Unas 35 carpetas llegaron a la Procuración Judicial y fueron trasladadas por una delegación de la Policía Federal. El envío partió del juzgado federal de Claudio Bonadio y consiste en expedientes de la investigación por el manejo irregular de los fondos nacionales de los planes de viviendas de Techo Digno en varios municipios rionegrinos.
Desde ayer, esa voluminosa documentación era revisada por el equipo especial de fiscales, bajo la coordinación de la roquense Graciela Echegaray. Ese grupo está integrado por un fiscal de cada jurisdicción: Juan Pedro Peralta de los tribunales de Viedma, Miguel Fernández Jahde y Julieta Villa de Roca, Guillermo Lista de Bariloche; y Matías Stiep de Cipolletti.
Cada investigador volverá a su despacho con los expedientes correspondientes a los municipios de su jurisdicción. Hasta ahora, catorce administraciones están en análisis: Viedma, San Antonio, Conesa, Sierra Grande, Rio Colorado, Choele Choel, Godoy, Cervantes, Fernández Oro, Cinco Saltos, Cipolletti, Campo Grande, Jacobacci y Bariloche.
Los fiscales y colaboradores integrantes del equipo designado por el Procurador, Jorge Crespo se juntaron en Viedma para recibir los expedientes existentes y, también, establecer pautas comunes para la investigación, considerando que se trata de una causa con múltiples variantes y municipios. Fuentes judiciales reconocen la existencia ya de mucha documentación, incluyendo testimonios espontáneos, aunque, todavía, se está en su ordenamiento para después profundizar cruzamientos del nivel de ejecución con los fondos remitidos por parte de la Nación.
Esta compleja causa, centrada en el juzgado de Bonadio, derivó a Río Negro luego que la Corte Suprema declaró la competencia provincial y el magistrado federal cumplió con un primer envío en junio. Luego, el Procurador Crespo reclamó un faltante, incluso exigió un diálogo telefónico con Bonadio después de las formales peticiones de la fiscal Echegaray. Finalmente, el pasado martes, esa remesa importante fue recibida y consiste -en su gran mayoría- en los expedientes secuestrados en los distintos allanamientos realizados el año pasado por la Federal, requeridos por el propio Bonadio.
Entre el 2012 y 2015, la Nación firmó con municipios convenios para la construcción de viviendas por el plan Techo Digno, con aportes nacionales y ejecuciones de los gobiernos locales. Luego, la disparidad del nivel de construcciones y el efectivo desembolso federal fue cuestionado, generando distintas denuncias por parte del ministerio de Interior y Obras Públicas.
Publicado en Diario "Río Negro", 27/09/2018.
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