“No pueden obligarme a matar a un bebé”.

El reloj andaba cerca de las 20 horas del domingo 2 de mayo de 2017. Una joven de unos 20 años llega en estado de shock y en muy “malas condiciones” al hospital de Cipolletti. Quiere interrumpir un embarazo que fue producto de una violación.

A la joven la recibe Leandro Rodríguez Lastra, médico y jefe de servicio del área de ginecología. La mujer oriunda de Fernández Oro estaba aproximadamente de 22 semanas de gestación, el médico considera que no se trata de un aborto, sino de un embarazo pretérmino, es decir que podría vivir fuera del útero. Decide no interrumpir el embarazo, interna a la joven y toma contacto con las autoridades. El bebé nace prematuro a las 35 semanas en un parto inducido y es dado en adopción. La joven que siempre manifestó su decisión de interrumpir el embarazo se encuentra desde aquel día en tratamiento psicológico.

A 15 meses de ese hecho que sacudió a la región, el médico rompió el silencio y reafirma su proceder. Está convencido de haber actuado de forma correcta. “No me voy a convertir en criminal porque se cometió un crimen anterior”, argumenta y agrega. “Yo recibo una paciente en una guardia en mal estado general y la estabilizo. Cuando se pasa el momento de urgencia, nos damos cuenta que era un embarazo muy adelantado, nos vimos en la imposibilidad interrumpir porque no era un aborto. Era un embarazo de 22 semanas, cinco meses. Es el límite de la viabilidad”.

Rodríguez Lastra fue acusado por incumplir con los deberes de funcionario público y está imputado en esa causa. Aguarda por la instancia de control de acusación que podría desencadenar en un juicio.

El ginecólogo que llegó de Buenos Aires hace dos años está convencido que la denuncia no tiene asidero y que su actuar fue conforme, no solo a la ley, sino a su ética profesional. “No me vanaglorio de nada porque me tocó vivir una situación muy fea. Tener que asistir una chica que fue violada fue muy doloroso. Pero sí puedo decir que hay una persona que no me puede acusar de asesino. Que todavía no lo sabe, en algún momento lo va a saber y esa personita cuando crezca no me va acusar, y eso es lo yo que me llevo. Independientemente de cual sea la resolución desde lo judicial. Eso lo manejan personas y como personas tienen sus intereses, y tienen sus conveniencias. Pero yo estoy conforme con lo que pasó por eso, no estoy conforme con lo que pasó con la chica abusada, eso es muy doloroso”, expresó.

Ahora es activista.

El médico que está en el ojo de la tormenta por este caso emblemático en la región jura que le cambió la vida. No solo fijó una postura provida, en contra de la despenalización del aborto, sino que se convirtió en activista de la causa.

“Yo empecé a vivir esto como un mal sueño, me parecía y me sigue pareciendo una locura lo que me está solicitando la Justicia, de pedir que mate a un bebé. Todavía no lo puedo digerir. Eso generó un cambio muy importante en mi manera de ver las cosas. Un clic interno. Si bien antes no tenía problemas porque en Buenos Aires con otro contexto participaba y se realizan interrupciones de embarazos. Yo fui formado para cuidar la salud, para proteger la vida. Este caso me impactó tanto, sentí tanta identificación con este niño por nacer. Con su derecho a la vida y esto cambió muchísimo mi postura”.

Rodríguez Lastra tiene el recuerdo latente, pero sigue defendiendo su accionar. “Es muy difícil tomar una decisión en ese instante. Insisto, en ese momento, porque al día siguiente al juntarnos con los servicios y analizar la situación sabíamos que era un panorama de muy difícil resolución. Ahí le dimos intervención a las autoridades del hospital, del Ministerio de Salud. Cuando se expidieron, apoyaron esta decisión primaria de respetar esta vida”, sostiene.

El profesional de la salud priorizó siempre el embarazo. Aun sabiendo del contexto en el que se gestó y la situación de la joven. “Por supuesto que la madre es la víctima, es la que sufrió y la que sufre todo esto, que entre paréntesis excede a su embarazo, porque las marcas que tiene esta persona va más allá de haber quedado embarazada. Fue vulnerada de una manera humillante, esa marca es independiente de haber llegado a un embarazo o no”, agrega.

Haber interrumpido ese embarazo era para Rodríguez Lastra un homicidio. Incluso cuando la ley amparaba el aborto no punible. El médico asegura que llegó con 22 semanas, el límite que impone la ley para una interrupción legal. Es lo que debe definir la Justicia. La joven llegó el 2 de abril al hospital de Cipolletti, pero comenzó a transitar por salud pública en enero.

“Lo que sí remarco es que no justifico el asesinato de un bebé porque pasó esto lamentablemente con esta chica que no fue contenida en el momento que se podía. Si usted me dice que era otra edad gestacional, bueno, pero yo no voy a condenar a un chico a vivir en las tinieblas de la incapacidad física o mental por el hecho de arrogarme la capacidad de determinar si merece o no vivir. Es muy complejo”.

Rodríguez Lastra volvió a remarcar su postura en contra de la despenalización del aborto y enfatizó que la solución es en la prevención y protección de las mujeres en situación de vulnerabilidad. “¿Es lo ideal? No. Lo ideal es que no existan violaciones. Nos estamos perdiendo en la punta del ovillo y acá el tema central es que exista una contención a las mujeres, a las más vulnerables. Ahí dejaríamos de discutir si se trata de aborto sí o aborto no, que a las 12 ó a las 15 semanas”.

Todos objetores.

Luego deberse involucrado en la causa penal, el ginecólogo se hizo objetor de conciencia, al igual que todos los médicos que forman parte del área de ginecología del nosocomio local. “Esto fue determinante para tomar esta decisión , y todos mis compañeros optaron por lo mismo. Fue un antes y un después”, cerró.

“Sí puedo decir que hay una pequeña vida que no me puede acusar de asesino. Todavía no lo sabe, pero en algún momento, cuando crezca, no me va acusar...”.

“Por supuesto que la madre es la víctima, es la que sufrió y la que sufre, pero no me voy a convertir en un criminal por un crimen anterior”.

Rodríguez Lastra es el jefe de servicios del área de Ginecología del hospital.

Datos

22 semanas

de gestación tenía la joven al llegar al hospital de Cipolletti. Es el límite para la interrupción legal del embarazo.

2 meses

la mantuvieron internada en el hospital cipoleño hasta que le realizaron un parto inducido.

130 abortos

no punibles se llevaron a cabo en Cipolletti entre agosto del 2017 y abril del 2018. Todos sin intervención y antes de la semana 12 de gestación.

Detalles de los procedimientos judiciales en torno al caso.

La primera denuncia fue contra Lastra y una médica que tomó intervención del caso al día siguiente. Luego de la audiencia de formulación de cargos, se realizó otra en la que se sobreseyó a la médica. Allí la propia fiscal Rita Lucía admitió que el dictamen de la asesoría legal del Ministerio de Salud de la provincia había sido sumamente confuso. Lejos de echar luz sobre cómo debían actuar los médicos en esa situación el “consejo legal” enmarañó más el tema. Con ese argumento fue la Fiscalía la que luego de promover la acusación terminó retirando los cargos contra la médica. Sin embargo decidió seguir adelante con Lastra, a pesar de que en la formulación de cargos la jueza Sonia Martín les informó a las partes que “la plataforma fáctica” seguía siendo confusa.

De todos modos, según el criterio de la jueza no correspondía dictar el sobreseimiento por ser esta una instancia provisoria, primigenia. Lo más importante de la acusación deberá develarse en esta nueva audiencia, en la que la fiscalía deberá poner en la mesa todas las pruebas en contra de Lastra.

Llamativamente, el proceso por el abuso que sufrió la víctima nunca avanzó. Por tratarse de un delito dependiente de instancia privada la denuncia debía realizarla la propia afectada, “empoderada” por los organismos creados a tal fin, la Oficina de Atención a la Víctima de Fiscalía por ejemplo.

El caso además transitó por el fuero civil y de familia. La jueza de Familia de Cipolletti Marissa Palacios afirmó que en esa etapa del embarazo la decisión que pudiera llegar a tomar “excedía la facultad de los jueces” y que el caso tenía que resolverse con un criterio médico en resguardo de la salud de la paciente. Un defensor civil, luego, presentó un amparo y los tres jueces de la Cámara Civil se expidieron en el mismo sentido “la cuestión planteada en este amparo constituye una temática de exclusiva competencia médica, insusceptible de ser definida judicialmente”. Además solicitaron asistencia permanente a la víctima, no sólo desde su salud física sino en resguardo de su salud mental.

Luego de este caso el ginecólogo comenzó a militar en contra de la ley de despenalización.

El tortuoso camino hasta el parto.

Según consta en registros judiciales, la víctima acude por primera vez al hospital de Fernández Oro en enero de 2017. Acusa extraños síntomas en su cuerpo, pero no cuenta el abuso. Le dieron turno para marzo, el primer resultado da negativo y la contraprueba a fines de ese mes confirmó el embarazo. Allí la derivan a Cipolletti. Llega el 2 de abril, tres meses después de su primera consulta. En ese momento la joven sabía de su embarazo y en todo momento dejó claro su intención de interrumpirlo.

Está confirmado que hubo un llamado “informal” antes del 2 de abril entre los hospitales involucrados pero la derivación no se formalizó.

La agrupación socorrista La Revuelta, interviene y le suministra una medicación para interrumpir el embarazo que fue contrarrestada por otro medicamento que le da Rodríguez Lastra. Deciden dejarla dos meses internada hasta que finalmente le realizan un parto inducido.

Análisis.

Obligada a ser madre.

El sistema la obligó a ser madre, violando su derecho a interrumpir un embarazo que fue producto de una violación. Si bien el protocolo al cual adhiere la provincia de Río Negro y su propia ley para articular el acceso al aborto no punible tiene pocos años de implementación, el Código Penal lo garantiza desde 1922 en el artículo 86. Sin embargo el Estado, con las instituciones competentes, se encargaron de no velar por ese derecho. No alcanza con adherir y tener leyes progresistas. Este caso desnudó la incapacidad gubernamental para garantizar los derechos que el propio Estado legisla.

Desde que la joven supo del embarazo manifestó su decisión de interrumpirlo. No dudó nunca y hasta el último día, aunque hablaba poco, dejó más que clara su postura. Lo repitió cuantas veces pudo durante los dos meses que la mantuvieron internada esperando las 35 semanas para el parto inducido. Mientras las autoridades resolvían qué hacer con el embarazo la joven atravesó un calvario que aún perdura.

Publicado en Diario "Río Negro", 4/08/2018.