Será muy difícil para el gobierno de Mauricio Macri salir de la trampa en la que se metió con su decisión de imponer impuestos internos al vino.
Una negociación de alto nivel, tanto nacional como provincial, marcó este fin de semana que el ministerio de Hacienda, Nicolás Dujovne, podría buscar una “salida elegante” al conflicto, proponiendo que en el proyecto de reforma tributaria finalmente se rebaje la alícuota del diez, al uno por ciento (o como máximo el dos) para intentar superar la crisis que se desató hace ya una semana por este tema.
Alfredo Cornejo es quien en persona encabeza la negociación con Dujovne y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mientras que los legisladores nacionales de Cambiemos ya lanzaron el pedido de una audiencia reservada con el titular de la cartera de Hacienda. El argumento principal serán los números que, en líneas generales, ya han sido por la industria y por el gobierno en las distintas reuniones que se han mantenido desde el martes hasta ayer.
La facturación anual de la vitivinicultura ronda los $44.000 millones anuales, de los cuales unos $4.000 millones se deberían pagar de impuestos de aplicarse la nueva tasa.
Mendoza comercializa el 80% de la producción nacional, lo que significa que unos $3.200 millones que saldrán de la economía vitivinícola con destino a Buenos Aires si se aprueba el proyecto. La bomba que puede explotar, tendrá alcances aún peores.
El plan de Dujovne implica la aplicación gradual de la tasa del diez por ciento en no menos de dos tramos, que para los vinos significará un cinco por ciento primero para luego completar el resto en un año. Para los espumantes la tasa será gradual del diecisiete, un seis por ciento primero, luego pasará al doce y después se completarán los cinco puntos restantes.
Por la estructura comercial del mercado interno, solo el siete por ciento de las bodegas de todo el país consiguen entrar en las cadenas de supermercados como grandes puntos de venta, y menos de 10 bodegas son las que venden el noventa por ciento de ese total. Con más impuestos, el camino será la concentración de la industria.
No hay dudas de que el impuesto terminará trasladándose a precios, con lo que los vinos podrían aumentar un cinco por ciento y esto podría hacer más grande la caída en el consumo que ya acumula un 4% en un año.
Y lo que es peor. Si las bodegas no pueden transferir a los precios el impuesto por la caída en las ventas, seguramente lo transmitirán a la materia prima y pagarán menos (de lo que ya pagan) el precio de la uva.
Es probable que la aplicación total de reforma tributaria le permita al sector un ahorro de entre el cuatro y cinco por ciento (con rebaja de cargas patronales, modificaciones de Ganancias y eliminación del impuesto a las transferencias, entre otros beneficios).
Pero en este punto los beneficios son promesas y los costos son seguros y desencadenaría un problema financiero. El impuesto se paga al contado y mes a mes y por el otro lado sería un milagro encontrar una bodega que termine cobrando su venta a treinta días.
Dicho de otra forma: los costos de la reforma son al contado y los beneficios, en cuotas.
Un riesgo latente que se notó en la dura reacción de algunos de los enólogos top de Mendoza que dependen de inversores extranjeros.
Muchos de ellos ya vienen mostrando señales de hartazgo por los vaivenes del sector y, sobre todo, por medidas tomadas por el Estado como las restricciones a la publicidad, la tolerancia cero y, ahora, nuevos impuestos y la caracterización del vino como bebida perjudicial para la salud.
Entre sus argumentaciones, Dujovne incurrió en algunas contradicciones y hasta en falacias graves.
Si el nuevo impuesto es por motivos de salud ¿Por qué una tasa diferencial para el vino y los espumantes?
Si es porque el champán es una bebida suntuaria, está mal orientado. El precio promedio al que se venden los espumantes no está muy lejos del promedio al que se venden los vinos.
La comparación con la cerveza (y con las gaseosas) que también serán gravadas también es errónea. Las cervezas son líquidos industriales sin gran valor agregado. Y además prácticamente no cargan con el costo de la botella, que son retornables en su gran mayoría.
Falaz, Dujovne justificó la medida con el argumento que en la mayoría de los países con industria vitivinícola se cobran impuestos al vino.
Verdad a medias. Primero porque la carga global impositiva en otros países es muy baja comparada con la del nuestro. Por caso: en Argentina llega casi el 33%, mientras en Chile es del 19% y en EEUU del 23%.
En Francia o Italia sí, la presión impositiva es superior. Pero en este último, como en España, los impuestos internos al vino no existen.
Una aclaración importante. EEUU tiene impuestos internos al vino, pero la tasa ronda entre el uno y el ocho por ciento. Y con otra particularidad: las tasas más altas las pagan los vinos con mayor grado alcohólico, para desalentar su fabricación.
El IVA para los vinos californianos, que acá es del 21%, allá es del 8%. Y, como se sabe, es un país que además no contempla el pago de indemnizaciones por despido.
La compleja negociación.
La posible oferta nacional de una “salida elegante”, tal como está planteada, será difícil de aceptar. Por mínimo que sea el impuesto, el vino seguirá incluido dentro de las bebidas perjudiciales para la salud y eso sigue siendo inaceptable para toda la industria.
Cornejo está en una verdadera encrucijada. En toda negociación, una o ambas partes deben ceder y le resultará imposible firmar otra salida a este conflicto que no signifique la vuelta a las condiciones anteriores de la presentación de la reforma impositiva de Macri.
Es decir, tasa cero para el vino y la continuidad de las exenciones impositivas (que se vienen aplicando desde 2005) para los espumantes.
Una movida del peronismo mendocino puede marcar la primera fisura en el frente mendocino. Impulsados por el diputado electo Omar Félix, el PJ pretende que todos los legisladores nuestros en el Congreso dejen escrito su compromiso de que votar en contra del impuesto y rechazar asimismo cualquier porcentaje que se pueda terminar planteando.
El disparador fue una carta que la legisladora de Cambiemos, Susana Balbo, redactó para fijar su postura en esta crisis.
“La tasa final que resulte, puede tener impacto nulo, si tenemos en cuenta las mejoras de competitividad que los anuncios aportan al sector”, abrió la puerta la bodeguera.
Será poco probable que los legisladores de Cambiemos se comprometan a firmar lo que pretende Félix.
Pero Balbo soltó otra frase en la misma carta, que dejó expuesta la preocupación que existe a nivel nacional por el nivel que puede alcanzar el conflicto.
“No podemos incendiar la provincia si no logramos la tasa cero. Debemos ser prudentes, razonables y responsables”, escribió.
Algo similar a lo que el propio Cornejo prometió el viernes. “Las soluciones no serán mágicas, hay que conversar y persuadir, en un clima de armonía y calidad argumental”, pidió.
La preocupación tanto aquí como en Buenos Aires es que se produzcan cortes de ruta como medida de protesta de algunos sectores, sobre todo de productores del Este.
Elementos para salir a la calle tienen los viñateros. Se descarta que, si los impuestos salen como están planteados por Dujovne, los platos rotos los pagarán ellos.
En una de las tatas reuniones que hubo esta semana, uno de los dueños importantes de bodegas lo dijo sin tapujos. “Si el impuesto son 10 pesos, por ejemplo, me voy a salir a pelear con los exportadores o con las comercializadoras para trasladarle dos. Otros dos pesos los asumiré y los seis pesos que quedan los tendrá que afrontar el productor”. Clarito.
(*) Fuente: mdzol.com. Publicado en ADN Río Negro, 6/11/2017.-
El Gobierno nacional cedería en su propuesta de gravar el vino.
En las últimas horas trascendió que el Gobierno nacional daría marcha atrás con el impuesto al vino. Sus funcionarios no lo confirman ni lo niegan. El misterio se terminará de develar mañana, cuando se reúnan en Buenos Aires el gobernador Alfredo Cornejo y referentes de la industria vitivinícola con los ministros de Producción, Francisco Cabrera, y de Hacienda, Nicolás Dujovne.
La cita es a las 17.30 en el Ministerio de Producción, donde el sector vitivinícola expondrá los perjuicios que ocasionaría a la industria este gravamen, propuesto la semana pasada por Dujovne en el marco de la reforma tributaria que impulsa la administración del presidente Mauricio Macri.
El Gobierno nacional mantiene su propuesta de gravar el vino, pero en las últimas horas empezaron a circular versiones de que daría marcha atrás, tras el fuerte rechazo que provocó no solamente entre los productores y empresarios del sector sino en todo el arco político mendocino, incluido Cambiemos.
En los pasillos de la Casa Rosada, el secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana, dijo a periodistas acreditados que "el Gobierno ha presentado una propuesta, pero todo es negociable", aunque se rehusó a afirmar si el Gobierno finalmente dará marcha atrás con el impuesto al vino.
Quintana dialogó brevemente con periodistas tras una reunión que mantuvieron en la Casa Rosada Dujovne y su colega de Interior, Rogelio Frigerio, con los gobernadores cambiemistas Gerardo Morales (Jujuy), María Eugenia Vidal (Buenos Aires) y Cornejo.
La presencia del mandatario mendocino provocó especulaciones sobre una posible negociación anticipada del impuesto al vino, pero voceros gubernamentales indicaron que durante ese encuentro, del que también participó el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, se charló exclusivamente sobre el pacto fiscal.
Sin embargo, en el entorno de Cornejo dijeron a Los Andes que "hay buenas perspectivas" sobre la negociación con el Gobierno nacional por el impuesto al vino y sobre el encuentro de mañana.
El ministro de Economía de Mendoza, Martín Kerchner, dijo a Los Andes que mañana le presentarán a Dujovne y Cabrera una postura de rechazo al gravamen basada en cuatro aspectos: el vino como bebida saludable (no perjudicial para la salud); un estudio comparativo con otros países productores de vino; otro estudio comparativo con otras bebidas industriales, y el impacto agrario y económico que causaría el impuesto anunciado.
"Esto afecta a 235 mil hectáreas plantadas en la Argentina, 17 mil productores y 130 mil puestos de trabajo directo en nueve provincias", dijo Kerchner a este diario.
Recordó que el 70% del vino argentino se produce en Mendoza y que la industria aporta en impuestos 18 mil millones de pesos anuales a los que, con este nuevo gravamen del 10%, se le agregarían "entre 2 y 3 mil millones de pesos más".
Consultado sobre la versión que circuló de que el vino quedaría exento de impuestos pero sí se gravaría a los espumantes, el funcionario mendocino fue tajante: "Nosotros vamos a ir a defender a todos".
A esta reunión de mañana podrían sumarse los gobernadores peronistas Juan Manuel Urtubey y Sergio Uñac, de Salta y San Juan, las otras dos provincias vineras.
Publicado en Diario "Los Andes" de Mendoza, 7 de noviembre de 2017.-
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