El apagón dejó ver una red poco confiable.

La región del Comahue, donde se genera más de un cuarto de la energía del país, tuvo demoras en el encendido en negro y recibió órdenes que dilataron aún más el normal abastecimiento.

El blackout con el que Argentina amaneció el domingo pasado y los enormes problemas para armar una “isla” en 132 kV en la ciudad Neuquén, el Alto Valle y su zona de influencia, muestran debilidades en un sistema eléctrico que debería basar su operación en la confianza. En cuestión de días se sabrá qué fue lo que realmente ocurrió con el corredor litoraleño de 500 kV pero está claro que hubo una sobrecarga debido a un despacho excesivamente económico y que en nuestra región fallaron los controles y la voz de mando.

A esta altura no habrá que esperar el informe oficial para saber dónde fue la falla. El sistema registra cada acción, cada orden y cada contingencia. En el mundo de la electricidad esperan que Cammesa muestre todas las secuencias que provocaron que todo el país y buena parte de Uruguay y Brasil quedaran a oscuras.

Es de esperar que las autoridades energéticas de Neuquén y Río Negro difundan, cuando se sepan, las circunstancias por las cuales la zona de la Confluencia y el Alto Valle no pudieron funcionar “en isla”, cuando hay configuraciones especialmente diseñadas (y probadas) en casos así.

Todos los dedos apuntan a Orazul, la empresa que se quedó con los activos de Duke Energy en Argentina y que opera las centrales Planicie Banderita (hidráulica) y Alto Valle (térmica, de ciclo combiado). El “arranque en negro” de la primera de las dos habría permitido que luego se sumara la segunda, más tarde la central térmica Roca y eventualmente la de Capex, en Senillosa.

Orazul es remunerada regularmente por tener esta función; si no pudo arrancar ni una de sus dos turbinas, tendrá que darle explicaciones al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que es el que controla el transporte y la transformación.

Tampoco está muy claro por qué, habiendo establecido el funcionamiento “en isla”, Transener ordenó al Centro de Operación del Transporte por Distribución Troncal del Comahue, que opera el EPEN neuquino, que la energía generada en el norte de la Patagonia se subiera a la barra de 500 kV. Esta maniobra terminó desconfigurando el abastecimiento local, al punto que el servicio se restituyó mucho más tarde que en la zona central del país.

“Si la orden la dio Transener y no Cammesa, no se entiende por qué la gente del EPEN obedeció”, dijo un exdirectivo de una empresa eléctrica, hoy retirado.

En números

3,5

millones de dólares es el ahorro anual que se buscaba con la sobrecarga de Yacyretá – Salto Grande.

9.500

millones de dólares demanda por año el movimiento del sistema eléctrico nacional.

Los que se desempeñan en el mercado de la energía saben de sobra que es una batalla perdida de antemano cualquier intento de explicar a los que no tienen por qué conocer del tema, que tener El Chocón al lado de un edificio no garantiza que los departamentos vayan a tener energía.

Hay otro argumento que suele ir de la mano: si los recursos son de las provincias, la prioridad debería ser el abastecimiento local. Pero lo cierto es que todas las centrales eléctricas de Neuquén y Río Negro fueron construidas por el Estado nacional o privados. Y el uso de los recursos naturales provinciales, como el agua o el gas, es compensado con regalías de 12% y hasta 15%.

Juan Luchilo, el subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, dio el martes algunos indicios de lo que el exsecretario de Energía Daniel Cameron llamó “despacho económico acérrimo”.

Con la sobrecarga del corredor, que estaba con limitaciones por la avería de una torre, se buscaba mejor precio en vez de mayor seguridad. “Hubo ahorro previo con el sistema usado, ahora dejaremos de ahorrar”, le dijo Luchilo a Infobae.

La diferencia entre despachar usinas térmicas en vez de sobrecargar la línea que transporta la energía de Yacyretá y Salto Grande hacia Buenos Aires es de sólo 3,5 millones de dólares sobre un movimiento anual del sistema de 9.500 millones.

Luego de un cuarto de siglo de vigencia del marco regulatorio eléctrico, creado en tiempos de Menem y nunca modificado, está claro que debe revisarse. Hay un híbrido de resoluciones e intervenciones en tiempos del kirchnerismo, subsidios y en los últimos años, un incremento demasiado exponencial de los valores mayoristas.

La secretaría de Energía de la Nación se proponía avanzar en una reforma que desregularizara aun más el mercado eléctrico. En función de esta contingencia y de la manera en la que se la manejó, tal vez debería posponerlo.

Publicado en Diario "Río Negro", 20 de Junio de 2019.