La empresa Integración Energética Argentina (Ieasa) convocó a la licitación que permitirá adquirir las tuberías para la construcción del primer tramo del nuevo gasoducto Néstor Kirchner, que en un tramo de 656 kilómetros se extenderá desde la localidad neuquina de Tratayén, en cercanías de la formación de Vaca Muerta, hasta Saliqueló, al oeste de Buenos Aires.
La convocatoria, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, es un paso dado a continuación de la Resolución 67/2022 de la Secretaria de Energía y el DNU 76/2022 firmado recientemente por el presidente Alberto Fernández. El llamado a licitación tiene por objeto la adquisición de 656 kilómetros de tuberías para la construcción de la primera etapa del Programa Transporte.Ar, que abarca al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner y obras complementarias. El pliego de bases y condiciones para participar de la licitación se encuentra disponible a partir de hoy y habrá plazo para la presentación de ofertas hasta el próximo 31 de marzo, fecha en la que se realizará la apertura de las mismas, precisa la convocatoria.
Según detallaron desde IEASA, el Gasoducto Néstor Kirchner permitirá incrementar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta hasta los centros de consumo, comenzando a transitar el camino definitivo hacia el autoabastecimiento energético con un claro beneficio en la balanza comercial energética. Se estima que solo en el primer año permitirá ahorros por más de u$s1.500 millones entre importaciones y subsidios. Pero además, empleará a más de 38.000 trabajadores directos e indirectos de los clústeres de la construcción, metalurgia y siderurgia.
“Es sin dudas un proyecto histórico para el desarrollo humano y productivo de la República Argentina”, dijo Agustín Gerez, presidente de IEASA, y resaltó que el gasoducto permitirá “que accedamos a energía a valores competitivos para el pleno empleo y la producción, a partir de trabajo de argentinos para argentinos, sustituyendo energía importada por recursos naturales propios”.
Asimismo, Gerez dijo que mediante la inversión pública, el Estado retoma la iniciativa en infraestructura energética. “Es un honor asumir con nuestro equipo el enorme desafío de escribir una página central de la historia de nuestro país en materia de soberanía energética. Este proyecto será el resultado del trabajo que ya venimos realizando junto a las autoridades de la Secretaría de Energía y el resto de los actores del sector”, remarcó.
La primera etapa del Gasoducto -cuya concreción era largamente esperada por las operadoras petroleras para poder incrementar su producción de gas natural- consta de una inversión de 1.566 millones de dólares y que tiene como obra central el tramo Tratayén a Saliqueló, atravesando las provincias de Río Negro y La Pampa.
Una segunda etapa prevé continuar la obra hasta San Jerónimo, en el sur de Santa Fe, lo que abriría la posibilidad de llegar con mayor volumen del gas de Vaca Muerta a los grandes centros urbanos e industriales del país, así como vincular con el gasoducto del Noreste (GNEA)m región hoy aisladas del sistema.
Las obras en conjunto tienen por objeto ampliar la capacidad de transporte en 44 millones de metros cúbicos diarios -24 millones en la etapa inicial-, y así utilizar producción nacional y trabajo argentino para sustituir miles de millones de dólares de importaciones actuales de GNL, y combustibles como el fuel oil o el gas oil.
A mediados de febrero, el Gobierno constituyó el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (Fondesgas) para la realización de este programa de obras y declaró al gasoducto "de Interés Público Nacional".
Con aquella publicación se allanó el camino para el inicio de los procesos licitatorios de las obras, tarea delegada en la empresa Ieasa, a la que se le otorgó una concesión de 35 años.
El Fondesgas se constituirá principalmente con los recursos provenientes del Aporte Solidario y Extraordinario, en lo que hace a los bienes situados en el exterior (artículo 5 de la ley 27.605) y otros fondos de operaciones de crédito, renta o que se asignen anualmente en el Presupuesto Nacional, entre otros.
La obra representará un ahorro al Estado de unos US$ 1.000 millones por la sustitución de importaciones, con un efecto neto sobre la balanza comercial energética de alrededor de US$ 2.500 millones por año, "considerando la merma en la importación y el incremento en los volúmenes exportados".
PUBLICADO EN DIARIO "ÁMBITO FINANCIERO".
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