecto muy resaltado en estos días fue que la visita de la CIDH marcó un antes y un después en la denuncia de la represión ilegal y la violación sistemática de los derechos humanos por la dictadura argentina; que se reveló al mundo en esos días la existencia de una política deliberada de represión y exterminio por parte de la junta militar. Que a partir de entonces ya nadie pudo seguir negando lo que había sucedido.
La CIDH llegó en 1979, cuando la dictadura llevaba casi 3 años y medio en el poder y ya había perpetrado el grueso de sus crímenes. Ahora bien, todo había sido ya denunciado, por distintos medios, en el país y en el exterior. Como lo recordó Graciela Fernández Meijide, los organismos de derechos humanos habían sistematizado toda la información en materia de represión ilegal.
¿Qué había pasado entonces? ¿Por qué razón hasta la venida de la CIDH muchos, dentro y fuera del país, negaban que existiera esa estrategia represiva por parte de la Junta Militar? De 1976 a 1979, con algunas honrosas excepciones, la respuesta a las denuncias que llegaban de Argentina eran la negación, la incredulidad o la relativización.
En el exterior, los exiliados argentinos llevaban las denuncias de los familiares de las víctimas de la represión ilegal a todos los foros posibles: datos, nombres, fechas, métodos, sitios, toda la información estaba en poder de los organismos internacionales y de muchos gobiernos extranjeros.
Pero hasta 1979 la mayor parte de las denuncias chocaban con el sistemático boicot de la Unión Soviética, de todo su bloque de influencia, que iba más allá de los regímenes comunistas y abarcaba a muchos integrantes del grupo llamado de los No Alineados, además de la red de partidos comunistas presentes en casi todos los países del mundo.
El comunismo, además, había tenido como política ocupar la mayor cantidad de espacios posibles en todos los organismos humanitarios a nivel mundial, y tenía una importante influencia en ellos.
Moscú se ocupó de levantar una verdadera "cortina de hierro" -nunca mejor dicho- para proteger a sus aliados argentinos: los jefes de la dictadura militar.
Particularmente perverso fue el rol que jugó La Habana en ese dispositivo. Totalmente subordinado a la estrategia soviética, con una mano el régimen castrista palmeaba el hombro de los militantes, y con la otra votaba en la ONU en contra de toda iniciativa de condenar o de tan siquiera investigar lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Por eso la misión que vino fue la de la OEA; allí no había un Fidel Castro para impedirlo.
En plena Guerra Fría, un gobierno dictatorial de facto le declaraba la guerra al "marxismo" -en realidad al peronismo- con el respaldo del bloque comunista.
La contracara de esto es otro dato que sí fue señalado en los recordatorios: el de cómo fue posible una misión de observación que la dictadura obviamente no recibió de buen grado. Videla autorizó la visita luego de una enésima presión por parte de Washington, esta vez a través de Walter Mondale, vicepresidente de James Carter, cuyo mandato se había iniciado en enero de 1977, cuando la dictadura argentina llevaba menos de nueve meses en el poder y que, desde entonces, presionaba al régimen de facto por las violaciones de los derechos humanos.
Es llamativo que haya sido justamente el gobierno de los Estados Unidos el que le impusiera a la dictadura una visita de inspección sobre torturas, muertes y desapariciones que ésta venía negando de modo sistemático.
James Carter. El presidente estadounidense presionó a Videla para que aceptase la visita de la CIDH.Esto es algo que también era conocido en la época y por los mismos grupos que luego se siguieron referenciando en La Habana. Rodolfo Walsh, ya a comienzos de 1977, trató de explicárselo a la conducción de Montoneros: "Al enemigo la situación internacional lo mejora. Consigue créditos para su objetivo inmediato de refinanciar la deuda y mantiene excelente relación con el bloque soviético que con su importancia los salva en el sector externo".
En lo interno, la denuncia de la situación de los derechos humanos también chocó contra un muro. "No es cierto que haya fracasado el aperturismo -escribía Walsh por la misma fecha, en referencia a las convocatorias políticas de la dictadura-. Ejemplos: el PC no participa en los conflictos, mientras negocia con el gobierno a través del Partido Intransigente y le paga viajes a Lázara y García Costa para que viajen al Congreso de la Internacional Socialista a defender a Videla; la UCR no rompe a pesar de todos los agravios, incluidos Solari Irigoyen y Amaya". Los radicales Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Abel Amaya fueron detenidos por defender presos políticos; el segundo murió en prisión a consecuencia de los malos tratos, un caso que fue incluido en el Informe de la CIDH.
"Un país no tiene amigos ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes", decía el primer ministro británico de la era victoriana, Benjamin Disraeli.
Es la lógica que llevó a todo el bloque soviético a respaldar a la dictadura de Videla y negar rotundamente, en todas las tribunas internacionales posibles, que en la Argentina se estuvieran violando los derechos humanos.
Pero no es esa la lógica con la cual algunos emblemáticos referentes de la lucha por los derechos humanos en la Argentina viajaban en años recientes a Cuba y se abrazaban con Fidel Castro. En esas actitudes prima un ideologismo que nubla la realidad y opera contra los propios intereses.
La convergencia, en un momento dado de la historia, de los intereses de Washington con las necesidades de los perseguidos por la dictadura militar hizo posible perforar el muro de silencio que otros intereses extranjeros habían levantado en contra de la Argentina. El ideologismo no debe primar en política exterior; suele ser sólo una fachada detrás de la cual campea el más crudo interés.
En cuanto al muro de silencio interno que las víctimas y algunos pocos valientes intentaron perforar, fue desafiado por el peronismo, movimiento al que actualmente un republicanismo muy flojo de papeles pretende estigmatizar.
*** Publicado en INFOBAE.
PorClaudia Peiró.
12/09/2019.
https://www.infobae.com/sociedad/2019/09/12/hace-40-anos-con-la-firma-de-herminio-y-bittel-el-pj-denuncio-publicamente-a-la-dictadura-ante-la-cidh/
James Carter. El presidente estadounidense presionó a Videla para que aceptase la visita de la CIDH.
