Los 180 días de Alberto por James Neilson.

Desde los años cuarenta del siglo pasado, la historia económica del país es la de las vicisitudes del modelo armado por Juan Domingo Perón. Fue una obra maestra política, ya que engendró lo que sería uno de los movimientos populares más exitosos del planeta, pero en términos económicos resultó ser un desastre por basarse en el presupuesto de que la Argentina tenía recursos casi ilimitados.

Perón mismo pronto entendió los riesgos del curso que había emprendido, pero ya le era demasiado tarde; no pudo cambiar de rumbo sin perder el apoyo de muchos que habían creído en las promesas originales. Algo similar sucedería con Cristina cuando, a inicios de 2012, procuró disfrazar un ajuste de “sintonía fina”; asustada por la reacción negativa de la gente que no quería pagar más por el gas y la luz, optó por seguir como antes.

En lo que podría tomarse por un intento de superar la contradicción entre los evidentes méritos políticos del modelo y sus deficiencias económicas, durante varias décadas imperó aquí un sistema sui géneris en que gobiernos populares proclives a engordar el gasto público se alternaban en el poder con regímenes militares que se afirmaban resueltos a reducirlo.

Aunque la división de trabajo así supuesta nunca brindó los resultados esperados –en parte porque los uniformados, además de actuar con brutalidad, solían ser tan alérgicos a “los números” como cualquier civil–, persistirían las formas de pensar que el esquema contribuyó a instalar.

Para muchos populistas, ajustar es propio de dictaduras castrenses de suerte que, en su opinión, no hubo diferencias importantes entre Mauricio Macri y Jorge Rafael Videla.

¿Siguen pensando así? Al confesar que el gobierno ha ordenado un ajuste porque necesita poner las cuentas públicas en orden, el presidente Alberto Fernández planteó un desafío al ala kirchnerista de la coalición que lo llevó a Casa Rosada. Por ahora lo apoya, pero a menos que la economía pronto comience a adquirir más dinamismo, los más vehementes no vacilarán en atribuir su condición letárgica a su negativa a estimularla gastando más. El titular de Economía Martín Guzmán dice que no cree en los poderes mágicos de “la maquinita”, pero entre quienes lo rodean hay algunos que critican lo que a su juicio es su apego excesivo al monetarismo, o sea, a la convicción “neoliberal” de que imprimir plata sin el respaldo debido sólo sirve para impulsar la inflación.

En las primeras semanas de su gestión, Fernández logró entusiasmar a los mercados, cuyos operadores aprueban su voluntad de tomar muy en serio el problema de la deuda y de tratar de equilibrar las cuentas fiscales, pero entre quienes temen verse perjudicados por lo que está haciendo hay mucho malestar. No sólo es cuestión de pérdidas personales, sino también de dudas comprensibles en cuanto a la eficacia de la estrategia elegida que es mucho más distribucionista que productivista.

Quienes están a favor de engordar el gasto público nunca carecen de razones éticas contundentes para que el Estado “invierta” más, pero ni siquiera los países más ricos pueden continuar por mucho tiempo gastando en exceso, mientras que los relativamente pobres, como la Argentina, que intentan hacerlo, siempre acaban mal.

Todos los gobiernos tienen que buscar la manera de impedir que las presiones políticas los obliguen a gastar más de lo debido. En algunos países, el electorado comprende que hacerlo sería insensato y castiga a quienes hablan de proyectos ambiciosos sin explicar en detalle dónde esperan encontrar el dinero que precisarán. Si bien parecería que aquí las actitudes en tal sentido están cambiando, aún hay muchos que dicen creer que dejarse intimidar por los números es propio de reaccionarios mezquinos. Por motivos supuestamente principistas, se niegan a preocuparse por el mediano plazo, y ni hablar del largo.

Pues bien; el largo plazo está a punto de llegar. Aunque el nuevo gobierno está decidido a hacer gala de un grado notable de realismo, por razones no sólo políticas sino también humanitarias no se animará a bajar el gasto público, que es la fuente principal de la crisis económica permanente que sufre el país.

Espera que el eventual aumento del consumo de los sectores más pobres reactive la producción, pero para los escépticos es poco probable que sea suficiente como para contrarrestar el impacto de la mayor presión impositiva.

El consenso es que Alberto tiene –tuvo– seis meses, 180 días, en que poner fin a la recesión con alta inflación que es la consecuencia lógica de un modelo que es una maravilla de la ingeniería política pero que, para continuar funcionando, necesitaría contar con recursos financieros que el país no está en condiciones de generar.

Publicado en Diario "Río Negro", 6 de enero de 2020.