Implicaría “una condonación de la deuda” cercana al 99 por
ciento.
Pidieron rechazar por “abusivo” el acuerdo entre Correo Argentino y el Estado Nacional en el concurso preventivo.
La fiscal general Gabriela Boquín consideró que, de acuerdo
a los cálculos realizados por la DAFI, la homologación de la propuesta llevaría
a una quita de 70 mil millones de pesos a 2033. Además, señaló que pudo haber
un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de
la negociación, al aceptar una oferta “que directa o indirectamente beneficie”
a familiares del presidente de la Nación.
El fiscal general ante
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, dictaminó
que debe rechazarse la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. y aceptada
por el Estado Nacional, en junio del año pasado, en el marco de un concurso
preventivo. La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo
acordado “equivale a una condonación” de la deuda “y debe considerarse abusiva”
en tanto implicaría, de acuerdo a los cálculos realizados por la Dirección
General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI)
de la Procuración General de la Nación,
una quita de más de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de
70 mil millones a 2033. Asimismo, la representante del MPF advirtió que el
consentimiento estatal fue brindado por un funcionario del Ministerio de
Comunicaciones sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quien recibió
instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso. Destacó que “la
familia Macri detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana
S.A., controlante de Sideco Americana S.A., quien a su vez posee el control
accionario de Correo Argentino S.A.”.
En su dictamen, la Fiscalía -como parte del proceso de
homologación- analizó la última propuesta realizada por la empresa en la
audiencia del 28 de junio del año pasado, que se celebró a pedido del propio
Estado Nacional siendo este titular del
32,65% del pasivo concursal.
La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un
análisis efectuado con la colaboración de la DAFI de la Procuración General de
la Nación: la segunda propuesta -aceptada por el representante del Estado
Nacional en la mencionada audiencia-
“mejoraba” el plazo de pago (de 19 cuotas a 15) y la tasa de interés
(del 6 al 7% anual). Del análisis económico surge que “el valor real de la
propuesta rechazada implicaba una quita del 99,16% y la propuesta aceptada,
implica una quita velada del orden del 98,82%”, de acuerdo al cálculo realizado
por los representantes del Ministerio Público Fiscal. “Así, de convalidarse la
conformidad prestada por el Estado Nacional, éste resignaría sustancialmente el
crédito debido por la concursada, aceptando la cancelación del mismo con la
percepción de un valor insignificante en términos de valor presente”, aseveró
Boquín.
En una ampliación al dictamen presentada ayer, la fiscal
general acompañó los cálculos complementarios elaborados por la DAFI, de los
que surge “el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta
formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en
moneda nacional”, a saber $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de
2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-.
La fiscal consideró que la nueva propuesta a la que se
prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular
aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
Conflicto de interés
Por otra parte, la fiscal general consideró que el
consentimiento fue dado por “un funcionario incompetente” para hacerlo -el Dr.
Mocoroa, en su condición de Director General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Comunicaciones en carácter transitorio por 180 días-, en virtud
de que debería haber contado con una autorización expresa para “poder transigir
en nombre del Estado Nacional”.
Boquín reseñó que, durante el concurso, el juez requirió
información sobre la participación de Franco Macri en la compañía. La empresa
contestó que el padre del presidente de la Nación no es directivo de Correo
Argentino S.A. ni ocupa cargos gerenciales, pero que “la familia Macri detenta
la totalidad del capital accionario de Socma S.A., controlante de Sideco
Americana S.A., quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino
S.A.”.
"En el caso, la propuesta fue aceptada por un
funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de
dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la
administración pública nacional”, señala el dictamen.
“En efecto, pudiendo resultar que familiares del presidente
de la Nación resultarían beneficiarios finales de la sociedad concursada y/o de
sus controlantes del grupo económico, ningún funcionario público que tuviese
relación de dependencia jerárquica con él [en referencia a Mocoroa], podría
aceptar una propuesta que directa o indirectamente los beneficie”, apuntó la
fiscal. Y precisó: “En el caso, la propuesta fue aceptada por un funcionario
público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias
jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública
nacional”, por lo que debió haber mediado una “opinión consultiva de la Oficina
Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública”. Por ese motivo,
solicitó que se libre oficio a la Procuraduría de Investigaciones
Administrativas (PIA) “a los fines que su titular estime corresponder”.
En ese contexto, Boquín consideró que la nueva propuesta a
la que se prestó conformidad “es abusiva, implica perjuicio fiscal y su
irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado Nacional”.
Su aceptación implica “reducir el crédito del Estado Nacional a una suma
inadmisible”, por “resultar equiparable a una condonación de la deuda”.
La Fiscalía advirtió que “se encuentran en juego fondos
públicos destinados a la satisfacción del bien común, por lo que rige un
régimen específico, de carácter publicístico y con principios orientados a la
preservación de dichos intereses generales”.
Finalmente, Boquín formuló reserva para acceder por vía
extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en caso de
que haya una sentencia contraria a lo dictaminado.
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