Mientras la prensa y la oposición sistémicas teatralizan su inane preocupación por futuros proyectos de ley mordaza, en nuestro país existe ya desde hace años una intimidatoria "cultura de la cancelación" que aplasta a los que se cruzan en su camino, como se aplasta a un insecto, sin encontrar más eco que un silencio cómplice. De eso pueden dar cuenta docentes, médicos, gran parte del sistema judicial y, en general, todo aquel que se atreva a sostener opiniones "inadmisibles" para el sistema, en especial si tienen una inspiración católica. Los irreverentes ya saben: arriesgan la pérdida de empleos, sustento y a veces apoyo social. Esa verdadera trituradora tiene ahora en la mira al valioso juez Javier Anzoátegui, objeto de un juicio político que podría definirse hoy en el Consejo de la Magistratura. ¿Su osadía? Haberse expedido en una sentencia contra el aborto.
La puesta en escena montada en estos días consiste en sentar en el banquillo de los acusados al propio juez, que integra el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Ciudad de Buenos Aires, por su atrevida manifestación durante un caso que tuvo a su estudio en septiembre de 2020: el de un hombre, Diosnel Ferreyra Zayas, acusado de abuso sexual contra su medio hermana, la menor L.E.R., y de homicidio de un tercero.
El caso era doblemente trágico, porque a raíz de los abusos sufridos, la víctima de 14 años quedó embarazada, y durante la instrucción del proceso se le practicó un aborto que terminó con la vida que llevaba en su vientre, una niña de cinco meses o cinco meses y medio de gestación.
Ferreyra Zayas fue condenado a treinta y cinco años de prisión, una pena bastante mayor que la requerida por la Fiscalía. Hasta aquí, todos satisfechos. La controversia empezó cuando, dada la extrema gravedad de lo ocurrido, los jueces consideraron necesario ordenar una investigación sobre las circunstancias que rodearon también el aborto practicado a la menor.
De los miembros del tribunal, el doctor Sañudo se inclinó por ordenar medidas informativas previas, en tanto que el juez Anzoátegui por su voto, y el juez Rizzi adhiriendo, decidieron otra. Fue con ese voto que el doctor Anzoátegui introdujo un extraordinario "excursus", que sin embargo le valió caer en desgracia. Un "excursus" con lenguaje franco, sin eufemismos, en el que califica al aborto de crimen aberrante, lo trata como un delito tolerado por el mundo moderno y la ideología dominante, y desliza su crítica al conocido fallo F.A.L. Es un texto que apela a un razonamiento paradojal, chestertoniano, y que está escrito con una lógica demoledora.
El caso había sido sometido a consideración de los jueces en los meses previos al debate de la ley de aborto legal, que finalmente se aprobó en diciembre de 2020. Por esta razón, el "excursus" suscitó una reacción inusitada, sobre todo mediática, motorizada por abortistas. Los jueces fueron acusados de ignorantes, de misóginos, de extralimitarse en sus funciones, de mal desempeño y otras lindezas que no pueden ser tomadas con seriedad. Pero las denuncias y pedidos de destitución que presentaron las feministas ante el Consejo de la Magistratura serán evaluadas con cara seria y circunspecta.
Los pedidos de destitución ni siquiera se deben a que los miembros del Tribunal hayan intentado impedir el aborto, que ya se había materializado. Lo que pidieron es que se averiguara, por un lado, si la niña de cinco meses de gestación había nacido con vida y en ese caso si se trató de un homicidio, y por el otro, si los funcionarios públicos que debieron intervenir lo hicieron de acuerdo con la ley.
¿Y qué es lo que enfureció tanto a las feministas? Lo que generó la reacción es que, si la niña había sido eliminada antes de nacer, los jueces pedían que se investigara el delito de aborto.
El juez Anzoátegui, en particular, puso el dedo en la llaga con su escrito al mencionar que el famoso fallo F.A.L. de la Corte Suprema se opone a la Constitución Nacional y al más elemental sentido de justicia. Esa alusión está claro que fue hecha con fines argumentales, sin que el juez se expidiera sobre "el fondo de la cuestión", que es esa esquizofrenia legal sobre el asunto, un análisis que dejó para otros organismos competentes.
Pero el fondo de la cuestión, en realidad, es otro que está detrás de eso. El fondo de la cuestión es religioso.
La condición de católico no es accesoria en el juez Anzoátegui, sino que es algo que lo define, y que no busca ocultar. Casado desde hace 22 años, padre de seis hijos, es nieto de Ignacio Braulio Anzoátegui, otro gran juez, además de escritor católico y nacionalista.
Esa condición es tan insoslayable en él, como, por lo visto, se le ha reprochado, como es inocultable que las denuncias que suscitó, y todas las vestiduras rasgadas, a raíz de sus expresiones, no se compadecen con un simple disenso en un específico caso judicial, ni tampoco con un presunto derecho al aborto en general, sino que son reacciones propias de una rebelión mayor, dirigida contra el espíritu que anima los pronunciamientos del magistrado.
El juez, todo juez, como también Anzoátegui, asienta su sentencia sobre una base jurídica. Pero, sin perjuicio de ello, las cosas pueden y deben ser vistas, por él y por otros, con una mirada más amplia. Y en esa mirada aparece el factor religioso.
Esa es la mordaza que quiere aplicarse a un magistrado tan necesario en esta atribulada Argentina. Un hombre que ha dado siempre un testimonio silencioso y que por estas horas aguarda su destino solo, abandonado incluso por la jerarquía eclesiástica.
Podrá presentarse de muchas maneras, pero lo que quiere silenciarse en él es la fe que hace del juez alguien irreverente, que no le permite doblar la rodilla ante el poder del mundo. Lo que se busca es incluso más que eso: es amedrentar, disciplinar, a otros, para que, en adelante, también ellos se postren.
PUBLICADO EN DIARIO LA PRENSA.
https://www.laprensa.com.ar/520083-El-juez-catolico-en-el-banquillo-.note.aspx
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