Los líderes parlamentarios de los distintos partidos políticos y sus asesores legales habían comenzado, a fines de semana, a estudiar la primera cuestión importante que deberá resolver el próximo Congreso Nacional: la ratificación o no de los numerosos decretos-leyes emitidos por el gobierno del doctor José María Guido. Algo desordenadamente, en los partidos comenzó así a hablarse de los aspectos jurídicos de un problema eminentemente político y sobre el cual cada una de las agrupaciones se pronunciará de acuerdo con sus tendencias y compromisos.
La legislación sancionada por medio de decretos-leyes durante el período Guido reconoce dos aspectos fundamentales: en lo institucional, la promulgación del Estatuto de los Partidos Políticos y de una serie de disposiciones represivas de la actividad peronista y comunista; en lo estrictamente jurídico, la reforma de los Códigos Penal y Comercial. Indiscutiblemente, no es este último aspecto el que más promoverá las polémicas políticas.
Cada uno de los partidos hará hincapié en el derecho o no del doctor Guido para dictar decretos-leyes, de acuerdo con sus intereses en que los textos sean o no ratificados. También puede emplearse el argumento de la ratificación automática —doctrina Oyhanarte, aplicada en 1958— si se considera que el Poder Ejecutivo asumió las facultades legislativas: un decreto del doctor Guido, refrendado por el doctor Adrogué (dado a conocer inmediatamente después de la disolución de las Cámaras), permite una opinión ambigua en ese sentido. El texto se limita a decir que los decretos, en lo sucesivo, serán encabezados por una fórmula que dice "El presidente" de la República decreta con fuerza de ley". No hay constancia de una asunción expresa de las facultades legislativas, y el decreto de Adrogué —según algunos especialistas— no indicaría ese hecho en la forma necesaria para tener carácter de terminante. Los asesores políticos de los partidos tendrán así plena libertad para intentar demostrar la legalidad o no de los textos promulgados.
Por ahora, casi todos los partidos parecen inclinarse a examinar los decretos-leyes y aprobarlos o no según consideren que cumplan una función útil. Solamente el Partido Socialista Argentino, a través del que será líder de su bloque parlamentario —el doctor Alfredo Palacios— considera que todos los decretos "buenos o malos" deben derogarse: "El doctor Guido —dijo a PRIMERA PLANA el dirigente socialista— asumió de hecho el Poder Legislativo, pero sin derecho. Yo no ratificaré con mi voto ninguno de los decretos-leyes, que son totalmente nulos. Guido tuvo la audacia de ser Poder Ejecutivo y Poder Legislativo a la vez; pretendió también modificar los códigos. Aunque estuviera de acuerdo con algún decreto, no lo aprobaría, porque es nulo". Algunos democristianos se acercan a esa posición (como Fernández Gill). Para los demás partidos, el problema de fondo es la valoración de los decretos: casi todos los dirigentes parecen inclinarse por aprobar los que consideren positivos y rechazar los que consideren negativos. Salvo en lo que hace a la legislación represiva, los partidos —por lo demás— no parecen tener una posición clara y homogénea sobre los decretos-leyes.
También con la excepción del doctor Palacios, los dirigentes políticos consultados por PRIMERA PLANA hicieron hincapié en los decretos represivos: en cuanto a los demás (como modificación de los Códigos), prometieron que los estudiarían detenidamente. El hecho, lógicamente, permitía una primera conclusión: a pesar de todo, los dirigentes parecen seguir fundamentalmente en la tendencia de dar mayor importancia a los hechos estrictamente políticos que a los otros, salvo el caso de problemas económicos y sociales que —por su forma de tratamiento— han pasado a, constituirse directamente en hechos políticos (petróleo, Ley de Asociaciones Profesionales).
Lo cierto es que, a esta altura de las cosas, todavía es muy difícil hacer un pronóstico sobre la suerte que correrán los decretos-leyes del doctor Guido. Lo más probable, sin embargo, parece ser que —quizá con ciertas modificaciones— sean aprobados los textos vinculados con las reformas de los Códigos. En cuanto a la legislación represiva, la mayoría de los partidos políticos son partidarios de anularla o de modificarla. Algunos observadores sugieren que es posible una derogación como primera etapa de una nueva legislación que entraría al Congreso en forma de proyecto del Poder Ejecutivo, con participación entonces, por esa vía, de las Fuerzas Armadas, a través de sus respectivos secretarios. El problema político, en todo caso, se replanteará entonces.
El gobierno del doctor José María Guido innovó en varios aspectos fundamentales. Algunos de los decretos-leyes más importantes —que ahora deberán ser considerados por las Cámaras— pueden ser agrupados en los siguientes rubros:
• Políticos: El gobierno de Guido acentuó la legislación proscriptiva con respecto al justicialismo y al comunismo. Por el decreto-ley 5540/63 dispuso la liquidación de bienes de las organizaciones consideradas comunistas (el texto amplía disposiciones previas del decreto-ley 4214/63), creó un cargo de fiscal de Cámara y una Sala Penal Especial en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, y admitió el derecho policial a entrar en los domicilios sin orden judicial cuando hubiere sospechas de reuniones extremistas. El decreto 9541/63 dispone la expulsión de extranjeros considerados como activistas subversivos y condenados como tales, y hace precisiones con respecto a la reputación de comunista. Establece, además, el requisito del certificado de buena conducta para ingresar en la administración pública. Otro decreto-ley —el 4212/63— declaró ilegal la actividad comunista; también prevé la expulsión de extranjeros.
El decreto-ley 1296 prohíbe la propaganda peronista, ratificando el 7165. Por el 2457/63 se establecen normas para el ingreso y permanencia en el país de nacionales o residentes de países comunistas o democracias populares. El decreto-ley 4200 reglamentó el derecho de opción para salir del país en el caso de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, y el 4215 dispuso exigir una autorización especial para viajar a España. Los núcleos totalitarios de extrema derecha fueron disueltos de acuerdo al decreto 3134 (casos Tacuara y Guardia Restauradora Nacionalista).
El decreto-ley 4046 limitó la posibilidad de presentarse a elecciones por parte de la Unión popular, y el 4874/63 hizo extensivas las limitaciones a los partidos eventualmente aliados a la Unión Popular. El decreto-ley 5478 inhabilitó a Matera para ser candidato a los cargos fundamentales. Por el 4500 se reestructuró la Secretaría de Informaciones de Estado, convirtiéndola en un organismo más técnico. Entre otros textos, además, el gobierno promulgó el Estatuto de los Partidos Políticos e implantó el sistema proporcional D'Hondt para la elección de diputados y electores de presidente, vice y senadores por la Capital. El decreto-ley 5175/63 estableció que los agentes fiscales y procuradores serán parte necesaria en todo recurso de hábeas corpus o acción de amparo par medidas que hubiera adoptado el Poder Ejecutivo en cumplimiento del estado de sitio.
• Económicas y reformas de Códigos: Por decreto 4864/63, el Poder Ejecutivo dispuso la creación del gabinete económico social (a ser integrado por los ministros de Economía y de Trabajo y por los secretarios de Agricultura y Ganadería, Comercio, Energía y Combustibles, Hacienda e Industria y Minería). Estableció, además, importantes reformas a los Códigos de Comercio y Penal por medio de los decretos-leyes 4777 /63, 4776/63 y 4778/63: hizo más severas las penalidades a los dadores de cheques sin fondos (prisión de seis meses a cuatro años); estableció intereses punitorios para los que maliciosamente demoraren los pagos comprometidos (limitando así la posibilidad de "chicanas" o "alongaderas"); reformó el sistema de protesto de cheques; agilizó la contabilidad, suprimiendo libros innecesarios (copiador de cartas); estableció la posibilidad de rescisión no judicial de los contratos; etcétera. Por los decretos-leyes 2021 y 13.911, el Poder Ejecutivo efectuó reformas al Código de Procedimientos en lo criminal procurando solucionar diversos problemas de competencia que se presentaban.
Esta breve revisión de algunas de las innovaciones legislativas del gobierno del doctor Guido permiten observar dos tendencias generales: en lo político, hay un marcado predominio de decretos-leyes represivos de la actividad peronista y comunista; en materia de legislación general, el Poder Ejecutivo se ha preocupado, fundamentalmente, por acelerar los trámites, funcionalizar los organismos judiciales e incrementar las penalidades para cierto tipo de delitos económicos.
Una encuesta de los redactores de PRIMERA PLANA entre futuros parlamentarios y dirigentes de las agrupaciones políticas que tendrán representación en el Congreso Nacional permite una primera aproximación a la actitud que los distintos sectores adoptarán sobre el problema de la ratificación de los decretos-leyes. Es interesante destacar que muchos dirigentes eludieron pronunciarse por "no haber tomado aún contacto con la cuestión".
• Arturo Mor Roig, diputado electo de la UCRP y posible futuro presidente de la Cámara de Diputados, cree que la legislación represiva debe ser derogada y reemplazada por nuevas leyes de seguridad, y que las modificaciones introducidas por el gobierno a los Códigos deben ser estudiadas "una a una".
• Rubén Blanco, senador electo por la UCRP, señala que todavía no se realizaron consultas en los bloques parlamentarios de su partido. Opina que "debe revisarse toda la legislación y, eventualmente, ratificarse o no por medio de una ley ómnibus".
• Juan Miguel Martínez de Hoz, secretario general del Partido Demócrata Conservador de la Capital, opina que deben ser analizados "uno por uno" los decretos-leyes. No se pronunció sobre legislación represiva.
• Julio César Cueto Rúa (ahora enfrentando a las autoridades de su agrupación, la Federación Nacional de Partidos de Centro) sostiene que no tiene sentido plantear el problema de la legitimidad de los decretos-leyes, ya que "todo decreto-ley tiene valor en la medida en que está respaldado por una autoridad que lo hace cumplir". En cuanto a los textos en sí, "deben ser revisados uno por uno".
• América Ghioldi, socialista democrático, asegura que votará contra todas
las "medidas maccartistas" y por la revisión y derogación de los decretos-leyes inconstitucionales. En cuanto a la posibilidad de que se propugne un nuevo tipo de legislación represiva, dijo que "consideraría su posición de acuerdo a las circunstancias".
• Alfredo Palacios, socialista argentino, considera nulos todos los decretos -leyes promulgados por el doctor Guido.
• Miguel del Pero, posible jefe del bloque parlamentario de UDELPA, dice que es necesario que las Cámaras analicen la utilidad de todos los decretos -leyes, en forma serena. Incluye en esa opinión a los decretos-leyes represivos.
• Raúl Ondarts, de UDELPA, dice que "todo debe ser analizado teniendo en cuenta el principio de continuidad jurídica".
• Alberto Antonio Spota, uno de los asesores jurídicos de la UCRI (sector alendista), sostiene que toda la legislación de Guido caduca, de hecho, el 12 de octubre.
• Julio Oyhanarte, figura de consulta de la UCRI frentista en problemas jurídicos y constitucionales, dice que los gobiernos defacto tienen derecho a emitir decretos-leyes ("Si no, no existida gobierno"), y que Guido fue un presidente defacto. Si corresponde la ratificación ("No es necesaria, si se considera que Guido asumió facultades legislativas"), deben ser ratificados o no lo textos, según convengan al país. Los decretos-leyes represivos deben derogarse en la medida en que creen el delito de opinión. Muchas disposiciones establecidas para el Código de Comercio deben ser mantenidas.
• Guillermo Fernández Gill, democristiano, dice que su partido "nunca reconoció el derecho a legislar al Poder Ejecutivo. En todo caso —agrega— votaremos por la derogación de la legislación represiva y estudiaremos los otros problemas".
• Héctor Félix Bravo, de la democracia progresista, dijo que su partido considerará en estos días la actitud a adoptar. Afirmó que prefería no hacer definiciones personales.
6 de agosto de 1963
PRIMERA PLANA.
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