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...." el pueblo recoge todas las botellas que se tiran al agua con mensajes de naufragio. El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Hay que buscar esas botellas y refrescar esa memoria". Leopoldo Marechal.

LA ARGENTINA DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA.

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“Amar a la Argentina de hoy, si se habla de amor verdadero, no puede rendir más que sacrificios, porque es amar a una enferma". Padre Leonardo Castellani.

“
"La historia es la Patria. Nos han falsificado la historia porque quieren escamotearnos la Patria" - Hugo Wast (Gustavo Martínez Zuviría).

“Una única cosa es necesario tener presente: mantenerse en pie ante un mundo en ruinas”. Julius Evola, seudónimo de Giulio Cesare Andrea Evola. Italiano.

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viernes, abril 10, 2026

Glaciares: la Patagonia votó con lógica política una ley que atraviesa recursos, agua y modelo de desarrollo.

 


Glaciares: la Patagonia votó con lógica política una ley que atraviesa recursos, agua y modelo de desarrollo.

Por Nicolás Muñoz.

La reforma de la Ley de Glaciares dejó al descubierto que la Patagonia no actuó como bloque regional frente a un tema que toca el corazón de su presente y de su futuro. Hubo 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención entre los representantes del sur, en una señal política marcada más por alineamientos partidarios que por una postura común pensada desde la economía patagónica.

La votación de la reforma de la Ley de Glaciares dejó una imagen potente en la Patagonia: el sur argentino no defendió una posición regional unificada frente a una norma que impacta directamente sobre una de las zonas más estratégicas del país. Por el contrario, lo que apareció en Diputados fue una Patagonia partida por líneas políticas, donde el voto de cada provincia quedó mucho más atado al bloque al que pertenece cada legislador que a una construcción común sobre qué le conviene a la región en términos de desarrollo, ambiente y control de sus recursos.

El resultado global de la Cámara fue de 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. En el recorte patagónico, el saldo fue de 13 positivos, 11 negativos y una abstención. La distribución no fue casual: en general, los votos afirmativos llegaron desde La Libertad Avanza, bloques dialoguistas y espacios provinciales o aliados, mientras que los rechazos se concentraron sobre todo en Unión por la Patria. Ya desde la previa se veía ese patrón, y finalmente se confirmó en el tablero.

En Neuquén, votaron a favor Soledad Mondaca, Gabriela Luciana Muñoz y Gastón Riesco, los tres de La Libertad Avanza. Votó en contra Pablo Todero, de Unión por la Patria. Y se abstuvo Karina Maureira, de La Neuquinidad. El caso neuquino es ilustrativo porque muestra con claridad el cruce entre bloque político y relato público: Riesco difundió en redes la idea de que “nadie quiere destruir los glaciares” y denunció un “engaño” de quienes se oponían, mientras que Todero rechazó la reforma, cuestionó que se haya avanzado “sin escuchar a la gente” y se había pronunciado a favor de consultar a la ciudadanía sobre minería en zonas glaciares. Maureira, según se informó, cuestionó la imposibilidad de votar artículos por separado, y ese fue uno de los motivos señalados para su abstención.

En Río Negro, acompañaron la reforma Lorena Villaverde y Aníbal Tortoriello, ambos alineados con La Libertad Avanza, y Sergio Capozzi, de Provincias Unidas. Votaron en contra Marcelo Mango y Adriana Serquis, ambos de Unión por la Patria. También acá el patrón fue político. Villaverde había cuestionado en otras oportunidades lo que define como “falso ambientalismo”, Tortoriello se mantenía en silencio pero se esperaba que acompañara el sentido del oficialismo, y Capozzi aparecía en la previa como un diputado dialoguista con chances de alinearse con el Gobierno. Del otro lado, Serquis había cuestionado duramente la reforma en comisión y Mango había salido a defender el valor estratégico de los glaciares tras declaraciones libertarias que minimizaban su importancia.

En Santa Cruz, votaron a favor José Luis Garrido, de Por Santa Cruz, y Jairo Guzmán, de La Libertad Avanza. En contra lo hicieron Ana María IanniMoira Lanesan Sancho y Juan Carlos Molina, los tres de Unión por la Patria. Garrido no solo acompañó: fue uno de los firmantes clave del pedido de sesión especial para acelerar el tratamiento del proyecto. Guzmán, por su parte, defendió públicamente la reforma y sostuvo que “te están mintiendo sobre la ley de glaciares”, negando que pusiera en riesgo esas áreas y reivindicando una mayor autonomía provincial. En cambio, Molina llegó a plantear en redes que en Diputados iban a “pelear si entregamos el agua o no”, e Ianni y Lanesan Sancho también se habían posicionado en rechazo, denunciando irregularidades en el proceso y retroceso ambiental.

En Chubut, votaron a favor Maira Frías y César Treffinger, de La Libertad Avanza, y Jorge “Loma” Ávila, de Provincias Unidas. En contra se pronunciaron Juan Pablo Luque y José Glinski, ambos de Unión por la Patria. También aquí el voto fue consistente con posiciones previas. Frías y Treffinger habían replicado celebraciones del bloque libertario por haber conseguido dictamen. Ávila no se había pronunciado específicamente sobre la reforma, pero sí venía sosteniendo una postura favorable al desarrollo minero por su impacto en el empleo. En la vereda opuesta, Luque denunció que el tratamiento estaba “viciado desde el inicio” y Glinski marcó una diferencia nítida entre minería y agua, dejando en claro que para él tocar la Ley de Glaciares implicaba meterse con un recurso demasiado sensible.

En Tierra del Fuego, votaron a favor Santiago Pauli y Miguel Rodríguez, ambos de La Libertad Avanza, mientras que rechazaron la reforma Jorge Araujo HernándezAndrea Freites y Paulo Tita, todos de Unión por la Patria. Aunque en las fuentes consultadas no aparecieron tantas declaraciones individuales como en otras provincias, el reparto fue igualmente elocuente: la votación fueguina siguió con bastante fidelidad la fractura entre oficialismo nacional y peronismo.

Si se toma además el recorte amplio con el que se armó el conteo regional, La Pampa también quedó incorporada al saldo patagónico. Allí votaron a favor Martín Ardohain y Adrián Ravier, y en contra Abelardo FerránVarinia Marín y Ariel Rauschenberger. Esa suma ayudó a completar la cuenta regional de 13 votos afirmativos, 11 negativos y una abstención.

Lo que deja esta radiografía es una conclusión política incómoda para la región: la Patagonia no votó en clave Patagonia. No apareció una defensa cerrada de un interés regional propio, sino una conducta más pegada a los alineamientos nacionales de cada fuerza. Los libertarios, aliados y dialoguistas acompañaron una reforma que presentaron como una corrección técnica, más favorable al federalismo y menos restrictiva para el desarrollo. El peronismo, en cambio, la rechazó como una norma regresiva, apurada y funcional a intereses mineros.

Eso no significa que no exista una discusión de fondo sobre la economía patagónica. Existe, y es central. Pero en esta votación quedó subsumida bajo otra lógica: la de la disputa política nacional. Porque si el debate hubiera estado ordenado principalmente por una mirada económica regional, probablemente habría aparecido una postura más transversal entre provincias que hoy viven del petróleo, proyectan puertos, discuten minería o buscan capturar renta de grandes inversiones. Lo que ocurrió fue otra cosa: cada bloque votó, en general, como venía votando el resto del país.

Y ahí está, justamente, el dato más fuerte. La Patagonia, la región más observada por sus hidrocarburos, su potencial minero, su salida al mar y sus reservas de agua, quedó dividida no solo por una ley, sino por el modo de leer su propio futuro. Un sector de su dirigencia prioriza ampliar márgenes para inversiones y reforzar la potestad provincial. Otro cree que ese camino puede abrir una etapa de mayor vulnerabilidad ambiental en territorios demasiado sensibles. La ley ya fue aprobada. Pero la discusión sobre qué Patagonia se quiere construir sigue completamente abierta.

Publicado en ENERGÍA 360º

https://energia360.com.ar/glaciares-la-patagonia-voto-con-logica-politica-una-ley-que-atraviesa-recursos-agua-y-modelo-de-desarrollo/

domingo, abril 05, 2026

Opinión de Katja Alemann. Ley de Glaciares.

 



Ayer los antidiotas ambientalistas defendimos una vez más la ley de glaciares. Estuvo tupida la marcha de antorchas. Cunde la ignorancia en el Congreso sobre la enorme fragilidad e importancia del ecosistema glaciar. Su destrucción es irreversible, con consecuencias fatídicas para el agua en la región.

Idiotas son los que sólo piensan en su propio interés y no participan, ni entienden de los asuntos políticos. Esa es la definición etimológica. Estamos rodeados de idiotas.
Lamentablemente creo que esta lucha está perdida, porque el lobby minero ha logrado secuestrar voluntades en Diputados.
Es tristísimo ver cómo avanzamos al colapso dirigidos por esta banda de idiotas, que no tienen idea de lo que está en juego.
La guerra se desarrolla en la mente de las personas. Entumecidos y sobrepasados, la sobreinformación acecha a convertirnos en indiferentes, para rescatar la poca alegría que nos queda. Es muy peligroso distraerse. Nuestro futuro está en juego.
Despabilemos de la idiotez y seamos los protagonistas de un nuevo orden social, con consciencia y justicia, que erradique la maloliente impunidad de estos berretas en el poder.
De nosotros depende. Las calles son nuestras.
¡Felices Pascuas!

*** Katja Alemann.

sábado, marzo 28, 2026

Glaciares: qué dice la ley actual y el cambio que se pretende con la reforma.


Glaciares: qué dice la ley actual y el cambio que se pretende con la reforma.

El análisis comparativo entre la Ley 26.639/2010 de protección de glaciares con el proyecto de ley 161/2025, muestra que se busca facilitar la explotación minera y energética en áreas protegidas, priorizando intereses económicos por sobre la conservación.

Por Miguel P Auge *

La Ley de Glaciares, busca delimitar la protección de la norma actual a aquellos glaciares y preglaciares que constituyan «recursos hídricos estratégicos». 

La Ley 26.639 de “Presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial” fue sancionada por el Congreso Nacional en septiembre del 2010 y promulgada por el Poder Ejecutivo Argentino en octubre del mismo año. Los temas más trascendentes que trata son:

Objetivo Principal: Preservar los glaciares como fuentes de agua para consumo humano, agricultura y recarga de cuencas hidrográficas, para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico. Los glaciares constituyen bienes de carácter público.

Prohibiciones. El Artículo 6, prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias, la liberación de sustancias contaminantes y la realización de obras de infraestructura sobre glaciares y ambientes periglaciales.

Inventario Nacional de Glaciares. El Artículo 3, ordena la creación de un inventario oficial para identificar y monitorear todos los cuerpos de hielo en Argentina, bajo la responsabilidad del Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).

Evaluación de Impacto Ambiental. El Artículo 7, exige evaluaciones ambientales previas para cualquier actividad permitida en las áreas de protección.

Autoridad de Aplicación: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (nacional) junto con las provincias.

La aplicación de la Ley resultó exitosa, lo que permitió la preservación efectiva de los glaciares y periglaciales hasta el presente. De la Actualización del Inventario Nacional de Glaciares, realizada por el IANIGLA/2024, surge qué:

Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo registrados, que abarcan una superficie aproximada de 8.484 km² en la Cordillera de Los Andes, distribuyéndose a lo largo de 12 provincias y 39 cuencas hídricas, convirtiendo al país en un importante reservorio continental de agua dulce a nivel mundial.

Los cuerpos de hielo se extienden desde Jujuy en el Norte hasta Tierra del Fuego en el Sur, a lo largo de 3.700 km, incluyendo áreas andinas desérticas y andinas húmedas patagónicas.

Las provincias con más glaciares son San Juan (4.572), Mendoza (4.172) y Santa Cruz (2.420).

El Hielo Patagónico Sur, es una de las reservas de hielo más grandes, de Argentina con glaciares famosos como: Perito Moreno, Upsala y Viedma.

* Glaciares en el país 16.968 cuerpos de hielo registrados, que abarcan una superficie aproximada de 8.484 km² en la Cordillera, en 12 provincias y 39 cuencas hídricas.

Los glaciares actúan como reservas estratégicas de agua dulce, cruciales para el caudal de los ríos andinos, el riego y el consumo humano.

Lamentablemente, la mayoría de los glaciares está en retroceso debido al calentamiento global.

El inventario es fundamental para la aplicación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares.

Pese a lo expuesto, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional, en diciembre/2025, el proyecto de Ley 161/25, cuya finalidad es modificar la Ley 26.239 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglacial, con el objetivo central de redefinir a las áreas protegidas y adecuar el inventario de glaciares, para facilitar el desarrollo de actividades e inversiones mineras e hidrocarburíferas, en ambientes protegidos por la Ley 26.639, transfiriendo mayor control a las provincias y limitando la protección actual.

Aspectos clave del Proyecto de Ley P.E. 161/25:

Reforma Ambiental: Modifica sustancialmente la Ley 26.639, permitiendo actividades industriales en zonas antes protegidas, lo que generó fuertes críticas de naturalistas y organizaciones ambientales por considerarla regresiva.

Desarrollo Minero/Energético: Se impulsa para despejar obstáculos legales a la minería (especialmente cobre y litio) y a la extracción de hidrocarburos, adecuando la legislación a la “mesa del litio” y “mesa del cobre”.

Redefinición Técnica: Plantea una nueva definición de glaciar y ambiente periglacial para reevaluar el inventario existente.

Federalización: Argumenta la soberanía de las provincias sobre sus recursos naturales (art. 124 CN) para que estas autoricen actividades, lo que según los críticos fragmenta la protección federal.

Estado: La propuesta busca facilitar inversiones bajo el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

Al respecto, la Asociación de Abogados Ambientalistas declaró en Diciembre/2025:

“Adelantamos con claridad nuestra posición: esta reforma no expresa un debate técnico, ni una discusión académica entre juristas o parlamentarios, lo que está en juego es una definición política de fondo: si la Argentina continuará contando con una ley que protege de manera efectiva sus glaciares y ambientes periglaciares, que constituyen una de las principales reservas estratégicas de agua dulce del país, o si por el contrario, avanzará hacia su desprotección sistemática, amparada falsamente en el discurso del “desarrollo productivo” y orientada a facilitar la expansión del extractivismo minero e hidrocarburífero”.

Sobre el mismo tema, la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, emitió la declaración, cuya conclusión central dice:

“La Academia Argentina de Ciencias del Ambiente considera que la propuesta de enmiendas a la ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial debe ser rechazada por el Congreso Nacional porque esas reformas no contribuyen a un eficiente desarrollo de la minería en el país y debilitan la adopción de políticas y medidas que se requieren para preservar las cuencas hidrográficas e hidrogeológicas, proveedoras del agua para el consumo humano, las necesidades proyectadas de la agricultura y la ganadería, y la protección de la biodiversidad, limitan el acceso a la información científica y reducen el atractivo turístico.” (Enero/2026).

Conclusiones.

De todo lo expuesto, surge con meridiana claridad que la finalidad que persigue el proyecto de Ley 161/25, al modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, es permitir que la industria minera, petrolera y toda otra industria contaminante o extractiva, se instale donde crea más conveniente, sin tener en cuenta el daño que pueden generar en la calidad y en las disponibilidad del agua glaciaria, que constituye uno de los reservorios más importantes de agua potable, tanto superficial como subterránea, de todas las regiones ubicadas directamente en la Cordillera de Los Andes, en sus pie de montes, y en sus llanuras vecinas.

En definitiva, la Ley 161/25 está diseñada quirúrgicamente para satisfacer las demandas de los gobernadores de las provincias cordilleranas, afines con las explotaciones mineras y para facilitar la aplicación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que crea las condiciones de seguridad jurídica que reclaman las corporaciones mineras internacionales, para desembolsar inversiones estimadas en más de 20.000 millones de dólares.

La Ley 161/25 que fue aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso Nacional el 26 de febrero/2026, está actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados para su revisión final, a la espera de las opiniones de expertos y organizaciones ambientales, como resultado de la Audiencia Pública sobre Glaciares, prevista para los días 25 y 26 de marzo/2026.

* Dr. en Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires, donde ejerció la docencia como Profesor Titular de Hidrogeología durante 25 años. Ha publicado más de 100 trabajos científicos en revistas especializadas y congresos hidrogeológicos y es autor de 17 libros completos y de 5 capítulos, sobre temas hidrogeológicos.

Publicado en Diario Río Negro.

https://www.rionegro.com.ar/debates/opinion/glaciares-que-dice-la-ley-actual-y-el-cambio-que-se-pretende-con-la-reforma-4518138/
28/3/2026.

martes, marzo 24, 2026

Cuidar los glaciares, cuidar el agua, cuidar la vida.

 


Cuidar los glaciares, cuidar el agua, cuidar la vida.

Visto en redes sociales.

Parece que no es como decía el Senador de Libertad Avanza:

"No tienen glaciares más como decía mi compañero senador Bruno Olivera hoy rocas a cuatro mil metros congeladas que hoy no sirven para nada" (Fullone).

domingo, marzo 08, 2026

La voz de un especialista: «La reforma de la Ley de Glaciares tiene efectos irremediables e irreversibles».

 

Andrés Nápoli, magíster en derecho ambiental.

La voz de un especialista: «La reforma de la Ley de Glaciares tiene efectos irremediables e irreversibles».

ENTREVISTA │ El abogado y magíster en derecho ambiental Andrés Nápoli dialogó con RÍO NEGRO. Explicó que el planteo no es un "No a la minería", sino un "No a la minería sobre glaciares". Las reservas de agua en zonas de cordillera árida, son el principal riesgo ambiental.

El Gobierno Nacional se apresta a modificar la Ley de Glaciares de 2010, una reforma que parece hecha a medida de las provincias y las empresas mineras. La administración libertaria procura que se apruebe la reforma que habilitaría la explotación minera en zonas periglaciares.
La visión oficial sobre los glaciares quedó plasmada en la alocución del senador mileísta Enzo Fullone: “Son rocas a 4.000 metros congeladas que hoy no sirven para nada y no modifican ningún problema con el recurso hídrico”.

Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una organización independiente y no partidaria que busca la protección del ambiente y la defensa de los derechos humanos, no está de acuerdo. Según el especialista, que también es abogado y magíster en Derecho Ambiental, si bien las empresas mineras pueden traer emprendimientos asociados, los proyectos que se impulsan cerca de los glaciares implican muchos pasivos ambientales.

“Desaparece la montaña, desaparecen los glaciares, se restringe la fuente de agua, se contaminan los ríos”, enumera. Y concluye: “Cuando un glaciar desaparece, es irremediable, es irreversible”. Al respecto, Nápoli conversó con RÍO NEGRO.

PREGUNTA: Si se aprueba esta reforma ¿qué cosa se va a poder hacer que antes no se podía?
RESPUESTA: La norma cambia algunos procedimientos y algunas maneras de definir ‘qué se protege y qué no’. La Ley de Glaciares vigente protege a los glaciares y al área periglaciar como un continuo, y en esos espacios no se puede hacer actividad minera o hidrocarbonífera. Si bien es cierto que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales, eso no significa que puedan hacer cualquier cosa, sino que tienen un límite impuesto por el artículo 41 de la Constitución, que en una cláusula ambiental dice que la Nación fija el piso mínimo de protección en todo el país. Ahora, con este proyecto, lo que están haciendo es cambiar eso y entregar la fijación del piso a las provincias.

P: En la práctica ¿que modifica?
R: Varias cosas. En primer lugar, hoy esa fijación del piso la establece el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). No puede ser que cada provincia tenga su nivel de protección, porque de esa forma se logra lo que se llama el feudalismo normativo o el “dumping” ambiental: que las provincias se pongan a competir por ver quién tiene menos estándares de protección y así captar más impuestos. Y hay cosas bastante más graves.

El gobierno busca un programa de reprimarización de la economía. Esto impacta con consecuencias muy específicas, porque en este caso estás privilegiando a muy poquitos proyectos.

P: ¿Como cuáles?
R: Hoy en día existe un inventario nacional de glaciares que llevó muchos años hacer, que era un mandato de la ley. Hay cerca de 17.000 que fueron inventariados. Todos esos glaciares y ambientes periglaciares son reservas estratégicas de agua. Y lo que el proyecto dice es: “Las provincias van a tener en cuenta el inventario, pero van a definir cuál es el glaciar que consideran como reserva estratégica de agua”. ¿Cuál es la metodología con la que lo van a hacer? El proyecto de ley no da respuesta. Pero vamos al tema más grave. Supongamos que una provincia dice que un glaciar que está inventariado no es una reserva estratégica de agua, que contradice a IANIGLA. En el caso de que el IANIGLA no lo retire de la protección, las provincias que tienen proyectos mineros van a poder autorizarlos igual, aunque el IANIGLA los mantenga en el inventario. Además, es inconstitucional.

P: ¿Por qué?
R: Porque afecta la distribución de competencias que establece la Constitución Nacional. Además, es una ley regresiva, porque va a proteger mucho menos que lo que actualmente se protege en materia de recurso hídrico y eso afecta al Acuerdo de Escazú. Es “tramposa” porque supuestamente es aclaratoria, pero prácticamente deroga la ley anterior. El problema de ser aclaratoria es que sus efectos se aplican retroactivamente y eso significa que todas las actividades mineras que puedan haber sido aprobadas ilegalmente sobre glaciares quedan quedan ahora limpias para operar. Y vulnera el acuerdo con la Unión Europea que se ratificó la semana pasada en el Senado que, en el capítulo 18, dice que los países no tienen que disminuir los estándares de protección para beneficiar la inversión en comercio.

P: ¿Qué provincias y qué proyectos mineros son las más interesadas en la reforma?
R: La ley se reforma para habilitar cuatro o cinco proyectos grandes: Vicuña y Pachón en San Juan, MARA en Catamarca y, posiblemente según mencionó la senadora Patricia Bullrich, otro en Salta que se llama Taca Taca. Es decir, básicamente las provincias más interesadas en esta reforma son las que conforman la Mesa del Cobre y, eventualmente, Salta, que también forma parte de la Mesa del Litio. Estamos hablando de los Andes áridos, es decir, donde menos agua hay y en donde la mayor proporción está contenida en las áreas periglaciares, precisamente. Los mismos son muy importantes en los tiempos de sequía, porque según las estimaciones del IANIGLA, los caudales de los ríos se alimentan en un 50% en la zona periglacial.

P: ¿Hay alguna razón especial en el apuro por la aprobación?
R: El gobierno busca un programa de reprimarización de la economía, es una definición pública. Esto impacta con consecuencias muy específicas, porque en este caso estás privilegiando a muy poquitos proyectos. Siempre explicamos lo mismo: no decimos “no” a la minería, decimos no a la minería sobre glaciares. Es el 0,3% del territorio nacional. En todo el resto del territorio nacional no hay ninguna limitación, más que usar las prácticas adecuadas, con los permisos necesarios y los controles.

P: ¿Qué podría hacerse para desarrollar la minería de una forma responsable?
R: La ley de Glaciares se sancionó en su momento porque había un gran problema de cambio climático; es decir, un retroceso muy importante de los glaciares de Argentina. Entonces se necesitaba un sistema de protección. Y esto, lejos de haber mejorado, empeoró notablemente en los últimos diez años. Los glaciares en la zona de Mendoza hacia arriba han retrocedido el 17%. Además, había una situación muy crítica respecto de lo que pasaba con la explotación megaminera, sobre todo a la altura: había afectaciones de glaciares y derrames de sustancias químicas. Todo eso llevó a la necesidad de establecer que las provincias no siguieran dejando librado al azar lo que pasara con la minería. Esto ha evolucionado: las empresas mineras mejoraron en algún caso los estándares de producción, y en virtud de algunas políticas públicas que existieron también fueron mejorando el control. Pero eso no significa que las provincias hoy estén en condiciones de garantizar todos los controles que se requieren, porque cuando hablamos de un proyecto como Vicuña, estamos hablando de empresas que tienen más capital que el producto bruto de la provincia.

Hay una decisión acordada por el gobierno y las provincias. Previo a la media sanción de la semana pasada, hubo un voto favorable a la reforma laboral.

P: ¿Cómo funciona la minería a cielo abierto?
R: No es como se hacía hace 30 años atrás, con ingreso por medio de un túnel a buscar una veta de de mineral concentrado. Se dinamita directamente parte de una montaña. Con eso se vuela totalmente un glaciar y toda la cobertura rocosa y de hielo para poder llegar a las piedras que están por debajo, que tienen contenido el mineral. Es decir, se quita esa fuente de agua, porque el primer usuario es la minera, que la necesita para producir. Después, la utilizan montaña abajo los demás ciclos productivos que tienen consumo humano.

P: ¿Hay licencia social?
R: Una cosa es la opinión pública de la Capital Federal o de la provincia de Buenos Aires, y otra es la de los lugares donde se generan estos proyectos. En Mendoza se ha autorizado un cúmulo de proyectos y hay manifestaciones públicas por todos lados. Precisamente, las personas que están allí son las que padecen de manera inicial las consecuencias de la falta de agua y de los impactos de la minería. Creo que la la idea de avanzar fuertemente sobre sobre la ley, es una definición política. No es una discusión técnica, no es una discusión por el agua.

P: ¿A qué se refiere?
R: Hay una decisión acordada por el gobierno y las provincias. Previo a la media sanción de la semana pasada, hubo un voto favorable a la reforma laboral.

P: ¿Hay beneficio económico real por estos proyectos?
R: Hay que hacer las cuentas. Por el régimen de inversiones mineras aprobado en la década de 90, las mineras pagan el 3% de regalías de lo que dicen que producen. A eso hay que sumarle el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en 2024 y ver, en definitiva, cuánto se percibe en términos de recaudación tributaria. Además, hay disminución de agua para otras actividades que la suplen, como la agricultura. En esas provincias, la vida depende del agua.

Perfil.


Andrés Nápoli es Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Es Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Magíster en Derecho Ambiental (Universidad del País Vasco).

Es Vicepresidente del Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Además, fue representante electo del Público ante el Comité de Negociación del Acuerdo de Escazú.

Publicado en el suplemento Económico del Diario Río Negro.
Domingo 8 de marzo del 2026.