BUENOS AIRES — Cuando se planeó que Argentina fuera el país
anfitrión de los jefes de Estado de las principales economías del mundo en la
cumbre del G20, el gobierno vio la reunión como una oportunidad de oro para
mostrar a la nación como estable y próspera.
No obstante, cuando los líderes mundiales lleguen a Buenos
Aires el 30 de noviembre, encontrarán un país que atraviesa una severa recesión
y que ha sido sacudido por una racha de incidentes relacionados con la
seguridad.
Entre ellos el ataque a los futbolistas de Boca Juniors, por
parte de un grupo de hinchas violentos de River Plate, que sucedió el fin de
semana pasado, una amenaza de bomba hecha por activistas veganos y el reciente
arresto de un par de hermanos en Buenos Aires por ser sospechosos de tener
nexos con Hezbolá, el movimiento libanés.
Mientras tanto, las huelgas de empleados públicos han
ocasionado la cancelación de varios vuelos esta semana y han complicado la
transportación en gran parte del país.
Así que mientras los funcionarios del gobierno buscan
reforzar la seguridad en la mayor parte de la capital antes de la cumbre,
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, les aconsejó a los casi 2,9 millones
de residentes de Buenos Aires “que usen el fin de semana largo para irse, que
se vayan el jueves porque la ciudad va a estar muy complicada”.
Esa recomendación fue incongruente con la gran esperanza que
el gobierno argentino expresó hace un año cuando asumió la presidencia del G20.
“Un mundo donde inspiramos confianza porque estamos en el camino correcto”,
dijo en ese entonces el presidente Mauricio Macri.
Después de los doce años de gobiernos de izquierda liderados
por los presidentes Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, Argentina
cayó en el impago de su deuda externa, lo que ahuyentó a los inversionistas y
cultivó vínculos cercanos con China y Rusia conforme se distanciaron las
relaciones con Estados Unidos.
Desde su elección en 2015, Macri, un político de
centroderecha, ha buscado restaurar la confianza de los inversionistas al
controlar el gasto público. También ha cambiado el curso de la política
exterior de Argentina al retomar las relaciones con el gobierno del presidente
estadounidense Donald Trump.
Además, se ha esforzado para posicionar a Argentina como un
país prominente en debates globales en temas como el cambio climático, la
migración y la política comercial.
“Pasamos de estar
fuera del mundo” a tener la responsabilidad de planear el G20, dijo Macri el
año pasado. “Hay que convertir todo esto en nuevas oportunidades para el país”.
En cambio, los líderes de las economías más grandes del
mundo llegarán a un país que enfrenta muchas dificultades, particularmente con
su economía, las cuales han contribuido a un desplome de los índices de
aprobación de Macri.
Conforme la moneda argentina se devaluó estrepitosamente
hace unos meses, Macri tomó la difícil decisión de solicitar un préstamo al
Fondo Monetario Internacional. Posteriormente, tan solo meses después, ese
préstamo tuvo que ser aumentado.
Todavía, sin muchas buenas noticias que presumir, los
funcionarios argentinos realizan grandes esfuerzos para lograr una cumbre
ordenada.
El gobierno está desplegando a veintidós mil integrantes de
las fuerzas de seguridad y cierra grandes áreas de la capital para proteger a
los jefes de Estado visitantes y a sus delegaciones. La ciudad de Buenos Aires
declaró el viernes como día festivo para disminuir el tráfico y alentar a la
gente a salir de la ciudad.
Los funcionarios están conscientes de los disturbios que
estropearon la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, el año pasado. Los grupos
críticos de la globalización y el capitalismo incendiaron autos, saquearon
negocios y se enfrentaron a la policía en confrontaciones que dejaron cientos
de heridos y que ocasionaron la detención de más de cuatrocientas personas.
La reunión de este año ocurre durante un periodo de
considerable descontento social en Buenos Aires, donde los manifestantes y los
bloqueos callejeros se han convertido en un hecho cotidiano. Además, diciembre
ha sido históricamente un mes en el que este tipo de protestas se tornan
violentas, particularmente en momentos de problemas económicos.
La recomendación de salir de la ciudad durante el evento fue
recibida con indignación por los argentinos, que luchan para hacer rendir el
dinero en medio de una creciente inflación.
“¿Apenas tengo suficiente dinero para alimentos y ella
quiere que salga de la ciudad?”, dijo Paula Valladares, de 46 años, una
especialista en el cuidado de personas mayores. “Necesito trabajar. Si no
trabajo, no como”.
Quienes intentaron acatar la recomendación encontraron
algunos problemas el 26 de noviembre porque todos los vuelos de la empresa
estatal Aerolíneas Argentinas fueron cancelados debido a una huelga de los
trabajadores.
La mañana del 27 de noviembre, todo el transporte público
paró sus actividades durante tres horas debido a otra huelga.
Incluso antes del ataque del fin de semana al autobús que
transportaba a los jugadores de Boca Juniors al estadio —en el que varios
futbolistas resultaron heridos, lo que llevó a la suspensión de una final muy
esperada que ahora tendrá que realizarse fuera del país— la ciudad estaba
intranquila después de que amenazas de bomba condujeran al desalojo de la
Embajada de Estados Unidos, el Senado, un banco, un hospital y el aeropuerto
regional.
Todas resultaron ser falsas alarmas.
No obstante, hace unas semanas, un grupo de anarquistas
veganos fueron acusados de dejar un artefacto explosivo en el cementerio de la
Recoleta, donde se encuentran sepultadas varias figuras importantes de la
historia argentina, incluida la ex primera dama Eva Perón.
Una de las personas implicadas resultó herida cuando el
dispositivo aparentemente detonó de manera prematura. El gobierno también culpó
a un grupo anarquista por una bomba casera fue lanzada al hogar de un juez.
Otro episodio inusual que llegó a los encabezados fue el
arresto a mediados de noviembre de dos ciudadanos argentinos acusados de tener
vínculos con Hezbolá. Sus familiares negaron que ambos hombres, de 23 y 25
años, fueran terroristas.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, un grupo de
derechos humanos de Argentina, afirma que el gobierno ha usado la cumbre del
G20 como una “excusa para endurecer aún más su discurso contra la protesta
social y las manifestaciones callejeras y para exagerar su guerra contra el
terrorismo“.
Organizaciones que planean la protesta principal contra el
G20, que se realizará el 30 de noviembre, afirman que están seguros que las
medidas para resguardar la ciudad afectarán la participación. Sin embargo, aún
esperan una gran asistencia en una marcha que terminará en el Congreso —ubicado
a casi 5 kilómetros de donde los líderes más poderosos del mundo estarán
reunidos—.
En la ciudad, muchas personas ya desean que todo el asunto
se acabe.
“Tenemos un país tan grande, ¿por qué tenían que venir
aquí?”, se preguntó Esteban Torres, un empleado minorista de 31 años. “Como si
la vida en esta ciudad no fuera lo suficientemente difícil”.
Argentina quería brillar como país anfitrión pero la crisis ensombrece la Cumbre del G20. 
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