En la mañana de ayer, empleados del Registro Civil cortaron la intersección de Salta y Vicente Zapata para reclamar por mejoras salariales. Si esta medida provoca embotellamientos en un día habitual, en la previa de Navidad los problemas de tránsito se vieron agravados.
Lo cierto es que los cortes de calles se han convertido en una modalidad de protesta habitual en el país y en Mendoza y generan un creciente hastío en los automovilistas, sobre todo porque también se suelen producir por diversos festejos, como la reciente celebración del día del hincha de Boca, que tomó el cruce de San Martín y Garibaldi durante cinco horas.
Los primeros cortes o piquetes surgieron en la década del '90 y se establecieron casi como una costumbre nacional. En algunos casos son puntuales, por un inconveniente específico, como un reclamo por falta de agua o por problemas de vivienda; pero en otros, la protesta es reiterada, como la de un grupo que cortó en varias ocasiones la ruta 7. Sin embargo, la práctica se ha extendido al punto que cualquier manifestación que desee hacerse visible, impide el paso de los vehículos.
Y no se limita sólo a reclamos y protestas. El Kilómetro 0, es decir la intersección de San Martín y Garibaldi, sólo se cortaba en el pasado cuando la Selección argentina de fútbol ganaba un partido en las instancias finales de un Mundial. Pero cada vez es más frecuente que los fanáticos de distintos equipos tomen ese punto cuando logran un triunfo significativo. Hace unos días, incluso, los hinchas de Boca, quienes tienen su día internacional, bloquearon el cruce por la tarde hasta la noche (generando incluso graves disturbios).
El flamante jefe de la Policía Vial de Mendoza, Gastón Becerra, señaló que la ley fija el derecho a la libre circulación de las personas, y que cuando se corta una calle, y aún más cuando se trata de una ruta provincial o nacional, se vulnera ese derecho. En cuanto a su intervención, el funcionario indicó que se limitan a ordenar el tránsito, para intentar que la circulación vehicular sea más fluida en la periferia del corte, y evitar que se produzcan accidentes, ya que le corresponde a la Justicia intervenir.
El abogado penalista Carlos Ferrer explicó que los piquetes se pueden encuadrar en distintos artículos del Código Penal. El 194, detalló, protege la seguridad pública y prevé pena de prisión para quienes "impidieren, estorbaren o entorpecieren el normal funcionamiento de los transportes por los distintos medios y de los servicios públicos".
Sobre esto, Ferrer subrayó que la normal circulación del transporte público está ligada al derecho a concurrir al trabajo y a la salud (poder ir a un hospital, por ejemplo). Y planteó que si bien los manifestantes suelen defender su derecho a reunirse y peticionar ante las autoridades, la Corte Suprema ha establecido que los derechos no son absolutos y que no se puede vulnerar uno en el ejercicio de otro, como tampoco cometer un delito.
El abogado subrayó que si bien el reclamo es legítimo, el corte de calles o rutas tiene como objetivo extorsionar a las autoridades para que les presten atención y que se ha convertido en un mecanismo habitual. También comentó que en estos casos las fuerzas de seguridad deben actuar de inmediato, para evitar que se siga cometiendo el delito -lo que no implica represión- y luego dar vistas al fiscal. Pero manifestó que esto no ocurre por el temor al costo político que puede tener la decisión.
Ferrer añadió que el Código Penal también establece, en su artículo 186, penas de 3 a 10 años cuando haya peligro común, es decir en los casos en que el piquete se torna en un estrago generalizado, con peligro para la paz social. Mientras en el artículo 239 contempla penas para quien "se resistiere o desobedeciere" a un funcionario público, cuando se niegan a abandonar el corte.
Por su parte, el abogado laboral Diego Monteleone comentó que el corte de calles es un modo de protesta de los trabajadores que se ha convertido en la única opción para que su reclamo sea escuchado, cuando no logran una respuesta con otras medidas. El letrado recordó que esta modalidad surgió en Neuquén en la época de las privatizaciones. También coincidió en que ha sido aceptada por las autoridades porque buscan evitar el costo político de intervenir, pero reconoció que la legislación sólo contempla el derecho a huelga, no a cortar calles.
Autora: Sandra Conte. Publicado en Diario "Los Andes" de Mendoza, 24 de diciembre de 2013. Imagen publicada en Diario "Los Andes" de Mendoza.
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