Ante la prohibición, las carreras de galgos se mudaron a Uruguay.

A un año y ocho meses de la sanción de la ley que cerró una batalla feroz, galgueros y proteccionistas reactivaron la guerra al otro lado del Río de la Plata. Con las carreras prohibidas en toda la Argentina, los canódromos uruguayos se convirtieron en el nuevo escenario de una actividad que moviliza a dos bandos irreconciliables: los que disfrutan de la adrenalina de las carreras sobre tierra batida y los que solo ven ahí un vórtice de ignorancia y sadismo.

El 17 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados sancionó la ley 27.330, que castiga a los organizadores con penas de hasta cuatro años de prisión y multas de 80.000 pesos. Desde entonces, más de un millón de galgueros -criadores, largadores, espectadores- debieron buscar un plan B para los dos millones de perros que hasta entonces se habían repartido en 190 circuitos del interior del país.

"Las carreras clandestinas bajaron un 80%", dice una integrante de la organización proteccionista Proyecto Galgo Argentina (PGA), que denuncia un aumento de perros abandonados y de eventos de caza de liebre en campos privados. Ahora Uruguay es la principal alternativa para las competencias en pista. La Dirección Nacional de Migración tuvo que reforzar los turnos de los domingos, día que, según publicó el diario uruguayo El País, cruzan de 400 a 500 aficionados argentinos.

Leonardo del Río, presidente de la Asociación de Criadores y Cuidadores de Greyhounds Puros de Carrera del Uruguay, calcula que allá viven 3000 galgueros: "Cada uno puede tener a lo sumo dos perros, somos gente muy modesta", dice. Las competencias rotan entre 18 canódromos, y en cada fecha se corren de 10 a 14 pruebas, de seis perros o menos. Como no hay una ley nacional, cada departamento decide si las habilita: por ejemplo, en Río Negro, Maldonado, San José y Florida están reglamentadas. Después de la insistencia de los proteccionistas, Rivera las prohibió el 31 de julio. La ciudad de Carmelo y el departamento de Rocha también las rechazan.

Nuevos canódromos.

La principal novedad son los tres canódromos de Fray Bentos, adonde llegan los argentinos desde Gualeguaychú. Dos abrieron el año pasado; el último, Dos Banderas, el pasado 8 de abril. Uno de los visitantes frecuentes es Marcelo Senas, subcampeón del nacional uruguayo de 2017, con su perro Omega. Explica que tiene todo en regla: la libreta sanitaria, los análisis de leishmaniasis (una enfermedad parasitaria) y el chip identificatorio, medida que desalienta los abandonos cuando el animal deja de competir. "Tengo perros de 15 años que duermen adentro y con calefacción", dice, para despegarse de las acusaciones de los proteccionistas. En los canódromos habilitados hay un representante de la Comisión Nacional de Bienestar Animal y veterinarios encargados de los controles antidoping, insuficientes para los detractores.

Después de organizar carreras clandestinas en territorio bonaerense, Germán (no es su nombre verdadero) se asoció con colegas uruguayos para seguir en la actividad. Cada semana viaja hasta las pistas de Fray Bentos, Dolores y Mercedes, y en breve sumará entre sus destinos a Paysandú, donde se prevé levantar un canódromo "con plata argentina". Como los uruguayos "estaban muy atrasados en perros y en velocidad", en cada fecha compiten por un lado los perros de ese país y por el otro los argentinos, con una larga tradición de mejoramiento genético gracias a la importación de ejemplares europeos y australianos.

El movimiento económico es creciente, aunque todavía está lejos de los $100.000 en premios que repartía el nacional argentino, una cifra que podía multiplicarse por cinco en las apuestas. Las inscripciones en los canódromos uruguayos no superan los $300, asegura del Río. "Si alguien exportó los premios fueron ustedes, que tienen plata para timbear. Acá se corría por el dentre, un 30% para la organización y vamo' arriba, ¡a competir!".

Debate.

Antes de la ley argentina, "las carreras eran una actividad de poco porte, con no más de una importante al mes", dice Rita Rodríguez, de la Asociación por el Trato Ético hacia los Animales (Aptéha) de Uruguay. Desde entonces, "el número al menos se ha cuadruplicado", con unas 100 por mes. Rodríguez cree que la profesionalización es inviable por el "amplio rechazo popular" y porque la Secretaría de Deportes equipara la actividad con las riñas de gallos y las peleas de perros, dos prácticas prohibidas.

El 4 de agosto, cuando expuso sus argumentos en la Cámara de Diputados, Aptéha citó un par de ejemplos de alto impacto. En los últimos cinco años las asociaciones irlandesas reportaron 122 dopajes con sustancias como cocaína y anfetaminas. En la última década, Estados Unidos registró 14.489 lesiones. De los tres legisladores que presentaron proyectos prohibicionistas, el más sensibilizado es el veterinario Gastón Cossia (Partido Nacional), que se involucró después de recibir en su consultorio a una galga con "problemas crónicos" por correr. El diputado está convencido de que los galgueros argentinos violan las leyes sobre bienestar animal, juego clandestino y condiciones sanitarias.

Aptéha y PGA invocan la Convención de Asistencia Mutua en Materia Penal, que permite que dos países cooperen aunque el hecho no sea delito en uno de ellos. La senadora Magdalena Odarda, impulsora de la ley argentina, sugiere que no hay que ir tan lejos: "Si en la frontera registran los vehículos y encuentran galgos y medicinas, se entiende que los usarán para correr del otro lado. Hay responsabilidad de la Aduana porque la ley también prohíbe la organización. No deberían permitir que crucen los animales".

Por: Pablo Corso. Publicado en Diario "La Nación", 9 de agosto de 2018.